Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126075
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado se desprendió del conocimiento de la causa, cuya competencia se declara. En consecuencia, los autos se remitirán al órgano de grado a fin de que, con nueva integración, prosiga con el trámite de las actuaciones según su estado.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión y el modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.075, "Correa, Ramón Alberto contra Prevención ART S.A. y otros. Enfermedad Accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora admitió la excepción de incompetencia opuesta por la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios (SACPEM), continuadora de la coaccionada Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. -actualmente Desarrollo del Capital Humano SAPEM- y dispuso el archivo de las actuaciones. Impuso las costas al accionante con el beneficio previsto en el art. 22 de la ley 11.653 (v. resolución de fecha 4-V-2020).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 27-V-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones promovidas por el señor Ramón Alberto Correa contra Prevención ART S.A., Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. y Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios (SACPEM), en su carácter de continuadora de Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A., actualmente Desarrollo del Capital Humano SAPEM, mediante la cual procuraba el cobro del resarcimiento de los daños y perjuicios que habría sufrido con motivo de la incapacidad que hubo de denunciar (v. resolución de fecha 4-V-2020).
Para así decidir, juzgó que la acción instaurada "cuadra dentro de los supuestos previstos en el art. 116 de la Constitución Nacional", pues en el caso -continuó diciendo- se encuentran demandados entes dependientes del Poder Ejecutivo nacional, a saber, la excepcionante Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, como también la coaccionada Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. Con ello, sostuvo que el caso era de competencia de la justicia federal.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18, 19 y concordantes de la Constitución nacional; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita. Asimismo, invoca vulnerados los principios de seguridad jurídica, economía y celeridad procesal (v. presentación de fecha 27-V-2020).
II.1. Se agravia de la oportunidad en que fue tratada la excepción de incompetencia.
Alega que el tribunal de origen se declaró incompetente después de ocho años de iniciado el proceso y habiéndose tramitado en su totalidad.
Sostiene que la incompetencia no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna, y que una vez precluida, tanto las partes como el órgano jurisdiccional se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, cuando aquí -entiende- todos ellos consintieron la competencia del tribunal.
Insiste en que en autos la competencia se encuentra definitivamente consentida, ello, por imperio del art. 6 de la ley 11.653, revelándose la extemporaneidad de la resolución recurrida. Entre otras, cita en apoyo de su postura doctrina de este Tribunal que indica que, si el tribunal de trabajo no se considera incompetente para conocer en el asunto por razón de la materia en la etapa procesal oportuna, queda fijada su competencia para entender en la causa.
Luego de afirmar que el juzgador de origen asumió su competencia al dar trámite a las actuaciones mediante el cumplimiento de distintos actos procesales (v.gr.: traslado de la demanda, proveimiento de sus contestaciones, dictado del auto de apertura a prueba y fijación de la audiencia de vista de la causa), destaca que, a su vez, las partes consintieron la competencia del órgano de origen, pues la excepcionante no instó un inmediato pronunciamiento sobre el asunto; es más, consintió la producción de los elementos probatorios y la designación de la referida audiencia.
Remarca que la ley 11.653 establece el deber por parte del órgano de origen de ordenar de oficio las medidas convenientes y conducentes para el desarrollo del proceso, facultándolo para realizar cualquier diligencia necesaria a fin de evitar su nulidad.
II.2. Dentro de la misma línea argumental expuesta, denuncia asimismo que la decisión es portadora de conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa.
Expone que, desde el inicio, el tribunal no se declaró incompetente de oficio, sino que ordenó el traslado de la acción. Relata que luego se presentó la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios (SACPEM), solicitando se diera cumplimiento con lo normado en la ley 25.344 de emergencia económica. Con base en ello y cumplido el anoticiamiento a la Procuración del Tesoro, el juzgador confirió nuevamente el traslado de la demanda.
Aclara que seguidamente se llevaron a cabo los actos necesarios para dar trámite al proceso, todos consentidos por las partes, lo que torna insostenible la decisión censurada en el momento en que el expediente se encontraba en condiciones de ser sentenciado.
II.3. Por último, se agravia de la imposición de costas al actor.
Declara que la decisión es arbitraria, abusiva, confiscatoria y violatoria del derecho de acceso a la justicia consagrado por los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sostiene que la parte actora no generó las costas, toda vez que no existió conducta negligente alguna imputable al promotor del juicio.
Agrega, que el principio de imposición de costas al perdidoso no es absoluto, existiendo excepciones que facultan al juez a eximir, total o parcialmente, de tal condena, cuando existieran motivos fundados.
Manifiesta que, en el caso, a la vista de cómo se desarrolló el juicio y analizadas las conductas de las partes, existen razones justificadas para apartarse de la regla general prevista en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial.
En consecuencia, solicita la eximición de la aplicación al actor de los gastos causídicos.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente, y en tanto es aplicable en el sub examine , dable es recordar que cuando se controvierte la aptitud jurisdiccional del fuero provincial para entender en el pleito, hallándose en juego la posible atribución de competencia a un juez extraprovincial, el pronunciamiento atacado debe considerarse asimilable a definitivo (causas L. 115.653, "Torres", sent. de 6-III-2013; L. 121.232, "Arquilla", resol. de 30-V-2018 y L. 120.325, "Pérez", sent. de 29-V-2019).
III.2. Efectuada esa aclaración, solo tocante a una particularidad referida a la admisibilidad del medio de impugnación, ocupa ahora dar respuesta al agravio principal que trae el quejoso.
Y al respecto, como se indica en el recurso, cabe señalar que esta Suprema Corte ha declarado que las cuestiones sobre competencia deben proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna, y que una vez precluida esta, tanto las partes como el órgano jurisdiccional, se encuentran limitados para volver sobre la materia, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y economía procesal (causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 79.352, "CLI S.R.L.", sent. de 28-XI-2001 y L. 117.818, "Agüero", sent. de 31-X-2016).
Bajo estas directrices, no es posible soslayar que el argumento esgrimido por el tribunal de trabajo para declararse incompetente, afincado en que en autos se ha demandado a entes dependientes del Poder Ejecutivo nacional, hubo de estructurarse en base a circunstancias que evidentemente fueron conocidas por el órgano jurisdiccional en la etapa inicial del proceso, tanto es así, que ello formó parte -claro- de la excepción de incompetencia opuesta por una de las codemandadas y, a pesar de esto último, el proceso continuó sin que tal defensa recibiese oportuno abordaje.
Luego, le asiste razón al interesado cuando sostiene que al resolver del modo y en la etapa en que lo hizo, el órgano de origen soslayó la regla de la preclusión procesal, que impide retrogradar el trámite y reeditar cuestiones clausuradas.
No está de más memorar que en reiteradas ocasiones esta Corte ha enfatizado en que no resulta admisible que el tribunal de trabajo se contradiga con sus propios actos procesales dictados durante la sustanciación del proceso y alcanzados por la preclusión y con la postura asumida por las partes (causas L. 88.656, "Sánchez", sent. de 18-II-2009; L. 99.432, "González", sent. de 14-VII-2010 y L. 117.195, "Villalba", sent. de 9-IV-2014).
Toda vez que el órgano interviniente conculcó el evocado principio al emitir un pronunciamiento en abierta contradicción tanto de la dirección impresa al proceso como de la actitud asumida por las partes durante su tramitación, la decisión merece ser revocada.
Conformada la línea de razonamiento que conduce a acoger la impugnación, resta precisar que la competencia federal por razón de la persona es prorrogable en favor de la justicia local, constituyendo un tema disponible para la parte interesada (causas L. 63.348, "Mansilla", sent. de 28-X-1997; L. 121.887, "Molino", sent. de 7-IX-2020 y L. 122.614, "Zubeldía", sent. de 29-X-2021). A poco de ponderar el pronunciamiento en revisión, tales nociones emergen omitidas por el a quo .
III.3. En virtud de lo resuelto, no procede ingresar al estudio del restante cuestionamiento traído, referido a las costas, que deviene carente de virtualidad.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la decisión impugnada con arreglo a la cual se declaró la falta de aptitud jurisdiccional por parte del tribunal de origen, el que -por las razones dadas- deberá seguir entendiendo en la presente causa. En consecuencia, los autos se remitirán al órgano de grado a fin de que, con nueva integración, prosiga con el trámite de las actuaciones según su estado.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión y el modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado se desprendió del conocimiento de la causa, cuya competencia se declara. En consecuencia, los autos se remitirán al órgano de grado a fin de que, con nueva integración, prosiga con el trámite de las actuaciones según su estado.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión y el modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/03/2023 09:17:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2023 15:52:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2023 13:49:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 08:57:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 12:18:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 13:02:57 hs. bajo el número RS-19-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia