Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126356
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.356, "Atencio, Rodrigo Gabriel contra Motortech S.A. y otro/a. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida e impuso las costas a las codemandadas vencidas (v. fs. 224/246).
Se interpuso, por la aseguradora de riesgos del trabajo coaccionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 5-VIII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Rodrigo Gabriel Atencio y condenó a Swiss Medical ART S.A. al pago del resarcimiento tarifado previsto por el régimen especial de reparación de infortunios laborales impuesto por la ley 24.557 (arts. 4, 6, 12 y 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557 -conf. art. 2, resol. SRT 1/16- y 3, ley 26.773).
Además, y tras declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) condenó solidariamente a la empleadora Motortech S.A. y a la mentada firma aseguradora a abonar la indemnización integral con base en el derecho común por los daños sufridos por el trabajador, cuyo monto calculó descontando las sumas que correspondían como prestaciones sistémicas (v. fs. 224/246).
Concretamente, juzgó acreditadas las tareas que desarrollaba el actor -oficial metalúrgico- así como las condiciones en que estas eran prestadas, las cuales implicaban la realización de un considerable esfuerzo físico, generado por las posturas antifuncionales y la manipulación de objetos pesados (motores y bobinas de gran magnitud) que comprometieron su sistema columnario, causándole una hernia de disco que le provoca una incapacidad -incluyendo los factores de ponderación- del 29,14% del índice de la total obrera, debiendo asimismo recibir el tratamiento psicológico que estimó (v. vered., fs. 224/227).
Sobre esa base, consideró que en la generación del daño del dependiente intervinieron cosas de propiedad de la empleadora Motortech S.A. (bobinas para el armado de motores, que llegaban a pesar hasta dos mil kilogramos) que, al igual que las condiciones en las que fueron cumplidas, fueron calificadas como riesgosas.
Sumó a ello la omisión en la que incurrió la principal a los deberes de seguridad a su cargo (ante la falta de entrega de faja lumbar para minimizar esfuerzos y mayor puesta a disposición de medios mecánicos de manipulación de las piezas mecánicas, entre otros).
Así, halló configurados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad civil objetiva y subjetiva a la mencionada empresa, con base en los arts. 1.721 y 1.724 del Código Civil y Comercial de la Nación (vigente a la fecha de toma de incapacidad de la dolencia; v. vered., fs. 227 vta. y sent., fs. 235 vta./236 vta.).
Por otra parte, juzgó civilmente responsable a la aseguradora en los términos del citado art. 1.724 del Código Civil y Comercial de la Nación, al verificar incumplidos los deberes de fiscalización y control de prevención de riesgos de trabajo, fijados a su cargo por disposiciones tales como los arts. 1, 4 apartado 2 y 31 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo; el decreto reglamentario 170/96 y la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 43/97. A su vez, mencionó la inexistencia de recomendaciones, o -eventualmente- ante la persistencia de infracciones por parte de la patronal, la no denuncia a los organismos correspondientes (v. vered., fs. 228 y vta. y sent., fs. 236 vta. y 237).
En ese orden, evaluó que, si Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. hubiera actuado conforme a derecho, el daño no se habría producido, ya que era previsible su prevención de acuerdo con una diligencia adecuada a la normativa citada, erigiéndose dicha inobservancia en la causa generadora del daño sufrido por el trabajador (v. vered., fs. 228 vta. y 229 y sent., fs. cit.).
Luego, estimó el resarcimiento que obtendría el accionante por aplicación de las normas del derecho común (calculándolo en la suma de $3.293.298,11) y, a su vez, cuantificó las prestaciones pertinentes previstas en la ley 24.557, lo cual arrojó un monto de $569.563,16 (v. sent., fs. 237/241 vta.).
Seguidamente, en lo que aquí reviste mayor interés, y como se adelantó, declaró -por las razones que expuso- la inconstitucionalidad de la "opción excluyente" prevista en la mencionada norma (v. sent., fs. 241 vta./242 vta.).
Con ese sustento, hizo lugar a la demanda promovida, condenando a la aseguradora coaccionada -en virtud del contrato de afiliación suscripto con la empleadora-, a abonarle al actor la suma de $569.563,16 en los límites de la tarifa impuesta por la ley 24.557; y, asimismo, solidariamente a ambas demandadas a pagarle el monto de $2.723.734,95, en concepto de diferencia para totalizar la reparación integral de los daños sufridos por aquel por causa del trabajo, los cuales estimó en un total de $3.293.298,11 (v. sent., fs. 242 vta. y 243).
II. Contra dicho pronunciamiento la aseguradora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad y violación de los arts. 4 de la ley 26.773 y 10, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional (v. presentación electrónica de fecha 5-VIII-2020).
II.1. En esencia, cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada por el tribunal de grado, en cuanto establece la denominada opción excluyente para promover acciones judiciales, entre la reparación tarifada sistémica y la integral del derecho común.
Manifiesta que, en el caso, el reclamo principal del demandante lo fue por responsabilidad civil, la cual -alega- concierne exclusivamente a la empresa Motortech S.A., no correspondiendo extender solidariamente dicha imputación a la recurrente.
Plantea que durante la vigencia del art. 39 de la ley 24.557 los trabajadores se encontraban vedados legalmente de accionar contra el empleador y las aseguradoras de riesgos de trabajo por responsabilidad civil.
Afirma que con la entrada en vigencia de la ley 26.773 se modificó el anterior paradigma, permitiendo a los demandantes fundar sus acciones en la normativa civil, aclarando que, en caso de decidir iniciar una acción en procura de una indemnización fundada en aquellas disposiciones, no se podría reclamar conjuntamente por las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo. Alega que dicha elección se materializa por la pretensión de la demanda, la cual deja en evidencia la intención del reclamante.
En suma, asevera que al derogar el art. 39 apartado 1 de la ley 24.557, la citada ley 26.773 mejoró a su antecesora, otorgando mayores derechos a los trabajadores. Añade que, para fundar su decisión, el sentenciante invocó diversos fallos que remitían a una norma que no se hallaba vigente, desatendiendo la ley aplicable al caso de marras, cuya validez constitucional no había sido cuestionada por el actor.
En esa línea, expone que, bajo el pretexto de plasmar una interpretación amplia de las leyes, no corresponde que los jueces se arroguen indebidamente potestades propias del Poder Legislativo.
Sostiene -además- que, por aplicación de la normativa en debate, la elección del accionante como pretensión principal -fundada en las disposiciones del derecho común- implicó el ejercicio de la opción excluyente contenida en aquélla. Por esta razón -expone- no puede admitirse la subsistencia de un reclamo subsidiario fundado en otro sistema de responsabilidad. Sobre esa base, denuncia que, el sentenciante de grado tergiversó el principio iura novit curia y alteró el objeto de la acción, incurriendo en incongruencia al fallar en apartamiento de las cuestiones planteadas en los escritos constitutivos del proceso.
En sustento de su postura, considera vulnerada la doctrina del Máximo Tribunal nacional y los precedentes de otros tribunales de trabajo que identifica.
Desde otroángulo, asevera que la decisión de grado afecta sus derechos constitucionales, entre ellos, el principio de legalidad, seguridad jurídica y orden público.
II.2. Finalmente, apela por altos los honorarios regulados en autos, solicitando, además, la aplicación de la ley 24.432.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, a mérito de su insuficiencia, corresponde rechazar la crítica dirigida a cuestionar la decisión de grado en lo que respecta a la declaración de inconstitucionalidad de la denominada "opción excluyente" contenida en el art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348).
III.1.a. En efecto, en la sentencia el tribunal de origen construyó su cardinal razonamiento a partir de las especiales circunstancias de la causa.
Así, tuvo en consideración que el actor no había percibido suma alguna en sede administrativa correspondiente al régimen especial por la dolencia que contrajo, y que la reparación integral fundada en el derecho civil (que también pretendía) resultaba de la misma manera procedente en este caso particular.
Sobre la base de tales premisas, se avocó a analizar el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, incluido por el trabajador en su demanda (v. sent., fs. 235/241 vta.).
