Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126046
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.046, "Agüera, Matías Emmanuel contra Cotecsud S.A.S.E. y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la acción promovida e impuso las costas a las codemandadas vencidas (v. fs. 312/326 vta.).
Se interpusieron, por Provincia ART S.A. (v. fs. 329/335 vta.) y Mc Cain Argentina S.A. (v. fs. 337/344 vta.), sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
Dictada la providencia de autos (v. proveído electrónico de fecha 12-III-2021) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Provincia ART S.A. a fs. 329/335 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el incoado por Mc Cain Argentina S.A. a fs. 337/344 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Matías Emmanuel Agüera y condenó solidariamente a Mc Cain Argentina S.A. y Provincia ART S.A. a abonarle una indemnización integral en concepto de daños y perjuicios en los términos del derecho civil (v. fs. 312/326 vta.).
En el veredicto, tuvo por acreditado que el actor trabajó en relación de dependencia para Cotecsud S.A.S.E., empresa de servicios eventuales, desempeñándose en las instalaciones de la firma Mc Cain Argentina S.A. bajo la categoría "C" de producción y mantenimiento, desde el 16 de marzo de 2013 hasta el 14 de mayo de 2013 (v. fs. 301 vta.).
Juzgó probado además que el día 11 de abril de 2013 sufrió un accidente de trabajo cuando, cumpliendo sus labores habituales, intentó descargar una carretilla llena con tierra en un contenedor, sintiendo un fuerte dolor en la espalda. También tuvo por acreditado que las tareas que prestaba eran de esfuerzo (v. fs. 302/303).
Con sustento en la pericia médica, consideró demostrado que el señor Agüera padece lumbociatalgia con alteraciones clínicas y radiológicas, leves a moderadas, que le provoca un incapacidad permanente, parcial y definitiva del 15,50% del índice de la total obrera (v. 303/305).
Ponderando la prueba pericial de ingeniería laboral, así como las respuestas brindadas a las impugnaciones, concluyó que Provincia ART S.A. había incumplido con lo dispuesto por los arts. 4 apartado 1 y 31 apartado 1 inc. "c" de la ley 24.557, toda vez que no había aportado prueba alguna para demostrar que hubiera intervenido, efectuando visitas o verificando elementos de seguridad en las instalaciones de la firma Mc Cain Argentina S.A. donde el trabajador se accidentó (v. fs. 306 y vta.).
Por otro lado, halló probado que en el momento en que el promotor del pleito sufrió el infortunio se encontraba realizando una actividad riesgosa, y que en la producción del evento intervino una cosa riesgosa y viciosa en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340). Asimismo, consideró no acreditada en autos la existencia de las eximentes de responsabilidad vinculadas a la culpa de la víctima o de un tercero (v. fs. 307 y vta. y 309/310).
Tuvo por configurada además la inobservancia de ambas codemandadas de las normas vigentes sobre higiene y seguridad en el trabajo (v. fs. 308 y vta.).
En la sentencia, el tribunal de grado brindó tratamiento al planteo de inconstitucionalidad formulado en el escrito de promoción de la demanda respecto del art. 4 de la ley 26.773 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348- en cuanto establece la denominada "opción excluyente" (v. fs. 313 vta. y sigs.).
Sostuvo que dicho precepto coloca al trabajador en la disyuntiva de renunciar a las prestaciones que ofrece la aseguradora de riesgos del trabajo para poder reclamar judicialmente una reparación plena del daño, obligándolo a tomar una decisión que, de ser incorrecta, genera gravísimas consecuencias. Todo ello, sin patrocinio ni asistencia de un abogado, encontrándose por ende disminuida su libertad, capacidad y discernimiento al momento de optar (v. fs. 315 vta.).
Con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos "Aquino", "Llosco" y "Cachambi") indicó que no había margen de interpretación para entender que la aceptación de la víctima o sus derechohabientes de las prestaciones reguladas en la ley especial veda la acción civil (v. fs. 315 vta. in fine y 316).
Expresó que si bien una rápida lectura del texto legal podría conducir a entender que se ha retornado a la denominada doble vía prevista por el art. 17 de la ley 9.688, que consagró la opción con renuncia, debía considerarse que aquella opción, eliminada por el legislador mediante el apartado primero del art. 39 de la ley 24.557, fue reactivada pretorianamente por fallos señeros del Máximo Tribunal, que no solo desactivaron el modelo de inmunidad relativa del empleador consagrado por esa norma, sino que plasmaron una doctrina favorable al cúmulo amplio como respuesta a los daños producidos en la salud de los trabajadores a consecuencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales (v. fs. 316 vta.).
Señaló que fue en dicho contexto en que el legislador del año 2012 sancionó la regla impugnada y agregó que la expresión de motivos que antecede al proyecto elevado por los impulsores de la ley 26.773, da cuenta de que se consideraron los reproches constitucionales que le fueron realizados a la ley 24.557 por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos pronunciamientos ("Castillo", Fallos: 327:3610; "Aquino", Fallos: 327:3753; "Milone", Fallos: 327:4607; e.o.), por lo que la clave de bóveda de la iniciativa se resume en facilitar el acceso del trabajador a la reparación, para que la cobertura sea justa, rápida y plena, brindando un ámbito de seguridad jurídica que garantice al damnificado y a su familia un mecanismo eficaz de tutela en el desarrollo de su vida laboral (v. fs. 316 vta. in fine y 317).
Manifestó que la doctrina sentada a partir del fallo "Aquino" permite concluir que el trabajador que sufre daños no resarcidos por la aseguradora de riesgos del trabajo (no contemplados en el referido régimen tarifado), tiene derecho de demandar al empleador esos plusperjuicios, si acredita los presupuestos de la responsabilidad civil, conservando el derecho de percibir, a cuenta de aquellos, la indemnización especial por incapacidad permanente, la cual es irrenunciable para el damnificado (art. 11, LRT); no resultando esta última disposición derogada ni modificada por el ordenamiento legal que contiene la opción cuestionada (v. fs. 317 vta.).
Destacó que la exigencia de no contrariar los propios actos debía ser valorada en consonancia con la situación real del trabajador incapacitado y su posibilidad de abstenerse de percibir una indemnización que considera insuficiente, en aras de preservar intacta su acción para demandar la intensa protección que la Constitución nacional otorga a sus derechos (v. fs. 318 in fine y vta.).
Concluyó que este, y no otro, ha sido el "iter reparatorio " convalidado mediante innumerables fallos emitidos por distintos tribunales del país, por lo que, en el contexto descripto, declaró que la opción excluyente introducida por el art. 4 de la ley 26.773, luce contraria a los principios constitucionales de libre acceso a la justicia, indemnidad y progresividad (arts. 14, 14 bis, 17, 18, 19, 23 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 39.3 y 57, Const. prov.; v. fs. 318 vta.).
Luego, y hallándose acreditado en la causa la configuración de los factores de atribución de responsabilidad civil de las codemandadas, condenó solidariamente a Cotecsud S.A.S.E., Mc Cain Argentina S.A. y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que presupuestó para resarcir los daños materiales y morales sufridos por el trabajador (v. fs. 319/326 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9, 15, 27 y 43 de la Constitución provincial; 45 inc. "c" de la ley 24.557; de la ley 26.773; arts. 68 del Código Procesal Civil y Comercial y 19 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer término, controvierte la definición del tribunal de grado que declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773.
Alega que dicha norma encuentra su fundamento histórico en el art. 17 de la ley 9.688, que no fue objeto de modificación en la reforma de la ley 23.634 y que, a su vez, la opción excluyente fue mantenida por la ley 24.028, que en su art. 16 hubo de establecerla entre la indemnización prevista en dicho estatuto y la que pudiera sustentarse en las normas del derecho civil.
Indica que sus disposiciones no implican un retroceso, en tanto no se ha restaurado un esquema similar al contenido en el art. 39 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo y por lo tanto no desoye lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Aquino", "Llosco" y "Cachambi".
Con sustento en doctrina autoral, aduce que la eventual tacha o impugnación de la nueva ley solo será viable en la medida que se demuestre fehacientemente que por los métodos y pautas que contiene dicha norma no se alcanza una reparación plena e integral, o bien, la protección de la vida y salud de los trabajadores bajo condiciones dignas de labor, presupuesto este computado por la Corte federal a lo largo de todos sus pronunciamientos en la materia, descartando a su vez la posibilidad de alegar la existencia de lesión subjetiva al imponerle la necesidad de optar al trabajador, considerando que dicha elección es realizada por el infortunado de una forma libre y voluntaria.
Agrega que la opción no merece objeciones por cuanto la misma no ha sido objeto de reparos por parte del Máximo Tribunal nacional. En tal sentido, afirma que en "Aquino" no se expidió acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un régimen de opción excluyente entre sistemas de responsabilidad; por el contrario -dice- el fallo vino a habilitar exclusivamente la posibilidad de reclamar con fundamento en el derecho civil, cuestionando la constitucionalidad de la limitación impuesta por el legislador en el art. 39 apartado 1 de la ley 24.557.
Expresa que la regresión al sistema de opción excluyente se produce en el marco de un régimen de prestaciones dinerarias y en especie claramente superior cualitativa y cuantitativamente al previsto por las leyes 9.688 y 24.028 y en el marco de un modelo de responsabilidad individual del empleador con seguro obligatorio, por lo que es más favorable tanto para los trabajadores como para los empleadores asegurados.
Refiere que a partir de los precedentes "Llosco" y "Cachambi" la Corte federal ha establecido el principio de apertura hacia la posibilidad de acumular acciones basadas en el régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo con las normas de responsabilidad que regula el Código Civil y que tales causas fueron decididas en el marco de la impugnación del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557, que diseñaba un modelo de inmunidad relativa del empleador que virtualmente cancelaba la posibilidad de que el trabajador o sus derechohabientes reclamaran una reparación plena con fundamento en las normas del derecho civil.
Afirma que, en síntesis, se ha sostenido que la percepción de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo no es obstáculo para plantear la inconstitucionalidad de aquellas normas que considera contrarias a la normativa constitucional o convencional, lo que no puede interpretarse como una descalificación general y anticipada de cualquier otro modelo normativo que resuelva la relación que debe existir entre el sistema general de responsabilidad civil y el sistema especial de reparación por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
II.2. Se agravia además de que el tribunal resolviera la controversia por conducto de juzgar aplicable al caso los arts. 1.074, 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340).
En ese sentido, manifiesta que no se probaron en autos los presupuestos para imputar responsabilidad civil a la aseguradora de riesgos del trabajo, y -por otra parte- afirma que dicha entidad cumplió con la reparación sistémica establecida por la ley 24.557.
Señala que al haber invocado la parte actora la normativa civil como sustento de su pretensión, debió -y no lo hizo- probar en forma categórica el hecho, así como que el accidente ocurrió en ocasión del trabajo, el nexo causal entre las tareas realizadas y las patologías denunciadas, y también la relación de causalidad adecuada entre el daño producido en ocasión del trabajo y la omisión o falta de cumplimiento de la aseguradora de sus deberes legales para imputarle responsabilidad en base a lo normado en el art. 1.074 del Código Civil (ley 340).
Relata que si bien dichas entidades se hallan legalmente obligadas a desarrollar un rol preventivo eficaz, como así también a controlar, supervisar y denunciar los incumplimientos del empleador ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el hecho que la empresa haya denunciado el siniestro (cumpliendo con su obligación impuesta por la ley 24.557) y que Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. haya tomado a cargo las prestaciones respectivas, no relevaba a la actora de probar las circunstancias fácticas que alegó para pretender una indemnización integral.
Denuncia absurda la valoración de la pericia técnica, ya que -argumenta- de dicho medio probatorio, así como de la documental anexa al informe del experto, surge que Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. ha efectuado las correspondientes visitas a la empleadora, y también ha formulado las pertinentes denuncias ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
De allí que, afirma, el fallo de grado debe ser revocado, habida cuenta de que se encuentra probado que aquella cumplió con sus obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
A ello agrega, que dichos entes no asumen una obligación de resultado, ni están obligadas a indemnizar los daños que puedan derivar de la puntual inobservancia de las pautas generales de seguridad, sin que sea de su resorte la vigilancia concreta de los obreros.
Afirma que la condena impuesta a la aseguradora en los términos de los arts. 1.074 y 1.113 del Código Civil (ley 340) resulta improcedente, ya que no reviste la calidad de dueña o guardiana de la cosa riesgosa.
II.3. También controvierte la cuantía indemnizatoria reconocida al actor.
Considera que la denominada fórmula "Méndez" aplicada al caso por el tribunal de grado resulta abusiva.
Indica que más allá de que el promotor del pleito fundó su reclamo en las disposiciones del derecho común, no ha controvertido -y por ende resulta clara- su satisfacción con los parámetros de la ley 24.557; pues el perito médico determinó el porcentaje de incapacidad de acuerdo a la Tabla de Evaluaciones de las Incapacidades Laborales de dicha ley y del decreto 659/96; habiéndose inclusive utilizado para cuantificar la indemnización el valor mensual del ingreso base informado por el perito contador en su informe.
Aduce que el importe del resarcimiento establecido por el tribunal de grado en concepto de reparación integral resulta excesivo e irrazonable y configura un enriquecimiento sin causa (art. 1.071, Cód. Civ.), a la vez que no se compadece con los elementos de juicio ponderados, no pudiendo reconocerse además los parámetros que llevaron a su determinación.
III. El recurso no prospera.
III.1. Lo resuelto por el tribunal de grado en torno al art. 4 de la ley 26.773 -en su versión anterior a la modificación introducida por la ley 27.348- ha de permanecer firme en razón de la inhabilidad que exhibe el medio de impugnación.
III.1.a. Al promover la demanda el actor planteó -con sustento en las directrices sentadas en la variada jurisprudencia y doctrina autoral que citó- la inconstitucionalidad de dicho precepto legal, por violentar -en prieta síntesis- los principios de indemnidad, protección especial, irrenunciabilidad y progresividad (v. fs. 27/33).
Por su parte, al contestar la acción Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. hizo una escueta mención a la norma, transcribiendo un pasaje de un pronunciamiento del Superior Tribunal de Jujuy, aunque si bien a los efectos de fundar su requerimiento de no aplicar la actualización mediante el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) al importe que hubiera de determinarse, de progresar la demanda en los términos del derecho común, en concepto de lucro cesante (v. fs. 95 vta. parte final y 96).
Luego, frente a la descalificación constitucional formulada por el juzgador de la mentada normativa, la aquí recurrente desplegó una serie de argumentos (tendientes a defender la validez constitucional de la "opción excluyente" allí prescripta) que se sustentan en conceptos cuya extemporánea articulación en esta instancia casatoria obsta al ejercicio de la función revisora de esta Corte, por no haber sido los mismos -frente al concreto planteo inserto en el escrito de inicio (v. fs. 27/33)- sometidos oportunamente a consideración de los jueces de la causa.
En rigor, el agraviado pretende ahora rediseñar y renovar el enfoque de su planteo, a través de la introducción de alegaciones -fruto de una reflexión tardía- que no resultan susceptibles de ser evaluadas ante la instancia extraordinaria (causas L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
III.2. La crítica dirigida a cuestionar la atribución de responsabilidad con sustento en las normas del derecho civil tampoco puede tener favorable recepción.
III.2.a. Sabido es que determinar si las aseguradoras de riesgos del trabajo han cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos de trabajo como, asimismo, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el infortunio laboral, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, en principio, no revisable en casación, salvo demostración de absurdo (causas L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011; L. 110.773, "Asensio", sent. de 13-XI-2012; L. 105.679, "Lazarte", sent. de 12-XII-2012; L. 120.374, "Brufou", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
III.2.b. La configuración en la sentencia del referido vicio invalidante no es evidenciada por el impugnante.
III.2.b.i. Se objeta al juzgador de grado la condena impuesta a la aseguradora de riesgos del trabajo, poniéndose particular énfasis en la falta de acreditación de los presupuestos de responsabilidad civil invocados; así como en la circunstancia de no poder asumir dicha entidad una obligación de resultado, ni estar obligada a resarcir daños que puedan derivar de la puntual inobservancia de las pautas generales de seguridad, en tanto no tiene un compromiso ni un control cotidiano respecto del desarrollo del trabajo en sí y del desempeño de cada uno de los trabajadores asegurados; y en la absurda valoración de la prueba pericial técnica que le endilga al tribunal de grado (v. fs. 332 vta. y 333).
Sin embargo, las discrepancias que trae el quejoso bajo su personal apreciación de los hechos y de las pruebas no son idóneas para desvirtuar la esencial motivación de la cual partió el tribunal
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