Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120348
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.348, "Díaz, Juan Javier contra Federación Patronal Seguros S.A. Sumarísimo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 572/582 y aclaratorias de fs. 585/588 y 589 y vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 18-IX-2020 y 22-IX-2020, respectivamente).
Asimismo, contra la resolución aclaratoria de fs. 585/588, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15-X-2020), el que fue declarado admisible por el órgano de grado a fs. 591 y vta.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen del día 23-VIII-2021), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la legitimada pasiva?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En lo que aquí interesa destacar, esta Suprema Corte anuló parcialmente de oficio el decisorio de fs. 456/471 por haber omitido cuantificar la prestación adicional por "Gran Invalidez" prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo. Asimismo, revocó la decisión impugnada en cuanto en ella se había condenado a Federación Patronal Seguros S.A. a pagar la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, dispuesto -por aplicación de la misma normativa especial- incrementar el importe de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 15 apartado 2 y 11 apartado 4 inc. "b" de la ley 24.557, y fijado el inicio del cómputo de los intereses en una fecha distinta al de la exigibilidad del crédito (v. fs. 518/533).
I.2. Devueltas las actuaciones a la instancia de grado, cumplidas las medidas para mejor proveer ordenadas con fechas 2-V-2019 y 18-VII-2019, el tribunal de mérito -con renovada integración- dictó una nueva sentencia en la que admitió la acción entablada por Juan Javier Díaz contra Federación Patronal Seguros S.A., condenando a esta última a abonarle al actor la suma de $212.719,41 "...en concepto de prestaciones indemnizatorias dinerarias adeudadas (de conf. art. 11 ap. 4 a), art. 15 ap. 2 y 17 ap. 2 de la ley 24557, conforme decreto 1278/00) así como el pago de la renta periódica conforma las prescripciones normativas y actualizaciones que dicten las autoridades pertinentes..." (sent., fs. 581 y vta.).
Al capital de condena ordenó adicionarle intereses calculados desde la exigibilidad del crédito -28-X-2008- y hasta su efectivo pago, con arreglo a la tasa pasiva más alta establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 581 vta.).
I.3.a. Luego, el a quo hizo lugar a las aclaratorias interpuestas por ambas partes (v. escritos electrónicos de fechas 10-IX-2020 y 11-IX-2020), reconociendo que había incurrido en un error en la parte resolutiva de su sentencia (v. fs. 585/588).
En tal sentido, definió la nueva redacción de la misma, fijando una condena de $40.000 en concepto de la prestación dispuesta en el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo y de $172.719,41 respecto de la establecida en el art. 15 apartado 2 de la misma ley (conf. dec. 1.278/00), este último con más el monto que surja de la liquidación actuarial que formule el experto a designar. Sobre dichas sumas, adicionó intereses desde el 24-X-2008 con arreglo a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, puntualizó que también se condenaba a la aseguradora demandada a abonar a la actora la prestación adicional por "Gran Invalidez" (conf. art. 17 apdo. 7, ley 26.773), en las condiciones de su vigencia.
Por último, ordenó a la Asesoría Pericial departamental que designara un perito contador con el fin de: a) determinar, conforme resoluciones administrativas pertinentes de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el capital que corresponda en concepto de prestación por art. 15 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo, mediante el cálculo actuarial que dicha norma establece; y b) cuantificar la prestación en concepto de "Gran Invalidez" y los eventuales intereses moratorios adeudados (conf. los parámetros vertidos en las sentencias dictadas por esta Suprema Corte el 21-X-2018 y por el propio a quo el 24-VII-2020), luego que se expidiera el trabajador sobre la eventual demora en su percepción.
I.3.b. Finalmente, a fs. 589 y vta., el órgano de grado -ante la presentación de la parte actora del 7-X-2020- dictó una nueva resolución resaltando que la prestación por "Gran Invalidez" se actualiza periódicamente por los organismos estatales y su cobro perdura hasta el fallecimiento del causante.
II. Contra la primera decisión aclaratoria, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-X-2020).
En lo sustancial, afirma que lo allí resuelto confronta y distorsiona lo resuelto en la sentencia de fecha 24-VII-2020.
En tal sentido, sostiene que, si bien resultaba evidente que su parte dispositiva contrastaba con el resto del fallo de grado, en la aclaratoria el a quo volvió a tratar temas que fueron motivo de su propio pronunciamiento, pero alterando su contenido en desmedro de su parte.
Agrega que la misma es, a su vez, contradictoria con la sentencia, por cuanto, por un lado, declaró la inconstitucionalidad de la modalidad de pago en forma de renta establecido en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 y posteriormente requiere la intervención de la Asesoría Pericial departamental para que un contador de dicha dependencia realice una liquidación actuarial de índole técnica para fijar el capital de pagos periódicos.
Sostiene que lo mismo ocurre con relación a la orden de cuantificar los importes relativos a la "Gran Invalidez" mediante aquel profesional, cuando en la sentencia se había ordenado su pago de acuerdo a lo que el órgano estatal de aplicación dispusiera.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe destacar que en la instancia de grado el medio de impugnación en examen fue concedido -en decisión que no resultó objetada- por vía de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, toda vez que el importe de lo cuestionado en esta Sede extraordinaria no supera el umbral al que alude el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial en orden a su admisibilidad (v. fs. 591 y vta.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en esta causa contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018). Tal supuesto que no se verifica en autos, ya que en el remedio bajo examen se pretende traer a consideración de este Tribunal agravios relativos a la interpretación de preceptos de carácter adjetivo, como ser los vinculados a la inteligencia que, a criterio del recurrente, cabría asignar a los arts. 36 inc. 3, 166 inc. 2, 267 in fine del Código Procesal Civil y Comercial y 11 de la ley 11.653.
Huelga observar que no se advierte en el contexto reseñado, prima facie , la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que del embate subyacen denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho procesal local que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal naturaleza (art. 14, ley 48; causas L. 109.338, "Santillán", resol. de 23-XII-2009; L. 117.172, "Corvalán", resol. de 5-IV-2013; L. 121.042, "Vande Vrande", resol. de 11-IV-2018 y L. 126.025, "Molina", resol. de 15-IX-2020).
III.2. Luego, corresponde recordar que esta Corte ha señalado que la invocación, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido en el reducido marco del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, de doctrina legal referida a normas procesales, no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado precepto, toda vez que constituye una cuestión ajena a la relación sustancial (causas L. 120.258, "Caiguara", sent. de 17-X-2018; L. 120.538, "Medina", sent. de 31-VIII-2020; L. 121.084, "Bosso", sent. de 21-X-2020; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión en el mismo sentido.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega, doctor Torres.
Solo me permito aclarar, respecto de lo manifestado en los puntos III.1. y III.2., que si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatoria, acompaño -como lo anticipé- lo decidido por el ponente (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
I.1. Alega que el tribunal de la instancia omitió abordar cuestiones esenciales, que, a su juicio, radican en el tratamiento de la determinación del 100% de incapacidad total y definitiva y "Gran Invalidez", como, asimismo, declarar y resolver las prestaciones dinerarias que el trabajador tiene derecho y el modo de pago.
En tal sentido, afirma que de la simple lectura del fallo de grado se puede observar que ninguno de dichos tópicos fue tratado e incluido en la parte resolutiva.
Manifiesta que las cuestiones omitidas devienen trascendentes, provocando una modificación peyorativa para el actor, alterando el sentido y contenido correcto del pronunciamiento de grado.
Objeta el decisorio del a quo por cuanto considera que no existe concordancia entre la parcela argumentativa previa y su parte dispositiva, derivando, de este modo, en una sentencia contradictoria. Puntualiza que el juzgador de origen incluyó y subsumió, de modo erróneo, la prestación por gran invalidez dentro del importe correspondiente a otras prestaciones dinerarias, quitándole entidad propia y contradiciendo lo manifestado previamente en el desarrollo del voto que hizo mayoría, en donde se declaró el derecho del actor a percibir dicho beneficio durante toda su vida, en los términos del art. 17 apartado 7 de la ley 26.773 y conforme futuras normativas que la actualicen.
Señala que el tribunal debió subsanar dicho error para no caer nuevamente en una sentencia nula, tal como sucedió con el decisorio dictado con anterioridad y luego anulado de oficio por la Suprema Corte.
I.2. Asimismo, denuncia transgredido el art. 171 de la Constitución provincial por considerar que el tribunal soslayó dictar una sentencia fundada en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva y en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.
II. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso no puede prosperar.
II.1. Corresponde recordar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020; L. 124.430, "Puentes de Integración", sent. de 23-II-2021 y L. 119.085, "Olguín", sent. de 30-VIII-2021).
