Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77862
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.862, "L., M. y L., I. contra IOMA sobre Amparo. Pretensión declarativa de certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación incoado por la parte actora, acogiendo la acción de amparo contra el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y revocando el pronunciamiento de primera instancia con costas de ambas instancias a la demandada vencida.
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que al recurso interesa los antecedentes del caso son los siguientes:
I.1. La señora M. Y. L. e I. L., por derecho propio y en nombre y representación de su hijo menor V.L., con fecha 24 de febrero de 2021 interpusieron acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a fin de que le proporcione la cobertura integral de escolaridad común en la institución educativa privada "Ayres del Cerro" sita en la ciudad de Tandil. Asimismo, solicitaron medida cautelar ante la urgencia del caso, la cual se dictara con fecha 25 de febrero de 2021 (v. fs. 71/74).
I.2. El titular del Jugado de Garantías n° 1 con sede en Tandil -Departamento Judicial de Azul- mediante sentencia de 30 de junio de 2021 rechazó la acción de amparo interpuesta resolviendo que una vez firme dicho fallo, cese la cautelar otorgada. Asimismo impuso las costas a la actora en su calidad de vencida (art. 19, ley 13.928, según ley 14.192).
Para ello, tuvo en cuenta la contestación al oficio a la Dirección General de Cultura y Educación que fuera ordenada como medida para mejor proveer en donde se informó que: 1) Según el capítulo II, Niveles del Sistema Educativo, art. 24 de la ley 13.688, el Nivel de Educación Inicial está organizado como unidad pedagógica y constituido por jardines maternales, para niños desde los cuarenta y cinco días a los dos años de edad inclusive; y jardines de infantes, para niños de tres a cinco años de edad y 2) Las escuelas públicas en la ciudad de Tandil que poseen instalaciones acordes para recibir y brindar un adecuado servicio a un niño nacido el 15-VI-2018, con la patología de displasia diastrófica, desde el nivel inicial son los jardines 917, 918, 923 y 925 (v. expte. 2021-1154872-GDEBA-SDCADDGCYE).
El magistrado expuso que, más allá de la reprochable demora en dar respuesta a los planteos efectuados por los afiliados y que motivaran la presente acción, no existió un obrar ilegítimo o arbitrario por parte del IOMA, en tanto la cobertura del servicio de escolaridad común excede la competencia de la mencionada entidad, resaltando asimismo que, el primer nivel del sistema educativo, es decir la sala de tres años, no es obligatorio conforme la normativa de la DGCE. Ponderó además que, de acuerdo al informe de la Administración, en la ciudad de Tandil existen escuelas públicas aptas para la concurrencia del niño diagnosticado con la señalada enfermedad, cumplimentándose de este modo la obligación del Estado de garantizar su educación.
Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación (v. fs. 313/317) al que prestara adhesión el Asesor de Incapaces n° 3 (v. fs. 324/327) y cuya contestación obra a fs. 336/337.
I.3. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar al recurso planteado, revocando la sentencia de primera instancia, y, en consecuencia, hizo lugar a la acción de amparo ordenando al IOMA que brinde cobertura integral de los costos de escolarización común del menor en la institución "Colegio Ayres del Cerro" de la ciudad de Tandil conforme se solicitara en la demanda (educación inicial). Impuso las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 27, CPCC; 19, 25 y concs., ley 13.928, texto según ley 14.192) y reguló honorarios a los letrados de la parte actora.
I.3.a. Para así decidir, en lo que aquí interesa, tuvo por no controvertido el hecho de la afiliación al IOMA del menor y el que este se hallaba afectado por una discapacidad según surge del certificado expedido por el Ministerio de Salud provincial en el cual consta que el niño posee un diagnóstico de "...anormalidades de la marcha y la movilidad; Enanismo no clasificado en otra parte; Displasia Distrófica; Mano o pie en garra o en talipes, pie equinovaro o zambo adquiridos; Hipopituitarismo; Escoliosis..." e indicando una orientación prestacional de "...estimulación temprana - prestaciones de rehabilitación - prestaciones educativas..." (según certificado ley 22.431 obrante a fs. 49).
Por otra parte ponderó la nota agregada en copia a fs. 58/59 la cual da cuenta de que ya en el mes de enero de 2021 la señora L. solicitó a IOMA la cobertura integral del costo de concurrencia de su hijo V.L. en el establecimiento educativo "Ayres del Cerro" de la ciudad de Tandil, lo cual, entendió, no fue negado puntualmente por la demandada. Tuvo en cuenta que en dicha oportunidad la amparista dio una detallada explicación sobre la situación de discapacidad sufrida por el niño, los específicos requerimientos que tal afección impondrían, las características de las instalaciones del colegio y la propuesta educativa del citado establecimiento, razones que, en comparación con otros de la misma ciudad relevados por la actora mediante visitas y entrevistas con los directivos, lo tornarían como el único colegio adecuado para una correcta integración y mitigación del padecimiento de su hijo.
Evaluó además el informe elaborado por la institución "Colegio Ayres del Cerro", que acompañara la actora, en el que, entre otros aspectos (v.gr. propuesta pedagógica, objetivos institucionales generales para el nivel inicial, costos de matrícula y cuota mensual), se indicaba que en el establecimiento se brindaría "educación mixta, personalizada e individualizada" a través de un esquema de organización que permitiría "...trabajar atendiendo la diversidad [...] con un Equipo de Orientación Escolar conformado por profesionales en psicopedagogía y psicología, quienes trabajan en forma colaborativa con todo el equipo docente...", que el equipo contaría con "...experiencia en el trabajo con la diversidad e inclusión, manteniendo comunicación permanente con familia y profesionales externos..." , y que el edificio estaría diseñado como espacio arquitectónico acorde a la propuesta pedagógica, contando -por ejemplo- con pasillos amplios que permiten la circulación, accesos con rampas y baños adaptados a personas con diferentes capacidades (v. fs. 206/209 y 212/214).
Advirtió que, de las piezas glosadas a fs. 69/70 surgía que el 5 de febrero de 2021 la señora L. reiteró su pedido a IOMA mediante una carta documento (entregada en destino el 8-II-2021), intimando al organismo a brindar la cobertura solicitada en un plazo de 72 horas, en atención al inminente inicio del ciclo lectivo y a la falta de respuesta a su anterior pedido el que fuera encauzado en el trámite n° 8-791-15009/21.
Consideró que el silencio guardado por la representación fiscal respecto de tales antecedentes y la ausencia de elementos que ensombrezcan la veracidad de aquellos, daban por cierto que a la fecha de promoción del amparo (v.gr. 24-II-2021; cfr. constancia de Receptoría a fs. 1) el instituto demandado aún no había brindado respuesta alguna a lo peticionado por la actora.
En especial, reparó en el informe incorporado al expediente administrativo 2021-05563276-GDEBA-DGIIOMA, acompañado por la Fiscalía de Estado, en el que, sin más precisiones, se indicó que "...se desprende del sistema SOL el registro del trámite N° 8-791-15009/21, referente a la prestación de escolaridad común..." y que dicho trámite habría "...ingresado recientemente al área [Departamento de Discapacidad y Rehabilitación de la Dirección de Programas Específicos] (en fecha 5/3/2021) y será auditado a la brevedad..." , adelantando el ente asistencial, no obstante, su negativa a brindar la prestación solicitada con sustento en que el "servicio de escolaridad común" excedería las competencias del IOMA asignadas por ley 6.982 (y su dec. reglamentario 7.881/84) y que el mismo sería brindado por el Estado a través de la Dirección General de Cultura y Educación.
Ponderó finalmente que de la constancia de consulta al sistema informático acompañada por IOMA a fs. 300 surge que el 23 de marzo de 2021 (día siguiente a la contestación de demanda de fs. 80/81) se habría "cargado" a modo de "nota" la indicación de que "...la cobertura de escolaridad que se otorga es la que se brinda en servicios educativos especiales..." .
I.3.b. Controvirtió la postura del juez de grado respecto de que la prestación solicitada excedería las competencias del IOMA. Para ello entendió que, tal como lo dispuso la misma Cámara en causas A-2768-MP0, "Verliac", sentencia de 8-IX-2011 y A-5290-MP0, "Guzmán", sentencia de 4-XII-2014, no puede admitirse que quien tiene a su cargo el cumplimiento de los fines del Estado provincial en materia médico asistencial deniegue "con tal liviandad", y bajo el pretexto de resultar extrañas a su ámbito de competencias, prestaciones tendientes a garantizar la educación de personas con discapacidad (arg. art. 1 y concs., ley 6.982).
A su entender la pretendida diferenciación conceptual entre "prestación médica" y "prestación de contenido educacional" carece de total asidero toda vez que, ya sea común o especial, la educación no constituye sino un proceso integral en el que -salvo los matices propios de una y otra vertiente- subyace un objetivo común, continuo y homogéneo, cual es el de desarrollar o perfeccionar las facultades -habilidades- intelectuales y morales de una persona, según sus distintas necesidades y capacidades (arg. arts. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 21, 39 y concs., Ley Provincial de Educación n° 13.688).
