Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63922
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe acepta la excusación formulada por el señor Juez doctor Genoud (art. 30, CPCC) y se rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de la abogada apoderada de la parte actora doctora Liliana Beatriz Bielsa en la suma de ochenta y cinco mil trescientos pesos -$85.300-(conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.922, "Pougy, Roberto contra Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Bs As. DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Violini.
El señor Roberto Ismael Pougy, por apoderada, promueve acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) a fin de que se dejen sin efecto los actos -resoluciones 123/01 y 4.414/01 y decreto 348/02- que desestimaron la solicitud de reajuste de su haber básico como suboficial principal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con el reconocimiento de los suplementos establecidos en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97, como remunerativos y computables. Solicita que se condene a la demandada al pago de las diferencias devengadas desde la vigencia de los mencionados decretos hasta la fecha de efectivo pago, más intereses y costas.
Manifiesta que si las bonificaciones se integraran al haber de la manera pretendida se produciría un efecto cascada sobre los demás suplementos generales y particulares. Alega que al no incorporarse de ese modo se ha vulnerado el principio de intangibilidad del salario y solicita, en consecuencia, que se declare la inconstitucionalidad de las normas.
Cita jurisprudencia y plantea el caso federal.
Tras conferirse el traslado de la demanda, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado, plantea cuestiones previas y contesta solicitando el rechazo de las pretensiones.
En primer lugar, indica que la demanda carece de precisiones sobre la situación de revista del actor. Así, aclara que el señor Pougy dejó el servicio policial activo, pasando a retiro, el 1 de julio de 2000 y percibió desde esa fecha los haberes previsionales de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Por tal circunstancia, aclara también, ya en relación a los salarios, que el demandante percibió en actividad todas las bonificaciones establecidas por los decretos impugnados.
Aduce entonces que el reajuste pedido no puede ir más allá de la fecha de retiro en tanto la Caja mencionada no fue demandada.
En cuanto a la pretensión de que tales suplementos se incorporen al haber básico, señala que debe rechazarse porque los decretos dispusieron expresamente que las bonificaciones no lo integraban.
Sostiene que del análisis de las normas que regulan los suplementos pretendidos y las contenidas en el régimen previsional aplicable, surge que no revisten el carácter de remunerativo las bonificaciones dispuestas en los decretos 1.014 y 1.015, citados por la actora como fundamento del reajuste salarial.
Explica que el decreto 1.014/97 estableció para la Policía Bonaerense y para el Servicio Penitenciario un suplemento especial, no remunerativo y no bonificable, por tiempo limitado (abonable entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 1997).
Refiere que el carácter no remunerativo del suplemento establecido fue consagrado de modo exclusivo para el personal en actividad para compensar el mayor esfuerzo del personal responsable en la ejecución de funciones extraordinarias durante la vigencia del estado de emergencia policial declarado por la ley 11.880.
Añade que el decreto en cuestión estableció que dicho suplemento no estaría sujeto a los descuentos previstos en las leyes previsionales y asistenciales, ni serviría de base de cálculo para la determinación de cualquier otro tipo de adicional y/o descuento.
Así manifiesta que en tanto expresamente el decreto libera a la bonificación de aportar a la seguridad social, el beneficio otorgado se desvincula del concepto de remuneración y de salario.
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal que considera aplicables al caso.
De igual manera argumenta que la compensación de gastos por vestimenta para el personal del Escalafón Servicios de la Policía Bonaerense y del Escalafón Profesional y Técnico Administrativo del Servicio Penitenciario creada por el decreto 1.015/97 carece de naturaleza remunerativa.
Indica que constituye un reintegro de gastos que no puede conceptuarse como bonificación o adicional con carácter remunerativo, ya que tiene por objeto cubrir las erogaciones exigidas por el desempeño de los cargos, cuyo ejercicio obliga a llevar vestimenta acorde con las funciones cumplidas. Destaca que esa obligación es consecuencia lógica de la exigencia legal del uso de uniforme y equipo cuyo incumplimiento trae aparejadas sanciones (arts. 14 apdo. I incs. "a" y "b" y 52 inc. 1, dec. ley 9.550/80).
Agrega que la percepción de dicho rubro se halla supeditada a rendición de cuentas, al control de las autoridades respectivas y al efectivo desempeño de funciones por parte de los agentes policiales, circunstancias concluyentes para determinar el carácter de reintegro.
Por otro lado, expresa que frente a la indiscriminada invocación normativa que se realiza en la demanda corresponde hacer unas aclaraciones en cuanto a la vigencia temporal de los decretos enumerados.
Así, señala que el decreto 35/97 provocó una reestructuración en la materia remunerativa policial, estableciendo a partir del 1 de enero de 1997 una bonificación remunerativa no bonificable para el personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad y paralelamente excluyó y dejó sin efecto los decretos 366/91, 518/93, 1.235/92, 3.483/92, 3.915/95 y 4.290/95.
