Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127061
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio la sentencia de fecha 7 de octubre de 2020 -y su aclaratoria de fecha 28 de octubre de 2020-, y se remite la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve -en su caso- los actos procesales que considere necesarios y dicte nuevo pronunciamiento.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.061, "Moya, Héctor Enrique contra Swiss Medical ART S.A. Accidente in-itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la vencida (v. vered. y sent. de fecha 7-X-2020 y aclaratoria de fecha 28-X-2020).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 30-X-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio la sentencia de fecha 7 de octubre de 2020?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la acción interpuesta por Héctor Enrique Moya contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual procuraba el cobro de un resarcimiento sistémico con motivo del accidente de trabajo in itinere sufrido (v. pronunciamiento electrónico de fecha 7-X-2020; aclaratoria de fecha 28-X-2020).
Para así decidir, tras analizar las pruebas rendidas, tuvo por acreditado que, como consecuencia del infortunio laboral ocurrido el 2 de mayo de 2017 mientras se dirigía a su lugar de trabajo -la empresa Servicios Emiser S.A.-, el actor era portador de una incapacidad psíquico-física de carácter parcial y permanente del 25,53% del índice de la total obrera, incluidos los factores de ponderación.
Por otro lado, consideró probado que el trabajador contaba con cuarenta y cuatro años de edad al momento del evento dañoso, y que, por aplicación de la ley 27.348, que modificó el art. 12 de la ley 24.557, su ingreso base mensual ascendía a $11.980,34.
En la etapa de sentencia, tras abordar como cuestión preliminar el análisis de distintos planteos de inconstitucionalidad interpuestos por las partes, efectuó el cálculo de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo.
En ese trance, sostuvo -por un lado- que el accidente laboral sufrido por "la actora" había ocurrido el día 8 de junio de 2017, en circunstancias en que se encontraba cumpliendo sus tareas normales y habituales, prestando servicios para su "empleadora MATMIC S.A."; asimismo, que la "demandada OMINT ART S.A." había brindado prestaciones médicas, lo que implicaba tener por reconocido el infortunio (v. sent., pág. 9).
Luego, refirió que conforme las conclusiones arribadas en el veredicto "...la actora resulta acreedora de la prestación dineraria prevista por el art. 14 apartado 2 inciso a) de la Ley 24.557 y el adicional de pago único previsto en el art 3° de le lay 26.773..." y que "...tomando en cuenta el Valor Mensual de Ingreso Base de $8.828,87 [...] la edad de la accionante al momento del infortunio de 19 años de edad y el grado de incapacidad sobreviniente determinado de 22,26% [...] corresponde realizar el cálculo según la tarifación prevista según la norma citada y lo dispuesto por la ley 26.773 y el Dec. 472/2014..." dando como resultado la suma de $356.231,44. Seguidamente, manifestó que "... tratándose en la especie de un accidente de trabajo ocurrido por 'el hecho' de la ejecución del mismo, corresponde la percepción del adicional de pago único previsto en el art. 3 de la ley 26.773..." arribando a un total $427.477,72 ($356.231,44 + $71.246,28).
Concluyó que correspondía hacer lugar a la demanda interpuesta por la "...Sra. Angelina Micaela Fedrigo por la suma de pesos cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos setenta y siete con setenta y dos centavos ($ 427.477,72.-), condenando a Omint Aseguradora de Riesgos del trabajo S.A., al pago de dicha suma...".
Por último, en cuanto a los accesorios, juzgó que eran de aplicación los arts. 7 y 768 incs. "b" y "c" del Código Civil y Comercial de la Nación -modificado por ley 26.994- y 12 apartado 2 de la ley 24.557 (t.o. ley 27.348). En ese marco, ordenó su liquidación "...desde el día 08/06/2017 y hasta la fecha de la presente, conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina..." (sent., pág. 27), declarando la inconstitucionalidad del decreto 669/19, por los argumentos que allí especificó.
Posteriormente, con motivo del planteo de la aseguradora demandada (el día 21-X-2020), dictó resolución aclaratoria, rectificando el error material en el que entendió había incurrido en cuanto a la individualización de las partes intervinientes en el proceso, de modo que estableció que hacía lugar "...a la demanda entablada por el Sr. Héctor Enrique Moya por la suma de pesos cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos setenta y siete con setenta y dos centavos ($427.477,72), condenando a Swiss Medical ART S.A..." (v. pronunciamiento de fecha 28-X-2020).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 63 de la ley 11.653 y 163 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, invoca transgredida la doctrina legal que cita.
III. Sentado lo anterior, entiendo que se impone responder afirmativamente el primer interrogante planteado.
III.1. En primer lugar, es preciso recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, que se justifica cuando las falencias que exhibe el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 99.248, "Rodríguez", sent. de 4-V-2011; L. 107.395, "Sueyro", sent. de 25-IV-2012 y L. 121.034, "Pinto", sent. de 14-VIII-2019). Tal lo que acontece en el caso bajo examen.
Ello así, aunque no medie denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, pues nada exime a este Tribunal de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 34.228, "Boullon", sent. de 22-II-1985; L. 61.072, "Didone", sent. de 28-X-1997 y L. 74.346, "Ciliberti", sent. de 15-V-2002).
III.2. Desde la lectura del pronunciamiento, fácil es advertir que la definición central del órgano jurisdiccional de grado vinculada con el desarrollo de los componentes que conforman el cálculo de la prestación de condena, plasmada en el acto sentencial, no se compadece ni se corresponde con las conclusiones volcadas por el tribunal de la causa en el veredicto que lo precede.
En efecto, conforme surge del relato de los antecedentes, el a quo, luego de un análisis pormenorizado de los hechos y las pruebas producidas, tuvo por acreditado en el fallo de los hechos que fue el 2 de mayo de 2017 la fecha en que el actor sufrió un accidente in itinere. A su vez, estimó demostrado que dicho infortunio le generó una incapacidad del 25,53% del índice de la total obrera, cuando contaba con cuarenta y cuatro años de edad, y que, por aplicación del art. 12 de la ley 24.557, modificado por la ley 27.348, su ingreso base mensual computable era $11.980,34.
Sin embargo, como surge evidente de lo relatado, en la sentencia, identificó a las partes con otros nombres -que, a la postre, corrigió por conducto de una aclaratoria instada por la accionada-, y resolvió sobre bases fácticas ajenas a aquellas en las que se afincaron las conclusiones del veredicto.
Advertidos por la demandada los yerros de los que resultaba portador el fallo, en el planteo presentado el 21 de octubre de 2020, el tribunal de origen -como se detalló- rectificó exclusivamente los nombres de las partes intervinientes, mas no los parámetros utilizados para cuantificar la prestación.
En esta línea, la trascendental incongruencia interna entre el veredicto y la sentencia conduce a la anulación de esta última pieza procesal, pues la anomalía incurrida impide que este Superior Tribunal pueda conocer cabalmente de su legalidad mediante el recurso extraordinario deducido (causa L. 121.446, "Mañas", sent. de 23-II-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde declarar de oficio la nulidad de la sentencia de fecha 7 de octubre de 2020 -así como de la decisión aclaratoria de fecha 28 de octubre de 2020 que constituye correlato lógico- y, en consecuencia, remitir la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces y, previa renovación -en su caso- de los actos procesales que estime necesarios, dicte nuevo pronunciamiento.
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anula de oficio la sentencia de fecha 7 de octubre de 2020 -y su aclaratoria de fecha 28 de octubre de 2020-, y se remite la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve -en su caso- los actos procesales que considere necesarios y dicte nuevo pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:40:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:11:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:49:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:51:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 12:55:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/12/2022 13:40:51 hs. bajo el número RS-125-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia