Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77129
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Con costas a la vencida (arts. 19, ley 13.928 -t.o. ley 14.192-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.129, "S., N. T. contra Ministerio de Salud. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, desestimó los recursos de apelación deducidos por la Agencia Nacional de Discapacidad y por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo promovida por la señora N. T. S., en representación de su hijo F.A.S., contra la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires -Programa Federal Incluir Salud- a fin de obtener la cobertura integral de las prestaciones que detalla en la demanda y de que se garantice su continuidad (v. sentencia de 13-IV-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 28 de abril de 2021, 11:15:09 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 4 de mayo de 2021.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora N. T. S., en representación de su hijo F. A. S., promovió demanda de amparo con el objeto de que se lo proteja y se le reconozca el derecho a la cobertura integral de las prestaciones del Centro de Día Jornada Doble y Transporte en el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II", garantizando su continuidad por ser fundamentales para la vida de su hijo (v. objeto de la demanda en 26-XII-2018 a fs. 5).
Lo pretendido, según se denuncia, es el resultado de las reiteradas irregularidades -acreditadas en autos por la amparista- en que incurrieron las autoridades responsables en proveer las prestaciones requeridas en determinados meses de 2017 y 2018, prestando parcialmente la cobertura y, consecuentemente, poniendo en serio riesgo su continuidad (v. documentación acompañada con la demandada a fs. 35/39).
Más adelante, la demandante en la presentación de 27 de junio de 2019 (v. fs. 82/84), denunció el agravamiento de la situación de la prestación en relación a lo precedentemente relatado, dado el peligro en la continuidad de la cobertura asistencial a F.A.S. a causa del atraso en los pagos de parte del Programa Federal Incluir Salud al Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" (v. nota cursada por el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" acompañada con la presentación de 27-VI-2019 a fs. 82/84). En ese escrito, también peticionó que se decrete en forma urgente una medida cautelar a los fines de que continúen las prestaciones esenciales para su hijo que padece Síndrome de Down.
I.2. Mediante resolución de 28 de junio de 2019, el titular del Juzgado de Ejecución Penal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la parte demandada a cumplir con la cobertura integral de las prestaciones objeto de reclamo y a que garantice la continuidad de estas, fundamentales para F.A.S. (v. fs. 86/88).
Con todo, junto a la presentación de 18 de febrero de 2020 la actora acompañó la comunicación efectuada por el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" de fecha 1 de febrero de 2020, por medio de la cual se informaba la imposibilidad de continuar brindándose las prestaciones -Centro de Día y Transporte-, en razón de la deuda que presentaba el Programa Federal Incluir Salud con la institución referida, abarcando aquella varios meses de 2019 (v. fs. 254/256).
I.3. Ulteriormente, el juez de grado decidió hacer lugar a la acción de amparo promovida e impuso las costas a las demandadas vencidas (v. sentencia de 23-XII-2020).
Para así resolver, sostuvo que el derecho invocado a través de la acción entablada merecía ser tutelado, fundó su pronunciamiento en orden a la índole de los bienes jurídicos comprometidos, y expresó que el Estado provincial resultaba el obligado a brindar la cobertura pretendida para una adecuada preservación de la salud del hijo de la actora y por hallarse reunidos los requisitos fácticos, constitucionales y legales para hacer lugar a la vía intentada (conf. arts. 43 y 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 20 inc. 1, 36 incs. 2 y 5 y 198, Const. prov. y 1, ley 10.592).
I.4. Contra el pronunciamiento de primera instancia, la Agencia Nacional de Discapacidad y la Fiscalía de Estado incoaron sendos recursos de apelación (v. presentaciones electrónicas de fechas 29 de diciembre de 2020 12:25:19 hs. y 30 de diciembre de 2020 11:50:40 hs., respectivamente), pretendiendo las demandadas que se revoque dicho decisorio debido a que nunca se interrumpieron las prestaciones requeridas a favor de la actora.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, desestimó los recursos interpuestos y confirmó la sentencia de grado que acogió la acción de amparo promovida y ordenó a las demandadas otorgar sin posibilidad de futuras interrpuciones la cobertura prestacional integral total -Jornada Doble en el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" y Transporte- garantizando su continuidad. Con costas de la Alzada a las accionadas en su calidad de vencidas (v. sentencia de 13-IV-2021).
Para así decidir, previa estimación de la condición de salud de F.A.S. y del alcance de la prestación que fuera prescripta para su atención -Centro de Día Jornada Doble con dependencia y Transporte en el establecimiento "Aprendiendo a Ser II"-, consideró procedente la acción deducida debido a que se hallaba comprometido el derecho a la salud cuya protección requería de tutela urgente, justificándose de tal modo el acceso a la jurisdicción a través de la vía de amparo.
Sobre ese piso de marcha, sostuvo que una materia como la abordada en la especie suponía especial prudencia, debiendo evitarse que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional. Citó fallos de la Corte federal y de esta Suprema Corte en ese sentido.
Reparó en la obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizar, a través de acciones positivas, la plena vigencia de los derechos a la vida y a la salud de las personas con discapacidad, consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (arg. arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; VII, DADDH; 25, DUDH; 24 inc. 11, PIDCP; 12 inc. 11, PIDESC; 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.), reafirmándose así su rango supremo, de manera tal que su ejercicio no se torne ilusorio al tratarse de bienes con protección constitucional directa y operativa.
En suma, luego de puntualizar que no se hallaba controvertido el diagnóstico de F.A.S. ni la necesidad de continuar con la prestación asistencial que recibía desde el año 2017, coincidió con la decisión adoptada en primera instancia, frente a la posibilidad de que la cobertura que percibe F.A.S. pueda verse interrumpida, ante el denunciado atraso en el pago de sumas adeudadas, razón por la cual correspondía garantizar su continuidad.
Concluyó, que atento la índole de los derechos comprometidos, procedía garantizar la continuidad de las prestaciones de salud en beneficio del paciente.
Sobre esta base consideró que más allá de que actualmente, y en especial a partir de la medida cautelar, no se advierte riesgo o peligro en la interrupción, corresponde garantizar su continuidad en atención a los derechos protegidos.
III. Contra esa sentencia, se alza la Fiscalía de Estado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 28-IV-2021, 11:15:09 hs.), denunciando: la violación o errónea aplicación de lo dispuesto en los arts. 16, 17, 18, 33, 43, 75 incs. 19, 22, 23 y concordantes de la, Constitución nacional; 20 inc. 2 y 36 incs. 5 y 8 de su par provincial; 1 de la ley 10.592; 1, 2 y concordantes de la ley 13.928; 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; la transgresión de la doctrina legal que dimana de esta Suprema Corte y la configuración de absurdo y arbitrariedad de lo resuelto.
III.1. En primer lugar, arguye que el pronunciamiento de la Cámara no señaló el obrar arbitrario o ilegítimo manifiesto que se le reprocha al ente demandado (conf. arts. 43, Const. nac.; 20 inc. 2, Const. prov. y 1, 2 y concs., ley 13.928), sino que solo da por sentada la posibilidad o amenaza de interrupción de la cobertura prestacional requerida que -según manifiesta - no se ha incumplido, por lo que entiende que la decisión mentada se contrapone a la doctrina de esta Corte relativa a la admisibilidad de la vía de amparo (conf. causas B. 64.413; B. 64.200; B. 63.788; B. 64.981; B. 64.102; e.o.).
Asimismo, sostiene que el amparo no constituye la vía adecuada para la judicialización directa de una cobertura como la peticionada en autos, toda vez que la eventual insuficiencia prestacional amerita un amplio debate que excede al carril procesal promovido.
Explica que el a quo incurre en absurdo al omitir la realidad fáctica del caso, en tanto de las constancias obrantes en la causa surge el cumplimiento regular de la cobertura integral requerida por la demandante.
III.2. De otro lado, denuncia arbitrariedad por dogmatismo del pronunciamiento impugnado al citar precedentes en los que no se han ventilado circunstancias fácticas como las de autos. Agrega que tal déficit de fundamentación, tampoco puede suplirse con la invocación genérica de razones de orden normativo vinculadas con lo establecido en tratados internacionales con jerarquía constitucional y en normas locales (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.), razonando, finalmente, que tal proceder resultaba dogmático.
Reitera que se ha acreditado que el hijo de la demandante, aun con anterioridad a la presentación del escrito de inicio, cuenta con la cobertura integral de las prestaciones oportunamente autorizadas por el Programa Federal Incluir Salud, por lo cual afirma que deviene improcedente condenar al cumplimiento de prestaciones que nunca se habían denegado y, por tanto, lo decidido constituía una suerte de reconfirmación de la mentada cobertura asistencial otorgada.
Por último, invoca los arts. 14 y 28 de la Constitución nacional y fallos de la Corte federal sobre fundamentación de las sentencias, alegando que la impugnada exhibe vicios de arbitrariedad por carecer de fundamento adecuado que sustente la condena impuesta al programa referido, lesionando en forma directa su derecho de defensa, lo que torna revocable el pronunciamiento en crisis.
IV. El recurso no prospera (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.1. La Cámara de Apelaciones departamental ha confirmado la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo, por entender que la prestación que viene cumpliendo la demandada debe ser realizada sin interrupciones.
Ha ponderado cual es la situación de salud del hijo de la amparista, y ha detallado especialmente hasta dónde debe llegar el alcance de la prestación (v. pto. IV de la sentencia).
Consideró además, que de las constancias de la causa surge "la posibilidad que la prestación que percibe F.A.S. pueda verse interrumpida ante el denunciado atraso en el pago de sumas adeudadas", por lo que correspondía "garantizar la continuación de la cobertura en los términos prescriptos por sus médicos tratantes" (v. pto. IV). Ponderó para ello, las circunstancias fácticas que justificaron el inicio del pleito y las denuncias efectuadas por la actora, que dieran lugar a la procedencia sustancial de la medida cautelar. Para el a quo , es tal providencia precautoria la que ha obligado al cumplimiento de la prestación.
Es sobre esta idea de amenaza latente, donde se estructura la sentencia, pues la situación de cumplimiento eventual a la que alude el tribunal, se concatena con circunstancias previas a la orden judicial. Esta situación, para el órgano genera un riesgo actual para el paciente.
IV.2. Previo a todo, y más allá del acierto o error del dispositivo en crisis, cabe señalar que en los presentes actuados se presenta una situación de extrema similitud con la causa A. 77.124, "Saldivia", sentencia de 27-X-2022, donde se rechazó el recurso interpuesto por la representación fiscal.
Aclarado ello, y con prescindencia de la normativa que regula este proceso de excepción, la que resulta denunciada en el apartado IV del recurso interpuesto, lo cierto es que el voto mayoritario de la Cámara encuentra en las constancias de la causa un peligro en la continuidad de la cobertura. Esta apreciación que efectúa el tribunal de los antecedentes del caso no fue objeto de agravio en la pieza recursiva en análisis.
El recurrente radica su crítica en la falta de incumplimiento actual, pero pierde de vista que el tribunal abordó ello, mas dio un giro más allá afincando su parecer en una situación de incumplimiento eventual. Específicamente señaló "que más allá de que actualmente -a partir de la medida cautelar estimatoria dictada- no se advierte riesgo o peligro de interrupción, corresponde su continuidad, en atención a la índole de los derechos que se procuran tutelar" . Esta mirada del tribunal, que contempla una duplicidad de facetas en torno a la obligación de cumplimiento por parte de la Administración, no fue advertida por el quejoso, y no mereció refutación alguna.
IV.3. Por otra parte, en el acápite VII.2. se denuncia dogmatismo en la sentencia, aunque tal afirmación no es debidamente desarrollada con el rigor exigido en esta instancia. El agravio queda a mitad de camino y no resulta idóneo para justificar la revocación del decisorio en crisis, pues contrariamente a lo señalado en aquel segmento, el Tribunal no funda su decisión solo en los precedentes que cita, sino que brinda una explicación accesoria, y desarrolla los antecedentes fácticos de este caso, ponderando muy especialmente la incidencia de ello en la medida cautelar.
En este aspecto, es dable recordar que la facultad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (v. mis votos en causas A. 75.430, "Vela", sent. de 19-VIII-2020; A. 76.740, "Caputo", sent. de 22-IX-2021; A. 77.124, "Saldivia", sent. de 27-X-2022; e.o.).
V. Por los motivos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada atento la insuficiencia técnica que porta (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 19, ley 13.928 -t.o. ley 14.192-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Con costas a la vencida (arts. 19, ley 13.928 -t.o. ley 14.192-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:41:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 19:32:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/02/2023 08:13:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 10:08:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 11:32:25 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORE el 02/03/2023 11:38:13 hs. bajo el número RS-9-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia