Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121085
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.085, "Barreto, Omar José contra Eleprint S.A. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Natiello, Carral.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 30-XII-2020).
Se interpuso, por la codemandada Eleprint S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-II-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El 6 de febrero de 2017, el tribunal de origen dictó sentencia en la cual declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo e hizo lugar a la demanda promovida por Omar José Barreto, condenando solidariamente a Eleprint S.A., Gustavo Alberto Weiss y Jorge Luis Weiss al pago de las sumas que especificó en concepto de vacaciones y sueldo anual complementario; de las indemnizaciones derivadas del despido; del recargo indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323 y de las multas de los arts. 9 y 15 de la ley 24.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. También admitió -aunque solo contra Eleprint S.A.- el reclamo por falta de aportes a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. En cambio, rechazó la acción por el cobro de honorarios profesionales y una reparación por los daños derivados de no poder acceder a la jubilación de la aludida Caja previsional (v. fs. 1.506/1.518 vta.).
I.2. Esta Suprema Corte, en oportunidad de abordar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la legitimada pasiva (v. fs. 1.526/1.542 vta.), revocó la sentencia de origen en cuanto: a) determinó la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 153, ley 24.013) sin limitación alguna; b) ordenó abonar la indemnización contemplada en el art. 9 de la ley 24.013; y c) resolvió extender la condena en forma solidaria a las personas físicas coaccionadas (v. pronunciamiento de fecha 31-VIII-2020).
I.3. Seguidamente, en lo que aquí interesa destacar, devueltas las actuaciones a la instancia de grado, el órgano de grado -nuevamente integrado-, luego de señalar lo resuelto por este Tribunal, enumeró las cuestiones que, a su criterio, habían quedado firmes, a saber: a) que el actor trabajó para Eleprint S.A. desde el 1 de septiembre de 1992, cumpliendo tareas de gerente; b) que la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida por el actor durante el último año de prestación de servicios ascendió a la suma de $28.805, de los cuales $20.575 no constaban en recibos ni se encontraban registrados en libros; c) que con fecha 15 de junio de 2011 el señor Barreto intimó a Eleprint S.A. a fin de que reconociera su remuneración y categoría, y el correcto registro de ellas bajo apercibimiento de considerarse despedido; d) que la empresa empleadora respondió rechazando por falso y malicioso el reclamo, aseverando que su remuneración y categoría era la reflejada en libros y recibos; e) que por tal respuesta Barreto se consideró injuriado y despedido el 30 de junio de 2011; f) que los incumplimientos en que incurrió la demandada (desconocimiento de la real categoría y remuneración) constituyeron injuria grave de suficiente entidad para convalidar el despido indirecto en que se colocó el accionante (v. sent., págs. 3/4).
Asimismo, en lo que interesa, consideró que en tanto no fueron objeto de impugnación ni tratamiento por el Tribunal Superior, se encuentra firme la procedencia del agravamiento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323 y la indemnización prevista en el art. 15 de la ley 24.013 (v. sent., últ. pág. cit.).
A partir de ello, procedió a cuantificar nuevamente la acreencia establecida en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, arribando a la suma de $397.239,65 (v. sent., págs. 5/6).
Luego, teniendo en cuenta los hechos señalados en la sentencia de este Tribunal y que se encontraban firmes, el órgano de grado consideró que la referencia "Indemnizaciones arts. 9 y 15 Ley 24.013" realizada por el actor en su demanda, correspondía a un error material que en modo alguno impedía la procedencia del reclamo formulado en orden a la correcta registración de la remuneración efectivamente percibida. En ese marco, hizo lugar al pago de la indemnización establecida por el art. 10 de dicho ordenamiento normativo, la cual -tomando la cuarta parte del monto percibido sin registración multiplicado por los meses trabajados, incluyendo los aguinaldos- fijó en la suma de $1.255.075 (v. sent., págs. 6/7).
Por otro lado, con apoyo en lo resuelto por esta Suprema Corte, rechazó la demanda en cuanto perseguía la extensión de la condena a los señores Gustavo Alberto Weiss y Jorge Luis Weiss (conf. art. 726, Cód. Civ. y Com.).
