Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123338
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y se deja sin efecto lo actuado en autos, con el alcance establecido en los puntos III.4.a. y III.4.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento el progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.338, "Panchin, Raúl Fernando contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 221/230 vta.).
Se interpuso, por la accionada Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-XI-2018).
Dictada la providencia de autos a fs. 256 (llamamiento que, suspendido a fs. 259, fue reanudado mediante proveído de fecha 4-X-2021), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar a la acción interpuesta por el señor Raúl Fernando Panchin y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así resolver, juzgó probado que el día 29 de julio de 2015, mientras prestaba servicios, el actor sufrió un accidente de trabajo que le produjo una incapacidad del 9% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 222 y vta. y sent., fs. 227 y vta.).
Asimismo, tuvo por acreditado, con sustento en la pericia contable y la documentación laboral exhibida al experto, que el ingreso base mensual del accionante ascendía a $14.153,33, incluidas las sumas calificadas como no remunerativas (en el caso, el rubro "viáticos", v. vered., fs. 223 y sent., fs. 226 vta.).
Conforme el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, cuantificó el importe indemnizatorio en la suma de $132.970,42, con más el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $159.564,50 (v. sent., fs. 226 vta. y 227). Entendió que el señalado monto no resultaba violatorio del piso mínimo que establece el art. 17 apartado 6 de la mencionada ley 26.773.
A la suma de condena adicionó intereses -desde la fecha del siniestro y hasta el efectivo pago- a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación; y en caso de incumplimiento, estableció que corresponderían intereses sancionatorios, los que se calcularían una vez y media la tasa activa que percibe la referida entidad bancaria en sus operaciones de descuento de documentos (v. sent., fs. 227 vta. y 228).
A partir de la liquidación de fs. 231, practicó la regulación de los honorarios de los letrados -con fundamento en el decreto ley 8.904/77- y de los demás profesionales que actuaron en el proceso (v. fs. 232 y vta.).
Luego, ante la impugnación formulada por la accionada por conducto de la cual alegó que la fijación de los estipendios superaba el tope establecido por la ley 24.432 (v. escrito electrónico de fecha 5-XI-2018), conferido el traslado a la parte actora y peritos intervinientes -el que fue contestado por el experto contable (v. escrito electrónico de 15-XI-2018)-, el tribunal de origen trató la cuestión.
En lo sustancial, declaró "la inconstitucionalidad e inconvencionalidad", y por ello, la inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la citada ley 24.432. Lo hizo por juzgar que tales normas, en cuanto modifican los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo limitando la responsabilidad por el pago de las costas, contradicen los arts. 14, 14 bis, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (v. fs. 243/249).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora de riesgos del trabajo denuncia la violación de los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 103 y 106 de la ley 20.744 (t.o.); 505 del Código Civil de Vélez -actual art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación- y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, ambos modificados por la ley 24.432. Asimismo, invoca infringida la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, objeta el modo en que fueron computados los intereses.
En este sentido, señala que, tratándose de una reparación por una incapacidad permanente, corresponde que los accesorios se calculen desde el momento del alta médica, en tanto -aduce- durante el período intermedio, el trabajador percibió los salarios por incapacidad temporaria.
Desde otroángulo, se agravia de la imposición de intereses sancionatorios, citando fallos emanados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
II.2. Luego, sostiene que el pronunciamiento contradice la doctrina legal proveniente, entre otras, de las causas L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2002 y L. 77.859, "Acosta", sentencia de 27-VII-2005, pues sostiene que la regulación de honorarios profesionales practicada en la instancia de grado supera el límite del 25% previsto por el art. 505 del anterior Código Civil (texto según la ley 24.432).
Al respecto, efectúa un extenso relato sobre la jurisprudencia sentada en la materia, tanto a nivel local como nacional, bregando por la validez legal de la referida norma.
II.3. Por último, cuestiona la decisión del tribunal de grado de incluir los rubros no remunerativos en el cálculo del ingreso base mensual, sin descalificar las prescripciones del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Manifiesta que la doctrina en que sustenta la decisión ha sido erróneamente aplicada, en tanto alude a presupuestos disímiles.
Alega que la referida norma establece que para determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias debe dividirse la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante, y que las que excedan dicho monto, si bien conservan su carácter remunerativo, no se encuentran sujetas a los aportes y contribuciones a los que refiere el art 9 de la ley 24.241, por lo que no deben ser tomadas en cuenta a los fines del cálculo del ingreso base mensual de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557.