En ese cometido, estableció que la restricción contenida en dicha norma es un límite al derecho a acceder a la justicia para obtener una reparación plena, en tanto no se prohíbe (en general) que el empleado reclame dentro de ese marco (posiblemente) más amplio desde lo reparatorio, sino que restringe el ejercicio de dicha pretensión a la condición de que no peticione también una indemnización fundada en el régimen especial (v. sent., fs. 241 vta. y 242).
Siguiendo esa línea, afirmó que los límites al acceso a la justicia son posibles si es que no implican la negación misma del derecho, y -superada esta primera cuestión- en tanto mantengan una adecuada correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido (v. sent., fs. 242).
En dicho contexto, juzgó que el objetivo propuesto por la norma -no verificado en autos- fue lograr la seguridad jurídica que garantice un nuevo sistema especial de reparación que contemple una rápida y eficaz respuesta al drama social que se vincula a los conflictos suscitados por los accidentes y las enfermedades profesionales (v. fs. cit.).
Teniendo en miras el mencionado propósito de la norma y el siniestro cuya reparación se procuraba en autos, concluyó que los objetivos de aquella no se hallaban verificados en el caso (v. fs. cit.).
Argumentó -en cuanto a la efectividad y celeridad- que ante la recepción de la denuncia pertinente (el día 19 de mayo de 2016), la aseguradora codemandada procedió a otorgar el alta médica al trabajador por derivación a la obra social (en fecha 10 de junio de 2016), por considerar la dolencia como enfermedad inculpable, no habiendo en consecuencia dispuesto reparación administrativa alguna a su favor. Agregó que tampoco lucía razonable la indemnización mediante el régimen previsto en la ley especial, en comparación con la que obtendría mediante la vía civil (v. sent., fs. 242 y vta.).
En ese entendimiento, sostuvo que el límite al acceso a la justicia para obtener una reparación integral, que implica la condición de no acumular la acción civil con la especial, trae aparejada una irrazonable correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido (tanto en el tiempo en que se brindan las respuestas como en la suficiencia de la reparación ofrecida), que estimó concluyente para declarar la inconstitucionalidad de la restricción aludida en la norma, por resultar violatoria de las previsiones impuestas en los tratados internacionales mencionados en el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, tales como los arts. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8.1. y 25.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 242 vta.).
III.1.b. Por su parte, el recurrente cuestionó la descalificación constitucional de la denominada "opción excluyente", puntualizando la existencia, en el escrito liminar, de un planteo principal (reparación en concepto de daños) y otro subsidiario (prestaciones sistémicas); y, denunciando -a la par- que el sentenciante obró de modo contrario a los principios de seguridad jurídica y legalidad (v. rec., págs. 17 y 18).
Tal como fue diseñado en su medio impugnativo, el interesado mencionó que el juzgador de grado se valió del principio iura novit curia para fundar su fallo, aseverando que se alteró el objeto del reclamo iniciado por el actor (la causa petendi ), sustentado en la normativa civil (el cual -entendió- fue escogido por el accionante como pretensión principal, haciendo uso de la elección excluyente contenida en el art. 4 de la ley 26.773), al admitir la subsistencia del reclamo subsidiario fundado en el régimen especial de riesgos del trabajo; todo ello, apartándose de las cuestiones planteadas por las partes en los escritos constitutivos del proceso y vulnerando el principio de congruencia (v. rec., págs. 18 y 19). Así, sobre la base de ese entendimiento, defendió la validez constitucional de la normativa en debate (v. rec., págs. 19/25).
III.1.c. En este contexto, el interesado se aparta y deja sin réplica las reales y concretas motivaciones que definieron el contenido del pronunciamiento en tal aspecto.
Es concluyente la prescindencia que el recurso exhibe con relación a un eficaz ataque a las conclusiones esenciales del fallo. Ello, en relación con el límite de acceso a la justicia para obtener una reparación integral que -estimó- implica la condición de "no acumular la acción civil con la especial", la que -sostuvo- no lograba mantener la adecuada correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido por la norma, todo lo cual determinó -a su juicio- la inconstitucionalidad de la aludida restricción (v. sent., fs. 242 y vta.).