Aseveró que el sistema constitucional y legal de protección integral de las personas discapacitadas es amplio y generoso en cuanto a los estímulos y franquicias que instituye a fin de que sus destinatarios puedan -en la medida de lo posible- neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y cuenten con la oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas (doctr. CSJN Fallos: 333:777, por remisión al dictamen de la Procuración General; arg. art. 36 inc. 5, Const. prov.; art. 1 y concs., ley 10.592).
Señaló que, entonces, las distintas prestaciones contempladas en los aludidos ordenamientos -sean de índole educativa, asistencial o terapéutica- tienen como destinatario a la persona en cuanto convergen en ella para conjurar la incapacidad o enfermedad, con el propósito de abastecer su salud y su vida.
Entendió que, sin perjuicio de las particularidades que quepa analizar en cada caso, las patologías incapacitantes -sobre todo cuando de menores se trata- llevan de suyo la necesidad de brindar al beneficiario un tratamiento educacional acorde a su situación, correlato propio de su estado de salud, el que podría desvanecerse si no se lo garantiza apropiadamente. En tales condiciones, remarcó que los servicios educativos son prestaciones de salud que - a priori - no tendrían por qué quedar excluidas del ámbito de prestaciones a cargo de la entidad asistencial (arg. doctr. CSJN Fallos: 332:1394 -por remisión al dictamen de la Procuración General-; v. esta Cámara causas A-2768-MP0, "Verliac", cit.; A-2514-MP0, "Leo", sent. de 31-V-2012) en tanto medien fundadas razones que justifiquen su goce.
I.3.c. En cuanto al argumento de la Fiscalía sobre que no le corresponde a IOMA brindar prestaciones relacionadas con la "educación común" como la que aquí se reclama, expresó su disconformidad pues entendió que debía analizarse si, en el caso bajo examen, dicho ente ha incurrido en un obrar arbitrario o ilegítimo con respecto al afiliado solicitante.
En este punto descartó, por genéricas, las argumentaciones utilizadas por el juez de primera instancia para denegar la acción con base en la no obligatoriedad de la concurrencia a sala de tres años del nivel educativo inicial y la supuesta existencia de establecimientos públicos a los que el menor podría concurrir en la ciudad de Tandil. El tribunal a quo fundamentó su parecer en que la señora L. inició las gestiones ante IOMA destinadas a obtener la cobertura del servicio educativo en cuestión con una antelación suficiente al inicio del ciclo lectivo 2021, exponiendo en su oportunidad las razones que, a su entender, justificaban la opción por el establecimiento "Colegio Ayres del Cerro" (v.gr. discapacidad sufrida por el menor V.L.; beneficios o no de incorporarlo al sistema educativo común a fin de mitigar sus padecimientos y limitaciones; inexistencia de otros establecimientos -que la peticionante dijo haber comprobado a través de averiguaciones previas- de otros establecimientos adecuados para la concurrencia de su hijo). Ante ello el instituto asistencial omitió brindar respuesta alguna a la solicitante, manteniendo tal conducta remisa aun frente a la inminencia del inicio del ciclo escolar (marzo de 2021).
Sostuvo que, en ese contexto, la promoción de la presente acción de amparo con fecha 24 de febrero de 2021 se justificó en la actitud del organismo asistencial de absoluta desatención frente a la solicitud de la amparista, con una clara y comprensible intención de preservar o evitar un mayor menoscabo al afiliado en su salud, derecho cuya conceptualización remite a una noción amplia de bienestar psicofísico integral de la persona y tiene a su vez una directa relación con el principio de la dignidad humana, soporte y fin de los demás derechos humanos, encontrándose reconocido y garantizado tanto por la Constitución nacional como por nuestra Constitución provincial (arts. 42 y 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 36 inc. 8, Const. prov.; cfr. doctr. CSJN Fallos: 316:479; 321:1684; 323:3229; 324:3569).
Advirtió que, frente a la delicada situación oportunamente expuesta por la actora, mínimamente debió el IOMA, en su rol de garante del sistema de salud provincial (arg. art. 1, ley 6.982) y en tanto pesa sobre dicho sujeto de derecho público el ineludible deber de evacuar motivadamente las peticiones de sus afiliados -imperativo que goza de anclaje constitucional expreso (art. 14, Const. nac.; esta Cámara causa A-1522-MP2, "C., P.M.", sent. de 15-VII-2010)- brindar a la peticionante una respuesta concreta y acorde a la complejidad del caso planteado, priorizando una primordial consideración por la persona -entendida esta como fin en sí mismo y valor fundamental de un Estado de Derecho, frente al que los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (arg. doctr. CSJN Fallos: 325:292; 327:3753; 329:1638; 329:4918).
Consignó que, en el caso que aquí nos ocupa, el instituto demandado se desentendió por completo de la realidad , manteniendo tal postura incluso en un estadio posterior que demandaba ya una definición de la situación frente al pronto comienzo del ciclo lectivo y omitiendo así acercarse a través de una mínima respuesta que, aun de implicar una eventual negativa a la específica petición llevada a su sede, cuanto menos hubiera orientado a la ahora demandante respecto de las condiciones necesarias para acceder a la prestación y que la Administración pudiera haber reputado incumplidas en relación a la situación del afiliado, o de las prestaciones alternativas que a juicio del ente pudiesen resultar igualmente aptas para superar el padecimiento sufrido por aquel, todo ello en pos de resguardar el derecho constitucional a la salud.
Juzgó que el proceder de la accionada que motivara a encauzar su pretensión por medio de esta acción de amparo, ha estado ostensiblemente viciado de arbitrariedad (arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 43, Const. nac.).
I.3.d. A su vez, ponderó que en vista de la fecha de promoción de esta acción resultaba inminente para los amparistas definir la situación de V.L. en lo concerniente a su concurrencia a un establecimiento educativo apto, y que no obstante ello IOMA mantuvo una absoluta apatía que ante los reclamos oportunamente efectuados.
En ese marco consideró que debía receptarse la pretensión haciendo pesar sobre el demandado la obligación de cubrir la escolarización del menor en el establecimiento que, en base a un juicio fundado en razones y elementos sometidos también en su oportunidad a consideración del ente asistencial, fue seleccionado por sus padres para procurarle en condiciones acordes a su discapacidad el acceso a la educación inicial en el nivel de "sala de 3 años" -prestación a la que tendría derecho, como cualquier otro habitante, más allá de la no obligatoriedad apuntada por la representación fiscal (arts. 26 inc. "a" y 16, ley 13.688)-.
Adujo que tampoco el IOMA, en oportunidad de repelar la acción, discutió la conveniencia de la escolarización del menor en los términos pretendidos por sus padres como así tampoco ofreció algún tipo de prestación alternativa que pudiera juzgarse beneficiosa para el resguardo de la salud de V.L. En cambio, la accionada se limitó a afirmar genéricamente y en breves líneas la no obligatoriedad del primer ciclo de nivel inicial y que el servicio de escolaridad común "excedería su competencia" pues sería brindado por el Estado a través de la Dirección General de Cultura y Educación (v. contestación de demanda a fs. 80/81).
I.3.e. Con relación a ello recordó que el informe de dicha Dirección provincial hizo mención -sin más- a los cuatro establecimientos públicos de la ciudad de Tandil que contarían con "instalaciones acordes" para la concurrencia de un niño de la edad de V.L. y "...con la patología de displasia distrófica..." (fs. 174 vta.) y fue producido a requerimiento del propio juez a quo, como "medida para mejor proveer" (v. fs. 146 vta.), complementando con ello la prueba informativa ofrecida por IOMA (acotada a determinar la obligatoriedad o no de los distintos ciclos de la educación inicial), y, al margen -por tanto- de cualquier planteo u ofrecimiento probatorio de dicha demandada relativo a tales alternativas.
Por mayoría (v. voto del doctor Riccitelli al que adhiriera el doctor Ucin) se expresó que, aunque el art. 12 de la ley 13.928, texto según ley 14.192, permite a los jueces, por propia iniciativa, complementar el material probatorio del proceso a través del dictado de medidas para mejor proveer como la ordenada a fs. 146 y vta . "no parecería atinado desestimar luego la posición actoral a partir de aquel genérico y escueto informe brindado por la repartición oficiada en el que simplemente se indican instituciones públicas supuestamente aptas para acoger a un niño 'con patología de displasia distrófica'" , sin indagar además sobre las específicas características de esos establecimientos y su efectiva aptitud para la concurrencia del menor V.L. en atención a las puntuales y concretas limitaciones que este sufriría a raíz de su enfermedad o a las características de los dispositivos ortopédicos de los que el niño debería valerse -tal como surge del informe médico del "Hospital de Pediatría Garrahan" de fs. 51/53-.
II. Disconforme con la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal con fecha 2 de nov
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