En la especie, no se encuentran configuradas ninguna de las causales nulificantes.
En efecto, los reproches vinculados con la determinación de incapacidad del cien por ciento total y definitiva y la "Gran Invalidez", como así también la de las prestaciones dinerarias a que el actor tendría derecho y a su forma de pago devienen abstractos atento a que en la instancia de grado se hizo lugar al recurso de aclaratoria presentado por el interesado -ver resoluciones de fs. 585/588 y 589 y vta.-, a partir del tratamiento expreso de dichos planteos.
Luego, tiene dicho esta Corte que la presunta contradicción entre la parte dispositiva del fallo con lo establecido en el acuerdo que lo precede, resulta cuestión extraña al recurso extraordinario de nulidad y propia del de inaplicabilidad de ley (causas L. 94.752, "Rosso", sent. de 30-III-2010; L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017; e.o.).
II.2. Por último, resta aclarar que el fallo atacado se encuentra fundado en ley (art. 171, Const. cit.), sin que corresponda analizar -en el marco de la presente vía- su eventual incorrecta o deficiente fundamentación jurídica (causas L. 116.963, "Lloret", sent. de 15-VII-2015; L. 119.636, "Medina", sent. de 28-II-2018 y L. 124.355, "Bogao", sent. de 23-II-2021).
III. Por lo expuesto, procede rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia violación del principio de congruencia, de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo; 10, 11, 15, 39, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 9 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo; 11, 12 y 14 de la ley 24.557; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 47 de la ley 11.653; de la resolución 29.346/03 de la Superintendencia de Seguros de la Nación; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 22-IX-2020).
I.1. Inicialmente cuestiona el monto de condena establecido en la sentencia.
Al respecto, sostiene que las indemnizaciones laborales abonadas al trabajador se deben ajustar a valores razonables al momento de ser liquidadas o abonadas.
En este sentido, alega que el juzgador de grado vulneró la doctrina legal que emerge de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), en la que -afirma-, a partir de un análisis basado en el control de razonabilidad, este Tribunal confirmó el carácter de exigua de la reparación brindada mediante las prestaciones de la ley 24.557, declaró la inconstitucionalidad de su art. 12 y calculó el monto indemnizatorio al momento del pago.
Además, asevera que se transgredió -asimismo- la doctrina fijada en el precedente L. 116.616, "Mansilla" (sent. de 22-XII-2015, que considera idéntica a la presente causa). Indica que esta Corte, luego de un estudio claro de la situación fáctica y la falta de razonabilidad del pago realizado por el órgano de grado, dispuso la actuación del decreto 1.694/09 a un hecho ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia.
I.2. Por otro lado, reiterando algunos conceptos formulados al desarrollar el primer agravio, cuestiona que el sentenciante no aplicó la resolución 29.346 de la Superintendencia de Seguros de la Nación que regula el modo de cálculo actuarial sobre el capital de renta periódica establecido en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557.
I.3. Por último, denuncia la violación del principio de congruencia, por cuanto el fallo -asegura- se aleja de los planteos realizados en los escritos constitutivos y a lo largo del proceso, soslayando de este modo la totalidad de la pretensión actoral.
Argumenta, también, que en el pronunciamiento impugnado se omitió ponderar y resolver que el actor, al ser declarado "Gran Inválido", posee derecho de por vida a la prestación dineraria mensual, obligación que no incluyó en su parte dispositiva de manera independiente sino subsumida dentro del capital de condena.
Manifiesta que el a quo no resolvió cuestiones que considera trascendentales sobre el objeto de litis, como ser: el respeto a principios de legalidad, razonabilidad, equidad, indemnidad y protectorio.
II. El recurso es inadmisible.
II.1.a. Liminarmente cabe advertir que, encontrándose notificada y consentida por la interesada -ante la falta de impugnación- aquella resolución del tribunal de origen en virtud de la cual se concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el estrecho marco de cognición que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 590 y vta.), la competencia revisora de esta Corte debe ejercerse con las restricciones derivadas de ese estricto molde de análisis.
En ese contexto, cabe recordar que el supuesto excepcional habilitante de la vía intentada se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 123.407, "Cazón", sent. de 28-IV-2021; e.o.).
II.1.b. Ahora bien, a propósito de las argumentaciones del recurrente relativas a la exigencia de un monto mínimo para acceder a esta instancia extraordinaria, sabido es que el criterio jurisprudencial sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) -citado por el que
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