Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62294
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.294, "Sindicato de Trabajadores Municipales de General San Martín contra Municipalidad de General San Martín. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Soria, Kogan.
I. El Sindicato de Trabajadores Municipales de General San Martín, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa por retardación contra la Municipalidad de General San Martín, solicita que se declare la nulidad del decreto municipal 255/00, dictado el día 23 de febrero de 2000, y se restablezca la vigencia de los decretos comunales 688/99 y 689/99 que aquel derogó.
A través de estos últimos actos el Intendente municipal había promovido a cargos jerárquicos a sesenta y cuatro agentes.
Requiere que, con carácter precautorio, se ordene la suspensión de la ejecutoriedad del acto que impugna.
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. Mediante resolución de fecha 5 de diciembre de 2001 el Tribunal decidió, en el marco del art. 22 del Código Contencioso Administrativo, rechazar la medida cautelar solicitada al entender que no se encontraba suficientemente acreditado en autos el perjuicio irreparable que, respecto de cada uno de los alcanzados por el decreto 255/00, ocasionaría su ejecución (v. fs. 70/).
III. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio, a través de su representante, la Municipalidad de General San Martín y opone excepción de falta de personería con fundamento en que la asociación gremial que insta la acción no se encuentra inscripta como tal en el registro de asociaciones gremiales. Aduce que por ello no puede representar a los trabajadores ya sea en sus derechos colectivos o individuales (v. fs. 76/78). Luego, contesta la demanda, aduce que los decretos anulados por el acto impugnado poseían graves vicios que los tornaban irregulares e ilegítimos, por lo que solicita el rechazo de la acción (v. fs. 80/88).
Ofrece prueba, plantea la eventual aplicación de la ley de consolidación 12.774 y pide que se impongan las costas a la actora.
IV. Cumplido el debido traslado (v. fs. 113/116), este Tribunal hizo lugar a la excepción de falta de personería en los términos del art. 35 inc. 1 apartado "b" de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- y ordenó al Sindicato de Trabajadores Municipales de General San Martín que en el plazo de quince días subsanara los defectos procesales de su actuación mediante la presentación de los elementos que justifiquen su personería gremial -o bien la de la Federación Provincial de Sindicatos Municipales-, así como todos aquellos instrumentos probatorios que acrediten la suficiencia de la representación que invoca (v. resol. de 24-V-2006, fs. 118/121). Todo ello se tuvo por cumplido a fs. 166.
V. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas (v. fs. 67), glosados los cuadernos de prueba (v. fs. 225/229 -actora- y 230/265 -demandada-), declarado por perdido a las partes el derecho que tenían de alegar sobre el mérito de la prueba (v. fs. 269), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La actora relata que a través de los decretos 688/99 y 689/99, el Intendente municipal efectuó sesenta y cuatro ascensos de personal. Agrega que con posterioridad, el decreto 255/00 derogó los dos anteriores con fundamentos en supuestos vicios que los tornaban anulables, tales como: a) inexistencia de vacantes en el escalafón; b) omisión de evaluar las aptitudes, antecedentes y capacitación; c) la disconformidad planteada por la Asociación de Personal Jerárquico de la Municipalidad de General San Martín por entender que se habían violado las previsiones del estatuto municipal para el otorgamiento de ascensos; d) inexistencia de constancias en el registro municipal de las reuniones y conclusiones de la Junta de Ascensos y Calificaciones.
Afirma que los decretos 688/99 y 689/99 son formalmente perfectos. Precisa que fueron dictados por la autoridad administrativa competente, con la forma correspondiente y a través del procedimiento normado para tal fin. Agrega que fueron notificados a todos los interesados quienes comenzaron a percibir el sueldo según la categoría a la que habían sido ascendidos por los aludidos decretos luego revocados.
Manifiesta que la supuesta inexistencia de presupuesto asignado o vacantes constituye una cuestión que no puede perjudicar a los trabajadores.
Seguidamente responde el resto de las deficiencias en que el Departamento Ejecutivo comunal justificó la anulación de los mencionados decretos.
Señala que el decreto 1.559/98, en cumplimiento de las previsiones de los arts. 25 y 108 de la ley 11.757, conformó la Junta de Ascensos y Promociones y facultó a sus integrantes a acordar con los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de General San Martín la elaboración de un reglamento interno de funcionamiento.
Continúa relatando que la aludida Junta, luego de evaluar los legajos y antecedentes de los postulantes, labró un acta prestando conformidad al proyecto de decreto que acompañaba a aquella. De tal modo, refutan lo expresado en el acto en crisis en orden a que no se respetó el procedimiento establecido en la ley 11.757. Destaca que el decreto 688/99 expresamente refiere a la intervención de la Junta de Ascensos y Calificaciones.
Rechaza también el argumento vinculado a la inexistencia en el registro municipal de constancias de las actas que "refrenden las resoluciones que disponen los ascensos". En este sentido, dice que su falta no puede perjudicar a los trabajadores, menos aun cuando siquiera se intentó su subsanación. Añadió que la presunta inexistencia quedó desvirtuada ante el aporte de copias certificadas del acta de la Junta que fue agregada al recurso de revocatoria interpuesto contra el decreto 255/00.
Con relación a la referencia que el decreto cuestionado hace a la misiva remitida por la Asociación de Personal Jerárquico de la Municipalidad de General San Martín manifiesta que esta entidad carece de personería gremial y, en consecuencia, de representación gremial e interés legítimo.
En otro orden, plantea que el decreto 255/00 es infundado en derecho por citar los arts. 155 y siguientes de la ley 10.430 que, según dice, no refieren a cuestiones inherentes a ascensos de personal.
Sin perjuicio de la ausencia de motivación planteada, sostiene la ilegitimidad del decreto en crisis por incumplir lo dispuesto en el art. 114 de la ordenanza general 267/80.
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de General San Martín manifiesta que los decretos 688/99 y 689/99 carecen de motivación. Agrega que constituyen actos administrativos irregulares, ilegítimos y poseen vicios muy graves desde su nacimiento toda vez que no se ajustan a las normas estatutarias del personal municipal (arts. 25 y 26, ley 11.757). Por ello plantea que constituyen actos pasibles de ser anulados ex officio por la propia Administración.
Dice que la Junta de Calificaciones y Ascensos nunca se conformó para evaluar las aptitudes, antecedentes, capacitación y realizar el referido concurso a fin de brindar igualdad de oportunidades a todos aquellos que se encontraban en las condiciones exigidas para cubrir los niveles y las jerarquías correspondientes. Niega que se haya elaborado un informe respecto de quienes debían ser los ascendidos.
Afirma que los ascensos fueron efectuados como lo que comúnmente se denomina "a dedo". Acota que el decreto 688/99 asciende a la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de General San Martín.
Aduce que el Departamento Ejecutivo municipal procedió al ascenso de sesenta y cuatro agentes cuando se encontraba sobredimensionada la planta de personal municipal y más allá de lo establecido por la ordenanza presupuestaria vigente. Señala que el Municipio de General San Martín tuvo el mismo presupuesto en los años 1998 y 1999 que en el año 1997. Por ello sostiene que los ascensos otorgados durante estos años son ilegítimos y, por lo tanto, los respectivos actos administrativos que los otorgaron, anulables.
En apoyo de su posición pone de resalto que el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que la formulación y aprobación del presupuesto deberá ajustarse a un estricto equilibrio fiscal, no autorizándose gastos sin la fijación de los recursos para su financiamiento. En este sentido, postula que la creación del cargo está determinada por la existencia de la necesaria previsión presupuestaria. Afirma que en el caso de que se designen posteriormente agentes por encima de lo previsto en el presupuesto, se incurriría en una actuación contraria a derecho.
Explica que, dado que en los años 1998 y 1999 no fue sancionado el presupuesto de conformidad con lo establecido en el art. 34 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por imperio del art. 37 del mismo texto legal, el Intendente tuvo que aplicar el presupuesto del año 1997. Por ello afirma que debió haber respetado las mismas previsiones presupuestarias, y mantener la plantilla de personal de planta permanente inalterable para que no se tornen ilegítimos los ascensos.
En base a ello asevera que la promoción a los cargos jerárquicos en cuestión devino ilegítima por falta de un requisito esencial del acto administrativo de ascenso: la creación del cargo.
Concluye entonces, que los decretos 688/99 y 689/99 estaban viciados en forma notoria por lo que sostiene la legitimidad del acto administrativo posterior que dispuso la derogación de aquellos.
III. De la prueba producida en autos resultan acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Decreto 255/00 (v. fs. 2, expediente administrativo n° 4051-2000-I-2000).
III.2. Decreto 689 dictado por el Intendente municipal interino el día 30 de marzo de 1999 (v. fs. 2, expediente administrativo n° 4051-4047-I-99).
III.3. Expediente administrativo n° 4051-4048-I-99.
III.3.a. Decreto 688 dictado por el Intendente municipal interino el día 19 de marzo de 1999 (v. fs. 3).
III.3.b. A fs. 10 vta. se notifican algunos de los interesados.
III.3.c. Con fecha 10 de junio de 1999, el Secretario de Gobierno solicita al Secretario de Economía y Hacienda que informe si los cargos que menciona el decreto 688/99 se encuentran contemplados en el presupuesto del año 1999 (v. fs. 11).
III.3.d. Informe del Director de Finanzas del municipio de fecha 15 de junio de 1999 (v. fs. 12).
III.4. Expediente administrativo n° 4051-2536-S-2000 s/ interpone recurso de revocatoria s/ suspensión de ejecución de acto administrativo.
III.4.a. Recurso de revocatoria contra el decreto 255/00 (v. fs. 1/5).
III.4.b. Copia de acta de la Junta de Ascensos y Calificaciones de fecha 19 de marzo de 1999 en la que sus integrantes prestan conformidad al proyecto de decreto que se acompaña, teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos establecidos en el art. 25 de la ley 11.757 (v. fs. 8).
III.4.c. Pronto despacho a efectos de que se resuelva el recurso de revocatoria antes indicado (v. fs. 23 y 32).
IV. Expuestas las postulaciones de las partes y reseñados los antecedentes del caso, la cuestión litigiosa se circunscribe a determinar, si la Administración comunal ejerció legítimamente su potestad anulatoria ex officio al derogar los decretos 688/99 y 689/99, que habían dispuesto el ascenso a cargos jerárquicos de sesenta y cuatro agentes municipales.
IV.1. La comprensión de los conflictos suscitados entre la Administración y un empleado público que goza de estabilidad, en punto a la revocación de oficio del acto administrativo que dispuso su promoción a un cargo jerárquico, requiere un prudente balance entre el legítimo interés estatal en el mantenimiento de la legalidad y las garantías constitucionales del agente en el marco de los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 103 inc. 12 de la Constitución provincial, de modo de evitar soluciones incompatibles con los pilares estructurales de un Estado Constitucional de Derecho. En definitiva, la ponderación tiene que sortear tanto el riesgo de otorgar estabilidad a situaciones ilegítimas, como el peligro de vulnerar indebidamente derechos adquiridos (v. votos del doctor Soria en las causas B. 59.953, "Taberner de Ávila", sent. de 16-VVI-2004; B. 63.148, "Escobar", sent. de 5-V-2010 y B. 62.091, "Arauz", sent. de 20-III-2012; e.o.).
Ante la mentada confrontación, en casos semejantes al sub lite , esta Corte ha expresado que la potestad anulatoria de la Administración se halla necesariamente vinculada a la dilucidación de la regularidad del acto administrativo de la que es objeto, habiendo entendido que el vicio que torna al acto en irregular, sometiéndolo a la anulación oficiosa, radica en la afectación grave de todos o algunos de sus elementos esenciales entre los que se destaca el vicio grave en el objeto o en la causa (cfr. doctr. arts. 5, CCA y 113, 114 y 117, ord. gral. 267/80; causas B. 49.638, "Freindenberg", sent. de 30-X-1990 y sus citas; B. 51.447, "Pari", sent. de 9-V-1995; B. 54.310, "Martínez", sent. de 21-IV-1998; B. 62.295, "Mele", sent. de 28-VIII-2019 y sus citas; e.o.). Esta atribución de revisar el actuar propio es un reflejo del poder de autotutela, que capacita a la Administración para proteger por sí misma, sin necesidad de recabar la tutela judicial, ciertas situaciones jurídicas en defensa de la legalidad (cfr. Giannini, M. S.; "La giustizia ammnistrativa", Roma, 1959, pág. 21 y sigs. Garrido Falla, Fernando; "Tratado de Derecho Administrativo", 9na. Edición, Madrid, 1985, Vol. I, pág. 707. Monserrat Cuchillo Foix; "La revisión de oficio y la revocación de la LRJPAC", en VA, Administración Pública y Procedimiento Administrativo, Tornos Mas, J -Coordinador- Barcelona, 1994, págs. 347/348. Bocanera Sierra, R.; "La revisión de oficio de los actos administrativos", Madrid, 1977, pág. 217 y sigs.), permitiéndole retirar del ordenamiento el acto gravemente inválido.
Conforme señala Fiorini, el problema se torna claro cuando la irregularidad o vicio es tan patente que no presenta duda, es decir, cuando la irregularidad del acto se destaca en forma certera e indiscutible ("Teoría Jurídica del Acto Administrativo", pág. 250), siendo un hecho notorio que surge de la mera confrontación del acto con el orden jurídico positivo y su dictado es contra legem , superando la interpretación meramente opinable de la norma que se aplica (DJBA, Tomo 120, pág. 334; Tomo 126, pág. 435).
Sin embargo, la potestad anulatoria que posee la autoridad administrativa debe respetar ciertos límites que la ley le impone en resguardo de la seguridad jurídica, la equidad, la buena fe y la confianza legítima que deben guiar las relaciones jurídicas con la Administración Pública (art. 117, ord. gral. 267/80; cfr. doctr. causas B. 59.953, "Taberner de Ávila", sent. de 16-IV-2004; B. 66.733, "Poli", sent. de 17-V-2006; B. 62.295, cit.; e.o.).
IV.2. Bajo los parámetros expuestos, el decreto 255/00 dictado por el Intendente de General San Martín el día 23 de febrero de 2000 resulta ajustado a derecho.
IV.2.a. En efecto, la autoridad administrativa, a través del aludido decreto derogó de oficio los decretos 688/99 y 689/99 que habían dispuesto, a partir del día 1 de marzo de 1999, el ascenso de sesenta y cuatro agentes municipales a diferentes cargos jerárquicos (Jefe de División, Jefe de Departamento, Subdirector), "...quienes cumplen[cumplían] funciones en distintas áreas del Departamento Ejecutivo, debiéndoseles abonar el 15% por dedicación funcional".
En el artículo segundo del acto en crisis el Intendente comunal ordenó que los agentes alcanzados por la derogación de los aludidos decretos volvieran a revistar en la categoría que poseían al día 28 de febrero de 1999.
Esta medida fue dispuesta en el ejercicio de las facultades que le confieren al Intendente comunal los arts. 190 y 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos aires y 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, e invocando "...la urgente necesidad de reorganizar la planta de personal municipal en todos sus niveles".
El decreto aquí impugnado detalla como fundamento de tal decisión que no existían vacantes para hacer efectivos los mentados ascensos. En sus considerandos se señaló que el Estatuto de Empleados de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (ley 11.757, actualmente derogada por ley 14.656 -B.O., 6-I-2015) establecía el marco en el que se debía desarrollar el vínculo entre la Administración municipal y su personal y, destacó que en el art. 108 remitía supletoriamente a la ley 10.430. Agregó que los ascensos estaban regulados en el art. 155 y siguientes de dicha ley provincial y resultaban supeditados a la existencia de vacantes en el respectivo escalafón. Puso de resalto que esta previsión no fue atendida por los decretos derogados.
De otro lado señaló que el aludido estatuto disponía, como modo de mejorar la prestación del servicio comunal y de incentivar la superación del agente, que los ascensos se efectuaran en base a un régimen de evaluación de aptitudes, antecedentes, capacitación y concursos. Y subrayó que en este proceso la ley exigía que primara el derecho a la igualdad de oportunidades para cubrir los niveles y jerarquías correspondientes.
Luego de puntualizar las exigencias legales para el ascenso en la carrera administrativa destacó que los actos de promoción no cumplieron lo dispuesto en los arts. 25 y 26 de la ley 11.757. Por último, recalcó que no existían constancias en el registro municipal de la existencia de actas de las reuniones de la Junta de Calificaciones y Ascensos que refrenden tales actos recomendando los ascensos en cuestión, tal como lo indicaba la ley 11.757.
IV.2.b. De la prueba producida en autos resulta acreditado, de un lado, que no existieron previsiones presupuestarias para los ascensos dispuestos por los decretos revocados. En efecto, de las constancias de fs. 11 y 12 del expediente administrativo n° 4048-I-99 surge no solo que no habían sido previstos los cargos a los que refieren los decretos 688/99 y 689/99 en el presupuesto 1999, sino que la comuna no había aprobado presupuesto para ese ejercicio. El día 15 de junio de 1999 el Director de Finanzas del municipio informó que "...el presupuesto en vigencia es el prorrogado del Ejercicio 1998 (Prorrogado Ejercicio 1997" y aclaró que "...los créditos presupuestarios no contemplan[contemplaban] dichos reencasillamientos por tratarse de información no existente al momento de la confección de los respectivos presupuestos". Además, en orden a la posibilidad de ejecutar el decreto 688/99 señaló: "...atento el estado de las partidas presupuestarias a esta altura del ejercicio, la factibilidad está sujeta a un incremento del Presupuesto, aprobación del Presupuesto del Ejercicio 1999, actualmente a consideración del HCD, o limitadas redistribuciones de partidas si así lo decidieran las autoridades".
De otro lado, no se acreditó la necesaria labor de la Junta de Ascensos y Calificaciones en orden al análisis y valoración de las aptitudes y antecedentes de los agentes municipales que confieran fundamento suficiente a los ascensos otorgados. En este sentido, la única participación de la aludida junta que se acredita es una copia del acta de fecha 19 de marzo de 1999 a través de la cual los integrantes de la mencionada Junta "...firman la conformidad del Proyecto de Decretos que se acompaña, teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos establecidos en el art. mencionado precedentemente" (art. 25, ley 11.757).
Este acta importa una intervención meramente formal de la Junta de Ascensos y Calificaciones. En modo alg
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.