Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125939
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.939, "Ostertag, Juan Carlos contra Prevención ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida, imponiendo las costas a la parte actora con el beneficio que consagra el art. 22 de la ley 11.653 (v. fs. 268/285).
Se interpuso, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-XI-2019).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 30-XII-2020), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso contrario:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó íntegramente la demanda entablada por Juan Carlos Ostertag contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la que pretendía el cobro de las diferencias de la indemnización de pago único establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la del art. 3 de la ley 26.773 (v. sent., fs. 284/285).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor se desempeñó bajo las órdenes de la empresa Metalúrgica Beltrán Hermanos S.R.L. y que, el día 2 de julio de 2013, cumpliendo sus funciones habituales, sufrió un accidente de trabajo por el cual (el 2-XII-2013) la Comisión Médica Jurisdiccional n° 13 le fijó una incapacidad del 10% del índice de la total obrera. Asimismo, la aseguradora demandada le abonó al accionante la suma de $50.032,19 en concepto de indemnización.
Por otro lado, conforme el dictamen de la perito médico laboralista, cuyas conclusiones -señaló- no lograron ser desvirtuadas, juzgó no probada la existencia del presupuesto de una mayor incapacidad a la que determinó el órgano administrativo. Descartó -en parte- también el origen traumático en su etiología, en tanto este había sido el supuesto denunciado en sede administrativa, sentando, al contrario, la ausencia de culpabilidad en el evento en base a otros elementos de prueba aportados a la causa (v. vered., fs. 269/270 y sent., fs. 272).
Luego afirmó que la remuneración del trabajador se integraba con el pago del salario básico mensual y adicionales por antigüedad y presentismo, teniendo en cuenta el período que refiere el art. 12 de la ley 24.557 y los recibos aportados por la empresa empleadora (v. sent., fs. cit.).
En ese orden, el órgano de grado rechazó el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 12 impetrado por el accionante al interponer la demanda, por el que solicitaba se tome como base la remuneración del mes de diciembre de 2013 -fecha de pago de la incapacidad parcial definitiva-. En tal sentido consideró que dicha crítica resultaba abstracta, en tanto intentaba suplir la voluntad del legislador, estableciendo una propuesta diferente sobre el modo de cálculo, la que a tales fines consideró insuficiente e improcedente para propiciar la invalidez de una norma. Señaló que, en la especie, tampoco se justificaba un planteo de adecuación constitucional, en tanto no se había demostrado la desnaturalización de la finalidad reparatoria o su base de cálculo (v. sent., fs. 272 vta.).
Asimismo, sostuvo que la interesada tampoco había demostrado la percepción de salarios encubiertos bajo otra denominación vulnerando el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, habida cuenta que le fueron liquidados todos los conceptos con carácter remuneratorio. Añadió que no cuantificó el agravio y, en todo caso, dado los guarismos que arrojaban los recibos acompañados, no probó una disminución agraviante que justificara la declaración de inconstitucionalidad, en tanto se limitó a formular una comparación proponiendo una fórmula distinta a la establecida por el legislador.
En cuanto a la crítica respecto a la falta de previsión de un mecanismo de actualización, hizo hincapié en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 en tanto prohíben expresamente la indexación de los créditos (v. sent., últ. fs. cit.).
Finalmente, desestimó los restantes planteos de inconstitucionalidad impetrados por la parte actora en tanto consideró que fueron articulados con fundamentos genéricos e insuficientes dado que lo que se pretendía era la inaplicabilidad de la ley vigente. Añadió que, si bien puede apreciarse o meritar la conveniencia o no, el desacierto, la mayor amplitud en la toma de decisión legislativa en cuanto al diseño por el que optó el legislador, ello no era suficiente para apartarse de la norma (v. sent., fs. 273/274).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.
En el primero de los remedios procesales citados denuncia que el sentenciante omitió considerar una cuestión -en su criterio- esencial para la resolución del caso, contrariando lo dispuesto por el art. 47 in fine de la ley 11.653.
Manifiesta que, en el escrito electrónico de fecha 22 de marzo de 2019, su parte solicitó que se ordene la realización de una nueva pericia médica o se disponga que se perfeccione o amplíe la producida en autos, atento la evidente y absurda contradicción existente entre las conclusiones periciales arribadas por la experta médica, doctora Trevisán y el dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional n° 13 de Bahía Blanca.
Señala que, si bien el órgano de grado rechazó la procedencia de dicha presentación dejó sentado que los argumentos, observaciones e impugnaciones formulados contra la experticia objeto de cuestionamiento serían valorados y tenidos presentes en el momento de dictar veredicto y sentencia. Sin embargo -sostiene-, en dicha etapa procesal se concentró en la imposibilidad de apartarse de lo concluido por la perito y omitió pronunciarse respecto a la práctica de una nueva pericia, afectando gravemente el derecho de defensa del actor y la sustanciación del debido proceso.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
Ello así, pues el tópico que lo estructura resulta ajeno a su ámbito de actuación, ya que si bien se denuncia la omisión de tratamiento de una cuestión que se considera esencial, los argumentos esgrimidos -en rigor- no encajan en el contenido normativo del art. 168 de la Constitución provincial, cláusula esta cuya eventual transgresión, para más, ni siquiera ha sido denunciada por el recurrente.
En tal sentido, esta Corte ha señalado que los agravios vinculados a la consideración de cuestiones de hecho y prueba resultan ajenos al ámbito del recurso extraordinario de nulidad, toda vez que su equivocado o infundado análisis es materia propia del de inaplicabilidad de ley (causas L. 96.238, "M., B.", sent. de 9-XI-2011; L. 116.542, "Duarte", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016).
Asimismo, cabe destacar que también resultan impropios del remedio de nulidad intentado los cuestionamientos referidos a la configuración del vicio de absurdo, siendo su análisis materia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.430, "Raymundo", resol. de 30-V-2012; L. 102.700, "Santander", sent. de 8-VI-2011; L. 102.759, "García Puente", sent. de 10-XI-2010; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Solo he de agregar, a mayor abundamiento, que el planteo por el que se denuncia la presunta omisión del sentenciante en la resolución del pedido de una nueva pericia (v. escrito de fecha 22-III-2019) importa, en rigor, su disconformidad con la decisión del tribunal de grado -cuya existencia reconoce, incurriendo en una contradicción intrínseca- de desestimar expresamente tal pedimento mediante resolución del 8 de abril de 2019, la que no fue impugnada.
Desde esa perspectiva, el desarrollo del recurrente remite a una cuestión procesal previa a la sentencia definitiva, que se encuentra preclusa y, por ende, resulta extraña al recurso extraordinario de nulidad (conf. causas L. 114.270, "Giordano", resol. de 6-VII-2011; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014; L. 124.440, "Sanabria", resol. de 21-IX-2020 y L. 127.720, "Besi", resol. de 7-III-2022).
Voto pues, por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 330, 354, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 8 incs. "a", "b" y "c" y 22 de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44 inc. "e", 47, 65 y concordantes del decreto ley 7.718/71; 1, 2 y 3 del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 669/19.
En lo sustancial se agravia por cuanto el tribunal no aplicó al caso de autos las disposiciones del DNU 669/19.
Señala que el régimen original de determinación del ingreso base mensual de la ley 24.557 en su art. 12, implica un marcado perjuicio en el cálculo de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, afectando el derecho de propiedad del trabajador.
Sostiene que el dictado y vigencia del DNU 669/19 de aplicación a todos los casos con independencia de la fecha de primera manifestación invalidante, reconoce la inconstitucionalidad del citado art. 12, en su redacción original que su parte planteó al articular la demanda y la que, indica, fue reconocida por el legislador en la ley 27.348.
Alega que mientras exista un crédito abierto a favor del trabajador, si una norma jurídica nueva mejora su situación, la misma debe ser aplicada sin más, en virtud de los principios de progresividad y de la aplicación de la norma más favorable al trabajador.
Afirma que la no aplicación del decreto 669/19 implica una flagrante violación del derecho de propiedad del trabajador (sujeto de preferente tutela constitucional), en tanto mutila y cercena irrazonablemente, la reparación justa, suficiente y equitativa a la que tiene derecho.
II. El recurso no prospera.
II.1.a. Advierto que el interesado no ha cumplido con la carga de demostrar que el monto de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria (en el caso, representado por la diferencia económica que surge entre el modo de cálculo del ingreso base utilizado por el tribunal de grado y aquel otro que pretende el impugnante) supere la cuantía mínima para recurrir fijada en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), ya que nada dijo en torno al valor del litigio con la finalidad de observar ese requisito de admisibilidad. Por ello, ya que no corresponde a este Superior Tribunal indagar sobre los guarismos a los que se arribaría para suplir esa falencia, he de abordar el remedio traído en el marco de la vía de excepción que establece el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
En este sentido, ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el mínimo fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013; L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019; L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; e.o.).
II.1.b. En el punto cabe aclarar que -contrariamente a lo sostenido en la pieza examinada- no se advierte que la impugnante acredite que en autos se encuentre involucrada -de manera directa e inmediata- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento de la vía extraordinaria sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro", resol. de 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
En efecto, el recurrente sin cuestionar el rechazo del planteo de invalidez constitucional del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, se limita a criticar el fallo en tanto omitió aplicar las prescripciones del DNU 669/19, a los fines de actualizar la base de cálculo de la indemnización, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.
II.1.c. En estas condiciones, la función revisora de este Superior Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; e.o.).
II.2. Aclarado lo que antecede, la impugnación debe ser desestimada, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 127.181, "Comezaña", resol. de 6-XII-2021).
II.3. Para mejor ilustración, no es ocioso recordar al recurrente que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 118.978, "Larrea", resol. de 18-XI-2015 y L. 123.407, "Cazón", sent. de 28-IV-2021).
III. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2023 11:20:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/03/2023 10:14:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 14:15:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 08:57:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 12:19:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 13:03:04 hs. bajo el número RS-24-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia