Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 124254
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.254, "B., S. E. contra B., C. E. y otros. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 20 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda de reconocimiento de filiación incoada por S. E. J. (antes B.) contra los sucesores de R. S. (v. fs. 601/607).
A su turno, la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del mentado departamento judicial confirmó la sentencia apelada (v. sent. de 5-XII-2019).
Contra dicho pronunciamiento se alzó la actora mediante recursos extraordinarios de nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 4-II-2020), siendo concedidos por el Tribunal de Alzada los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley, habiendo desestimado el de inconstitucionalidad (v. resols. de 11-II-2020 y 20-VIII-2020).
Oído el Procurador General (v. dictamen de 15-II-2022), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Frente a las acciones de impugnación y reclamación de estado filial interpuestas por la señora S. E. B. con relación a C. E. B. y R. S., respectivamente (v. fs. 22/29), el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 20 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción de impugnación (v. fs. 369/379) y, a continuación, rechazó la demanda de reconocimiento de filiación incoada (v. fs. 601/607).
A su turno, la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del mentado departamento judicial confirmó la última de las sentencias que fuera motivo de apelación (v. sent. de 5-XII-2019).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la actora mediante recurso extraordinario de nulidad (v. presentación de fecha 4-II-2020), en el cual denuncia preterición de tópicos esenciales y falta de fundamentación.
Destaca que se ha violado muy gravemente el principio de congruencia por lo que se podía verificar el supuesto de absurdo o arbitrariedad de la decisión impugnada.
Asimismo, expresa que "...las fuentes admitidas de prueba necesaria para obtener el desacierto del informe pericial que luego diera sustento al fallo totalmente absurdo no fueron todas las solicitadas por la suscripta (de gran relevancia) sino las que V.E. creyó conveniente que así se recabasen" (presentación de 4-II-2020, pág. 4).
En este sentido, puntualiza que no se tuvieron en cuenta otros elementos que fueron requeridos -como una nueva exhumación del cuerpo del causante R. S., la utilización de muestras de las primas hermanas de este último o la contraprueba a llevarse a cabo en la Fundación Favaloro, entre varios-, vulnerándose lo normado por los arts. 579 y 710 del Código Civil y Comercial. Manifiesta también que los resultados obtenidos fueron manipulados únicamente por la Asesoría Pericial y las expertas que se nombran en la sentencia impugnado sin que haya podido intervenir nadie más, no pudiendo cotejar dichos resultados con algún experto de su confianza (v. presentación cit., pág. 5).
Finalmente, sustenta el absurdo y supuesta violación del principio de congruencia alegados en que el Tribunal de Alzada "...no tuvo en cuenta el principio de Amplitud Probatoria en el derecho de familia cuyos fundamentos se describieran ut supra, como tampoco la incorporación de un nuevo experto como es la del Dr. Gabriel Oscar BOSELLI, especialista en Bioquímica y entrega de los datos crudos ya que son los únicos que tienen valor legal en los países más avanzados por ser inviolables electrónicamente, contener todo los datos sensibles de los análisis realizados y permitir la revisión de la conclusiones alcanzadas por el Cuerpo Pericial [...] Así las cosas se incurre en un absurdo jurídico, al no expedirse respecto todos los planteos y pedidos efectuados por la suscripta, como asimismo no hace lugar a una nueva exhumación del cadáver de R. S..." (presentación cit., pág. 7).
III.1. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que la impugnación no debe prosperar.
III.2. Al respecto, cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad, conforme ha resuelto esta Corte en reiteradas oportunidades, solo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (conf. doctr. arts. 296, CPCC; 168 y 171, Const. prov.; causas C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020 y C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquellas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Deviene pertinente adunar, en cuanto a la invocada transgresión del art. 171 de la Constitución provincial, que reiteradamente ha sostenido esta Corte que ella solo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia a los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que este se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. sent. de 5-XII-2019; conf. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.520, "Fernandez", resol. de 23-IX-2021).
Sentado ello, coincido con lo expuesto por el señor Procurador General en su dictamen (v. dictamen de 15-II-2022) en cuanto a que los agravios expresados y supuestamente referidos al recurso extraordinario de nulidad en realidad corresponden al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. En efecto, una atenta lectura de la pieza fundante de agravios permite advertir que el planteo traído, vinculado con la búsqueda de emplazamiento filial con respecto a R. S., ha sido abordado expresamente por el Tribunal de Alzada, solo que en sentido desfavorable para la interesada. De este modo, dichas manifestaciones se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico del fallo, los que resultan extraños a la vía intentada pues reposan sobre el mérito de la decisión (conf. doctr. causas C. 120.425, "Paz", resol. de 9-III-2016; C. 121.593, "Gómez", resol. de 6-IX-2017; C. 122.241, "Cañas", resol. de 16-V-2018; C. 123.323, "Vargas", resol. de 18-IX-2019; C. 123.453, "Millach", resol. de 6-XI-2019; C. 123.659, "Lanfranchi", resol. de 26-II-2020; e.o.).
En síntesis, la crítica formulada acerca de los medios probatorios ordenados por la Cámara y la supuesta violación de la normativa vigente, así como el absurdo y arbitrariedad denunciados, resultan ajenas a este carril impugnativo.
IV. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde rechazar el presente remedio extraordinario. Con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 296, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora S. E. B. interpuso acción de impugnación de filiación con respecto al señor C. E. B. y, en el mismo acto, acción de reconocimiento de filiación contra el señor R. S. (v. fs. 22/29).
En la demanda articulada expresó que en el año 1965 su madre M. B. J. conoció a R. S., conocido popularmente como "S.", y juntos comenzaron una relación oculta que duró varios años, pese a la rotunda negativa de la familia materna. Tiempo después, M. B. conoció a C. E. B. con quien formalizó una relación y finalmente contrajo matrimonio. Sin embargo, los encuentros con el cantante popular se siguieron realizando.
En dicho contexto -aquí brevemente reseñado- la actora expresó que el día 7 de junio de 1968 nació su media hermana, A. A. B., y que, tres meses después, su madre M. B. quedó nuevamente embarazada, lo que condujo a que la relación con su pareja comenzara a deteriorarse.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 20 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción de impugnación (v. fs. 369/379) y, en segundo término, rechazó la demanda de reconocimiento de filiación incoada (v. fs. 601/607).
Los fundamentos de la resolución recurrida se cimentaron en la valoración de la prueba pericial, de los resultados arrojados por la prueba genética de ADN que se efectuara con los restos cadavéricos del accionado y la muestra de sangre de la actora, como así también en la prueba testimonial. En virtud de ellos, el a quo consideró la ausencia del vínculo padre/hija pretendido por S. E. J. (antes B.) entre ella y quien en vida fuera R. S. (v. fs. 467, 469, 494/500, 517/552, 572/573).
Dicha sentencia fue apelada por la interesada (v. fs. 621).
II. A su turno, la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del mentado departamento judicial confirmó la sentencia impugnada (v. sent. de 5-XII-2019).
Para arribar a dicha conclusión el Tribunal de Alzada dictó medidas de mejor proveer en razón de los derechos comprometidos y con el objeto de examinar la pericia llevada adelante en la instancia de origen (v. fs. 718, 832, 856, 864, 872, 879, 971/972), las que culminaron con el cotejo de los restos cadavéricos obtenidos oportunamente (v. fs. 467) y la muestra de sangre conservada por CentraLab (v. fs. 754/759), cuyo resultado indicó que ambas muestras no son excluyentes entre sí, correspondiendo al mismo material genético (v. fs. 1.041/1.052).
En base a ello ponderó lo siguiente: "...es lo cierto que el dictamen no fue cuestionado. Al mismo tiempo, viene precedido de un proceso de formación debidamente fiscalizado y presenta las precisiones necesarias para que su cualidad probatoria sea adoptada como soporte de la decisión [...] La producción probatoria científica permite abastecer los cuestionamientos formulados en la pieza de expresión de agravios. Ello así ya que el laboreo pericial llevado a cabo en esta sede -que no ha merecido objeciones-, al establecer la pertenencia del material genético atribuido al causante (se obtuvo perfil genético masculino completo coincidente con el perfil genético obtenido de los restos cadavéricos), otorga el debido soporte científico al dictamen originario, que fue categórico al indicar la incompatibilidad genética entre la actora y el causante, siendo insustanciales las demás críticas, que no alcanzan a desplazar la cualidad probatoria aludida (arts. 384 y 474, C. Proc.)..." (sent. cit., pág. 8).
III. Contra dicha forma de resolver la interesada también dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 4-II-2020), cuyos fundamentos fueron detallados por quien suscribe al momento de tratar la vía anulativa intentada (v. pto. II de mi voto a la primera cuestión tratada) y a los que me remito en razón de la brevedad y doy aquí por reproducidos
IV.1. Este recurso tampoco prospera en base a los siguientes fundamentos.
Cabe recordar que este Tribunal ha sostenido que quien afirma que la sentencia transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia, conforme lo reseñado precedentemente, provoca la insuficiencia del conducto revisor (conf. doctr. causas C. 119.507, "Lucas", resol. de 26-III-2015; C. 118.236, "Daniel Ricca S.A.C.", sent. de 8-IV-2015 y C. 121.082, "Manzanillo", resol. de 15-XI-2016), tal como se verifica en el caso (art. 279, CPCC).
Por demás, el concepto de absurdo remite a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Mas no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones o supuestos intentos similares alcanzan para configurar el absurdo. Es necesario, por el contrario, que se demuestre un importante desarreglo desde la base del pensamiento, una anomalía extrema o una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se ponga en evidencia la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca. En definitiva, para que este Tribunal ingrese a la consideración de cuestiones fácticas al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; resultando indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser (conf. causas C. 111.814, "M. J., R.", sent. de 27-VI-2012; C. 117.068, "G., N. G.", sent. de 7-IX-2016; C. 120.490, "Estudio 81 S.A.", sent. de 3-V-2018; C. 121.912, "Cos", sent. de 26-XII-2019; e.o.).
En suma, el mero disenso de la recurrente con la conclusión a la que arriba el Tribunal de Alzada no alcanza a evidenciar que sea absurda la respectiva valoración del tribunal recurrido. Veamos.
IV.2. En autos, la impugnante sustenta su embate en que la negativa a algunas de las pruebas por ella requeridas se encuentra en flagrante violación con lo normado por los arts. 579, 580 y 710 del Código Civil y Comercial que bregan por la amplitud y libertad probatoria. No obstante, no profundiza ni demuestra de qué manera los sentenciantes incurren en absurdidad al fijar otras medidas de prueba que consideraron conducentes al dictado de la sentencia. Tampoco explicita de qué modo los medios de prueba que fueron omitidos hubieran derivado en un resultado distinto, en especial considerando el cotejo obrante a fs. 1.041/1.052.
En este sentido, corresponde precisar que los principios de libertad y amplitud probatoria tienen por finalidad alcanzar la verdad objetiva material ante un conflicto dado, obligando al juez a sortear la rigidez del sistema jurídico en camino a la verdad. Tales principios implican, por un lado, la libertad de ofrecimiento de todo tipo de prueba y, por el otro, la amplitud probatoria como criterio de recepción por parte del magistrado en el afán de habilitar -inclusive- aquellos medios de prueba poco convencionales capaces de destrabar situaciones de familia conflictivas, donde los hechos denunciados resultasen de muy dificultosa acreditación. No obstante, estos principios que hacen al ofrecimiento y la producción de la prueba deben cumplir con un parámetro mínimo para su viabilidad, ser conducentes. Es por esto último que el judicante no tiene la obligación de acceder a todos los medios de prueba ofrecidos por las partes sino solo aquellos que resultasen idóneos para la acreditación de los hechos invocados.
En este caso particular, se alcanzó -como bien fundamentó la Cámara- una respuesta indubitada cimentada en el informe pericial que otorgó sustento a la primigenia pericia llevada a cabo y sobre la cual pesaron las críticas y dudas de la recurrente. De manera que, no siendo ello objeto de embate, el remedio intentado deviene ineficaz para rever lo decidido.
En otras palabras, los fundamentos a los que arribó la Cámara no logran ser conmovidos por los agravios volcados en las páginas 3/13 del escrito en análisis, en tanto su detenida lectura deja advertir que tales achaques (vinculados a la falta de producción de prueba ofrecida) se desentienden de aquellos dados por el Tribunal de Alzada, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre el resultado obtenido (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
Si bien la interesada ha cuestionado y planteado a lo largo del proceso sus dudas acerca de la muestra de sangre de R. S. reservada en CentraLab desde el día 5 de diciembre de 2005 (v. fs. 56 y 754/757), como así también sobre la toma de muestras de los restos cadavéricos del causante (v. fs. 467/470, 494/500, 517/552, 572/573) -lo que le sirvió de argumento para ofrecer la prueba cuya preterición por el Tribunal de Alzada aquí cuestiona-, lo cierto es que debió rebatir -y no hizo- de manera clara y precisa el argumento principal de la sentencia en crisis, referido a que el resultado de la prueba genética de ADN llevado a cabo con ambas muestras contundentemente concluye que se trata de la misma persona, robusteciendo ello la probanza científica en la que se fundara el pronunciamiento de primera instancia que indicaba la inexistencia de vínculo biológico entre la actora y el causante. Este resultado echa por tierra los interrogantes y dudas planteadas por la recurrente a lo largo del proceso y tornan inconducentes el resto de las pruebas ofrecidas.
Lo dicho basta para desestimar la impugnación formulada y permite, además, descartar las infracciones normativas alegadas (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.3. Igual suerte adversa debe correr la alegación de arbitrariedad, toda vez que ella -tal como fue postulada- no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido.
Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; e.o.).
V. Por todo lo expuesto, de conformidad con el señor Procurador General, el recurso debe ser rechazado en tanto no se ha demostrado el absurdo ni la arbitrariedad invocadas como tampoco las infracciones normativas alegadas (art. 279 y su doctr., CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente en su condición de vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechazan los recursos extraordinarios de nulidad e
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.