Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126021
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.021, "Calle Mendoza, Brenda Yardanika Alejandra contra Aegis Argentina S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata admitió parcialmente la demanda promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 228/259 vta.).
Se dedujeron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de 20-V-2020).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 13-IV-2021), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa señalar, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por la señora Brenda Yardanika Alejandra Calle Mendoza contra AEGIS Argentina S.A., en concepto de indemnización por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales, haberes de mayo y días laborados del mes de junio de 2016, diferencias salariales, el incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323 y la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Rechazó, en cambio, el reclamo tendiente al pago de la sanción conminatoria mensual contemplada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y el seguro de retiro complementario "La Estrella" (v. fs. 228/259 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado que la actora ingresó a prestar servicios dependientes para AEGIS Argentina S.A. el día 11 de junio de 2007, en la categoría "vendedor B" del convenio colectivo de trabajo 130/75, realizando tareas de atención telefónica de clientes y venta de productos en jornadas de treinta horas semanales (v. fs. 236).
Declaró que las partes estuvieron contestes en que la jornada habitual de la actividad era de treinta y seis horas semanales, por lo cual -destacó el juzgador- la extensión del tiempo de servicios de la trabajadora, excedió las dos terceras partes de aquella; por lo que debió ser remunerada a tiempo completo (art. 92 ter, texto según ley 26.474; v. fs. 236 y vta.).
Refirió el juzgador -con cita de doctrina autoral y del precedente L. 116.424, "Peñalva", sentencia de 7-V-2014 de esta Corte- que la posición doctrinaria y jurisprudencial mayoritaria sostiene que en la actualidad la posibilidad de pactar jornadas reducidas iguales o superiores a los dos tercios de la jornada completa de la actividad, ha quedado desarticulada, desde que el empleador -de todos modos y de acuerdo a la disposición citada en el párrafo anterior- debe remunerar conforme la jornada completa, y no en base al proporcional de las horas trabajadas (v. fs. cit.).
Señaló que la respuesta jurídica en torno a la subsistencia de la jornada reducida prevista en los arts. 198 y la vigencia del art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474), se puede interpretar como un supuesto de concurrencia conflictiva de normas, para cuya solución habrá de estarse a aquella de mayor favor para el trabajador (art. 9, ley 20.744), que -en el caso- implica acoger la postura que ordena pagar la remuneración completa cuando el trabajo prestado supera los dos tercios de la jornada habitual de la actividad (v. fs. 237).
Añadió que a idéntica conclusión se arriba si se visualiza que entre ambas disposiciones se verifican supuestos de complementariedad o concurrencia no conflictiva (v. fs. 237). En el primer caso -aseveró el juzgador- sendas normas se complementan y, si la jornada reducida es aquella pactada que supera la proporción de los dos tercios de la jornada habitual, entonces se integra con el 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que conlleva -prosiguió- a que tácitamente al elemento de hecho autorizado por dicha disposición se le aplique la interpretación y la solución normativa del 92 ter; mientras que en el segundo supuesto -aclaró el judicante- el desenlace final es el mismo, toda vez que el art. 198 de la ley citada no determina cual es la consecuencia jurídica para el caso general de la determinación de una cláusula contractual de jornada reducida con referencia a la legal, por lo que -precisó el tribunal de grado- no conviene distinguir, superando la norma el juicio de compatibilidad (v. sent., fs. 237).
Con pie en lo antedicho, declaró que el planteo de inconstitucionalidad articulado por la demandada respecto del art. 92 ter (texto según ley 26.474) antes citado, debía ser rechazado por no ser dicha norma la que da solución a la cuestión, sino que -en todo caso- la discusión debe resolverse a partir de la interpretación sistémica de aquella con el art. 198 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 237 vta.).
Señaló que a igual decisión se arribó, desde otra óptica, al fallarse en primera instancia la citada causa L. 116.424; solución que -aclaró el tribunal de mérito- obtuvo la ratificación de la Suprema Corte (v. rec., fs. 237 vta. y 238).