Luego, específicamente en lo que refiere al rubro "viáticos", advierte que, en tanto constituyen sumas que abona el empleador a fin de que el trabajador afronte gastos que le ocasiona el desarrollo de sus tareas, y que, como tales, no forman parte de la remuneración en el sentido dispuesto por los arts. 103 y 106 de la Ley de Contrato de Trabajo, no deben ser tenidos en cuenta para el cálculo del ingreso base ni para el pago del valor de la prestación dineraria en concepto de incapacidad laboral temporaria (conf. art. 208, ley cit.). Agrega que mal pueden ser considerados los viáticos al momento de calcular la base imponible de la alícuota, dado que no importan un riesgo asumido por la aseguradora, en tanto no forman parte de la remuneración que percibe el trabajador.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De manera liminar, se impone señalar que a tenor de la insuficiencia del valor de lo cuestionado (art. 278, CPCC, texto según ley 14.141), representado por las diferencias entre los montos que arrojan los rubros que constituyen materia de agravio y las sumas pretendidas por el quejoso, el recurso en examen ha sido concedido en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 250 y vta.).
Luego, la función revisora de esta Suprema Corte ha de circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el citado precepto del régimen adjetivo laboral local, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 123.644, "Goicoechea", sent. de 9-II-2021; L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021 y L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021).
III.2. Sentado lo anterior, y alterando el orden de los agravios por cuestiones metodológicas, en el estrecho marco cognoscitivo de la vía de excepción receptada en la citada norma de la ley procesal laboral, observo que no es útil para desvirtuar la conclusión del fallo, la simple denuncia efectuada en la impugnación referida a que el juzgador de grado sentó la decisión vinculada con el cómputo del ingreso base mensual en una doctrina legal que no resulta aplicable al caso.
Ello así, por cuanto, en definitiva, el embate prescinde de toda invocación tendiente a demostrar el quebrantamiento de doctrina legal relacionada con la temática que se impugna (causas L. 104.912, "Acosta", sent. de 30-V-2012; L. 117.708, "Espíndola", sent. de 3-VI-2015; L. 117.638, "Malvendes", sent. de 10-VI-2015 y L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; e.o.).
III.3. A su turno, los planteos dirigidos a impugnar la fecha de inicio del cómputo de los accesorios, así como la imposición de intereses sancionatorios para el caso de incumplimiento, también deben ser desestimados.
En este tramo de la impugnación, el interesado tampoco se ocupa de denunciar la violación de doctrina legal vinculada concretamente con esos tópicos.
Al respecto, cabe señalar que no es atendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley destinado a ser examinado en el marco del supuesto de excepción previsto en el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, si la recurrente omite vincular la crítica que esgrime con cita de doctrina legal (causas L. 100.582, "Rimoli", sent. de 30-XI-2011; L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012 y L. 121.204, "Benítez", sent. de 17-II-2021; e.o.).
A todo evento, resta agregar que reiteradamente ha dicho este Tribunal, que tanto la opinión de los autores, como la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte nacional, no participan de aquella naturaleza (causas L. 118.616, "Tisseira", resol. de 13-V-2015; L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019 y L. 124.848, "Ventrice", sent. de 1-IV-2022).
III.4.a. En cambio, asiste razón al impugnante en cuanto invoca transgredida la doctrina legal elaborada en torno de los arts. 505 del Código Civil -criterio que ha sido reiterado en el vigente art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación- y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificados por la ley 24.432.
En efecto, a tenor del consolidado criterio de esta Suprema Corte en la materia, debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos al presente (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 119.955, "Duarte", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.989, "Mosiejchuk", sent. de 26-XII-2019; e.o.), en el caso, es dable advertir que si bien el tribunal de grado fijó los emolumentos según la legislación arancelaria local (aspecto que, según sostengo, no merece reproche), en la estimación de los conceptos integrantes de la condena en costas, excedió el límite legal del 25% establecido en la citada ley 24.432 (v. fs. 232 y vta.), cuya validez legal también ha sido reiteradamente confirmada por este Tribunal en casos análogos (causas L. 77.914, "Zuccoli", cit.; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013; L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015; L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017 y L. 125.474, "Magyar", sent. de 31-VIII-2022; e.o.).
En atención a lo señalado, corresponde revocar el pronunciamiento de grado en esta parcela y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, teniendo en cuenta los lineamientos de la doctrina legal transgredida, dicte nuevo pronunciamiento observando los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad de la demandada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena impuesta a su parte.
III.4.b. La decisión que propongo importa dejar sin efecto lo decidido por el órgano de origen -con posterioridad al dictado del fallo atacado y en respuesta al planteo formulado por la aquí recurrente- en lo atingente a la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la limitación porcentual prevista en los preceptos de referencia. No obsta a lo dicho la ausencia de impugnación de esa resolución porque la temática fue objetada oportunamente mediante el carril recursivo que aquí se examina.
IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, revocar la sentencia impugnada y dejar sin efecto lo actuado en autos con el alcance establecido en los puntos III.4.a. y III.4.b. Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se propone resolver.
Las costas se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Genoud y Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y se deja sin efecto lo actuado en autos, con el alcance establecido en los puntos III.4.a. y III.4.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento el progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/02/2023 12:27:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2023 08:42:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:39:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 10:32:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 11:07:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/02/2023 11:53:21 hs. bajo el número RS-7-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia