Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62134
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe acepta la excusación formulada por el señor Juez doctor Genoud (art. 30, CPCC) y se rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados apoderados de la parte actora doctor Alberto Lugones en la suma de setenta y cinco mil pesos -$75.000- y doctora Lilia Bielsa en la suma de quince mil pesos -$15.000- (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.134, "Camarata, Sergio Rubén y otros contra Ministerio de Justicia y Seguridad.DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Carral.
Los actores, por apoderado, promueven acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) a fin de que se dejen sin efecto los actos que desestimaron sus solicitudes de reajuste de sus haberes con la incorporación en los sueldos básicos de los suplementos establecidos en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97.
Solicitan que se condene a la demandada al pago de las diferencias devengadas que resulten del cálculo del nuevo sueldo básico, desde la vigencia de los mencionados decretos hasta la fecha de efectivo pago, más intereses y costas.
Manifiestan que si las bonificaciones se integraran al haber de la manera pretendida se produciría un efecto cascada sobre los demás suplementos generales y particulares. Alegan que al no incorporarse de ese modo se ha vulnerado el principio de intangibilidad del salario y solicitan, en consecuencia, que se declare la inconstitucionalidad de las normas citadas por ser violatorias de los arts. 5, 14, 14 bis, 17, 31 y concordantes de la Constitución nacional.
Citan jurisprudencia y plantean el caso federal.
Tras conferirse el traslado de la demanda, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado y contesta solicitando el rechazo de las pretensiones.
En primer lugar, indica que demandan en forma simultánea un número elevado de efectivos policiales y el escrito carece de precisiones sobre la situación de revista de cada uno (v. fs. 127).
Por otro lado, destaca que la acción fue iniciada en noviembre del año 2000, esto es, diez años antes de darse su traslado. Ante tal circunstancia, plantea que se tenga en cuenta la incidencia sobre la pretensión dado que muchos de los demandantes que al momento de iniciar el proceso pertenecían al personal activo, podrían haber pasado al pasivo. En ese escenario, el alcance de la pretensión variará según la situación de revista de cada agente o exagente.
Luego, expone la diferencia conceptual entre remuneración y salario y respecto del objeto de la demanda, la incorporación de los suplementos al haber básico para producir el "efecto cascada" sobre otros conceptos. Señala el obrar legítimo de la Administración y solicita el rechazo de lo peticionado en tanto las normas cuestionadas dispusieron expresamente que las bonificaciones no integraban el salario básico, ya sea por no ser remunerativas o bonificables. Menciona la normativa que así lo disponen (arts. 1, dec. 366/91; 1, dec. 1.235/92; 2, dec. 2.074/92; 1 y 2, dec. 3.483/92; 1, dec. 518/93 y 2, dec. 35/97).
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal que considera aplicables al caso.
Además, expresa que corresponde hacer unas aclaraciones en cuanto a la vigencia temporal de los decretos enumerados. Así, señala que el decreto 35/97 provocó una reestructuración en la materia remunerativa policial, estableciendo a partir del 1 de enero de 1997 una bonificación remunerativa no bonificable para el personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad y paralelamente excluyó y dejó sin efecto los decretos 366/91, 518/93, 1.235/92 y 3.483/92.
En consecuencia, entiende que, sin perjuicio de la improcedencia sustancial de la pretensión, deviene inadmisible el planteo de la parte actora según el cual debe abonársele, sin discriminación y acumuladamente, las bonificaciones establecidas en el decreto 35 y los decretos 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93, en tanto los últimos tuvieron vigencia hasta el 1 de enero de 1997, fecha a la que debe reducirse la pretensión a su respecto.
Agrega que el cambio de remuneración que importó el decreto 35/97 a partir del 1 de enero de 1997 no aparejó una reducción remunerativa dado que aquellas bonificaciones fueron dejadas sin efecto al ser incorporadas a esta última.
Respecto del decreto 2.074/92 destaca la acotada vigencia de la bonificación no remunerativa allí establecida (1 de mayo de 1992 a noviembre del mismo año), circunstancia que, a su entender, determina el límite temporal del reclamo de la parte actora.
Eventualmente opone, en subsidio, excepción de prescripción del reclamo de los actores, dada la imprecisión en la descripción de la situación personal de cada uno. Así solicita que, por un lado, para quienes reclaman sobre sus haberes en actividad se aplique la prescripción quinquenal de las obligaciones por diferencias salariales (art. 4.027, Cód. Civ.), en tanto el pago de ellas se devenga mensualmente y para aquellos que solicitan los ajustes de los haberes en pasividad, la prescripción de dos años prevista en la legislación previsional (art. 62, ley 13.236) computando como fecha la de cada reclamo presentado ante la Caja.
Menciona fallos de este Tribunal a favor de su postura y plantea el caso federal.
La parte actora contestó el traslado sobre la excepción de prescripción opuesta (v. fs. 151).
Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora y los alegatos de ambas partes (v. fs. 246/248) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde aceptar la excusación del doctor Genoud?
2ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En autos, el señor Juez doctor Genoud se excusó de intervenir con fundamento en graves motivos de decoro y delicadez, por lo que corresponde admitir su apartamiento (art. 30, CPCC).
En consecuencia, a la primera cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Carral, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los actores pretenden la incorporación a sus haberes básicos de las sumas establecidas en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97 como remunerativas y bonificables, más intereses (v. fs. 39, demanda).
La cuestión a resolver se circunscribe a determinar si corresponde incorporar a la base del cálculo del haber de los demandantes las sumas de las bonificaciones reclamadas y, en consecuencia, reconocer el pago de las diferencias devengadas.
II. El decreto 35/97 estableció a partir del 1 de enero de 1997 para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario bonaerense una bonificación remunerativa no bonificable, lo mismo para los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía y del Instituto de Previsión Social (Servicio Penitenciario y Seguridad), excluyendo y derogando expresamente las bonificaciones dispuestas en los decretos reclamados (decs. 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93). Así lo dispuso el señor Gobernador, luego de considerar que era necesario instrumentar correcciones a las escalas salariales respectivas, convirtiendo las bonificaciones no remunerativas no bonificables, en remunerativas no bonificables, sin alterar el sueldo de bolsillo del personal respectivo.
Surge con claridad del texto de la norma el carácter de la bonificación y que no fue creada para ser incorporada al haber básico (en actividad o pasividad) como peticiona la parte actora, por lo que corresponde el rechazo de dicha pretensión.
De igual modo debe desestimarse el pedido de integrar al concepto "sueldo básico" la asignación especial no remunerativa dispuesta por decreto 2.074/92 para determinado tipo de personal en actividad de la Administración General de la Provincia y abonada desde el 1 de mayo de 1992 a noviembre, inclusive, del mismo año. Ello así, en tanto su norma, del mismo modo que la anteriormente citada, excluyó tal posibilidad.
Dicho tema fue materia de debate y decisión en las causas A. 69.464, "Naranjo", sentencia de 5-VIII-2010; A. 69.710, "Soto", sentencia de 21-IV-2010; A. 71.356, "Abramo", sentencia de 10-IX-2014; A. 71.334, "Gambaleri", sentencia de 29-X-2014; A. 73.322, "Corbalán" y A. 73.262, "Martínez", resoluciones de 28-VI-2017; entre otras, por ello me remito a los fundamentos y conclusiones brindados en los citados precedentes que doy por reproducidos, por razones de brevedad. En consecuencia, se rechaza la demanda.
III. Lo mismo cabe decir de los decretos 1.014/97 y 1.015/97 en cuanto a su incorporación al sueldo básico de los accionantes.
En cuanto al decreto 1.014/97 resulta oportuno señalar que las jerarquías denunciadas por los demandantes en el escrito de inicio, tanto en actividad como en pasividad, no se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha norma, ni de su prórroga y transformación mediante el decreto 1.650/04. Este último mantuvo como categorías alcanzadas por la bonificación, para el Agrupamiento Comando, las de comisario general, comisario mayor, comisario inspector, comisario y subcomisario (art. 1, dec.). Tal circunstancia impide en el caso la aplicación de la doctrina elaborada por este Tribunal en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010.
En lo que respecta a la suma fija dispuesta por el decreto 1.015/97 como compensación de gastos para el escalafón Servicios de la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario, teniendo en consideración que el tema fue materia de debate y decisión en las causas B. 60.714, "Giralt", sentencia de 9-XI-2005; B. 61.514, "Cornejo", sentencia de 12-IV-2006; B. 62.212, "Lutz", sentencia de 29-IX-2011; A. 69.834, "Crisconio", sentencia de 9-X-2013; A. 71.359, "Cadenas", sentencia de 23-XII-2014; A. 70.822, "Bigi", sentencia de 25-II-2015 y A. 69.840, "Córdova", sentencia de 22-XII-2015, me remito a los fundamentos y conclusiones allí brindados.
IV. Por las razones expuestas, se rechaza la demanda, voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.001-).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Carral, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se acepta la excusación formulada por el señor Juez doctor Genoud (art. 30, CPCC) y se rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados apoderados de la parte actora doctor Alberto Lugones en la suma de setenta y cinco mil pesos -$75.000- y doctora Lilia Bielsa en la suma de quince mil pesos -$15.000- (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:41:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 19:33:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/03/2023 10:09:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2023 10:33:14 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2023 08:48:33 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS DE SUPREMA CORTE el 07/03/2023 08:50:00 hs. bajo el número RH-8-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia