Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121116
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.116, "Morcillo, Alfredo Rolando contra Mapfre Argentina ART S.A. Accidente de trabajo. Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
En cumplimiento de lo ordenado por esta Suprema Corte con fecha 20 de julio de 2020, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata dictó nuevo pronunciamiento en el que rechazó el pedido de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (t.o. decreto 1.278/00; v. sent. de 10-V-2021).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 25-V-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo hizo lugar -oportunamente- a la acción instaurada por el señor Alfredo Rolando Morcillo y condenó a Mapfre Argentina ART S.A. al pago de la diferencia en el importe de la prestación por incapacidad permanente parcial y definitiva contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" del régimen de infortunios laborales, merced al incremento del capital efectuado mediante el mecanismo de ajuste por índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773.
Posteriormente, elevada la causa ante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada, esta Corte revocó ese aspecto de la sentencia, en tanto el valor de la condena había sido estimado (más allá del mecanismo empleado) al amparo de una ley inaplicable (26.773), que no se hallaba vigente al tiempo de la contingencia objeto del reclamo. Asimismo, ordenó la remisión de la causa para que se dicte nuevo pronunciamiento en el que debían contemplarse los planteos y defensas esgrimidas por las partes.
Devueltos los autos a la instancia de origen, el tribunal se pronunció rechazando la tacha argüida respecto del límite legal de la prestación solicitada en la demanda por el coaccionante Morcillo.
Ponderó que la parte actora había peticionado la declaración de inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, por considerar que el mismo restringe y afecta el derecho de propiedad (art. 14, Const. nac.), al tiempo que destacó que su argumentación se había basado "en que el decreto 1694/09 establece un sistema totalmente diferente al anterior" (primera cuestión).
Evaluó lo afirmado en el escrito de inicio en orden a que la demanda entablada tiene por objeto "el reclamo supletorio de la indemnización por incapacidad definitiva (art. 14 inc. a LRT) que, como tal, es una consecuencia y situación jurídica existente y no consumada al momento de sancionarse el Decreto 1694/2009". Asimismo, que: "no hablamos de aplicar retroactivamente el nuevo régimen establecido por el decreto 1694/2009, sino hacer una simple aplicación de lo normado por el art. 3 del Código Civil".
Reseñado los antecedentes del caso, sostuvo, con apoyo de inveterada doctrina legal, que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico.
Evaluó que, en el presente, la Suprema Corte había resuelto que la controversia debía dirimirse mediante la aplicación de las disposiciones vigentes a la fecha de la primera manifestación invalidante, esto es la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00, y no así el decreto 1.694/09.
Del confronte de los extremos examinados, concluyó que los argumentos esgrimidos por la accionante carecían de un desarrollo suficiente o eficaz a la hora de solicitar la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio. Expuso que, si bien se había alegado en la demanda una restricción del derecho de propiedad, toda la argumentación desarrollada había girado en torno al decreto 1.694/09, que fuera declarado inaplicable en autos.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia la violación de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional y del antecedente que individualiza (v. escrito de fecha 25-V-2021).
II.1. En tal sentido, objeta que el tribunal de grado no aplicara la doctrina que emerge de la causa L. 117.062, "Azame" (sent. de 15-IV-2015), por la cual se declaró la inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (t.o. dec. 1.278/00).
Alega que lo actuado por el juez de origen irroga un evidente perjuicio económico para el trabajador, con desmedro del derecho que se pretende reglamentar y vulneración de preceptos constitucionales.
III. El recurso prospera.
III.1.a. Corresponde señalar que el valor del litigio -representado por la diferencia entre el importe de la condena determinado en la sentencia y el que habría de obtenerse por la exclusión del tope previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (conf. dec. 1.278/00)- no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.1.b. Sin embargo, no puede soslayarse que el agravio contenido en el recurso, en cuanto refiere a la invalidez constitucional del mencionado tope indemnizatorio, involucra el análisis de una cuestión federal, y por tanto debe ser examinado sin la restricción impuesta por la ley adjetiva en razón de la cuantía económica del pleito.
En ese sentido, ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.2. Aclarado ello, he de adelantar que merece favorable recepción el planteo relativo al tope indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (texto según DNU 1.278/00).
III.2.a. Con invocación del antecedente L. 117.062, "Azame" (sent. de 15-IV-2015), el interesado afirma que el tribunal de origen incurrió en una incorrecta evaluación de la pretensión articulada en la demanda por cuya vía desestimó la tacha argüida ahora objeto de debate.
En tal sentido, refiere que en el escrito inicial formuló un cálculo estimativo sin tope indemnizatorio, ecuación luego refrendada por el informe pericial contable obrante en el expediente.
Sostiene que el trabajador percibió de la demandada un importe de $55.530, representativo del límite cuantitativo objetado.
Aduce que su planteo en torno al decreto 1.694/09 fue introducido precisamente para justificar la inconstitucionalidad del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, conforme decreto 1.278/00, merced al daño patrimonial evidente que su aplicación ha irrogado al reclamante.
Con apoyo en los cálculos expresados en el nuevo pronunciamiento, señala que de la prestación estimada al amparo del citado art. 14 apartado 2 inc. "a" ($231.789,18) solo percibió un 24% ($55.530) a causa de la limitación indemnizatoria de la que se agravia. Explica con tales datos que la reparación sistémica se redujo injustamente en un 76%, quedando pendiente de cobro una sustancial diferencia de su crédito.
III.2.b. Los extremos antedichos dejan al descubierto el agravio constitucional invocado.
En los precedentes L. 117.062, "Azame" (sent. de 15-IV-2015); L. 117.074, "D., J. C." (sent. de 3-VI-2015); L. 117.318, "Reineche" (sent. de 28-IX-2016); L. 117.545, "Bottaia" (sent. de 18-X-2017) y L. 120.570, "G., M. L." (sent. de 12-II-2020) -alguno de ellos sin mi intervención- la Suprema Corte confirmó decisiones en las que se había declarado la inconstitucionalidad del límite indemnizatorio incorporado por el decreto 1.278/00 para las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente parcial y total.
En los casos citados, frente a prestaciones reguladas en la ley 24.557, se afirmó que correspondía declarar la inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios establecidos en las leyes especiales de accidentes de trabajo cuando su aplicación se traduce en un despojo del resarcimiento, de modo que el resultado económico de la indemnización desvirtúa la naturaleza reparatoria que procura la disposición legal, vulnerándose derechos de raigambre constitucional como los que surgen de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional. Debe añadirse, que aún bajo un disímil régimen legal, la línea argumental esgrimida se nutrió de las directrices sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente A.374.XLIII "Ascua, Luis Ricardo c/ SOMISA s/ cobro de pesos" (sent. de 10-VIII-2010).
III.3.a. En el presente nos hallamos ante un reclamo donde las circunstancias -debidamente referidas por el interesado- demuestran que la aplicación del tope produciría una reducción injustificada del crédito indemnizatorio del trabajador incapacitado que vulnera los derechos constitucionales establecidos en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional, así como las concordantes disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos de idéntica jerarquía (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
III.3.b. La decisión antedicha, que abastece la petición de suprimir el límite máximo de la prestación examinada, no implica abandonar los lineamientos sentados por esta Corte con relación al ámbito de aplicación temporal del decreto 1.694/09.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con los alcances establecidos en el punto III.3.b. de la presente.
Los autos deberán ser devueltos al tribunal de origen para que dicte el pronunciamiento que corresponda. Con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Sin perjuicio de la insuficiencia del valor de lo cuestionado, se advierte que el recurrente denuncia la violación de la doctrina legal forjada en la causa L. 117.062, "Azame" (sent. de 15-IV-2015).
En ese contexto, entiendo evidenciada la transgresión sobre la que se estructura la impugnación, que se proyecta sobre criterios replicados por esta Corte en otros tantos precedentes, agudamente individualizados por mi distinguido colega doctor Genoud en su opinión.
Bajo tales reflexiones, que a tenor de la plataforma del caso se integran con la descalificación constitucional del tope normativo objetado, adhiero al sufragio que inaugura este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega que inicia el acuerdo atento lo decidido por esta Suprema Corte en la causa L. 117.062, "Azame" (sent. de 15-IV-2015) en la que, si bien no participé, resulta la doctrina legal aplicable en la especie.
Por lo expuesto, doy mi voto también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/03/2023 10:07:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2023 10:27:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2023 15:43:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 11:38:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 13:33:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/03/2023 14:05:19 hs. bajo el número RS-14-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia