Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127372
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a cuyo respecto la demanda se rechaza.
Las costas de esta sede extraordinaria y las de la instancia ordinaria respecto de lo que aquí se decide son a cargo de la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.372, "Faure, María Ester contra Provincia ART S.A. y otro/a. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente -por mayoría- a la acción entablada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. veredicto de fecha 15-XII-2020 y sentencia de 2-II-2021).
Se interpuso, por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-II-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -por mayoría- hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora María Ester Faure y condenó a la Provincia de Buenos Aires y -solidariamente- a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., al pago de una reparación integral por daños y perjuicios, con fundamento en las normas del derecho civil, derivada de la enfermedad profesional contraída.
Para así decidir, tuvo por acreditado que como consecuencia de las tareas desarrolladas como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la actora padece "disfonía por hiatus longitudinal de las cuerdas vocales, un trauma acústico bilateral de tercer grado y de hipoacusia perceptiva inducida por ruido", y que presenta una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 65,77% del índice de la total obrera (tomando en consideración el daño psíquico determinado); cuya fecha de toma de conocimiento se produjo el día 18 de agosto de 2012.
A su vez, precisó que no se hallaba probado que las codemandadas hubieran abonado a la trabajadora el pago de prestación dineraria alguna por la mencionada incapacidad determinada.
En lo que resulta relevante para resolver la controversia, estableció que, en el escrito de contestación de la demanda, la aseguradora señaló que se vinculó con la mencionada Dirección provincial mediante el contrato de afiliación n° 46.882, con vigencia desde el 1 de enero de 1998 hasta el 1 de enero de 2007; fecha esta última en la que fue rescindido y, desde la cual la Provincia asumió el carácter de autoasegurada.
Posteriormente, en la etapa de sentencia, el a quo consideró acreditada la responsabilidad civil extracontractual objetiva de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del art. 1.113, segundo párrafo, del Código Civil (ley 340; vigente a la fecha en la que sucedieron los hechos ventilados en la causa), toda vez que -explicó- se había probado en el caso que el perjuicio sufrido en la salud de la accionante se produjo como consecuencia de las tareas cumplidas, las cuales -estimó- resultaron en particular, riesgosas. A su vez, descartó que aquella responsabilidad alcanzara a la aseguradora demandada por no verificarse su condición de "guardiana de la cosa".
Añadió a lo dicho que la obligación de reparar el daño resultaba también de los términos del art. 1.109 del mismo cuerpo legal y del art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. En este orden, entendió que el Estado local no acreditó haber cumplido eficazmente con los deberes de higiene y seguridad a su cargo. De igual modo, meritó que la señora Faure careció de una adecuada instrucción regular y protección en las mencionadas materias por parte de Provincia ART S.A., a fin de resguardar la salud ocupacional de la trabajadora (art. 1.074, Cód. Civ.). Corolario de lo expuesto, extendió las consecuencias de la responsabilidad en su faceta subjetiva a la compañía de seguros.
Seguidamente, retomó el análisis de la cuestión relativa al autoseguro provincial, a la luz de la defensa de "no seguro" y falta de legitimación pasiva, opuestas por esta última codemandada.
En ese camino, señaló que la autorización de autoasegurar los riesgos del trabajo definidos por la ley 24.557, se dispuso mediante las resoluciones conjuntas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 33.034/08 y 573/08.
Siguiendo esa línea, declaró que la cláusula cuarta del Convenio estipulado para ello, encomendó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. la administración de la cartera de siniestros y contingencias (entendiéndose por estas últimas a los infortunios laborales ocurridos desde el día 1 de enero de 2007), por cuenta y orden del Estado provincial.
Refirió que mediante el dictado del art. 2 del decreto 3.858/07, se designó a la Secretaría General de la Gobernación como la Autoridad de Aplicación del Régimen de Autoseguro de los Riesgos del Trabajo, quedando facultada para dictar las disposiciones que considere necesarias para la implementación del régimen. Así, mencionó que debía encargarse de definir los instrumentos que permitan implantar los pertinentes procesos de gastos y pago para atender a las prestaciones dinerarias.
En ese orden, entendió que la Provincia debía organizar dicha administración "a través de una unidad orgánica a estructurarse en su ámbito, pero hasta tanto ello ocurra y más allá de las ventajas motivadoras de la decisión propiciada se ha evaluado que sea Provincia ART S.A. quien, en razón de su experiencia, actúe como administradora del nuevo sistema impulsado. Esa administración incluye el proceso de determinación de incapacidades, como secuelas de los infortunios que hubieran sufrido los agentes públicos comprendidos en el autoseguro, conforme las regulaciones vigentes en la materia".
Sobre esa base, explicó que al resultar la mencionada aseguradora una sociedad comercial, obtenía una ventaja patrimonial (lucro) por ejercer dicha actividad administradora, "a la par que se presenta ante el trabajador accidentado como una aseguradora del rubro 'sin reservas', de modo que no podemos exigirle al trabajador accidentado que elucide las responsabilidades de la ART dentro de un entramado por demás complejo...".
Por los argumentos expuestos, juzgó que era la administradora quien debía responder; ello, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieran proceder entre las coaccionadas. En consecuencia, extendió la responsabilidad del Fisco provincial a la aseguradora demandada, desestimando las defensas opuestas por esta última; condenándolas a abonar los rubros por los daños patrimonial y moral que estimó procedentes.
II. Contra dicho pronunciamiento, Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, y violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 23, 26 apartados 3 y 6 de la ley 24.557; 118 de la ley 17.418; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; del decreto 3.858/07 y de la doctrina legal que identifica.
Cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto desestimó las excepciones de falta de legitimación pasiva y "no seguro", opuestas por su parte y la condenó -junto con la Provincia de Buenos Aires- al pago de una reparación integral a la actora.
En esencia, asevera que el sentenciante de grado efectuó una errónea interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en el decreto 3.858/07, en el cual se estableció la rescisión del contrato de afiliación n° 46.864 (a partir del día 1 de enero de 2007), que vinculaba a Provincia ART S.A. con la Provincia de Buenos Aires, estableciendo el régimen del autoseguro provincial.
Sostiene que a la fecha en que tuvieron lugar los acontecimientos de autos, el mencionado vínculo contractual no se encontraba vigente, razón por la cual -aduce- no correspondía responsabilizar a la aseguradora conjuntamente con el Fisco accionado, por no hallarse legalmente obligada.
En ese orden, argumenta que la designación de la aseguradora de riesgos del trabajo como administradora del autoseguro del Estado provincial, en modo alguno puede modificar su responsabilidad, ya que su actuación se efectúa en representación y con fondos de este, el cual se reserva el derecho de control, abonando honorarios por dicha labor, quedando también a cargo del empleador autoasegurado las funciones de prevención, capacitación, asesoramiento, evaluación y fiscalización endilgadas en el resolutorio a su parte; consideradas -alega- equívocamente incumplidas por su parte.
En ese entendimiento, asevera que el sentenciante incurrió en absurdo y arbitrariedad, vulnerando los derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio; a la par que -denuncia- transgredió el principio de congruencia, en tanto -alega-, aun reconociendo la existencia de las circunstancias y normas referidas, fue condenada sin respaldo legal alguno.
A su vez, afirma transgredida la doctrina legal elaborada por esta Corte en la causa L. 121.084, "Bosso" (sent. de 21-X-2020).
Añade que si bien en el citado decreto 3.858/07 se establece que Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. resulta responsable por las sanciones que se impongan en materia de riesgos del trabajo, "...dicha responsabilidad es para y con la Provincia de Buenos Aires según las condiciones por ellas convenidas y sólo aplicable a la relación existente entre ambas..." (fs. 29).
Señala que el decisorio en crisis vulnera las disposiciones contenidas en los arts. 23 apartado 1 y 26 de la Ley de Riesgos del Trabajo, por cuanto, en el caso, el contrato de afiliación entre las accionadas no se encontraba vigente.
En suma, por todo lo dicho, peticiona la revocación del fallo atacado.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente, debo señalar que -tal como sostiene el recurrente- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto de condena- no supera el monto mínimo para recurrir fijado en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), de modo que el tratamiento del canal extraordinario ensayado debe situarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda acotada a verificar si lo resuelto contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018; L. 120.998, "López", sent. de 27-XI-2019; L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e.o.).
III.2. Dicho ello, en el caso, acierta la recurrente en demostrar que, al condenar solidariamente a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y al Estado provincial a abonar a la trabajadora la indemnización determinada en el fallo, el sentenciante de grado efectuó una errónea interpretación y aplicación de las disposiciones del decreto 3.858/07, vulnerando las directrices que sobre la temática examinada ha fijado esta Corte en el precedente L. 121.084, "Bosso" (sent. de 21-X-2020), que invoca.
Así pues, en el contexto definido por la doctrina legal emergente del antecedente citado, habré de acudir a este último, ahora, reproduciendo -en lo pertinente- las reflexiones que hubo de plasmar el doctor Soria en aquella oportunidad y, a cuya opinión adherí.
Este Tribunal resolvió en aquel supuesto que cobraba decisiva relevancia el citado "...Convenio de Rescisión del Contrato de Afiliación nº 46.864 y de Administración de Autoseguro entre la Provincia de Buenos Aires y Provincia A.R.T. S.A." (aprobado por el decreto mencionado, anexado al mismo -conf. art. 1-, e invocado por la agraviada), que, rescindió el referido contrato en forma retroactiva a partir del día 1 de enero de 2007 y en la cláusula segunda dispone que la Provincia reasume a partir de esa fecha, "...la responsabilidad por la cobertura en forma íntegra, total y oportuna, respecto del personal de la Administración Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, entidades descentralizadas y Organismos de la Constitución, por las contingencias contempladas en la citada Ley y conforme al régimen de autoseguro previsto por su Artículo 3º, Inciso 4)".
Asimismo, conforme a la cláusula tercera, asume a partir de la misma fecha "...la atención de los siniestros -infortunios laborales ocurridos durante la vigencia del contrato que se extingue por la Cláusula PRIMERA-, incluidas las sentencias judiciales condenatorias [...] que pudieren recaer y que tengan relación con los referidos siniestros...".
Ahora bien, en razón de todo lo expuesto, teniendo en miras las directrices allí trazadas y la fecha de toma de conocimiento de incapacidad de la señora Faure (18 de agosto de 2012), es dable constatar que el caso bajo examen se encuentra comprendido dentro de las previsiones de la mencionada normativa provincial. En tales condiciones, mal pudo el tribunal considerar dicha circunstancia y, sin embargo, condenar a Provincia ART S.A. a pagar a la actora una reparación integral, con sustento en las normas de derecho común, por las secuelas incapacitantes que padece.
A tenor de lo aclarado precedentemente, en efecto, el único deudor del crédito reconocido en la sentencia es el Estado provincial, revelándose nítido que en nada modifica su situación el hecho de que, en la cláusula cuarta del mentado convenio, este le haya encomendado a la aseguradora mencionada "...la administración de la cartera de siniestros y contingencias (entendiendo por tales los ocurridos a partir de las 0.00 horas del día 1° de enero de 2007) por cuenta y orden de la Provincia...".
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las sumas allí indicadas, a cuyo respecto la demanda debe rechazarse.
Las costas de ambas sedes respecto de lo que aquí se decide son a cargo de la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso debe prosperar.
Como lo indica el ponente, el impugnante evidencia que el tribunal de grado al condenar solidariamente a la firma aseguradora transgredió la doctrina legal establecida en la causa L. 121.084, "Bosso" (sent. de 21-X-2020).
Es que aun cuando en el caso nos hallamos frente a una condena impuesta en los lindes del derecho civil, esta exhibe su pretendido fundamento en el supuesto incumplimiento que se le endilga a la aseguradora de una serie de obligaciones que derivarían de un contrato de afiliación con la Provincia de Buenos Aires. Tal razonamiento colisiona con los lineamientos sentados por esta Corte en el mentado precedente L. 121.084, con sustento en el decreto 3.858/07 (y en el convenio de rescisión aprobado por aquel instrumento) y muestra con claridad la sustancial analogía que poseen ambas causas.
II. Bajo esta breve reflexión, adhiero al sufragio emitido por mi colega doctor Torres.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a cuyo respecto la demanda se rechaza.
Las costas de esta sede extraordinaria y las de la instancia ordinaria respecto de lo que aquí se decide son a cargo de la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/03/2023 16:41:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2023 08:59:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 11:45:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 12:23:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 13:19:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 13:42:48 hs. bajo el número RS-28-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia