Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 59931
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 59.931, "Chiabaut Morales, Eduardo Rodolfo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres, Kohan, Natiello.
I. Eduardo Rodolfo Chiabaut Morales, con patrocinio letrado, promueve demanda por retardación contra la Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social -IPS-), en el trámite de otorgamiento de la jubilación por invalidez solicitada.
Peticiona como medida cautelar el pago de los haberes correspondientes al beneficio requerido.
Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita imposición de costas a la contraria.
II. A fs. 54/55 se concede la medida cautelar solicitada.
III. Con fecha 20 de mayo de 1999 el actor amplía demanda, acompañando copia de la resolución del IPS n° 425049 denegatoria del beneficio solicitado. Peticiona se declare su nulidad y se condene a la demandada, además del pago de la jubilación, al de daños y perjuicios y daño moral.
IV. Corrido el pertinente traslado se presenta por apoderado el Fiscal de Estado. Contesta demanda y sostiene la legitimidad del accionar cuestionado.
Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y pide que las costas sean impuestas a la contraria.
V. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, el cuaderno de prueba de la parte actora y el alegato de la demandada, no habiendo hecho uso de ese derecho la parte actora, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Qué indemnización corresponde otorgar para el resarcimiento del daño material?
3ª) ¿Resulta atendible el reclamo del daño moral? ¿En qué medida?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Relata el actor que mediante resolución 2.366/97 del 4 de noviembre de 1997 la Suprema Corte de Justicia decretó su cese como Oficial Mayor de la Fiscalía n° 5 de Quilmes, por presentar una incapacidad laboral de carácter permanente que superaba las dos terceras partes de su capacidad psicofísica.
Explica que la referida determinación se fundó en el dictamen de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires.
Manifiesta que el día 28 de noviembre de 1997 inició el expediente jubilatorio n° 30489, informándosele oficiosamente que la solicitud de jubilación por incapacidad sería resuelta a instancia de una auditoría médica del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, atento lo establecido por resolución 95/97 del mismo organismo.
Señala que la revisación médica se llevó a cabo el día 7 de abril de 1998, habiendo aportado en la ocasión según lo requerido, los estudios realizados por Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires y los efectuados en otros establecimientos especializados.
Manifiesta que por informaciones recibidas de los empleados del Instituto se anotició acerca de la resolución de esa auditoría médica cuyos profesionales no compartirían el criterio y diagnóstico de la autoridad de aplicación en la materia.
Expresa que tuvo varios intentos infructuosos para tomar vista de las actuaciones.
Señala que por ello realizó una presentación ante la Dirección de Personal de la Suprema Corte el 29 de abril de 1998, insistiendo ante la falta de respuesta, con otra nota el 7 de julio de 1998, solicitando la urgente resolución de su situación de incertidumbre.
Agrega que a esa fecha ya se habían cumplido ocho meses sin percepción alguna, los que se transformaron en quince a la fecha de la presentación de la demanda.
Añade que el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) no le reconoció los gastos de los estudios y tratamientos porque no estaba jubilado y tampoco revistaba en el Poder Judicial, careciendo también de coseguro, explicando a su vez las complicaciones que padecía cada vez que necesitaba autorizar análisis o medicación.
A su vez solicita la inconstitucionalidad de la resolución 95/97 dictada por el IPS.
Expresa que la norma cuestionada fue dictada por el Poder administrador en evidente contraposición a la norma constitucional de la Provincia que prevé la organización política del Estado, confiriéndole a la Dirección de Reconocimientos Médicos, la potestad exclusiva y excluyente de dictaminar acerca del estado de salud e invalidez de los agentes de la Administración Pública bonaerense.
Afirma que el IPS se adjudica la potestad de la creación de una Junta Médica paralela a la integrada con los profesionales de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia que depende de la Dirección General de Personal de la Provincia de Buenos Aires.
Argumenta que el intento del organismo previsional de crear un cuerpo médico que solapadamente procure dictar sus propias conclusiones acerca del estado de invalidez de quienes solicitan el otorgamiento del beneficio jubilatorio es ilegal, usurpando las misiones y funciones que la ley discierne para la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires.
Por otra parte solicita como medida cautelar el pago de los haberes consecuentes con la jubilación peticionada.
A fs. 54/55 este Tribunal resuelve acordar como medida cautelar el pago de las mensualidades correspondientes al beneficio pretendido.
A fs. 70/73 el actor denuncia hecho nuevo, al haber sido notificado del acto administrativo denegatorio de su solicitud de jubilación mediante resolución n° 425049 de fecha 11 de marzo de 1999.
Peticiona la nulidad de este acto basándose en la incongruencia que denotan los resultados de los dictámenes de la Junta de Reconocimientos Médicos (77% de incapacidad) y la de la Junta Integrada formada por miembros del IPS (30% de incapacidad), reiterando el ataque formulado a la actuación de esta Junta creada por el IPS.
II. A su turno se presenta la demandada. Sostiene la legitimidad del obrar administrativo y peticiona el rechazo de la acción.
Indica que la denegatoria del beneficio jubilatorio se sustentó en la circunstancia de que Chiabaut Morales no reunía los requisitos necesarios para titularizarlo, habiendo sido la situación del demandante correctamente evaluada por la autoridad previsional con sustento en las normas aplicables, siendo su decisión concordante con las opiniones sustentadas por los organismos de asesoramiento y control.
Puntualiza que ello resulta de las pruebas reunidas en el procedimiento administrativo.
Relata que del informe de la Junta Médica Integrada solicitada por el IPS, obrante a fs. 30/33 del expediente administrativo, surge que el actor padecía una incapacidad laboral parcial y permanente del 30% tanto a la fecha de cese como a la de su examen. Agrega que dicha Junta fue integrada por los doctores Pedersoli -médico neurólogo-, Brandolino -médico clínico- y López -médico laboralista-. Añade que en ese informe se tuvieron en cuenta los estudios de biopsia de nervio y músculo y electromiográfico aportados por el actor, determinándose que padecía de síndrome polineuropático sensitivo sin manifestaciones objetivo-clínicas.
Señala que con motivo del pedido que formuló la Asesoría General de Gobierno en oportunidad de solicitarse su dictamen (v. fs. 37), la Junta Médica tomó nueva intervención, en la que ratificó su dictamen anterior (v. fs. 49), afirmando además que los estudios complementarios aportados se hallaban en el contexto de los observados en el anterior examen, sin datos relevantes.
Indica que a fs. 94/102 obran otros estudios complementarios.
Expresa que, a fin de adquirir mayor convicción, se solicitó a fs. 104 una nueva intervención de la Junta Médica Integrada.
Manifiesta que con fecha 14 de diciembre de 1998 se reunió la Junta Médica integrada por los doctores López, González, Escaray, Fernández y Pedersoli, dictaminando que el causante padecía polineuropatía sensitiva de grado leve, concluyendo que la misma le ocasionaba una incapacidad laboral neurológica parcial y permanente del 30% a esa fecha, como a la de cese (4 de noviembre de 1997).
Concluye en que, con todos estos elementos de juicio, es evidente que la decisión del Instituto de Previsión Social no podía ser otra que denegar la jubilación impetrada.
Señala que diferentes médicos, todos con uniformidad de criterio, evaluaron el grado de incapacidad del actor de acuerdo a las pautas establecidas por el art. 28 del decreto reglamentario 476/81, llegando a la misma conclusión respecto del porcentaje de incapacidad, que resultó inferior al previsto por la ley para acceder al beneficio previsional reclamado.
Destaca que todas las Juntas estuvieron integradas por un especialista en neurología (doctor Pedersoli), que el actor no solamente fue examinado por médicos del IPS sino también, por un facultativo representante del Poder Judicial (doctor Escaray) y que con relación al representante de la Dirección de Reconocimientos Médicos, ese organismo informó que no contaba con ningún neurólogo para concurrir a la Junta.
Recalca que el actor no impugnó científicamente los dictámenes técnicos de la Junta Médica Integrada sobre los que se basara la decisión cuestionada.
Subraya que los estudios médicos aportados por el actor, dan cuenta de la enfermedad que padece pero no consignan el grado de incapacidad que tales dolencias puedan ocasionarle.
Recuerda que la Junta Médica Integrada es el organismo competente para apreciar la invalidez en todos los supuestos previstos por la ley previsional, por lo que sus dictámenes condicionan a la autoridad administrativa que debe resolver en definitiva concediendo o denegando el beneficio con sustento en sus conclusiones.
Afirma que dentro del marco legal que le compete y en uso de expresas facultades conferidas por la normativa señalada, el IPS dictó la resolución 95/97 aquí impugnada, disponiendo "Legitimar la intervención de Profesionales médicos designados por el Instituto de Previsión Social para la realización de Juntas Médicas Integradas, tendientes a evaluar las incapacidades de los agentes afiliados al Instituto, a los fines de la obtención del beneficio Jubilatorio por Invalidez...".
Por ello concluye manifestando que la normativa impugnada no merece reproche de inconstitucionalidad alguno.
Sintetiza al señalar que al actor le fueron practicadas dos Juntas Médicas Integradas que dictaminaron el padecimiento de una "polineuropatía sensitiva de grado leve", generadora de un 30% de incapacidad laboral neurológica parcial y permanente, "...por lo que el actor no cumple con los requisitos exigidos por el art. 29 del Decreto Ley 9650/80 para tener por configurado el derecho al beneficio jubilatorio excepcional".
Se opone a la procedencia de la indemnización por daños y perjuicios, ofrece prueba y reserva el caso federal.
III. De las fotocopias de las actuaciones administrativas agregadas sin acumular (expte. 2350-030489/97) y documentación obrante en autos se destacan las siguientes constancias útiles para la resolución de la presente causa:
III.1. Electromiograma de noviembre de 1996 (v. fs. 19/22 de estas actuaciones).
III.2. Informes patológicos (v. fs. 23/27).
III.3. Informe de la Dirección de Reconocimientos Médicos del 14 de octubre de 1997 por el que se comunicó que en la Junta Médica especializada en neurología y cardiología, integrada por los doctores Sraka y Merlotti con auditoría de la doctora Pallaro, que lo examinó el 25 de septiembre de 1997 se concluyó que el actor padecía un 77% de incapacidad (v. fs. 6/9).
III.4. Resumen de historia clínica (v. fs. 17/18).
III.5. Resolución 2.366/97 de fecha 4 de noviembre de 1997, de la Suprema Corte de Justicia por la que se decretó el cese del Oficial Mayor de la Fiscalía de Primera Instancia n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes por padecer una afección que le ocasionaba una incapacidad laboral de carácter permanente superior a las dos terceras partes de su capacidad psicofísica (v. fs. 4).
III.6. Inicio del expediente jubilatorio en noviembre de 1997 (v. fs. 2, expte. adm.).
III.7. Notas del actor a la Oficina de Personal de la Suprema Corte de Justicia de abril de 1998 y de julio de 1998 (v. fs. 28/29 y 30/31 de estas actuaciones).
III.8. Informe de Junta Médica integrada por los profesionales Pedersoli, Brandolino y López de fecha 7 de abril de 1998 donde se concluyó que padecía una incapacidad del 30% (v. fs. 23, expte. adm.).
III.9. Presentación de los doctores López y Pedersoli del 20 de agosto de 1998 donde ratificaron el dictamen anterior (v. fs. 39).
III.11. Estudios médicos (v. fs. 76/77, 78, 79/80, 82/84, expte. adm.).
III.12. Nota al IPS del Director de Reconocimientos Médicos informando que no contaba con neurólogo para concurrir a la Junta Médica Integrada para el 14 de diciembre de 1998 (v. fs. 85).
III.13. Informe de Junta Médica integrada por los profesionales Escaray, Pedersoli, González, Fernández y López del 14 de diciembre de 1998 donde se concluyó que padecía una incapacidad del 30% a la fecha del examen como a la del cese (v. fs. 87).
III.14. Resolución n° 425049 del 11 de marzo de 1999 por la que se denegó el beneficio jubilatorio por invalidez solicitado por Eduardo Rodolfo Chiabaut Morales (v. fs. 90).
III.15. Recurso de revocatoria contra la resolución previamente señalada (v. fs. 103).
III.16. Informe de Junta Médica integrada por los profesionales Pedersoli, Godoy, Fernández y López del 20 de diciembre de 1999 donde se concluyó que padecía una incapacidad del 30% tanto a la fecha del examen como a la del cese (v. fs. 123).
III.17. Informe de Junta Médica realizada en la sede de la Dirección de Reconocimiento Médicos conformada por los profesionales Belinzona, González, Godoy, Alonso, Alberti, Bongiorno, Mengarelli, Postiglioni, Brau, con la auditoría de la doctora Salpeter, del 7 de junio de 2000 donde se concluyó que padecía una incapacidad del 44% a la fecha del examen cuya fecha probable de producción se estableció en el año 2000 (v. fs. 146).
III.18. Copia de la resolución 95/97 (v. fs. 10 de estas actuaciones).
III.19. Pericia médica en la que se determina a la fecha de su realización (mayo de 2003) una incapacidad del 40% (v. fs. 139/142).
IV.1. Tal como han quedado expuestas las postulaciones de ambas partes, la cuestión a dirimir consiste en determinar si le asiste al señor Chiabaut Morales derecho a obtener la jubilación por invalidez peticionada y en su caso la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios.
La actora plantea la ilegitimidad de la actuación del órgano previsional al rechazar el beneficio pues señala que al resolver se atuvo a los porcentajes de incapacidad valorados por la Junta Médica Integrada dependiente precisamente del propio IPS, sin ponderar las conclusiones de la Junta de Reconocimientos Médicos de la Provincia ni los resultados arrojados en otros exámenes médicos que le fueron practicados en el ámbito de distintos establecimientos oficiales y puestos a consideración de las autoridades de aquella entidad en el curso del trámite jubilatorio.
Por su parte, la demandada centra su defensa en que la Junta Médica Integrada es el único organismo competente para dictaminar sobre la existencia y grado de incapacidad de los afiliados del IPS y que con relación al actor, el mentado cuerpo médico había determinado que el porcentaje de invalidez era inferior al requerido por la norma correspondiente a los fines de acordar el beneficio previsional.
IV.2. Corresponde en primer lugar, determinar la ley aplicable a la presente controversia.
Atento la fecha del cese, acaecido el 4 de noviembre de 1997, no existen dudas acerca de que la norma de aplicación es el decreto ley 9.650/80 (t.o. dec. 600/94), que determina en lo que a este caso interesa, que tendrán derecho a la jubilación por invalidez cualquiera sea su edad y antigüedad en el servicio, los afiliados que se incapaciten física o psíquicamente en forma total para el desempeño de cualquier actividad compatible con sus aptitudes laborales, siempre que la incapacidad se hubiere producido durante la relación de empleo (art. 29).
Asimismo precisa que se considera total la invalidez que produce una disminución de por lo menos el 66% de la capacidad laborativa.
El art. 31 determina que la reglamentación establecerá el organismo que apreciará la invalidez y el procedimiento para determinarla, que asegure uniformidad de criterios estimativos y las garantías necesarias en salvaguarda de los derechos de los afiliados.
Por su parte el art. 28 del decreto 476/81, reglamentario del decreto ley 9.650/80 (t.o. dec. 45/91), dispone que compete al Instituto de Previsión Social como órgano de aplicación del régimen de prestaciones previsionales, apreciar la invalidez en los supuestos previstos por la ley, para lo que deberá reglamentar la constitución de las Juntas Médicas y su realización, garantizando la uniformidad de criterios y el debido fundamento de cada dictamen, facultándolo a implementar un Registro de Profesionales Médicos y a requerir la colaboración de la Dirección de Reconocimientos Médicos.
Mediante resolución 95/97 del IPS, se resolvió legitimar la intervención de profesionales médicos designados por el Instituto de Previsión Social para la realización de Juntas Médicas integradas con los profesionales de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia, tendientes a evaluar las incapacidades de los agentes afiliados al Instituto, a fin de obtener el beneficio jubilatorio por invalidez, conforme el art. 31 antes destacado y que en adelante, el IPS no daría curso a los trámites jubilatorios por invalidez cuando no se acompañara el dictamen de la Junta Médica.
Posteriormente, el IPS mediante resolución 5/99 de fecha 6 de mayo de 1999, derogó esta resolución y organizó la intervención de las Juntas Médicas, estableciendo la participación de la Junta Médica integrada por profesionales de la Dirección de Reconocimientos Médicos y del IPS para los supuestos de los agentes en actividad a los que se les hubiera dictaminado un grado de invalidez igual o superior al 66,66% por parte de la Dirección de Reconocimientos Médicos y la Junta Médica Centralizada del organismo previsional les hubiere otorgado un porcentaje menor, sirviendo de tal modo de instancia definitiva.
IV.3. Procede ahora analizar si al señor Chiabaut Morales le asiste derecho a percibir la jubilación por invalidez y consecuentemente si el IPS actuó conforme a derecho.
IV.3.a. Surge de las constancias de autos, que luego del cese decretado por la Suprema Corte de Justicia el 4 de noviembre de 1997 (a raíz de lo dictaminado por la Dirección de Reconocimientos Médicos que determinó una incapacidad del 77%), se le realizó al actor la primera Junta Médica Integrada en el ámbito del IPS el 7 de abril de 1998, donde se concluyó que padecía de una incapacidad del 30% (v. fs. 23, expte. adm.).
Luego de la ratificación de ese dictamen el 20 de agosto de 1998 (v. fs. 39), se realizó una nueva Junta Médica, el 14 de diciembre de 1998 donde también se dictaminó que Chiabaut Morales padecía una incapacidad del 30% tanto a la fecha del examen como a la del cese (v. fs. 87).
Es de destacar que en las dos Juntas Médicas Integradas así como en la oportunidad en la que se ratificara el dictamen, los profesionales que examinaron al actor tuvieron en consideración -según lo expresamente informado- los estudios médicos aportados por el interesado y aún así arribaron a la conclusión de que la incapacidad padecida no alcanzaba el 66% fijado por la norma para el otorgamiento del beneficio solicitado.
Posteriormente el IPS dictó la resolución n° 425049 el 11 de marzo de 1999 por la que el órgano previsional rechazó el otorgamiento de la jubilación peticio
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