Finalmente, impuso las costas a la parte demandada por las pretensiones admitidas y a la actora por aquellas rechazadas; esto último, con el beneficio de gratuidad que le asiste al trabajador (conf. arts. 39, Const. prov.; 20, LCT; 20, 21 y 22, ley 11.653 y ley 12.200).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la codemandada Eleprint S.A. denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 1 inc. 4, 11, 20, 22, 29, 45, 46, 56, 62, 103, 104, 114, 196, 242, 243 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 10 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 19, 20, 26, 29, 32, 39, 44 incs. "d" y "e", 45, 46, 47, 55, 56 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. escrito electrónico de fecha 12-II-2021).
II.1.a. En primer lugar, objeta la decisión de grado en cuanto, a partir de un análisis absurdo, condenó a su parte al pago de la indemnización prevista en el art. 10 de la ley 24.013.
Afirma que en modo alguno se puede concluir que la Suprema Corte al tratar el agravio vinculado al art. 9 de dicho ordenamiento haya impuesto en su sentencia la admisibilidad de la acreencia establecida en el art. 10, sino que se limitó a determinar el marco normativo de juzgamiento en que habría de analizarse su procedencia.
Aduce que el fallo de grado vulneró el principio de congruencia al otorgar un extremo que no fue solicitado por el actor al entablar la demanda y que, no siendo reconocido en la primera sentencia, tampoco mereció agravio alguno por parte de aquel. De este modo, sostiene que el juzgador incurrió en absurdo en la apreciación de los postulados de la demanda.
Señala que las sentencias deben siempre ajustarse a los términos de la litis, de tal manera que resuelvan todas las cuestiones propuestas y no vayan a conceder más de lo pedido. En tal sentido, alega que el tribunal de trabajo dictó una sentencia extra petita vulnerando gravemente el derecho de defensa que le asiste a su parte, al condenarla a una indemnización no reclamada en la demanda y que, por ende, no fue materia de su defensa en la oportunidad procesal válida.
II.1.b. En subsidio, y para el caso que se confirme la decisión de grado, se agravia de la cuantificación del rubro mediante la simple operación lineal realizada por el juzgador, quien tomó la cuarta parte de la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida por el actor durante el último año de prestación de servicios ($28.805) la suma que no constaba en recibos ni registros o libros, esto es: $20.575, para luego multiplicarla por los doscientos veinticinco meses de antigüedad (diecinueve años).
Indica que ese cálculo produce un enriquecimiento sin causa del trabajador, toda vez que dicha indemnización debe limitarse al equivalente a la cuarta parte del importe de cada una de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración, y no un importe fijo como sucedió en autos.
II.2. Por otro lado, manifiesta que el fallo de grado resulta arbitrario y absurdo en cuanto consideró que se encontraban firmes los montos de condena de las indemnizaciones previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 15 de la ley 24.013, apartándose -de este modo- de la sentencia dictada en autos por la Suprema Corte el 31 de agosto de 2020.
Alega que de la lectura de ambas normas surge evidente que su cuantificación parte del valor calculado de la indemnización por antigüedad; por lo cual, señala que al haberse modificado su monto a partir de lo resuelto por la Suprema Corte en su pronunciamiento, forzosamente debían modificarse las restantes parcelas calculadas en base a esta última.
II.3. Cuestiona la asignación del beneficio de gratuidad en favor del actor en razón del rechazo de la demanda en concepto de honorarios profesionales e incumplimiento contractual, que fuera acumulada a las presentes actuaciones.
Sostiene que resultaírrito condenar al actor al pago de las costas con el beneficio de gratuidad, con respecto a una demanda cuya esencia está vinculada al cobro de honorarios profesionales, ajenos a la materia o relación laboral propiamente dicha, por expresa petición del propio interesado.
Afirma que el presupuesto de aplicación del beneficio consagrado en los citados arts. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo y 22 de la ley 11.653 se vincula a una circunstancia objetiva, cual es la prueba de la calidad de trabajador del demandante, extremo que en la especie no se verificó. En tal sentido, agrega que, aun cuando el accionante pudiera haberse considerado con derecho a demandar, esa circunstancia -atento la naturaleza de la acción rechazada en el caso- no resulta válida para justificar la concesión del mencionado beneficio.
II.4. Por último, se agravia de los honorarios regulados por el sentenciante en favor de los letrados de la parte actora por el tramo de la demanda que prosperó.
Alega que los mismos han sido aumentados no solo en su valor absoluto sino también con relación a la proporción que guardan con la liquidación del capital más intereses practicada en autos.
Manifiesta que la regulación establecida en la primera sentencia no fue cuestionada por el actor ni por sus letrados, por lo que su composición y proporción habían llegado firmes a la alzada extraordinaria.
A partir de ello, sostiene que la nueva decisión del tribunal de grado, vulnera el principio que veda la reformatio in pejus, por cuanto colocó a la única apelante en peor situación de la que estaba.
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1. En primer lugar, considero que no resulta de recibo el agravio vinculado con la decisión del sentenciante de ordenar abonar la indemnización establecida en el art. 10 de la ley 24.013.
III.1.a. En aquella oportunidad, la aquí recurrente cuestionó la condena al pago de la sanción contemplada en el art. 9 de la ley 24.013 por no encontrarse registrado el presupuesto fáctico para su procedencia. Asimismo, agregó que tampoco procedía la multa contenida en el art. 10 de dicho ordenamiento porque no había sido reclamada en el escrito inicial.
III.1.b. En ese marco, este Tribunal, resolvió, en primer lugar, que efectivamente el art. 9 de la ley 24.013 no resultaba aplicable al caso de autos ante la ausencia de controversia respecto a la fecha de ingreso del actor registrada en los libros de la empresa.
Pero luego aclaró que, más allá del error en la norma invocada por el accionante en el escrito de inicio y que había reiterado el propio órgano de grado, se advertía que, en realidad, el trabajador había denunciado, tanto en el intercambio telegráfico como en la demanda, el deficiente registro de su remuneración como irregularidad registral imputada a su empleador, circunstancia que además había motivado el despido dispuesto por su parte. A partir de ello, ordenó al tribunal de grado a que, con otra integración, y teniendo en cuenta las conclusiones fácticas que permanecían firmes, se pronunciara nuevamente sobre el progreso de la pretensión deducida en los señalados términos.
III.1.c. En esos términos, el órgano de origen, con distinta integración, analizó los hechos señalados y estableció que correspondía aplicar el art. 10 citado.
Al respecto, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que, por imperio del principio iura novit curia, los magistrados pueden enmendar el derecho mal invocado y suplir el omitido, deviniendo necesario pronunciarse acerca de cuál es -en definitiva- el aplicable al caso. El ejercicio de esa facultad no infringe los principios de congruencia y de defensa en juicio, puesto que es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con independencia del derecho que hubieren invocado las partes, en tanto y en cuanto no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida (causas L. 104.344, "Machado", sent. de 5-X-2011; L. 117.269, "Fleyta", sent. de 14-X-2015; L. 115.743, "Avalos", sent. de 11-IV-2018; e.o.), circunstancia que no acontece en el caso.
III.1.d. De este modo, en el marco de las directrices trazadas por esta Suprema Corte en el pronunciamiento de fecha 31 de agosto de 2020, el tribunal decidió aplicar dicha norma, partiendo de la existencia de un error material en el sustento de su pretensión, claro está, en el contexto de los hechos comprobados.
Desde esa perspectiva, lo resuelto debe ser confirmado toda vez que -a tenor de lo resuelto por este Tribunal- no se advierte el manifiesto yerro interpretativo que el recurrente le atribuye al fallo.
III.2. Tampoco logra el impugnante conmover el pronunciamiento de grado en lo que concierne al planteo formulado en subsidio, referido al modo de cuantificar la sanción prevista en el art. 10 de la ley 24.013.
En efecto, la atenta lectura del pronunciamiento da cuenta que el tribunal interviniente -nuevamente integrado-, y en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, calculó el importe de la multa prevista en el citado dispositivo legal con apoyo en los elementos de juicio obrantes en la causa y con arreglo a las circunstancias fácticas que quedaron acreditadas y que arriban firmes a esta instancia.
Luego, y sin que ello implique abrir juicio respecto del grado de acierto de la decisión, no se advierte -teniendo en cuenta las apuntas condiciones- que la interesada cumpla eficazmente con la carga prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial para abastecer el recurso en esta parcela de su impugnación, al punto que en la pieza recursiva ni siquiera se llega a especificar cuál sería la adecuada forma de calcular la penalidad.
La señalada insuficiencia en la fundamentación del intento revisor se robustece al reparar que en la contestación de la demanda no formuló la accionada -aun en la hipótesis del yerro en la identificación de la norma- ninguna crítica concreta al método empleado en el escrito de inicio para calcular la multa de referencia (v. fs. 549 vta.), el cual, a la postre, fue el mismo que utilizó el sentenciante.
Dicha circunstancia torna, de suyo, inatendible esta parcela de la impugnación, pues, conforme lo ha declarado reiteradamente esta Corte, resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las argumentaciones novedosas -fruto de una reflexión tardía-, toda vez que no han sido introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 116.515, "Melgar", sent. de 2-VII-2014; L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015 y L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017).
III.3. Acierta, en cambio, la quejosa en cuanto objeta la interpretación que hizo el juzgador de origen al concluir que las penalidades previstas por los arts. 2 de la ley 25.323 y 15 de la ley 24.013 se encontraban firmes.
Ello así, en tanto, si bien la procedencia de aquellos rubros se encontraba firme, no así sus montos de condena. Ello por cuanto, teniendo en cuenta lo decidido por esta Corte en el pronunciamiento del 31 de agosto de 2020 y que la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo forma parte de la base de cálculo de los recargos previstos en los arts. 2 de la ley 25.323 y 15 de la ley 24.013, luce evidente que cualquier modificación en su cuantificación se extiende a estos últimos.
En este contexto, corresponde devolver los autos al tribunal de grado a fin de que dicte el pronunciamiento que corresponda, con el objeto de determinar la nueva liquidación conforme las pautas señaladas.
III.4. Con relación al agravio concerniente a la imposición de las costas al actor con el beneficio de gratuidad respecto del rechazo de la acción por el cobro de honorarios profesionales y de una reparación por los daños derivados de no poder acceder a la jubilación de la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, es menester señalar que el mismo deviene inatendible.
Tal como lo señaló esta Suprema Corte en la sentencia de fecha 31 de agosto de 2020 (v. pto. III.5. del voto emitido en primer término), ante la solicitud del letrado apoderado de la parte demandada, el órgano de origen aclaró la sentencia dictada el 6 de febrero de 2017 y dispuso que la imposición de las costas por los rubros que se desestimaron fuera a cargo de la parte actora con el beneficio de gratuidad (conf. arts. 22 y 63, ley 11.653, e.o.; v. sent. aclaratoria de fs. 1.523 y vta.).
Dicha decisión no mereció impugnación alguna, por lo que la conclusión de grado en este tópico ha quedado firme y consentida, resultando improcedente las alegaciones ahora formuladas.
En tal sentido, esta Corte ha declarado que las resoluciones anteriores al fallo de grado que se encuentran firmes y consentidas están marginadas de la casación por haberse operado la preclusión (causas L. 88.215, "Cáceres", sent. de 31-VIII-2005; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013; L. 120.028, "Estigarribia", sent. de 16-V-2018 y L. 121.334, "Mano", sent. de 30-VIII-2021).
III.5. Finalmente, y atento a que lo resuelto -en lo pertinente- en el punto III.3. ha de gravitar -modificando sus cuantías- tanto en orden al monto de condena como al de los honorarios de los profesionales -estos últimos, cuya regulación encuentra su base en aquel-; no corresponde emitir pronunciamiento sobre el cuestionamiento referido a la cuantía de los estipendios fijados en favor de los letrados de la parte actora por el tramo de la demanda que prosperó. Ello, así, toda vez que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011; L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015; L. 117.775, "J., Q. F.", sent. de 29-III-2017; L. 122.011, "Ritossa", sent. de 2-XI-2020; e.o.).
IV. Por lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario deducido y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. del presente. En consecuencia, los autos deben remitirse al tribunal de origen a fin de que dicte el pronunciamiento que corresponda, con el objeto de practicar nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se decide.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Concuerdo con los fundamentos expuestos en el punto III.1. del v
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