Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126591
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.591, "D’Onofrio, Néstor Alberto contra Oligra Sudamericana S.A. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 693/712).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 721/731).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Néstor Alberto D’Onofrio y condenó a Oligra Sudamericana S.A. y solidariamente -con fundamento en el art. 274 de la Ley de Sociedades Comerciales- a Gabriel Osvaldo Anacondio y Cristian Darío Anacondio, al pago de la suma que estableció en concepto de sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido, y las penalidades previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45, ley 25.345). La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba percibir las sanciones contempladas en los arts. 132 bis y 275 de la última ley citada, la reparación del daño moral denunciado y extender solidariamente la condena a las codemandadas Resolio Distribuidora S.A. y Castello Ponte S.A. con sustento en el art. 31 de la misma ley.
Interesa destacar -por ser materia de agravios- que el sentenciante declaró demostrado que el actor, desde el día 1 de agosto de 2016, prestó servicios bajo relación de dependencia de la primera de las firmas mencionadas como gerente general y director general hasta el 22 de agosto de 2017, fecha en que se le comunicó el despido directo mediante pieza postal agregada a fs. 8 (v. fs. 693 vta./699 vta.)
También, que la mejor remuneración mensual, normal y habitual que percibió corresponde al último mes indicado y ascendió a la suma de $60.220 -integrada por $23.000 y $37.220 conforme a los cargos referidos- alcanzando con el sueldo anual complementario -SAC- ($5.018,33) el importe de $65.238,33 (v. fs. cit. y 706).
Asimismo, tuvo por acreditado que los codemandados Gabriel Osvaldo Anacondio y Cristian Darío Anacondio eran socios mayoritarios, autoridades, (presidente y vicepresidente, respectivamente) y administradores de la sociedad empleadora. A su vez verificó que, en tal carácter, incumplieron sus obligaciones legales y no procedieron con la diligencia adecuada en relación a los daños sufridos por el trabajador como consecuencia de la falta de registración del contrato de trabajo (v. fs. 701/702 y 709 vta.).
Por otro lado, el a quo juzgó que no se habían probado los "pagos en negro" de los rubros alegados en la demanda, estos son "el uso de telefonía celular", "gastos de vehículo (peajes, combustible, service, etc.)", "plan de medicina prepaga OSDE para el grupo familiar" y "almuerzos/alimentación" (v. fs. cit.). Tampoco, la existencia de un grupo económico de carácter permanente entre las empresas codemandadas, ni una conducta fraudulenta, que permita verificar la configuración de los presupuestos de aplicación del régimen de responsabilidad solidaria previsto en el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 702/703 y 710/711).
Por último, tras admitir parcialmente el reclamo con el alcance señalado, impuso las costas del juicio "por lo que progresa a OLIGRA SUDAMERICANA S.A., GABRIEL OSVALDO ANACONDIO Y CRISTIAN DARIO ANACONDIO en forma solidaria y por el rechazo de la acción y los rubros desestimados a la parte actora con el beneficio del art. 22 de la ley; con respecto a los letrados de los codemandados por su orden y los honorarios del perito contador comunes a los codemandados vencidos (art. 19 ley 11.653)" (fs. 711 vta.).
II. El accionante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 1.255 del Código Civil y Comercial; 9, 12, 55 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 13 de la ley 24.432 y 39 de la ley 11.653.
II.1. Cuestiona la conclusión del tribunal de grado en cuanto declaró que en autos no se había probado la existencia de pagos fuera de registro.
En ese sentido, le reprocha no haber aplicado a tal fin las presunciones que establecen los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653, tenido en cuenta la falta de exhibición de los libros por parte del empleador y la consecuente imposibilidad de realizar la pericia contable (v. fs. 722 y vta.).
También, haber ignorado prueba documental y testimonial aportada por su parte, en particular: planillas con detalle de desembolsos en efectivo, resúmenes de cuentas y tarjetas aportados por el Banco Galicia, y la declaración del señor Margni, que confirmó que todos los empleados del grupo empresario cobraban una parte en blanco y otra en negro (v. fs. cit.).
Añade que el principio de primacía de la realidad, permite afirmar que es insólito que un gerente general de una empresa importante, como Oligra, perciba por sus tareas la magra suma que figura en los recibos de haberes. Aduce que aun adicionándole el importe concerniente a su cargo de director sigue siendo un sueldo muy bajo (v. fs. cit.).
Sobre tales premisas solicita que se realice una nueva liquidación con la base de cálculo indicada en la demanda ($146.756,00; v. fs. 723 vta.).
Subsidiariamente, para el caso de que se considere que los pagos adicionales -en concepto de vehículo, peajes, comida, telefonía celular y Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE)- no tienen naturaleza salarial y deben quedar excluidos de aquel cómputo, peticiona que se adune la suma de $60.000, que le abonaban informalmente en efectivo (v. fs. cit.).
II.2. A su vez, se agravia porque -en su interpretación- el juzgador no valoró debidamente la falta de registración de la relación laboral a pesar de su crucial importancia para dilucidar con qué empresa estaba anudada esta y, en tal caso, si existieron maniobras fraudulentas en los términos del art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 724).
Impugna el fallo en cuanto desestimó la pretensión de extender solidariamente la condena a las codemandadas Resolio Distribuidora S.A. y Castello Ponte S.A. con fundamento en esta última norma legal (v. fs. 724 y vta.).
Alega que el sentenciante, al juzgar que no se habría demostrado la existencia de un grupo económico entre dichas sociedades incurrió en absurdo, plasmando una conclusión incompatible con las constancias objetivas de la causa (v. fs. cit.).
Afirma que en autos se encuentran acreditados todos los requisitos que determinan la configuración del conjunto económico de carácter permanente al que alude el mentado precepto legal. Explica que las compañías accionadas poseen un uso común de medios materiales, inmateriales y personales, bajo una dirección unificada, que ha tenido una conducta temeraria y fraudulenta (v. fs. 725 y vta.).
Asegura que en este aspecto del pronunciamiento resulta claro y notorio el absurdo toda vez que -en su opinión- distintas pruebas que destaca (edictos, constancias de inscripción en la AFIP, estatutos, correos electrónicos, nota periodística publicada en la revista Retail "foods & non foods" en el mes de julio de 2017, y declaraciones del testigo Mosler) corroboran la estrecha interrelación empresaria, con capital, dirección y administración común (v. fs. 726/728).
En el mismo sentido resalta que, en el expediente, las legitimadas pasivas tienen la misma representación letrada y sus contestaciones a la demanda son exactamente iguales (v. fs. cit.).
Concluye que existen sobradas pruebas para condenarlas solidariamente en la medida que se beneficiaron con las tareas que prestó, y cometieron un ilícito con la falta de registración del vínculo laboral (v. fs. cit.).
II.3. Por último, alega que existe una contradicción entre el modo en que el tribunal impuso las costas en la parte resolutoria de la sentencia y el auto regulatorio de los honorarios de los profesionales intervinientes, donde precisó cuales estaban "a cargo de la parte actora respecto del rechazo rubros y de la acción con el beneficio de ley" (fs. 728 vta.).
Entiende que la sentencia, más allá de su falta de claridad, dispuso que "por el rechazo de la acción contra Castello Ponte S.A. y Resolio Distribuidora S.A. los honorarios de los letrados de las codemandadas serán en el orden causado" (fs. 729).
De nuevo subsidiariamente, para el caso de que se confirme la decisión de desestimar la condena solidaria a estas y se considere que la parte actora debe correr con el pago de los honorarios de sus letrados, objeta el monto de los honorarios de los abogados de las codemandadas por considerarlos exorbitante y contrarios a lo normado por los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 13 de la ley 24.432 (v. fs. cit.).
En ese sentido, aduce que dicha suma representa más del 50% del importe de la sentencia, y plantea además la inconstitucionalidad del art. 23 de la ley 14.967 (v. fs. 729 vta.).
En apoyo de su postulación, cita precedentes de diferentes órganos jurisdiccionales (v. fs. cit. y 730).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. El primer agravio que porta la queja, destinado a cuestionar el salario base que utilizó el a quo para liquidar los créditos reconocidos en la sentencia, es insuficiente.
En el veredicto, el órgano jurisdiccional de grado, con apoyo en los informes brindados por los Bancos Galicia y Santander Río, consideró acreditado que el salario del actor ascendía a $60.220 y comprendía las sumas percibidas en conceptos de "Pago de haberes Interbanking Externa Oligra Sudamericana SA" y "Pago Proveedores Interbanking Exte Oligra Sudamericana SA" (fs. 696 vta./698 vta.).
Sin embargo, declaró que el accionante no había demostrado haber cobrado dinero en efectivo sin registro " en negro ", como denuncia en su libelo inicial. En ese sentido, señaló que el único testigo compañero de trabajo tuvo declaraciones que -juzgó- no habían sido lo suficientemente objetivas, trasluciendo la intención de beneficiarlo y no sabía cuánto ni cómo cobraba. Agregó que ninguna otra prueba fue arrimada a la causa a efectos de comprobar dicha circunstancia (v. fs. cit.).
Luego, el a quo procedió a analizar la petición del demandante de incluir -para determinar su mejor remuneración mensual normal y habitual- los rubros: uso de telefonía celular, plan de medicina prepaga OSDE 210 para todo el grupo familiar, gastos de vehículo y almuerzo/alimentación. Consideró entonces que tampoco había aportado prueba tendiente a corroborar dichos presupuestos, esto es: que la empresa haya hecho entrega de un teléfono celular, o contratado un servicio de medicina prepaga o precisado -en tal caso- qué plan o tipo de cobertura abarcaba (v. fs. 698 vta. y 699).
En cuanto a los gastos de vehículo apuntó que la tarjeta YPF en ruta que acompañó el accionante no tiene su identificación personal y ninguna prueba informativa que pueda autenticar su procedencia. Relató que, en la audiencia de vista de causa, el único testigo que veía al actor en la empresa, al ser interrogado -si este conducía su propio auto, conocía su marca, era acorde al nivel de vida-, nada puedo aportar (v. fs. cit.).
Del mismo modo, desestimó los gastos en comida al no contar con ninguna constancia que los corrobore (v. fs. cit.).
A partir de estas conclusiones, declaró que ante la falta de pruebas de los rubros mencionados no correspondía aplicar el art. 39 de la ley de rito laboral, ni integrarlos en la base salarial para el computo indemnizatorio (v. fs. cit. y 706 y vta.).
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que la determinación del salario base para liquidar las indemnizaciones derivadas del despido, constituye una cuestión de índole fáctica y probatoria, cuya apreciación incumbe privativamente a los Tribunales del Trabajo, salvo absurdo (causas L. 94.374, "Morselli", sent. de 2-VII-2008; L. 97.914, "Iturralde", sent. de 7-III-2012; L. 107.585, "Devicenzi", sent de 5-VI-2013 y L. 119.828, "Puszko", sent. de 4-VIII-2018).
III.1.a.i. Bajo esas directrices el primer agravio ensayado por el interesado se advierte insuficientemente fundado porque, en esta parcela del recurso (v. fs. cap. II.1.), no satisface la inexcusable carga de denunciar que el a quo hubiese incurrido en el mencionado error a la hora de determinar cómo estaba conformada la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el actor (art. 279, CPCC).
Al respecto, conviene recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular la impugnación (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 119.678, "Bertinelli", sent. de 10-IV-2019 y L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020).
III.1.a.ii. Y aun cuando -en la mejor hipótesis para el recurrente- pudiere considerarse suficiente la genérica invocación efectuada al referirse a los requisitos de admisibilidad, los argumentos traídos lejos están de evidenciar la presencia de algún vicio lógico en el pronunciamiento de grado.
Es que la crítica que formula el agraviado se limita a exponer su particular apreciación de determinados medios de prueba -documental, informativa y testimonial, en particular del deponente Margni- que considera relevantes para acreditar que la empleadora efectuó algunos pagos en negro o fuera de registro vinculados a "Movistar, OSDE e YPF, entre otros" (fs. 722 vta.).
De este modo la impugnación, además de ignorar que la valoración de las declaraciones testimoniales tanto en lo atinente al mérito como a la confiabilidad que ellas le merezcan constituye una facultad privativa de los jueces de grado (causa L. 119.644, "Salas", sent. de 6-II-2019; e.o.), deriva en una mera contraposición de criterios con la conclusión que estableció el tribunal, al señalar que las expresiones del testigo mencionado no habían sido lo suficientemente objetivas, traslucían la intención de beneficiar al actor, y no sabían precisar cuánto ni cómo cobraba este (v. fs. 698 vta.).
Así, el embate resulta endeble para rebatir el análisis que llevó al sentenciante a considerar a dichos rubros -que pretendía el accionante incluir en el cálculo de su mejor remuneración- como no acreditados (art. 375, CPCC y 726, CCCN; v. fs. 699). Cabe recordar que el juzgador indicó que el señor D’Onofrio no comprobó que la empresa le haya hecho entrega de un teléfono celular ni a cargo de quién corría el gasto o si podía utilizarlo para fines personales; tampoco demostró por quién ni cuándo fue contratado el servicio de medicina prepaga OSDE, o qué plan y cobertura abarcaba (v. fs. cit.).
Igualmente, en cuanto a los gastos del vehículo alegados, expuso que el demandante, si bien había adjuntado una "tarjeta YPF en ruta", no surgía de esta su identificación personal ni se había requerido prueba oficiatoria para autenticar su procedencia. Agregó que, en la audiencia de vista de causa, el único testigo que lo veía en la empresa al actor, al ser interrogado -sobre el auto que conducía, su marca y si era acorde al nivel de vida- nada pudo aportar al respecto (v. fs. cit.).
Por último, señaló que los gastos en comida denunciados tampoco se verificaron, porque no se acompañaron constancias o pruebas tendiente a su demostración (v. fs. cit.).
Queda claro entonces que el recurrente, apartándose de la línea reflexiva y valoración que llevó al sentenciante a la solución objetada, intenta un nuevo examen de los hechos y las pruebas, según su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al vicio de absurdo mencionado (causas L 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015; L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; e.o.).
III.1.b. Encontrándose firmes las conclusiones que estableció el tribunal respecto a la falta de acreditación de la existencia de los rubros que pretendía incluir el actor en el cálculo de su mejor remuneración -por la ineficacia de recurso expuesta en el apartado precedente-, es dable advertir que no le asiste razón a este cuando sostiene que en el caso debieron haberse aplicado las presunciones contenidas en los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653, ni tenido por cierto el monto total de la remuneración denunciado en la demanda.
Tales normas no resultan aplicables si el salario que se invocó lo fue sobre la base de rubros, gastos o beneficios que no resultaron acreditados, ya que solo operan cuando se discute el monto o cobro de las remuneraciones y no cuando se trata de la demostración del hecho mismo que constituye la causa jurídica en que se sustentó el reclamo (causas L. 99.042, "Vincet", sent. de 9-VI-2010; L. 107.351, "Baute", sent. de 23-XII-2013; L. 111.903, "Mobili", sent. de 10-XII-2014 y L. 120.701, "Sánchez", sent. de 14-VIII-2019).
III.2. Igual suerte adversa ha de correr el tramo del recurso destinado a cuestionar la decisión de rechazar la pretensión de condenar solidariamente a las codemandadas Resolio Distribuidora S.A. y Castello Ponte S.A., con sustento en el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.2.a. Para así decidir, luego de analizar minuciosamente el material probatorio aportado por las partes (esto es la escritura de constitución de Castello Ponte S.A., las actas de asamblea de esta, un artículo de la revista Retail Publishing S.A., la documental relativa a la constitución, cambio de denominación social y reforma del estatuto social de Resolio Distribuidora S.A., registros en la Inspección General de Justicia y declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de causa) el sentenciante juzgó que no pudieron acreditarse en autos los presupuestos fácticos que hacen viable la existencia de un grupo económico de carácter permanente, es decir, por un lado, un uso común de medios y, por otro, algún tipo de subordinación de las empresas que lo integran, verificada en actos de dirección, control o administración de unas respecto de las otras. Asimismo, declaró que tampoco se logró demostrar una conducta temeraria y fraudulenta en los términos de la norma indicada.
III.2.b. Es menester recordar que desentrañar la existencia de una vinculación entre empresas a los fines de verificar si se configuran los supuestos de aplicación del régimen de responsabilidad solidaria previsto en el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde al ámbito de las atribuciones privativas del tribunal de trabajo, por lo que las conclusiones que al respecto formule no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, excepto que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 105.726, "Mac Garrell", sent. de 8-VIII-2012 y L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014).
Este tramo de la impugnación sí contiene la denuncia de dicho yerro (v. fs. 724 vta.) pero no logra evidenciarlo porque los argumentos sobre los cuales se estructura (todos ellos afincados en la afirmación de que las empresas codemandadas mencionadas han tenido una estrecha interrelación, con capital, dirección y administración común, así como una conducta temeraria y fraudulenta) no superan el registro de una opinión personal discrepante del recurrente respecto de cuestiones de hecho y prueb
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