Con todo, juzgó que el despido indirecto de la trabajadora comunicado mediante pieza postal del día 21 de junio de 2016, motivado en la falta de pago de las diferencias salariales originadas en que no se la remuneraba por jornada completa, resultó ajustado a derecho (v. fs. 238).
Con base en lo antedicho, acogió los rubros por los que progresó la demanda (v. fs. 238/259 vta.).
II. Contra esta decisión, la parte demandada interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. presentación digital de 20-V-2020).
En sustancia, alega que el tribunal de grado omitió abordar una cuestión esencial planteada oportunamente por la accionada, cual es la declaración de inconstitucionalidad del art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo (v. rec., pág. 5).
Argumenta que si bien el mencionado tópico fue invocado de manera subsidiaria en el escrito de contestación de demanda, participa de la misma trascendencia que las restantes defensas articuladas, toda vez que la descalificación constitucional de la norma citada hubiera implicado su inaplicabilidad al caso de autos.
En su prédica, transcribe parte de la decisión en pugna donde el sentenciante, luego de analizar las posibles vinculaciones existentes entre los arts. 92 ter y 198 de Ley de Contrato de Trabajo -complementariedad y concurrencia no conflictiva-, concluyó que "...de ello se sigue que los planteos de inconstitucionalidad introducidos por la parte demandada respecto del art. 92 ter LCT a fs. 118/119 deben ser desechados..." (rec., pág. 5).
Alega que la "interpretación sistémica" llevada a cabo por el tribunal de grado no autoriza a dejar sin tratamiento la temática que el quejoso aduce preterida, pues si el juzgador consideró que la disposición objetada devenía aplicable, era su obligación expedirse al respecto (v. rec., pág. 5 vta.).
Para finalizar, cita y transcribe doctrina legal relativa al carácter esencial de los planteos de inconstitucionalidad de una norma en los términos del art. 168 de la Constitución local, antes citado (v. rec., págs. 5 vta. y 6).
III. Aunque por motivos diferentes a los indicados por el señor Procurador General, considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente, ocupa memorar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 124.430, "Puentes de integración S.R.L.", sent. de 23-II-2021; e.o.).
III.2. Sentado lo anterior, el reproche que motiva la impugnación en análisis, consistente en la supuesta falta de tratamiento por el tribunal de grado del planteo de inconstitucionalidad del art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo, no revela la configuración de alguno de los presupuestos a que el dispositivo reseñado subordina la procedencia del recurso extraordinario de nulidad desde que se desentiende de lo resuelto por el juzgador en cuanto consideró que en el caso correspondía desestimar el referido pedimento.
En efecto, tal como surge del pronunciamiento en crisis y de lo destacado por el propio recurrente en su réplica, la cuestión denunciada como preterida no ha sido soslayada por el tribunal; sino que -antes bien- fue resuelta expresamente por el sentenciante por las razones que -acertadas o no- desarrolló en el fallo. Ello surge nítido ni bien se repasa el voto emitido por el magistrado que abrió el acuerdo -que concitó la adhesión de los que le siguieron en el orden de votación-, quien sostuvo "De ello se colige que los planteos de inconstitucionalidad introducidos por la parte demandada respecto del art. 92 ter LCT a fs. 118/119 deben ser desechados, toda vez que no es esa norma la que da solución a la cuestión, sino en todo caso y como se propone, la discusión se resuelve a partir de la interpretación sistémica de tal artículo con la solución propiciada por el art. 198 de la LCT..." (fs. 237 y vta.).
Desde esa perspectiva de análisis, esta Corte ha declarado que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como omitida fue tratada expresamente por el Tribunal de Trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error de juzgamiento es ajeno al ámbito de dicho remedio (conf. causas L. 118.136, "Rezzutto", sent. de 29-VIII-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019 y L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de nulidad, con costas a la vencida (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte demandada denuncia absurdo, violación de los arts. 80 y 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo; 726 del Código Civil y Comercial; 26 incs. "d" y "e", 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 330 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
I.1. Inicialmente, se agravia de la conclusión por la que el juzgador de grado declaró en el fallo que las partes estuvieron contestes en que la jornada habitual de la actividad desempeñada por la trabajadora era de treinta y seis horas semanales.
Aduce que tal afirmación plasmada en la decisión en crisis constituye un grave error que desmorona la estructura íntegra de la sentencia, desde que dicho extremo no fue invocado ni consentido por ninguno de los litigantes. Cita en apoyo de sus afirmaciones doctrina legal relativa al principio de congruencia (v. rec., págs. 4 y vta.).
I.2. En línea con lo anterior, arguye que el sentenciante desinterpretó el escrito de demanda.
En tal sentido, señala que al haber reclamado la actora en su escrito liminar supuestas diferencias salariales entre lo abonado en cada período y la suma de $16.000 mensuales (aplicable, alega el quejoso, a la categoría: vendedor "b", conforme acuerdo paritario homologado por resol. 62/16 de 30-III-2016, MTEySS), resulta claro -a criterio del compareciente- que la promotora del pleito estructuró su pretensión a partir de una jornada semanal de cuarenta y ocho horas, y no de treinta y seis horas como erróneamente -dice- lo entendió el juzgador. Denuncia absurdo y violación del principio de congruencia, a lo que aduna -nuevamente- la cita de doctrina legal vinculada a dicho postulado (v. rec., págs. 5/6).
I.3. Cuestiona -asimismo- la decisión de grado por cuanto, luego de concluir que la trabajadora debía cobrar la remuneración correspondiente a una jornada de treinta y seis horas semanales, al abordar el reclamo por diferencias de haberes, el juzgador tuvo en cuenta una jornada "completa" de cuarenta y ocho horas, incurriendo -de este modo- en autocontradicción y violación del principio lógico de identidad, todo lo cual descalifica el fallo de grado como acto jurisdiccional válido (v. rec., págs. 6 vta. y 7).
I.4. Afirma que el órgano de grado aplicó erróneamente el art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este sentido alega que si la parte actora pretendió en su demanda el pago de remuneraciones adeudadas en base a una jornada semanal de cuarenta y ocho horas, de un simple cálculo matemático surge que las dos terceras partes equivalen a treinta y dos horas, por ende -concluye- siendo que la señora Calle Mendoza laboraba treinta horas semanales, nunca excedió el límite que emerge de la norma antes citada (v. rec., págs. 7 y vta.).
I.5. En otro orden, expone que la sentencia atacada yerra al discurrir respecto de la compatibilidad entre los arts. 92 ter y 198 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ello así, desde que la normativa aplicable al caso -a criterio del compareciente- es el acta acuerdo del día 16 de junio de 2010 -homologada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación por resolución 782/10-, celebrada en el marco del convenio colectivo de trabajo 130/75, que estableció "Ratificando las condiciones especiales en las cuales desarrollan su actividad los trabajadores que se desempeñan en las empresas de servicios de call center para terceros y conforme las previsiones del art. 198 LCT las partes convienen que dichas empresas podrán contratar personal para prestar éstas tareas en un régimen de jornada laboral de hasta seis días por semana, laborables de 6 horas diarias corridas y hasta un tope de 36 horas semanales. Consecuentemente, la hora que exceda del presente régimen de jornada deberá ser considerada hora extra y abonarse con el recargo de ley. El salario, en tales casos, se liquidará conforme al régimen de jornada acordada...".
Refiere que la citada norma colectiva tuvo por finalidad dejar en claro que a los vínculos "...de jornada inferior a 36 horas..." semanales, no se les debe aplicar el art. 92 ter de la ley 20.744, debiendo remunerarse -en cambio- en proporción a la jornada convenida. Cita y transcribe sumarios de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que entiende aplicables al caso (v. rec., págs. 8/9 vta.).
I.6. Objeta el fallo de grado por cuanto para fundar su decisión, el juzgador invocó la causa individualizada como L. 116.424, "Peñalva" (sent. de 7-V-2014).
Puntualiza el interesado que de dicho precedente no surge doctrina legal alguna relativa al art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo, desde que -asegura- en aquella oportunidad el recurso extraordinario fue rechazado por haber sido insuficientemente fundado, a lo que añade que los presupuestos de hecho eran diferentes a los del caso bajo juzgamiento.
En suma, aduce que el tribunal de mérito aplicó erróneamente el fallo citado (v. fs. 9 vta./10 vta.).
I.7. Cuestiona la sentencia de grado por cuanto -por mayoría- se hizo lugar a la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Aduce que al así decidir el tribunal transgredió la doctrina legal que emerge de la causa L. 98.696, "Rolando" (sent. de 4-V-2011), desde que, en el caso, la reclamante no invocó al demandar el requisito que viabiliza la aplicación de la norma examinada, limitándose tan solo a transcribir su texto (v. rec., págs. 11 y vta.).
Denuncia también el quebrantamiento del principio de congruencia, en tanto se resolvió sobre cuestiones no invocadas por la parte actora (a saber: el incumplimiento de la accionada). Cita doctrina legal relativa a dicho postulado.
Atribuye la inobservancia del art. 726 del Código Civil y Comercial, toda vez que al hacerse lugar la sanción impugnada el juzgador reconoció una obligación carente de causa. Ello, por entender que si en autos no se reclamó la entrega de los certificados del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, mal puede reclamarse la multa derivada de la conducta omisiva.
Luego, expone que la sola liquidación de la multa objetada en el escrito de demanda, sin mayores explicaciones por la parte actora, conculca la doctrina legal de esta Corte relativa a la carga que pesa sobre las partes de determinar en los escritos constitutivos sus pretensiones con claridad y precisión -cita en este punto los arts. 330 del Código Procesal Civil y Comercial y 26 de la ley 11.653, junto con los antecedentes que identifica como causas L. 75.134, "Figliuolo" (sent. de 16-VII-2003); L. 73.586, "Firpo" (sent. de 19-II-2002) y L. 81.089, "Val" (sent. de 11-VIII-2004)-. Añade que los requisitos procesales referenciados tienen íntima vinculación con la garantía de defensa en juicio, la que se vería seriamente afectada si se admitieran rubros reclamados sin fundamento alguno. Transcribe sumarios que refiere emanados de la causa L. 84.088, "Rivero" (sent. de 24-V-2006).
I.8. Finalmente, refuta el fallo por haber acogido el resarcimiento referenciado en el apartado anterior, con fundamento en no haberse acreditado la autenticidad del envío postal a través del cual el demandado adujo haber cumplido con la entrega de los certificados de ley (art. 80, Ley de Contrato de Trabajo, texto según ley 25.345).
Frente a ello el impugnante sostiene que no le correspondía a su parte demostrar dicho extremo. Ello así por cuanto -justifica- la promotora del pleito no le endilgó al accionado incumplimiento alguno al respecto, ni mucho menos -prosigue- reclamó judicialmente su entrega (v. rec., pág. 14). Cita doctrina legal vinculada a la violación de las reglas de distribución de la carga de la prueba -causas Ac. 45.435, "Abramo" (sent. de 20-XI-1991); Ac. 52.522, "Flores" (sent. de 9-VIII-1994) y Ac. 60.253, "Daroch" (sent. de 12-XII-1995)-.
Con cita de jurisprudencia que entiende aplicable, añade que lo resuelto en este punto resulta -además- absurdo en razón de la presunción de autenticidad que deriva del "sistema OCA confronte notarial", a lo que aduna el hecho de que a simple vista los instrumentos en cuestión fueron emitidos en debida forma (v. fs. 13/15).
II. El recurso no puede prosperar.
II.1. En primer lugar, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el importe de los rubros de condena que constituyen materia de agravio- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141-, de modo que la admisibilidad del medio de impugnación deducido solo puede justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En estas condiciones, la función revisora de este Superior Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; e.o.).
II.2. Reducido de tal modo el marco de análisis del recurso, la hipótesis h
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