Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123153
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.153, "Páez, Gabriela Ercilia contra Porte Molitor S.A. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida (v. fs. 324/347).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 359/364).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Gabriela Ercilia Páez y condenó a Porte Molitor S.A. al pago de las sumas que estableció en concepto de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido; vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales; las penalidades previstas en los arts. 2 de la ley 25.323, 132 bis y 80 de la ley 20.744 (texto según ley 25.345) y a la entrega de los certificados previstos en la última disposición legal citada (v. sent., fs. 324/347).
Asimismo, extendió la condena solidariamente respecto de Día Argentina S.A., con sustento en lo normado en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 337 vta./340), respecto a los rubros que prosperaron, a excepción de la entrega de los referidos instrumentos y la sanción conminatoria mensual contemplada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 340 vta./342).
Para así resolver, en lo que interesa por resultar materia de agravio, juzgó que el referido art. 132 bis constituye una penalidad motivada en un ilícito de carácter fiscal, siendo su obligación de pago de carácter personal para la empleadora.
Consideró que al no encontrarse acreditado que la empresa Día Argentina S.A. fuera quien retuvo los importes descontados a la actora de sus remuneraciones, no puede resultar sujeto pasivo de la sanción legal.
En este orden, entendió que no correspondía extender la sanción con relación al contratista principal -en el caso, Día Argentina S.A.- dado que este no es el agente de la retención, cuya omisión fuera verificada respecto de los sistemas de la seguridad social.
En subsidio, juzgó que no se intimó debidamente a esta última empresa, conforme lo dispuesto en el art. 1 del decreto 146/01, reglamentario de la ley 25.345, pues la parte actora en la comunicación efectuada en la pieza postal remitida a aquella, se limitó a transcribir el emplazamiento cursado oportunamente a su empleadora.
Luego, nuevamente hizo hincapié en la naturaleza represiva y punitiva del dispositivo legal, que define al concepto en cuestión como "sanción", y atento el principio de personalidad de la pena, gravedad y cuantía, sostuvo que no correspondía extender solidariamente la penalidad a un sujeto que no es el autor de la omisión de ingresar el aporte retenido por un tercero.
Expuso que si la finalidad del citado art. 132 bis es conminar a la empleadora que retuvo aportes y no los ingresó, multándolo económicamente con una cuantía significativa, surgía evidente que el objetivo es castigar a quien retuvo dinero ajeno y, pese a ser intimado, siguió usufructuándolo. Indicó que bajo ningún aspecto podía entenderse que la télesis de la norma fuera sancionar a quien no ejecutó la conducta tipificada, desde que no tiene en su poder el dinero retenido.
Posteriormente, el tribunal de origen citó el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registrado en Fallos: 316:713, mencionando las gravísimas consecuencias que derivan de la extensión patrimonial de obligaciones a terceros ajenos, en principio, a la relación sustancial.
Puntualizó que se requiere la comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos establecidos en los preceptos como los arts. 30 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, añadiendo que es menester un escrutinio estricto de los recaudos legales que condicionan la obligación de garantía de un tercero, atento "la fuerte presunción de inconstitucionalidad que brota de toda norma o de su interpretación que obligue al pago de una deuda en principio ajena", solución que se aparte de la regla general consagrada por los arts. 1.195 y 1.713 del Código Civil y 56 de la ley 19.550 (actuales arts. 1.021 y 1.022 del Código Civil y Comercial de la Nación) vinculados, en este aspecto, con la intangibilidad del patrimonio establecida por el art. 17 de la Constitución nacional.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 10, 31 y 39 de la Constitución provincial; 30 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 de la ley 26.428 y de la doctrina legal que cita.
En concreto, se agravia del rechazo de la condena solidaria respecto de Día Argentina S.A. con relación a la multa prevista en el citado art. 132 bis de la referida Ley de Contrato de Trabajo.
II.1. En primer lugar, entiende que la solución adoptada por el tribunal de grado se aparta de un precedente de esta Corte, que individualiza.
Sostiene que la decisión del órgano de origen constituye un yerro, toda vez que el art. 30 de dicho plexo legal expresamente dispone la solidaridad de las empresas contratantes, y el incumplimiento de las obligaciones a los organismos de la seguridad social es la principal causa para su procedencia.
Afirma que, en el caso, no ha existido el debido control de cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social.
En efecto -continúa- la responsabilidad de Día Argentina S.A. surge por no haber controlado debidamente a Porte Molitor S.A. en el cumplimiento de los deberes de dicha naturaleza, ocasionando que la patronal retuviera en forma indebida sumas salariales a la actora, sin ser ingresadas a los organismos correspondientes, configurándose así el presupuesto indispensable para hacerla pasible de la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.2. Por otro lado, controvierte el argumento brindado en el fallo de grado con arreglo al cual se expresó que la coaccionada Día Argentina S.A. no se encontraba debidamente intimada en los términos del art. 1 del decreto 146/01.
Al respecto, invocando absurdo en la interpretación de la prueba, cuestiona por dogmático el razonamiento que condujo al tribunal de grado a concluir que la actora no intimó a Día Argentina S.A. al ingreso de los aportes y contribuciones a los organismos previsionales y demás recaudadores, ya que, sostiene, "la trabajadora le transcribió la intimación cursada a su empleadora".
Destaca, de todos modos, que no existe requisito legal que indique que debe intimar en forma directa al responsable solidario.
Señala que envió dos comunicaciones telegráficas a Día Argentina S.A. en virtud del vínculo comercial que la unía con su empleadora Porte Molitor S.A. y que la convertía en deudora solidaria para que cumpliera con sus obligaciones de control, conforme su responsabilidad en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo y a todos los efectos legales que eventualmente pudieran corresponder.
Entre ellos, destaca los telegramas con fecha de imposición 11 de marzo de 2014 y 3 de octubre de 2014, en los cuales hizo saber la intimación y apercibimiento cursado a la empleadora para que cumpliera con los aportes y contribuciones adeudados al sistema de seguridad social y demás organismos recaudadores, en los plazos y términos del art. 43 de la ley 25.345 y 1 del decreto 146/01.
II.3. Insiste en que, conforme postuló oportunamente en la demanda, debe aplicarse el principio consagrado en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.428).
III. El recurso no prospera.
III.1. Analizado lo actuado, cabe destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el referido art. 132 bis de la citada ley (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acredite de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio a los fines del recurso resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017).
III.2.a. Ello así, y sin abrir juicio sobre el acierto de la decisión puesta en tela de juicio, la crítica deviene inatendible atento la insuficiencia técnica de la pieza recursiva.
III.2.b. En efecto, conforme fue reseñado, el argumento definitorio que sirvió de sustento al tribunal de grado para rechazar la condena solidaria a Día Argentina S.A. por el concepto establecido en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, gira en torno a que la sanción conminatoria prevista en dicho precepto responde a "una penalidad por un ilícito de carácter fiscal, y a mérito del carácter personal de la sanción".
En ese orden, el sentenciante indicó que no podía responder solidariamente por esa conducta un sujeto que no intervino de modo directo en el incumplimiento legalmente penado, pues la finalidad de la sanción es conminar al empleador que retuvo aportes y no los ingresó -usufructuando, de tal modo, dinero que le pertenece-, sancionándolo con una pena de gran significación económica, al punto que -en la tesis del juzgador- una interpretación diferente tendría una "fuerte presunción de inconstitucionalidad", máxime en virtud de que la sanción del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo tiene "evidente naturaleza penal".
Ahora bien, el impugnante no controvierte de manera alguna estas esenciales motivaciones del pronunciamiento de origen, que -como se vio- resultaron decisivas para excluir a dicho rubro de la condena solidaria fundada en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Lo expuesto sella desfavorablemente la suerte del recurso, ya que esta Corte ha expresado que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficazmente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020; L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)", sent. de 8-II-2021 y L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021; e.o.).
Obsérvese, en este orden de ideas, que el planteo fincado en que la coaccionada Día Argentina S.A. no controló a su empleadora Porte Molitor S.A. en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de la seguridad social en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo no resulta viable, toda vez que, conforme surge del fallo atacado, este extremo fue meritado por el tribunal de origen para responsabilizar solidariamente a dicha empresa, aunque no para incluir en la condena -reitero, más allá del acierto o error de esa conclusión- el rubro previsto en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por similares razones, no resulta eficaz la cita del precedente de este Tribunal efectuada en el apartado V del recurso, ya que el impugnante se contenta con transcribir algunos fragmentos de lo allí resuelto, a pesar de que esta Corte reiteradamente ha señalado que incumple la carga del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial la mera cita de doctrina legal, sin explicar de qué manera se configura su violación o el error en su aplicación (causas L. 115.570, "Recofsky ", resol. de 21-XII-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 128.702, "Cabrera", resol. de 15-VII-2022; e.o.), ya que resulta carga de los recurrentes no solo denunciar la normativa o doctrina legal violada o erróneamente aplicada (art. 279, CPCC), sino también aportar la explicación concreta sobre el modo en que dicha transgresión o yerro se habría producido (causas L. 119.198, "Mirantes", sent. de 3-V-2018; L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019 y L. 124.860, "Mayotti", sent. de 19-IX-2022; e.o.).
III.3. A esta altura, el análisis vinculado con la virtualidad de la intimación postal formulada para tener por cumplidos los recaudos de procedencia de la penalidad no tiene gravitación para torcer el destino adverso del remedio ensayado.
III.4. Por último, tampoco es de recibo la alegada violación del principio in dubio pro operario , contemplado en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que la referida pauta interpretativa no resulta aplicable si los magistrados manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 103.302, "Di Santo", sent. de 7-IX-2011; L. 117.403, "Tibaudin", sent. de 9-IX-2015; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017 y L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021), como ocurre en el caso.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/02/2023 12:27:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2023 08:42:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:39:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 10:32:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 11:07:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/02/2023 11:53:19 hs. bajo el número RS-6-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia