Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124142
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.142, "Bermúdez, Carlos Alberto contra Galeno A.R.T. S.A. Accidente de trabajo Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 157/171).
Se interpusieron, por las partes actora y demandada, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 178/189 y presentación electrónica de fecha 26-IV-2019, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en relación al deducido por la demandada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Carlos Alberto Bermúdez y condenó a Galeno ART S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, más el adicional contemplado por el art. 3 de la ley 26.773, por el accidente que sufrió el día 28 de abril del año 2016, mientras prestaba tareas para su empleadora Esur S.A. También dispuso la aplicación de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, que fijó en media vez la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, calculada sobre el capital de condena desde el día 28 de abril de 2016 hasta la fecha de la sentencia.
Para así resolver, juzgó acreditado que como consecuencia de dicho evento dañoso el actor es portador de una incapacidad física parcial y permanente del 56,11% del índice de la total obrera (v. fs. 157/159 vta.).
Sobre dicha base, condenó a la accionada a abonarle en un único pago la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más la compensación dineraria adicional prevista en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" de la norma citada y 3 de la ley 26.773.
Señaló, inicialmente, que en los supuestos en que la incapacidad se sitúa entre el cincuenta (50%) y el sesenta y seis por ciento (66%), el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo, vigente al momento del infortunio, dispone el pago en forma de renta periódica.
En ese contexto, estimó que la misma debía abonarse en un único pago, con fundamento en dos órdenes de razones.
En primer lugar, sostuvo que así lo dispone el art. 2 último párrafo de la ley 26.773, en cuanto establece que el principio general indemnizatorio es de pago único; y el art. 17 apartado 1 de la citada norma, al prescribir que las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica quedan transformadas en prestaciones de pago único.
En otro orden, entendió que consolidada jurisprudencia de la Corte federal y la doctrina legal de esta Suprema Corte, determinan que el aludido mecanismo debe ser reputado inconstitucional cuando el pago fraccionado obstaculizaría la reformulación del proyecto de vida del trabajador.
I.2. Luego, en cuanto a la forma de calcular la referida prestación, entendió el sentenciante que correspondía estarse a la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, pues así lo dispone el art. 2 apartado 2 del decreto 472/14.
Al respecto, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de esta última disposición solicitado por la parte actora, aspecto que fundamentó en variadas razones.
En principio, juzgó que no asistía razón a la accionante cuando alega que la norma incurre en exceso reglamentario por establecer una forma de cálculo de la prestación no prevista en la ley reglamentada, y que solo buscaba modificar el modo de pago y no la forma de cuantificarlo.
Tampoco consideró vulnerada la doctrina legal emergente de los precedentes de esta Suprema Corte conocidos como "Manrique Obregón" y "De la Cuadra". A la hora de resolver, aclaró que el marco normativo aplicable al presente caso actualmente difería de aquel de las citadas causas, precisamente porque el art. 2 apartado 2 del decreto 472/14 vino a llenar un vacío legal.
Insistió en la inexistencia de exceso reglamentario, toda vez que la ley 26.773 -remarcó- si bien eliminó la forma de pago en renta, no determinó el modo en que debía calcularse la prestación del art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, subsistiendo así la incógnita sobre la forma de determinar el importe de pago único.
Entendió que, en ese contexto, el citado decreto 472/14 no hizo sino facilitar la aplicación de la norma reglamentada, evitando que persistiera la incertidumbre que se verificaba en el lapso temporal en el que, ante las divergencias existentes en la jurisprudencia, no estando claro cómo debía cuantificarse la indemnización, obligaba a judicializar todos los casos.
Por otra parte, aclaró que no podía soslayarse que el citado reglamento fue dictado por el Poder Ejecutivo, que elevó al Poder Legislativo el proyecto -finalmente- aprobado como ley 26.773, no pudiendo presumirse ni verificarse el invocado exceso reglamentario aludido en demanda.
Precisó que, en virtud de la potestad reglamentaria, la administración goza de cierto margen de maniobra para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones, que sean congruentes con el espíritu de la disposición reglamentada o contribuyan razonablemente a la finalidad esencial a la que aquella se encamina.
Aclaró que la hipótesis denunciada por la actora no se configura cuando los conceptos que desarrolla el decreto se encuentran establecidos en la ley y no se advierte desproporción o irrazonabilidad en la reglamentación.
Por último, sostuvo el juzgador que en la postulación solo se encuentra cuestionada la validez formal de la norma, o sea, la introducción a través del Poder Ejecutivo, sin objetarse su validez material. Remarcó, a modo de ejemplo, que no se alegó la insuficiencia reparatoria de la solución plasmada en el decreto 472/14, como tampoco advirtió -oficiosamente- que esta última se encuentre comprometida en el presente caso.
Finalmente, estableció que tampoco llevaba razón el accionante al postular que la norma reglamentaria se aparta de la doctrina legal de la Suprema Corte en la causa "Manrique Obregón", pues ese criterio -enfatizó- está construido sobre la base de un marco normativo diferente, por lo que lo juzgó inaplicable en la especie.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557; 28 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 178/189).
Plantea la inconstitucionalidad del art. 2 apartado 2 del decreto 472/14, vigente al momento de ocurrencia del infortunio, porque -desde su punto de vista- provoca una merma en la reparación que corresponde percibir al damnificado.
Explica que en la demanda solicitó que, en el supuesto de confirmarse una incapacidad de entre 50% y 65%, se aplicara la fórmula actuarial que resulta del art. 14 apartado 2 inc. "b" de la referida ley, invocando expresamente la doctrina de la Suprema Corte en la causa "Manrique Obregón". Planteó -a su vez- la inconstitucionalidad del art. 2 apartado 2 del decreto 472/14, por incurrir en notorio exceso reglamentario, dado que, bajo la excusa de reglamentar un modo de pago, altera la forma de cálculo prevista en la ley, modificando el contenido indemnizatorio del citado art. 14 apartado 2 inc. "b", sustituyéndolo por el modo de cálculo del previsto en el inc. "a" de la misma norma.
En definitiva, solicita que se condene a la demandada a abonar al actor el "valor actual" del capital que debe integrarse para constituir la renta que originariamente preveía el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo en una empresa de seguros de retiro.
Resume que la norma que debe actuarse para determinar el cálculo del importe presente de la renta vitalicia -que luego de la sanción de la ley 26.773 pasó a ser cancelable en un solo pago- sigue siendo la misma que antes, es decir, la indicada en el párrafo anterior.
III. El recurso no prospera.
III.1. En lo que interesa, conviene recordar que el art. 2 apartado 2 del decreto 472/14 prescribe que los damnificados que resulten portadores de una incapacidad laboral permanente superior al 50% e inferior al 66% percibirán una prestación de pago único calculada según la formula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. Asimismo, establece el piso de la prestación correspondiente.
Como se vio, la actora aquí recurrente alegó en la demanda la invalidez constitucional de dicho precepto reglamentario, amparándose en un desarrollo argumental que guarda sustancial similitud con el que despliega ahora en el escrito impugnativo.
Al momento de fallar, en lo que constituye materia de agravio, el tribunal de la instancia de origen, por las definiciones que me he ocupado de reseñar detalladamente en el acápite I del presente -al que remito por razones de brevedad- rechazó el planteo formulado, y dispuso la liquidación de la prestación conforme el método determinado en la citada norma legal cuya aplicación pretende desplazar la interesada.
III.2. A la luz de lo expuesto, entiendo que el cuestionamiento ensayado merece desestimarse, atento su marcada insuficiencia.
III.2.a. La impugnante insiste en sostener que resultaría de aplicación la fórmula que emana del art. 14 apartado 2 inc. "b" con motivo del exceso reglamentario que atribuye al citado decreto, desde un enfoque expositivo que -en efecto- fue llevado a consideración del tribunal de origen y resultó desechado en el fallo que pone en tela de juicio.
En estas condiciones, conviene recordar que tiene dicho esta Suprema Corte que no es suficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley construido sobre la base de la reiteración de los argumentos que fueron planteados ante el juzgador de grado, descartados en el pronunciamiento atacado (causas L. 106.313, "Panigutti", sent. de 15-VII-2015; L. 119.812, "Bianchi", sent. de 4-VII-2018 y L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)", sent. de 9-II-2021).
III.2.b. Luego, el modo de ataque que propone la réplica deviene igualmente estéril para modificar la solución adoptada en tanto no consigue conmover las motivaciones esenciales sobre las que se estructura la decisión objetada.
En este sentido, tiene dicho esta Suprema Corte que no resulta idóneo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no logra desvirtuar todos y cada uno de los conceptos en los que se apoya el pronunciamiento de origen, dejándolos incólumes (causas L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VII-2020; L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020 y L. 124.027, "Michele", sent. de 20-X-2021).
III.2.c. A lo dicho cabe agregar el planteo argumental destinado a poner en evidencia la eventual insuficiencia o merma reparatoria de la prestación en el caso de aplicarse el inc. "a" del apartado 2 del art. 14 de la ley 24.557, como lo dispone el decreto 472/14, y no el inc. "b" de la citada norma, como pretende el recurrente, no fue introducido en el escrito de inicio.
De ahí que resulte aplicable la doctrina legal de esta Corte en orden a que no resulta idóneo para habilitar la instancia extraordinaria el argumento novedoso, que no fue sometido a conocimiento del tribunal de grado en el momento oportuno (causas L. 117.999, "Fernández", sent. de 15-VII-2015; L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020 y L. 122.586, "Jurao", sent. de 30-XII-2021).
Sobre el particular, repárese -incluso- en que el propio órgano de origen menciona, en un pasaje del fallo objetado, la ausencia de fundamento alguno vinculado con el tópico que recién ahora invoca la apelante.
III.3. Por lo demás, es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.127, "L., J. M.", sent. de 16-VII-2014).
III.4.a. Subsistiendo firme entonces la decisión con arreglo a la cual el tribunal de grado desestimó el planteo de inconstitucionalidad del decreto 472/14 -en el tramo reprochado y resolvió aplicar el modo de cómputo de la prestación previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Tribunal, corresponde desestimar la crítica fundada en la denuncia de violación de doctrina legal elaborada en las causas L. 104.576, "Manrique Obregón", sentencia de 7-III-2012 y L. 119.772, "De la Cuadra" sentencia de 28-IX-2016.
Ello es así, desde que el criterio sentado en los mencionados casos resultó forjado a influjo de presupuestos jurídicos diversos a los que se verifican en autos (causas L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; L. 106.363, "Mourlas", sent. de 15-VII-2015 y L. 120.485, "Medina", sent. de 31-VIII-2021).
III.4.b. A mayor abundamiento, cabe aclarar que el presente caso no se compadece con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 123.290, "Gallano", sentencia de 29-X-2021, en la que se aplicó la doctrina legal establecida en el precedente L. 104.576, "Manrique Obregón", sentencia de 7-III-2012, toda vez en ese caso difería el marco normativo aplicable, desde que no se encontraba vigente el decreto 472/14.
IV. En consecuencia, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En lo que reviste interés, el tribunal de origen dispuso la aplicación de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Formó su convicción en el sentido que la accionada utilizó el argumento del derecho de defensa para dilatar el curso del proceso.
Concluyó el juez de grado que una vez que la parte actora desistió de su prueba confesional y se corrió traslado a la contraparte para que manifestara su interés en la producción de dicho medio probatorio, esta última insistió vehementemente -a juicio del tribunal de origen- en la necesidad de llevar a cabo la vista de la causa, para luego, no concurrir ni contestar el traslado para alegar.
Añadió que toda vez que el accidente no fue negado en la contestación de la demanda y que ni siquiera existieron hechos centrales que pudieran aclararse con la prueba oral ofrecida por la accionada, demostró sin dudas que la aseguradora, actuando en forma ostensiblemente maliciosa, pretendió obstruir el cobro del crédito alimentario por el trabajador.
Sobre esa base, declaró temeraria y maliciosa la conducta asumida por la demandada en los términos del citado art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque entendió que su comportamiento encuadraba en el precepto aludido.
I.2. Por otro lado, adicionó intereses desde la fecha del siniestro (28-IV-2016) hasta la fecha de notificación del traslado de demanda (acaecido el 19-IV-2017) a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (opción plazo fijo tradicional, CAT), los que luego debían ser acumulados al capital de condena (art. 770 inc. "b", Cód. Civ. y Com.) y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta el efectivo pago (v. sent., fs. 166 y vta.).
II. Contra el pronunciamiento de grado también se alza la parte demandada, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Dos son los reproches que porta el remedio traído.
II.1. En primer lugar, se agravia la impugnante de la aplicación al caso de la sanción por temeridad y malicia prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sostiene que para que pueda atribuirse este tipo de conducta es necesario que el litigante condenado a su pago haya actuado sin motivo valedero, y que, además, haya tenido conciencia de la propia sinrazón.
En concreto, bajo denuncia de absurdo, sostiene que el juzgador fundó la condena por el indicado concepto en la motivación vinculada al uso dilatorio atribuido a la demandada de la audiencia de vista de la causa.
Considera que el tribunal, en uso de su poder de dirección y ante el silencio de la accionada sobre la producción de la prueba confesional, bien pudo haber tenido a la misma por desistida, denegar la celebración de la audiencia de vista de la causa solicitada y poner los autos en estado de alegar.
Manifiesta que la actitud desplegada por la demandada no configura la conducta descripta, sino que -por el contrario- su comportamiento se ampara en la garantía constitucional de defensa en juicio.
Por otra parte, alega que la ausencia de razón en un planteo no resulta suficiente para sancionar la conducta del litigante, sino que debe existir una valoración integral de aquella.
En sustento de su postura, menciona precedentes emanados de este Tribunal y jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Postula, también, que el excesivo monto de la injusta multa aplicada, genera un grave perjuicio a la demandada recurrente, más aún cuando resulta por demás arbitrario y contrario al criterio sentado por la Suprema Corte.
II.2. Controvierte, además, la capitalización de intereses dispuesta por el juzgador de grado en los términos del art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación.
Afirma que la experiencia es demostrativa de que los jueces son remisos a aplicar dicha regla como a acumular su resultado con la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo con otros intereses, sanciones o cláusula penal.
Denuncia que ello conlleva un importante perjuicio para la legitimada pasiva y -a la par- un enriquecimiento sin causa para el trabajador.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe advertir que la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley ha sido concedida en la instancia de origen en el estrecho marco de cognición que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 190 y vta.), por considerar el juzgador de grado que el agravio dirigido a cuestionar la aplicación de la sanción por temeridad y malicia, que contiene expresa cita de doctrina legal, no supera el valor del litigio establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), lo que no ha merecido objeciones por parte de la aquí impugnante (v. notificación electrónica de fecha 10-II-2022).
En estas condiciones, la competencia revisora de esta Suprema Corte debe circunscribirse a ve
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