La crítica así formulada se exhibe disociada del razonamiento seguido por la sentencia en crisis, habida cuenta de que la interesada se desentiende de los términos en los que el tribunal examinó la litis y evaluó las constancias de la causa, sin lograr la modificación de lo resuelto.
Es dable aquí recordar que esta Corte ha expresado que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020 y L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)", sent. de 8-II-2021; e.o.).
En definitiva, las argumentaciones del recurrente transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido por el juzgador y no constituyen una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado. En este orden, resulta de aplicación la doctrina que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (art. 279, CPCC; causas L. 119.860, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2020; L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021 y L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; e.o.).
Los planteos que nutren al embate resultan inconducentes, pues lucen extraviados del contexto en el que fue decidido este aspecto del debate, y que -en definitiva- resultó dirimente para declarar -a ponderación del sentenciante- la invalidez constitucional de la opción excluyente contemplada en la norma ya mencionada.
III.1.d. Por lo demás, y en lo que hace a la tangencial referencia que se formula en la pieza recursiva en lo relativo al supuesto apartamiento de los escritos constitutivos del proceso, he de añadir -a mayor abundamiento, pese a que su análisis remite a cuestiones reservadas a los jueces de grado y, cuyo juicio no es revisable en esta sede extraordinaria, salvo cabal demostración del absurdo, vicio que ni siquiera fue denunciado por el agraviado- que la lectura de la impugnación exhibe una renovada exégesis del escrito liminar, el cual refiere específicamente a la invalidez constitucional del articulado en cuestión; y, con ello, la propuesta formulada en orden a la articulación de acciones complementarias (sustentada en el derecho civil y la ley especial de riesgos del trabajo), contrariando lo dispuesto en aquella norma.
De allí que -incluso, previa contestación al respecto por el ahora recurrente- la controversia fue sometida a decisión del órgano de grado a fin de resolver la cuestión constitucional aludida.
En este contexto, debo recordar que, como es sabido, el principio de congruencia implica conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, e importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, resultando violado cuando el fallo valora y decide sobre circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo (arts. 18, Const. nac.; 163 inc. 6, CPCC y 47, ley 11.653; causas L. 122.222, "Novoa", sent. de 14-XII-2020 y L. 124.088, "Kessler", sent. de 18-V-2021; e.o.), anomalía que no se detecta en el presente.
III.1.e. El quejoso tampoco consigue descalificar la solución que ataca por conducto de la denuncia de violación de la doctrina legal que emergería de las causas que identifica, puesto que aquella a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte y no de los fallos de otros tribunales de justicia (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018 y L. 120.591, "Calcagno", sent. de 20-V-2020; e.o.).
III.2. Por otra parte, el cuestionamiento dirigido a atacar la regulación de honorarios resulta manifiestamente inadmisible.
Con relación a este tema el recurrente afirma "...se agravia mi parte de la regulación de honorarios efectuada por el tribunal en favor de los profesionales intervinientes en autos, los que se apelan por altos y contrarios al derecho aplicable..." (rec., pág. 25).
La crítica se halla indebidamente formulada, y ha sido traída ante esta Corte como si se tratara de un recurso ordinario de apelación, medio de impugnación inexistente -para más- en el proceso laboral de la Provincia de Buenos Aires, en el que rige la ley 11.653 en lo aplicable al caso.
De tal forma, el embate es notoriamente insuficiente para conmover lo resuelto por el tribunal de grado, pues en su fundamentación la impugnante ignora la doctrina legal que indica que, en materia de honorarios, la irrecurribilidad es la regla salvo excepcionalísimos supuestos en donde están en juego determinadas garantías, como el derecho del profesional a la regulación, o en los casos de regulaciones confiscatorias, o cuando la decisión aparece derivada del mero arbitrio del juzgador, o se han aplicado normas arancelarias inadecuadas (causas L. 95.512, "Zabala", sent. de 21-XII-2011; L. 108.500, "Seggiaro", sent. de 19-IX-2012 y L. 119.850, "Benítez", sent. de 3-V-2018; e.o.), graves deficiencias que ni siquiera han sido invocadas en el recurso
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