En consecuencia, expresa que, sin perjuicio de la improcedencia sustancial de la pretensión, deviene inadmisible el planteo de la actora según el cual deben abonársele, sin discriminación y acumuladamente, las bonificaciones establecidas en los decretos 35 y 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93, en tanto los últimos tuvieron vigencia hasta el 1 de enero de 1997, fecha a la que debe reducirse la pretensión a su respecto.
Recuerda que el cambio de remuneración que importó el decreto 35/97 no aparejó una reducción remunerativa dado que las bonificaciones que se dejaron sin efecto fueron incorporadas como remunerativas.
Eventualmente opone en subsidio la prescripción de dos años prevista en la legislación previsional (art. 58, párr. tercero, ley 9.538/80) computando como fecha la de cada reclamo presentado ante la Caja. Y a todo evento plantea la prescripción quinquenal de las obligaciones por diferencias salariales. Plantea el caso federal.
La parte actora, luego de trabada la litis, solicitó ampliar la demanda interpuesta, extendiéndola a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Bonaerense. Señaló, en el escrito, que cometió un error material involuntario, al no haber advertido que a partir del 1 de julio de 2000 el actor pasó a retiro, y no haber dirigido la acción contra ese órgano (v. fs. 114).
Esta Suprema Corte declaró que la ampliación era inadmisible. Por una parte, porque al plantearla ya se encontraba trabada la litis y, por otra, porque las circunstancias denunciadas se basaban en hechos anteriores a la promoción de la demanda que, por su naturaleza, no podían ser ignorados por la parte demandante. Además, por el momento en que ocurrieron, en modo alguno constituían hechos nuevos (resol. de 9-VI-2004, v. fs. 122).
IV. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora, los alegatos de ambas partes y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde aceptar la excusación del doctor Genoud?
2ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En autos, el señor Juez doctor Genoud se excusó de intervenir con fundamento en graves motivos de decoro y delicadeza, por lo que corresponde admitir su apartamiento (art. 30, CPCC).
En consecuencia, a la primera cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Violini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La parte actora pretende la incorporación a su haber básico de las sumas establecidas en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97, como remunerativas y bonificables, más intereses (v. fs. 27 vta. de la demanda).
Así planteada, la confusa exposición de la demanda atenta contra su consideración. Es que, no distingue las particularidades del caso, al punto de no precisar en ningún apartado la situación de revista del señor Pougy quien a la fecha de creación de las bonificaciones que reclama formaba parte de la planta activa. Vale aclarar que a la fecha de la presente demanda y de los reclamos administrativos, percibía un haber previsional.
Así, el escrito que da inicio a este proceso expresa en forma general las normas cuestionadas sin discriminar si el demandante percibió dichas bonificaciones mientras era personal activo ni comentar su pase a retiro a partir del 1 de julio de 2000. Tal circunstancia es fundamental para el análisis de lo peticionado.
El actor pretende la incorporación a su haber, que no especifica, de tales suplementos y el pago de diferencias salariales generadas, según su entender, por dichas sumas desde su vigencia, cuando expresamente fueron otorgadas al personal en actividad mientras el señor Pougy era personal activo de la fuerza. Es decir que, si correspondía por su jerarquía, las percibió hasta el 1 de julio de 2000, fecha de su retiro. Así lo indicó la demandada (v. pto. IV.2., fs. 104 vta.) y nada aclaró la parte actora sobre el punto.
En efecto, del legajo acompañado como prueba, surge que el señor Pougy se retiró de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con fecha 1 de julio de 2000, con jerarquía suboficial principal -Agrupamiento Comando- (v. foja de servicios, fs. 78).
En consecuencia, dadas las particularidades del caso la pretensión de reconocimiento y cobro de diferencias salariales devengadas debe quedar acotada al período posterior al cese de la actividad, es decir, una vez que el señor Pougy pasó a retiro y comenzó a percibir su haber jubilatorio. A tal alcance Fiscalía se opone por no haber sido demandada la Caja y ser rechazada por este Tribunal la ampliación de demanda con ese fin, por inadmisible.
II. Debe analizarse el reparo efectuado por la Fiscalía de Estado en el sentido de que la acción incoada no puede alcanzar "reflejo previsional", desde el día 1 de julio de 2000 que pasó a retiro en tanto la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no ha sido demandada.
Quedó expuesto en los antecedentes que la actora intentó ampliar la presentación luego de trabarse la litis y este Tribunal rechazó por inadmisible dicha posibilidad.
Si bien la Caja es un organismo autárquico que tiene a su cargo el cumplimiento de los fines del Estado en materia previsional, debe dar cumplimiento con las normas dictadas por la Provincia y desarrollar su actividad bajo tales disposiciones en oportunidad de efectuar la liquidación y pago de los haberes previsionales.
