Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 57228
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 57.228, "Venturino y Personal La Plata S.A. contra Municipalidad de Ensenada. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
I. La empresa Venturino y Personal La Plata S.A., por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Ensenada y solicita se declare la nulidad de los decretos 436/95 y 13/96 dictados por el Intendente con fecha 18 de agosto de 1995 y 19 de enero de 1996, respectivamente.
Por el primero de los actos impugnados, la comuna aplicó a la empresa actora una multa de un millón quinientos siete mil doscientos setenta y seis pesos ($1.507.276), por la falta de prestación del servicio durante los días que allí se indican, en el marco del contrato de prestación de servicios públicos de recolección, transporte y descarga de residuos domiciliarios, poda familiar y residuos no convencionales, animales muertos en la vía pública o predios municipales y el servicio de contenedores. Posteriormente, a través del decreto 13/96 se desestimó el recurso de revocatoria interpuesto por la interesada contra el anterior.
Pide que, con carácter precautorio, se ordene la suspensión de la ejecutoriedad de los aludidos decretos.
Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita el beneficio de litigar sin gastos.
II. A fs. 85 el Tribunal desestimó la medida cautelar solicitada por no encontrarse suficientemente acreditado en autos el carácter irreparable de los perjuicios que a la actora le ocasionaría la ejecución de las decisiones que impugna y no poder inferirse sin más que aquellos serían tales por la magnitud de la multa impuesta.
III. A fs. 87 se presenta, en representación de la empresa actora, el síndico concursal designado en los autos "Venturino y Personal La Plata S.A. s/ Quiebra" de trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 11 del Departamento Judicial de La Plata.
IV. Corrido el traslado de ley se presenta a través de su apoderada la Municipalidad de Ensenada, contesta la demanda e, invocando la legitimidad de la actuación de la Administración comunal, solicita el rechazo de la acción, con costas.
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
V. En respuesta al traslado conferido a fs. 67, la parte actora manifiesta que la autenticidad de las firmas plasmadas en las órdenes de servicio constituye una cuestión que debe ser objeto de prueba en autos. Entiende que resulta indiferente que la cuestión hubiera sido planteada o no en la instancia administrativa (v. fs. 68).
VI. Agregados los cuadernos de prueba (v. fs. 94/472 -actora- y 473/585 -demandada-), glosados los alegatos presentados por las partes (v. fs. 492/497 -actora- y 498/500 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Relata la actora que resultó adjudicataria de la concesión otorgada por la Municipalidad de Ensenada con quien celebró un contrato para la prestación de los servicios de recolección, transporte, descarga de residuos domiciliarios, poda familiar y residuos no convencionales, animales muertos en la vía pública o predios municipales y el servicio de contenedores en distintos lugares del partido de Ensenada.
Asevera que durante el plazo acordado prestó los servicios convenidos a total satisfacción de la comuna quien, por su parte, incumplió -según dice- deliberada y reiteradamente, sus obligaciones de pago, provocando serios y graves perjuicios a la empresa.
Señala que con motivo de los incumplimientos en que incurriera el municipio (que se mantuvieron hasta la expiración del contrato), se vio acosada por la ex Dirección General Impositiva -DGI- (actual Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-), como así también por los sindicatos que agrupan a sus trabajadores bajo el régimen de relación de dependencia.
Además, expresa que dichos incumplimientos provocaron idénticos comportamientos de la empresa con entidades bancarias que le habían otorgado créditos.
Pone de resalto que la comuna demandada, por decreto 462 de fecha 11 de agosto de 1993, dictado en el expediente 4033-16038/93, reconoció una deuda a su favor, vencida a la fecha del aludido acto, de $1.581.765,58 cuya ejecución, según indica, tramitó por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 del Departamento Judicial de La Plata.
Manifiesta que luego de obtener sentencia condenatoria en el aludido juicio ejecutivo y que esta resultara firme, la comuna, con el manifiesto interés de reducir cuantitativamente esa obligación y a través del decreto 436/95 -cuya ilegitimidad solicita se declare-, aplicó una multa por $1.507.276 por supuestos e inexistentes incumplimientos en el servicio los días 9 de agosto de 1993; 12, 13, 14 y 15 de septiembre de 1994; 11, 12, 13 y 14 de octubre de 1994 y 7 y 8 de abril de 1995.
Señala que contra esta decisión interpuso recurso de revocatoria que fue desestimado a través del decreto 13/96.
Considera que el aludido acto sancionatorio es nulo, de nulidad absoluta, por contener vicios -que describe- y vulnerar su derecho de defensa.
Precisa que el decreto 436/95 carece de causa en tanto se aplicó una multa por faltas inexistentes y con el solo objeto de reducir la deuda que la comuna tenía con su representada, tal como se señala en los parágrafos anteriores.
Además alega que se le aplicó una sanción por un supuesto incumplimiento en la prestación de un servicio que no fue objeto de contrato. Agrega que en el acto impugnado se cita el art. 23 inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones que refiere a los residuos procedentes del barrido, pese a que del art. 1 del contrato celebrado -que se acompaña a estos autos- surge que aquel servicio no se encuentra comprendido en el acuerdo, sino que quedó a cargo de la propia comuna de Ensenada.
Plantea que se ha vulnerado su derecho de defensa, aduce que las actuaciones administrativas -que expresamente detalla a fs. 53- tramitaron sin su participación. Y añade que no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 16 del Pliego de Bases y Condiciones. Además señala que el municipio, en el afán de legitimar su actuar contrario a la ley, anotó en un mismo día varios incumplimientos sobre hechos que contaban con una antigüedad de dos años y colocó una firma que atribuyó a un representante de la empresa que, aclara, no se corresponde con la de ninguno de los autorizados para ello.
Resalta que, tal como surge del art. 23 del Pliego de Bases y Condiciones, las infracciones deben notificarse al contratista, habilitando a éste a presentar su descargo dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación y estableciéndose que la multa será deducida de las facturas que el contratista presente al cobro.
Indica que la comuna no dedujo en tiempo y forma observaciones a las liquidaciones ni las desaprobó, sino que las consintió y que, recién después de dos años "...inventó infracciones y multa a la empresa actora..." (fs. 53 vta. y 54).
Alega que la generalidad de las imputaciones que le formulan, su falta de precisión, así como la inexistencia de causa concreta que hubiera podido provocar la sanción millonaria que se le pretende aplicar, le han impedido ejercer válidamente su derecho de defensa.
Plantea también, el vicio en la finalidad. Dice que el presente constituye un típico caso de desviación de poder debido a que bajo la apariencia de una sanción impuesta por incumplimientos contractuales sólo procura disminuir la deuda que la Municipalidad de Ensenada mantiene con la empresa actora, tal como fuera relatado.
En otro orden, cuestiona el monto al que asciende la multa por considerarla irrazonable en atención a que para alcanzar la suma impuesta como multa (conf. art. 23 inc. 13, Pliego de Bases y Condiciones) la empresa tendría que haber dejado de prestar el servicio durante ciento cincuenta días y fracción, lo que resulta inimaginable y hubiera provocado la rescisión contractual.
Refiere que la falta de cumplimiento de la recolección se produjo en pocas oportunidades y por no más de dos días, precisamente por los paros dispuestos por el personal recolector de residuos ante la falta de pago por parte del municipio de las facturaciones correspondientes y que provocara la iniciación, por parte de la empresa, del juicio al municipio.
Con relación al decreto 13/96 que remite al dictamen de la Dirección de Asuntos Legales de la comuna, niega que la orden de servicio 1.609 a la que aquel alude haya sido notificada a la empresa. Al respecto agrega que las numerosas infracciones sancionadas por la multa impuesta a través del decreto 436/95 no pudieron ser notificadas a través de una sola orden de servicio. Dice que ello confirma la desviación de poder que denuncia.
Por último, plantea la prescripción. Aduce que opera al año de cometida la supuesta infracción, por lo que el decreto 436/95 dictado el día 18 de agosto de 1995, solo podría haber sancionado supuestas faltas que se hubieran cometido con posterioridad al día 18 de agosto de 1994.
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de Ensenada, luego de realizar una minuciosa negativa de los hechos y circunstancias relatados por la actora, manifiesta que, en el marco jurídico que regía el contrato celebrado entre la empresa demandante y la comuna, y ante el incumplimiento de la contratista de recoger los residuos y productos del barrido, se aplicó el régimen de penalidades contemplado en el art. 23 inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones (y no por el barrido como alega la actora).
Aclara que debió haberse sumado a dicha multa lo establecido en el inc. 12 en atención a que la empresa también había incumplido el servicio II, esto es, recolección, transporte y descarga de residuos no convencionales y animales muertos de la vía pública y predios municipales, encuadrado en el art. 4 inc. "b" del Pliego de Bases y Condiciones.
Agrega que ello impone descartar la falta de razonabilidad de la sanción de la que se agravia la actora.
Rechaza que los actos cuestionados presenten vicios en sus elementos esenciales. Asevera que la legalidad de las sanciones surge del procedimiento actuado de conformidad con lo dispuesto en el contrato y el pliego de bases y condiciones.
Niega que la Administración comunal haya incurrido en desviación de poder, pues señala que el incumplimiento se encuentra efectivamente comprobado y, de acuerdo al procedimiento reglado en la materia, se sancionó a la empresa en aplicación de lo dispuesto en el art. 23 del Pliego de Bases y Condiciones.
Dice que resulta manifiesta la carencia de elementos probatorios que desvirtúen la legalidad del acto y sustenten la posición de la parte actora. De tal modo, afirma que solo efectúa juicios de valor apuntando a una mera discrepancia con la decisión adoptada por la comuna.
Con relación a la notificación de las órdenes de servicio aduce que aun cuando las firmas no tuvieran valor legal, igual se encontrarían debidamente notificadas pues, el art. 16 del Pliego de Bases y Condiciones establece que la contratista se notificará los días martes y jueves de cada semana de las infracciones y/o irregularidades detectadas por la Municipalidad en el Libro de Inspecciones .
Sin perjuicio de ello, asevera que de las constancias del expediente 4033-4747/88 alcance 119/93 surge que la orden de servicio 1.609 fue fehacientemente notificada. En este sentido, señala que el contador Hugo Marquez en su carácter de apoderado de la empresa actora se presentó a fin de comunicar al Secretario de Obras y Servicios Públicos que "...el 10 de agosto de 1993 [...] no se pudo realizar el servicio por cuanto el personal adoptó una medida de fuerza". Dice que con ello no solo reconoció el incumplimiento sino también la orden de servicio mencionada.
Plantea que la actora no cuestionó las firmas insertas en las órdenes de servicio durante el procedimiento administrativo, por lo que sostiene que no puede esgrimirlo en esta instancia judicial.
En otro orden alega la improcedencia de la exceptio non adimpleti contractus a los contratos administrativos . Aduce que el incumplimiento de la comuna no autorizó a la contratista a hacer lo propio.
Rechaza la aplicación en la especie del plazo de prescripción anual y postula el decenal.
Por último, dice que el decreto 13/96 y el dictamen en que se basa, contemplan todas las situaciones traídas por la recurrente. Manifiesta que el decreto 436/95 se dicta en virtud de la facultad de control que le asiste al municipio, y en atención al interés público afectado con el incumplimiento verificado y que está obligado a tutelar.
III. De la prueba producida en autos resultan acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Pliego de Bases y Condiciones correspondiente al contrato sobre el que versa la pretensión de autos (v. fs. 1/34).
III.2. Contrato de prestación de servicios públicos celebrado entre las partes el día 26 de noviembre de 1992 (v. fs. 35/37).
III.3. Carta documento de fecha 24 de mayo de 1996 remitida por la Municipalidad de Ensenada a la empresa Venturino y Personal La Plata S.A. intimándola al pago de la multa aplicada por el decreto municipal 436/95 y confirmada por su similar 13/96 (v. fs. 82).
III.4. Declaración testimonial del señor Hugo Alfredo Marquez quien reconoce la firma inserta a fs. 1 del expediente administrativo 4033-14393/93 alcance 24/93 y fs. 1 del expediente administrativo 4033-4747/88 alcance 119/93 (v. fs. 118/119).
III.5. Declaración testimonial de los señores Ricardo Jorge Manzi y Héctor Augusto Sanz (v. fs. 128 y 131).
III.6. Fotocopias certificadas -agregadas sin acumular- de la causa "Venturino y Personal de La Plata S.A. c/ Municipalidad de Ensenada s/ Prepara vía ejecutiva" -dos cuerpos- (v. fs. 144) en la que por resolución de fecha 30 de agosto de 1994 se dictó sentencia concediendo a la demandada "...el plazo de 30 días para el cumplimiento de la obligación instrumentada en el decreto 462/92".
III.7. Fotocopias certificadas -agregadas sin acumular- de la causa "Venturino y Personal de la Plata S.A. c/ Municipalidad de Ensenada s/ cobro ejecutivo" -dos cuerpos- (v. fs. 144) en la que el día 8 de mayo de 1995 se dictó sentencia de trance y remate, "...ordenándose seguir la ejecución adelante y condenando a la ejecutada al pago de la suma de un millón quinientos ochenta y un mil setecientos sesenta y cinco con 58/100, con más los intereses moratorios y punitorios que cobra en sus operaciones normales el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la mora (11-8-1993) hasta su efectivo pago".
III.8. Copia de órdenes de servicio expedidas por la Inspección del Servicio de Recolección de Residuos y Barrido (v. fs. 255/296).
III.9. Ordenanza 3.105/04 a través de la cual el Concejo Deliberante de Ensenada autorizó al Departamento Ejecutivo a suscribir el convenio sobre el crédito que se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 9 del Departamento Judicial de La Plata en los autos caratulados "Venturino y Personal La Plata S.A. s/ quiebra c/ Municipalidad de Ensenada s/ prepara vía ejecutiva" (expediente 124.379). A su vez dispuso que "...el Departamento Ejecutivo municipal deberá[debía] realizar las previsiones presupuestarias pertinentes en los distintos ejercicios económicos municipales, de manera de incluir las partidas necesarias para atender las obligaciones asumidas en el presente convenio" (fs. 320/321).
III.10. Certificado de cancelación de deuda municipal -ley 11.756- y requerimiento de pago de deuda consolidada (v. fs. 330/331).
III.11. A fs. 355 el perito contador designado en autos manifiesta que "...pude[pudo] obtener de parte del área legal del municipio documentación que acredita que las cuentas efectivamente han sido canceladas mediante un convenio de pago que incluso contó con la aprobación mediante ordenanza 3105/04 del Honorable Concejo Deliberante...".
III.12. Informe pericial contable (v. fs. 382/390, 401/406, 424/445 y 458/460).
III.13. Expediente administrativo 4033-4747/88 alcance 119/93 s/ medidas de fuerza tomada por empleados de Venturino y Personal La Plata S.A.
III.13.a. Mediante nota de fecha 11 de agosto de 1993 y con motivo de la orden de servicio 1.609, la empresa actora comunicó a la Municipalidad de Ensenada que el día 10 de agosto de 1993 "...no se realizó el servicio por cuanto el personal adoptó medidas de fuerza, circunstancia que se comunicó al Sr. Intendente Municipal mediante nota recibida en la Secretaría Privada". No obstante, aclaró que "el servicio se ha regularizado a la fecha" y que "...el día 10/08 se efectuó un diagrama de emergencia, reforzando los servicios habituales para subsanar los inconvenientes planteados" (fs. 1).
III.13.b. Con fecha 19 de noviembre de 1993 la Dirección de Asuntos Legales "...considera[consideró] que con la orden de servicio nro. 1609 [...] la Inspección ha constatado un incumplimiento de la contratista que da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en los incisos 10, 12 y 13 del artículo 23 del Pliego de Bases y Condiciones de aplicación por remisión expresa del art. 9 del contrato vigente". Precisó que para la determinación del monto de la multa a aplicar corresponde la intervención de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos a los fines de precisar el número de cuadras alcanzadas por el incumplimiento de marras. Una vez precisado tal detalle, corresponderá la notificación de la resolución sancionatoria a la firma contratista, con cuyos resultados se practicará por Contaduría el descuento de la factura de autos (v. fs. 44).
III.13.c. Con fecha 21 de julio de 1995 la Contaduría municipal, conforme lo indicado a fs. 46, practicó la liquidación de las multas por incumplimiento del servicio a cargo de la empresa actora los días 9 de agosto de 1993; 12, 13, 14 y 15 de septiembre de 1994; 11, 12, 13 y 14 de octubre de 1994 y 7 y 8 de abril de 1995 (v. fs. 47).
III.14. Expediente administrativo 4033-14393/93 alcance 24/93 que se originó con la presentación para el pago de la factura correspondiente al servicio de recolección de residuos convencionales y no convencionales, retiro de animales muertos en la vía pública, retiro y colocación de contenedores en el partido de Ensenada entre los días 1 y 15 de agosto de 1993.
III.14.a. Factura de fecha 17 de agosto de 1993 expedida por Venturino y Personal La Plata S.A. a la Municipalidad de Ensenada (v. fs. 2).
III.14.b. A fs. 3 la Dirección de Servicios Generales manifiesta que la factura antes aludida "...no se ajusta en sus términos atento que el día 9/8 no se cumplió con los servicios contratados tal como lo expresa la Orden de Servicio nro. 9 F° 1609 cuya fotocopia se adjunta". Seguidamente, indica que "el servicio fue rápidamente restablecido".
III.14.c. La orden de servicio 1.609 de fecha 10 de agosto de 1993 da cuenta del "incumplimiento en su totalidad de los servicios que debían prestarse el día 9/8/93" (fs. 4).
III.15. Expediente administrativo 4033-19473/94.
III.15.a. El Encargado de Inspección de Recolección de Residuos y Barrido comunica al Director General de Obras y Servicios Públicos que en razón del conflicto suscitado entre la empresa Venturino y Personal La Plata S.A. y el Sindicato de Choferes, este último decretó trabajo a reglamento el día 12 de septiembre de 1994, por lo que no se ha cumplido con la recolección de residuos en las zonas que detalla (v. fs. 1).
III.15.b. La Dirección de Asuntos Legales aconseja la aplicación de las penalidades previstas en los arts. 9 y 10 del contrato celebrado entre las partes, y los art
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