Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125654
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.654, "Marfetan, Mariano Jesús contra Dada S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, desestimó -por mayoría- el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y estableció que la continuidad de la acción quede supeditada a la acreditación del trámite y resultado ante la comisión médica competente con los fines y límites previstos en dicha norma (v. fs. 51/55 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 56/68 vta.).
Dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen, por mayoría, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 -según versión de la ley 27.348- formulado por la parte actora y supeditó la continuidad de la acción hasta que esta acredite la realización del trámite y resultado ante la comisión médica competente con los fines y límites previstos en la citada norma.
Para así decidir, en primer lugar, entendió que en el caso se encontraba en juego la existencia de una instancia previa y su finalidad, la que consideró que no se limita a la formalidad -como ocurría en parte con el art. 15 de la ley 24.028- sino que se proyecta a los límites y obligatoriedad de la participación de las aseguradoras en el pago de la indemnización al trabajador y, eventualmente, a la financiación del sistema de garantía que prevé la ley.
Seguidamente, se ocupó de realizar un análisis histórico de los diferentes regímenes normativos implementados en el tiempo.
En ese orden, expresó que la ley 24.557 retomó el camino establecido por la ley 9.688, eliminando la opción civil implementada por la ley 24.028. Señaló que, a partir de allí, se construyó una jurisprudencia que derivó en un sistema donde las indemnizaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo se acumulaban a las indemnizaciones del entonces vigente Código Civil, discutiéndose incluso si una era deducible de la otra.
Agregó que, hasta la sanción de la ley 24.557, la opción civil implicaba tomar el riesgo de no acreditar los presupuestos fácticos necesarios conforme el factor de atribución de responsabilidad o que el empleador probara la ruptura del nexo de causalidad, lo que generaba que, liberado el responsable principal, la compañía de seguros no respondía frente al trabajador quedando exento de toda obligación resarcitoria.
Manifestó que las sucesivas respuestas jurisprudenciales crearon, a partir de las declaraciones de inconstitucionalidad de la ley 24.557, un verdadero sistema acumulativo de acciones.
Señaló que, sobre esa base, se sanciona la ley 26.773 que retoma la opción civil a las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo e introduce como novedad que la aseguradora -por un lado- nunca quede liberada de su obligación de pago del resarcimiento sistémico de la ley 24.557 y -además- que el resultado de la acción civil determine quién es en definitiva su acreedor (arts. 4 y 6).
En ese marco, sostuvo que el trámite previo no resulta ser un simple requisito de la acción, sino que implica establecer el monto y límite de la contribución de la aseguradora en el sistema.
En este contexto, manifestó que no resultaba aplicable lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 90.676, "Villalón" (sent. de 31-VIII-2011), en la que se declaró que, en virtud de lo prescripto en el art. 39 apartado 1 de la Constitución local -según apuntó-, los trabajadores bonaerenses gozan de "...la garantía constitucional de someter sus reclamos a tribunales especializados para solucionar los conflictos de trabajo" (v. fs. 54 vta.). En tal sentido, aclaró que el procedimiento previo bajo análisis tiene como finalidad la fijación del monto de contribución de la aseguradora y el trabajador tiene abierta la opción de iniciar la acción judicial intrasistémica -que implica el ejercicio de la opción- o, luego de determinarse la contribución de la aseguradora, iniciar la acción ante los tribunales de trabajo a fin de obtener la reparación del daño.
Asimismo, sostuvo que los jueces no tienen como función el diseño de las políticas públicas en cuanto a establecer cuál es la mejor opción entre las posibles en cada caso, sino controlar que las mismas no afecten garantías constitucionales.
Por todo ello, consideró que no se estaba frente a un trámite administrativo previo que funcione exclusivamente como requisito de la acción, sino que tiene una finalidad precisa y clara sin que la misma encuentre conflicto con lo dispuesto por el art. 39 apartado 1 de la Constitución provincial, ni ninguna de las garantías consagradas en la Constitución nacional.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación del "art. 39 de la ley 11.653" y de la doctrina legal que cita (v. fs. 56/68 vta.).
En lo esencial, a partir de la transcripción del contenido del escrito liminar, afirma que el art. 4 de la ley 26.773 y la modificación del art. 15 de la ley 27.348 son inconstitucionales, por cuanto obligan al actor a optar por un régimen (sistémico o extrasistémico) en forma excluyente e imponen el agotamiento de una supuesta "vía administrativa" en forma previa a la acción civil.
Denuncia que el fallo de grado transgrede la doctrina de la Suprema Corte al obligar al trabajador a transitar por un procedimiento previo al que condiciona el progreso de la acción, que importa la privación de justicia a su mandante y que, a su vez, resulta inconstitucional.
En tal sentido, afirma que, a pesar que esta Suprema Corte ha resuelto en forma reiterada que la intervención de las comisiones médicas vulnera la Constitución provincial, el juzgador de origen avaló la competencia de ellas. Puntualmente, enfatiza que el fallo se apartó de la doctrina legal sentada en la causa L. 90.676, "Villalón" (sent. de 31-VIII-2011), sin fundamento jurídico que lo justifique.
Por último, asevera que el sentenciante de grado se contradice con la postura que sostuviera en anteriores pronunciamientos, donde había manifestado que el procedimiento ante las comisiones médicas era inconstitucional, por tratarse de un procedimiento administrativo que impedía el debido acceso a la justicia, como así también importaba una transferencia de competencias provinciales hacia la justicia federal.
A partir de ello, solicita se declare la inconstitucionalidad de las citadas normas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Las conclusiones esenciales del fallo atacado no han sido eficazmente cuestionadas por el recurrente (art. 279, CPCC).
III.1.a. En efecto, el interesado se limita a reiterar los conceptos plasmados en el escrito de inicio, sin conseguir -con ello- descalificar el análisis realizado por el a quo que lo condujo a rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 -según ley 27.348- solicitado por la parte actora y supeditar la continuidad de la acción hasta que el trabajador acredite la realización del trámite y resultado ante la comisión médica competente.
Al respecto, cabe señalar que en numerosas oportunidades esta Suprema Corte ha tachado de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, a través de la mera reiteración de los argumentos esgrimidos en la instancia anterior, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido en el pronunciamiento impugnado (causas L. 108.536, "Gómez", sent. de 3-V-2012; L. 117.071, "García", sent. de 9-IV-2014; L. 121.335, "Parodi", sent. de 12-VI-2019; L. 122.152, "Romero", sent. de 9-III-2021; e.o.).
III.1.b. Luego, en otro tramo, el impugnante pretende encontrar sustento de su crítica en la jurisprudencia de este Tribunal que emana de la causa L. 90.676, "Villalón" (sent. de 31-VIII-2011), sin advertir que la misma fue elaborada en el marco del art. 11 del decreto 717/96 con el fin de definir la autoridad competente a la que hacía referencia dicha norma para los casos en que hubiere que resolver divergencias relativas al ingreso base, necesario para determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, lo que no se condice con lo ocurrido en el presente caso.
En tales condiciones, entiendo que ese argumento se muestra infructuoso, ya que en reiteradas ocasiones ha dicho esta Corte que resulta ineficaz la denuncia de doctrina legal elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 120.779, "Suárez", sent. de 28-XI-2018; L. 122.120, "Sociedad de San Vicente de Paul de la República Argentina", sent. de 26-V-2020; L. 124.854, "Carzoglio", sent. de 28-XII-2021; e.o.).
III.1.c. Tampoco resulta útil la cita del tramo de los precedentes C. 104.267, "Cardozo" (sent. de 15-VI-2016) y C. 113.808, "Barbieri" (sent. de 11-VII-2012) realizada por el quejoso, en tanto la misma no se corresponde con la doctrina legal, en los términos y con los alcances en que esta ha sido definida por la Suprema Corte, sino que refiere la opinión personal de uno de sus ministros.
III.1.d. Igualmente ineficaz deviene la transcripción de una supuesta sentencia del mismo órgano de grado con el fin de denunciar una contradicción con lo decidido en autos.
III.2. En definitiva, ninguna de las motivaciones que brindó el juzgador de origen a lo largo de su decisión han sido objeto de una crítica directa y pormenorizada, mostrando patente la inhabilidad de la impugnación (causas L. 99.420, "A. G., E. R.", sent. de 29-IX-2010; L. 105.057, "Madariaga", sent. de 28-XII-2011; L. 116.859, "Mudryk", sent. de 1-VII-2015; L. 122.524, "Ibáñez", sent. de 17-X-2022; e.o.).
En efecto, en el caso, no solo se ha omitido atacar frontal y eficazmente aquellos tramos del pronunciamiento en los que los jueces del tribunal de grado que conformaron la mayoría de fundamentos examinaron la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, sino también aquel otro en el que juzgaron que en el caso no se encontraba en juego la competencia de los tribunales ordinarios ni tampoco la suficiencia o insuficiencia del módulo de reparación de la ley 24.557, sino la validez de una instancia previa y su finalidad, la que se encuentra para definir los límites y obligatoriedad de la participación de las aseguradoras en el pago de la indemnización.
En suma, frente a la deficiencia técnica que porta la postulación recursiva debe permanecer incólume el pronunciamiento de origen, lo que obsta a que esta Suprema Corte examine el acierto o desacierto del razonamiento sobre el que se asientan las motivaciones esenciales de aquel.
IV. Por todo lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2023 09:55:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:40:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 09:32:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 10:33:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 11:10:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/02/2023 11:53:27 hs. bajo el número RS-12-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia