Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128170
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.170, "Pérez, Leonardo Javier contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres, Carral .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, con costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de fecha 29-IV-2021).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 18-V-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo hizo lugar a la demanda promovida por Leonardo Javier Pérez contra Federación Patronal Seguros S.A., en cuanto procuraba el cobro de las prestaciones dinerarias derivadas de las secuelas incapacitantes padecidas por el accidente de trabajo que sufriera el 25 de marzo del año 2017.
En lo que interesa destacar, con apoyo de la pericia médica y el informe psicológico, tuvo por acreditado que el actor padece una minusvalía indemnizable en el orden del 52,24% del índice de la total obrera, conformada, respectivamente, por un 42,24% (comprendidos los factores de ponderación) derivados de su condición física, con más un 10% motivada en una reacción vivencial anormal neurótica de grado II, según el baremo del decreto 658/96.
Asimismo, que el reclamante percibió de la aseguradora de riesgos del trabajo el importe de $1.377.323,89 (arts. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557 y 3, ley 26.773), según la incapacidad del 35,7% fijada por la Comisión Médica n° 11 (14-III-2018).
Conforme el mayor grado de incapacidad acreditado, y previa detracción de lo ya percibido (aclaratoria de 28-V-2021), condenó a la accionada a abonarle al reclamante la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 17 apartado 1 de la ley 26.773 y 2 inc. 2 del decreto 472/14, con más la compensación prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la norma citada y el adicional del art. 3 de la ley 26.773.
Por su parte, declaró improcedente el pedido de declaración de inconstitucionalidad del referido art. 2 inc. 2 del decreto 472/14. Señaló que la norma en cuestión, lejos de modificar el sentido de lo expresado por el legislador en la redacción del art. 17 apartado 1 de la ley 26.773, clarificó su alcance con apego a un criterio de equidad. Ponderó -también- el sustancial cambio operado en la forma de pago del rubro peticionado.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 28 y 99 incs. 2 y 3 de la Constitución nacional y 14 apartado 2 inc. "b" de la citada ley. Asimismo, invoca transgredida la doctrina legal que cita.
II.1. Impugna el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 2 inc. 2 del decreto 472/14.
Expone, que si bien el decreto en cuestión es reglamentario de la ley 26.773, paradójicamente el precepto de referencia no reglamenta ningún artículo de dicho plexo legal, sino que modifica el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la Ley de Riesgo del Trabajo, estableciendo un nuevo criterio al preceptuar que la incapacidad establecida entre el 50% y el 66% se debe liquidar conforme lo dispuesto por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de dicha ley. Reprocha que en esa labor se aludiera a un criterio de equidad.
Alega que el juzgador de grado confunde la forma de liquidar o calcular la incapacidad con la forma o modalidad de pago único o en cuotas.
Con relación a ello, manifiesta que considerando lo ya percibido con base en el 35,7% de incapacidad otorgado en sede administrativa y lo que corresponde al trabajador por el total de 52,24% de la minusvalía determinada en la sentencia atacada, el resarcimiento obtenido no comprende todos los perjuicios morales y materiales sufridos ante la pérdida total de la visión del ojo izquierdo.
II.2. Denuncia que la aplicación del art. 2 inc. 2 del decreto 472/14 vulnera la doctrina legal establecida en los precedentes L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012) y L. 119.772, "De la Cuadra" (sent. de 28-IX-2016).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que en ocasión de individualizar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado (v. págs. 1 y 2 de la pieza recursiva), el interesado no justifica cómo estaría representado el valor del litigio ni cuantifica su importe; en consecuencia a la luz de las constancias de auto, el monto reclamado y lo ya percibido, el interesado no abastece la carga de demostrar -ni tampoco es posible avizorarlo- que lo cuestionado ante esta instancia casatoria supere el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; causas L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; L. 100.898, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 101.519, "R., L. F.", sent. de 21-IV-2010; L. 95.744, "Toscano", sent. de 14-VII-2010; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 18-IX-2019; e.o.).
Siendo así, la función revisora extraordinaria queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018; L. 120.998, "López", sent. de 27-XI-2019; L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e.o.).
Sin embargo, no corresponde soslayar que la crítica por el rechazo del planteo de invalidez del art. 2 inc. 2 del decreto 472/14, involucra el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado esta Suprema Corte que, aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los mencionados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Lo dicho me permite abordar el medio de impugnación con prescindencia de la restricción procesal antedicha.
III.2. Cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:170; 324:920 y 335:2333; e.o.); de allí que su invocación requiere que la parte formule una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas. En efecto y por sus implicancias, la pretendida descalificación de un precepto por reputarlo contrario a la Constitución, exacerba la carga impugnativa del interesado (causas L. 117.127, "L., J. M.", sent. de 16-VII-2014; L. 121.193, "Diaz", sent. de 6-XI-2019 y L. 120.416, "Godoy", sent. de 30-VII-2021).
En el caso, no se verifica que el planteo del agraviado cumpla las mencionadas directrices.
El recurrente reproduce la petición formulada a fs. 18 vta. y 19 a fin que se sustituya la fórmula empleada para calcular la prestación dineraria (art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557) por aquella otra que considera más adecuada a sus intereses (inc. "b", precepto cit.). Tal, el motivo por el que predica la inconstitucionalidad del art. 2 inc. 2 del decreto 472/14.
En ese discurrir expresa su disconformidad con los motivos brindados por el juzgador para desestimar la tacha argüida, mas sin rebatirlos de modo frontal y eficaz.
Y aunque reconoce el cobro de buena parte de la prestación sistémica incorporado como hecho nuevo en virtud del silencio guardado por la actora y su incidencia en el resultado final del pleito, el interesado omite toda referencia al método de cálculo empleado en esa oportunidad, a tenor del comprobante agregado por la contraria a fs. 62/63 (art. 14 apdo. 2 inc. "a", cit.).
Lo expuesto deja en evidencia que el agraviado no aporta un desarrollo con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal; tampoco identifica los extremos que avalen, en la línea argumental expresada, que la reparación otorgada sea menor o insuficiente respecto de aquella que hubiese obtenido según el mecanismo peticionado. Esta manifestación no supera, a la luz de lo reseñado, la categoría de mero enunciado.
Cobra virtualidad la doctrina que establece que un planteo de inconstitucionalidad debe ser desestimado por insuficiente si su articulación ha sido vertida de manera genérica, incumpliendo el interesado con la carga impugnatoria que le es propia (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 120.416, "Godoy", sent. de 30-VIII-2021; e.o.).
III.3. Finalmente, deviene inatendible la crítica fundada en la denuncia de violación de doctrina legal emergente de las causas L. 104.576, "Manrique Obregón", sentencia de 7-III-2012 y L. 119.772, "De la Cuadra", sentencia de 28-IX-2016.
Lo decidido en esos precedentes no resulta de aplicación en la especie, pues han sido elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diversos a los verificados en autos (causas L. 91.414, "Fulco", sent. de 19-X-2011; L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012 y L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; e.o.), siendo el decreto 472/14 el que -sin discusión- resulta de aplicación en la especie, atento su vigencia temporal (v. mi voto en la causa L. 124.759, "Izurieta", sent. de 26-V-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud, y comparto -asimismo- la apreciación formulada en la parte final del apartado III.3. de su propuesta.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso debe ser desestimado.
I.1. Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en los dos primeros párrafos del apartado III.1. de su sufragio.
Con ello, entiendo que la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
No obsta a lo anterior que en el recurso se haya cuestionado el rechazo efectuado por el tribunal de grado del planteo de inconstitucionalidad del art. 2 inc. 2 del decreto 472/14, puesto que ningún argumento despliega aquí el quejoso con el objeto de demostrar que ello eventualmente podría resultar idóneo para evidenciar la presencia de un supuesto excepcional que -fuera del contemplado en la ley adjetiva laboral- autorice a desplazar el requisito relativo a la cuantía económica al que se aludió anteriormente, del cual -al cabo- nada dice.
I.2. Delimitada así la competencia de este Tribunal en el estrecho carril previsto en el citado art. 55 de la ley 11.653, el medio extraordinario de impugnación no ha de tener éxito, pues como se señala en el apartado III.3. de la opinión que inaugura este acuerdo la doctrina legal que invoca violada el recurrente ha sido elaborada en casos en los que mediaron presupuestos disímiles a los que exhibe este litigio, déficit que la torna infructuosa (causas L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013; L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012 y L. 96.273, "Baier", sent. de 5-V-2010).
II. Por lo expuesto, a mérito de su inadmisibilidad, el recurso debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres y Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 11:06:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 23:56:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 12:07:24 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 27/12/2022 20:00:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:40:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:59:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/12/2022 12:35:41 hs. bajo el número RS-132-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia