Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126737
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.737, "Barrera, César Atilio contra Experta ART S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de 5-XI-2020).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-XI-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda instaurada por el señor César Atilio Barrera y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial y permanente establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (conf. modif. ley 27.348) y del resarcimiento adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de la incapacidad que contrajo trabajando bajo las órdenes de su empleadora.
Para así decidir, señaló que no había sido motivo de discusión en autos que el actor se desempeñó como trabajador dependiente de la empresa Monsanto Argentina S.R.L., siendo esta última asegurada por la demandada. Por el contrario, mencionó que se encontraban controvertidas por las partes las tareas que desarrolló y las condiciones en las que las mismas fueron prestadas. En este marco, sostuvo que negadas por la contraria las labores denunciadas por el accionante en su escrito de inicio, incumbía a esta última la obligación de acreditar sus afirmaciones (art. 375, CPCC).
A continuación, tras examinar especialmente las declaraciones vertidas en la audiencia de vista de la causa, puntualizó que si bien los testimonios aportados resultaron convincentes, hábiles e idóneos a los fines pretendidos, no permitieron tener por verificada -en su totalidad- la entidad y extensión de las tareas alegadas por el promotor del pleito.
En ese orden de ideas, sostuvo que -más allá de encontrarse acreditado que el actor trabajó en la empresa -desde el día 21 de enero de 1986- durante el año 1998 cumplió labores como "Operario", realizando trabajos que implicaban un mediano esfuerzo físico en posiciones incómodas y que, últimamente (desde el año 2006), desempeñó funciones de seguridad como brigadista, ostentando en la actualidad la categoría A3 de "Técnico Coordinador ESH", cumpliendo una jornada de lunes a viernes de 07:00 a 16:00 hs. y encontrándose expuesto a un ambiente laboral con alto nivel sonoro.
A su vez, por conducto de las experticias médica (así como también de las explicaciones brindadas por el galeno en la audiencia de vista de la causa) y psiquiátrica llevadas a cabo en la causa -utilizando el método de la capacidad restante, considerando las incidencias laborales establecidas y aplicando la operatoria de factores según el baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo-, juzgó acreditado que el accionante resultaba portador de una incapacidad psicofísica del orden del 34,75% del índice de la total obrera, vinculada causalmente a las labores corroboradas.
En cuanto a fecha de la primera manifestación invalidante, señaló que -tras no haberse comprobado la denunciada por el accionante- correspondía fijarla el día de inicio de la demanda (11 de octubre de 2017).
En lo relevante, con los elementos de juicio adunados a la causa, y en particular con la medida para mejor proveer ordenada al perito contador con fecha 26 de octubre de 2020, precisó que al momento de la primera manifestación invalidante se encontraba vigente la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), atento a que la misma comenzó a regir en fecha 5 de marzo de 2017. Por tal razón, cuantificó el ingreso base del trabajador en base a las pautas allí establecidas.
En tal sentido, aclaró que "...el hecho de que la Provincia de Buenos Aires haya adherido con posterioridad al título primero de la ley (parte procedimental), no enerva la aplicación de las disposiciones de fondo, como lo es el cálculo del IBM conforme el citado artículo 11" (vered., pág. 10).
En ese entendimiento, en la etapa de sentencia, cuantificó el ingreso base mensual (IBM) del actor partiendo de lo informado por el experto en la causa y arribó a la suma de $157.972,60, aplicando el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE; art. 11 inc. 1, ley cit.). Luego, a este monto le adicionó, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la del pronunciamiento, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (precisó: conforme el art. 12 inc. 2, ley cit.), elevando el ingreso base del actor a la suma de $372.262,43.
Sobre esa base, procedió a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, fijando su cuantía en la suma de $8.364.494,83 (53 x $3.752.262,43 x 1,22 x 34,75%); importe que incrementó con el 20% adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $10.037.393,71.
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora demandada Experta ART S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 y 375 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 63 de la ley 11.653 y 61 del Código Procesal Civil y Comercial provincial y de la doctrina legal que identifica (v. presentación de fecha 24-XI-2020).
II.1. En primer término, cuestiona la eficacia probatoria asignada por el sentenciante al dictamen pericial médico efectuado por el galeno interviniente en la causa.
Relata que el tribunal de grado desestimó el pedido de nulidad articulado por su mandante y se negó a la realización de una nueva pericia por ante el Cuerpo Médico departamental. Indica que -tal como fue puesto en conocimiento en los autos- el mentado perito desinsaculado fue denunciado penalmente por su representada por el delito de estafa procesal, falso testimonio y falsedad ideológica, conforme -denuncia- surge del expediente "Kalejman, Ezequiel s/ averiguación de ilícito" (IPP-18-00-005620-16/20, en trámite ante la UFI n° 1 de Campana). Por tal razón, manifiesta que -a su juicio- no resulta lógico considerar que el mismo obre de manera imparcial y objetiva en las causas en las cuales interviene el accionado.
Asevera que, tal como surge del veredicto, el perito aplicó incorrectamente el factor de incidencia laboral para las afecciones acreditadas en el trabajador, considerando para su cálculo las tareas extenuantes denunciadas por aquel, las que -aduce- no resultaron comprobadas en los autos. Así -sostiene- el tribunal de origen debió reducir el porcentaje estimado para el mencionado componente.
Menciona -además- que, en su pronunciamiento, el juzgador decidió apartarse del porcentaje de incapacidad fijado por el galeno, tras corregir la operación matemática realizada por el experto al considerar la edad del accionante, al advertir que se hallaba desajustado a las pautas determinadas en el baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo. De igual modo, señala que debió modificar lo establecido respecto a la recalificación laboral, toda vez que -según explica- dicho factor no resultaba de aplicación al caso por cuanto -actualmente- el trabajador continuaba realizando las mismas tareas.
Manifiesta que -no obstante lo expuesto-, el órgano de grado fundó su fallo en base a "una pericia totalmente irregular" y alejada de los parámetros establecidos en el citado baremo; el cual -sostiene- en virtud de lo prescripto en el art. 9 de la ley 26.773 resulta de aplicación obligatoria a las presentes actuaciones.
Con todo, en función de la arbitrariedad denunciada, solicita que se deje sin efecto la sentencia recurrida y se ordene la realización de una nueva pericia médica tal como fue peticionado en su oportunidad, a fin de que se dicte una nueva resolución.
II.2. Desde otroángulo, controvierte la fecha tomada por el juzgador para efectuar el cálculo del ingreso base mensual y que -en virtud de ésta- aplicara las modificaciones introducidas por la ley 27.348 a los fines de liquidar la prestación dineraria otorgada al actor, transgrediendo el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como también, el art. 18 de la Constitución nacional.
Argumenta que, tras presentar la pericia contable (considerando la fecha de la primera manifestación invalidante denunciada por la parte actora en su libelo inicial), el experto fue intimado en dos oportunidades por el sentenciante, a fin de que calcule nuevamente el IBM del trabajador, tomando como referencia el día correspondiente al de interposición de la demanda (11-X-2017) y conforme las previsiones del art. 11 incs. 1 y 2 de la ley 27.348.
Entiende que no puede soslayarse que el propio accionante estableció que la fecha de toma de conocimiento de la primera manifestación invalidante ocurrió el día 5 de mayo de 2017 y que, en función de ello, debía aplicarse lo normado en el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo a fin de calcular el IBM, estimando los salarios devengados durante el año anterior a dicho momento (desde el mes de mayo de 2016 a abril de 2017).
A su vez, manifiesta que en la controversia de autos se aplicaron -dice-, desacertadamente y en forma retroactiva, las previsiones contenidas en el art. 12 de la ley 24.557 (conf. art. 11, ley 27.348), en tanto dicha norma no se encontraba vigente al tiempo de la primera manifestación invalidante, así como tampoco al de interposición de la demanda. Alega que la mentada normativa fue adoptada en el ámbito provincial a partir de la sanción de la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), tal cual lo entendió esta Suprema Corte en el precedente L. 121.895, "Orellana" (sent. de 17-VI-2020).
II.3. Por último, solicita -como medida para mejor proveer- el libramiento de un oficio a la Unidad Funcional de Instrucción a cargo de la investigación de la causa penal anteriormente citada, a los fines de requerir la remisión de la misma.
III. El recurso no prospera.
III.1. Las objeciones que trae el recurrente carecen de aptitud para desbaratar la valoración del dictamen pericial médico llevada a cabo por los magistrados de la instancia para determinar la incapacidad física que porta el accionante.
III.1.a. Al abordar el tercer interrogante planteado en el veredicto, el tribunal de grado señaló que, en el informe pericial y en las aclaraciones efectuadas al mismo, el galeno interviniente sostuvo que -de acuerdo a la anamnesis, el examen semiológico, los estudios complementarios y según el baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo-, el actor resultaba portador de varias dolencias (tales como "hernia cervical operada con secuelas clínicas, radiográficas y electromiográficas de grado moderado [20%], lumbociatalgia con alteraciones clínicas, radiográficas y/o electromiográficas moderadas con limitación funcional de la columna lumbar a la flexión [8+2=10%], limitación de la movilidad de hombro derecho [8+0,4 miembro hábil=8,4%], limitación de la movilidad de hombro izquierdo [5%], limitación funcional tobillo derecho [4%], limitación funcional tobillo izquierdo [2%], e hipoacusia perceptiva bilateral [0,51%]"; vered., págs. 4 y 5). Agregó que el perito afirmó que, de comprobarse como ciertas las características de las tareas denunciadas por el actor, así como también los ambientes en los que las mismas se prestaban, el factor de incidencia laboral para las afecciones halladas, resultaba del 70%, a excepción de la hipoacusia perceptiva bilateral, que era del 100%; porcentajes que -señaló- fueron ratificados por el experto al requerirle explicaciones en la audiencia de vista de la causa.
Sobre esa base, el tribunal actuante efectuó las disquisiciones que estimó respecto a las conclusiones arrojadas por el galeno interviniente. En tal sentido, se apartó del porcentaje de incidencia del factor laboral otorgado por aquel (a excepción del asignado por la hipoacusia), por cuanto -estimó- en la segunda cuestión del fallo de los hechos no lograron comprobarse -en su totalidad, extensión e intensidad- las tareas extenuantes descriptas por el demandante y transcriptas en la pericia. Así, determinó que, ajustándose estrictamente a los datos objetivos de la causa y, evaluando concienzudamente las circunstancias apuntadas, correspondía fijar el mencionado factor en el orden del 60%.
En ese entendimiento -teniendo en cuenta las dolencias detectadas y los porcentajes de incapacidad directamente vinculados con la realización de labores- obtuvo los siguientes porcentuales: cervical 12%; lumbar 6%; hombro derecho 5,04%; hombro izquierdo 3%; tobillo derecho 2,4%; tobillo izquierdo 1,2% e hipoacusia perceptiva bilateral 0,51%.
Seguidamente, destacó que correspondía dejar de lado el porcentaje fijado por el perito respecto al factor de ponderación de la edad del trabajador y de la operación matemática efectuada; ello, por cuanto -estimó- se encontraba alejado de las pautas del baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo, siendo que el mismo arrojaba un dato de carácter estrictamente objetivo, debiendo determinarse únicamente de acuerdo a la edad del actor, por lo cual lo estableció en 1,16 (31 x 2/53).
Por su parte, entendió que no resultaba aplicable al caso el factor de recalificación laboral, toda vez que la dificultad para efectuar sus tareas actuales no era alta, sino intermedia (tal como lo determinó el experto), ponderando el mismo en un 10%.
Continuando ese análisis, juzgó que correspondía efectuar la cuantificación de los factores de ponderación, de acuerdo a la operatoria determinada en el referido baremo. Aclarado ello, por aplicación del método de la capacidad restante (conf. dec. 49/14), dispuso que el trabajador resultaba portador de una minusvalía física del 27,52% (cervical y lumbar 18%; hombro derecho 4,13%; hombro izquierdo 2,33%; tobillo derecho 1,81%; tobillo izquierdo 0,88% e hipoacusia 0,37%), a la cual debían sumarse los mencionados factores de ponderación; todo lo cual arrojaba un déficit invalidante del orden del 30,59% de la total obrera por parte del demandante.
Asentados en estas medulares conclusiones y en las restantes probanzas de la causa, consideró probada la relación causal directa e inmediata entre las tareas acreditadas y las patologías detectadas.
III.1.b. Cabe recordar que esta Corte ha declarado que determinar las tareas desempeñadas por el trabajador, como también si existe relación causal o concausal entre estas y la incapacidad que padece, y -en general- analizar las cuestiones de hecho y apreciar el material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado, ajenas a la Casación, salvo que se denuncie y demuestre que tales conclusiones están invalidadas por el absurdo (causas L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021; L. 125.751, "Bortel", sent. de 15-IX-2022 y L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-X-2020; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023 y L. 126.832, "Velazco", sent. de 27-III-2023).
III.1.c. En el caso, el recurrente ni siquiera denuncia la existencia del mentado vicio excepcional, transitando la crítica sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, y poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 118.442, "Lama", sent. de 26-XII-2018 y L. 120.666, "M., A. N.", sent. de 13-XI-2019).
En rigor, puede advertirse que a pesar de sus esfuerzos no logra el quejoso neutralizar el juicio empleado por el tribunal de trabajo, desarrollando un discurso que expone aristas que denotan cierta contradicción en su razonamiento.
En efecto, a lo largo de su impugnación, el interesado cuestiona las conclusiones vertidas por el galeno desinsaculado en autos, alegando -al respecto- falta de objetividad en su dictamen, destacando -en algunos pasajes- la labor desplegada por el juzgador al apartarse de los dichos del experto (efectuando sus propios cálculos, de acuerdo a los parámetros establecidos en el baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo), a fin de evaluar la real minusvalía que aqueja al trabajador; mientras que por otro lado, denuncia arbitrariedad en la sentencia al dictar su pronunciamiento basándose en aquella.
Sentado ello, en modo alguno trae una explicación idónea que convenza acerca de que la experticia haya sido mal valorada, de modo tal que -como propone- corresponda efectuarla nuevamente.
De este modo, se advierte nítidamente que la crítica que formula el quejoso no se ocupa de rebatir -como es menester- todas y cada una de las razones que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia.
Siendo así, queda expuesta la ausencia de suficiencia del agravio, pues, con arreglo a conocida doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del pronunciamiento apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (causas L. 119.085, "Olguín", sent. de 30-VIII-2021; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022 y L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; e.o.). Asimismo, tampoco abastece la incumbencia impuesta por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 122.586, "Jurao", sent. de 30-XII-2021; L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021 y L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022).
Para más, cabe agregar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021 y L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022), vicio que el impugnante -como se dijo- ha omitido denunciar.
III.1.d. Finalmente, a mayor abundamiento, cabe destacar que las alegaciones formuladas respecto al pedido de nulidad articulado -en su momento- respecto del informe pericial médico y de la remisión de las actuaciones a la Asesoría Pericial departamental a los fines de la realización de un nuevo dictamen, en tanto se vinculan a cuestiones preclusas y anteriores a la sentencia, resultan ajenas a la instancia extraordinaria desde que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto el pronunciamiento definitivo, y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causas L. 100.194, "Seibane", sent. de 12-X-2011; L. 111.655, "P., J. S.", sent. de 5-XII-2012; L. 118.591, "Deluca", resol. de 20-V-2015 y L. 121.641, "Ferreyra", resol. de 5-XII-2018).
III.2. Desde otroángulo, estimo que la prédica que exhibe la queja vinculada a la er
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