Ya ha dicho este Tribunal en casos similares que la normativa que en última instancia se cuestiona en la demanda, de carácter general, fue dictada por el Poder Ejecutivo provincial y comprende solamente al personal activo de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario local. Así, en principio, del análisis normativo cuestionado, no surge obligación prestacional alguna a cargo de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por el contrario, habiendo emanado del Gobernador de la Provincia las normas cuestionadas, exige que este sea demandado en autos, como en el presente caso, no obstante la autarquía de la que goza la Caja (causa B. 62.351, "Acosta", sent. de 14-II-2022).
Siendo así, corresponde desestimar el planteo de la demandada y continuar con el análisis de lo pretendido.
Para más, consta en las actuaciones el reclamo administrativo realizado por el exagente por haberes impagos ante el Ministerio y/o titular de la Caja de Retiros y/o titular del Instituto de Previsión Social (IPS) y el decreto de rechazo del gobernador (v. fs. 2 y 10/11).
III. Sentado ello, en cuanto al fondo, la cuestión a resolver se circunscribe a determinar si corresponde incorporar a la base del cálculo del haber previsional las sumas de las bonificaciones reclamadas y el pago de diferencias devengadas.
III.1. El decreto 1.014/97 otorgó a partir del 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 1997 al personal en actividad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, discriminado a partir de la jerarquía de Subcomisario a Comisario General y por agrupamiento, un suplemento no remunerativo no bonificable. Fue prorrogado en forma anual hasta la sanción del decreto 1.650/04 de fecha 28 de julio de 2004 que lo derogó y transformó dichas sumas en remunerativas no bonificables, sujetas a descuentos previsionales y asistenciales (v. oficio a fs. 148).
Con motivo de la sanción de la ley 13.437 -Plan de Saneamiento de deudas con el personal pasivo Policial y del Servicio Penitenciario-, se habilitó un mecanismo de solución equitativo respecto de los reclamos, presentados por los pasivos con dichas jerarquías, generados por la aplicación del decreto 1.014/97 mediante acuerdos transaccionales individuales para aquellos que en pasividad tenían esas categorías y para quienes no accedieron a tales acuerdos, el tribunal reconoció el incremento del haber previsional con el adicional desde la fecha de dicho decreto hasta su derogación por decreto 1.650/04 (doctr. causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sents. de 11-VIII-2010).
Ahora bien, resulta oportuno señalar que la jerarquía del actor -suboficial principal del agrupamiento comando- tanto en actividad como en pasividad no se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación del referido decreto 1.014/97 ni de su prórroga y transformación mediante el decreto 1.650/04. Este último mantuvo como categorías alcanzadas por la bonificación, para el Agrupamiento Comando, las de comisario general, comisario mayor, comisario inspector, comisario y subcomisario (art. 1, dec.).
Como ya se indicó el actor pasó a retiro el 1 de julio de 2000 con el cargo de suboficial principal del Agrupamiento Comando. No percibió la bonificación dispuesta por el decreto 1.014/97 durante la actividad y tampoco corresponde su percepción en pasividad. Es que, si así se dispusiera se le reconocería un haber previsional superior al sueldo percibido por los agentes en actividad que desempeñan funciones en el agrupamiento en el que revistó.
III.2. Lo mismo cabe decir respecto de la compensación por gastos dispuesta en el decreto 1.015/97. Tal como surge de la prueba informativa del cuaderno de la actora (v. fs. 101 a 106), no fue prevista para ninguna categoría del agrupamiento comando. Extremo que, por sí solo, obsta el resultado favorable del reclamo (causa B. 60.688, "Anghinetti", sent. de 29-XII-2014).
III.3. Finalmente, respecto de los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93 y 35/97, teniendo en consideración que el tema fue materia de debate y decisión en las causas A. 69.464, "Naranjo", sentencia de 5-VIII-2010; A. 69.710, "Soto", sentencia de 21-IV-2010 y A. 71.356, "Abramo", sentencia de 10-IX-2014; A. 71.334, "Gambaleri", sentencia de 29-X-2014; A. 73.322, "Corbalán"; A. 73.262, "Martínez", resoluciones de 28-VI-2017, entre otras, me remito a los fundamentos y conclusiones brindados en los citados precedentes que doy por reproducidos, por razones de brevedad. En consecuencia, se rechaza también esta pretensión.
Por las razones expuestas, voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.001-).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Violini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se acepta la excusación formulada por el señor Juez doctor Genoud (art. 30, CPCC) y se rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de la abogada apoderada de la parte actora doctora Liliana Beatriz Bielsa en la suma de ochenta y cinco mil trescientos pesos -$85.300-(conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/12/2022 15:59:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/12/2022 16:01:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2022 18:35:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:30:17 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 14:05:03 - GORDILLO Valeria - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/12/2022 14:06:29 hs. bajo el número RS-114-2022 por DO\vgordillo.
Fin de la sentencia