Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127849
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.849, "Tumini, Patricia Marcela contra Pérez Ibáñez S.R.L. y otra. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida, con costas (v. vered. y sent. electrónicos de fecha 2-X-2020).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30-X-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por Patricia Marcela Tumini contra Pérez Ibáñez S.R.L., por la que pretendía -con fundamento en las normas del derecho común- el cobro de una reparación integral por la disminución de la capacidad laboral que alega padecer como consecuencia de los accidentes de trabajo que denunció haber protagonizado en ocasión de encontrarse prestando servicios bajo la dependencia de la accionada.
Para así resolver, señaló que la actora afirmó en la demanda que el día 9 de febrero de 2012, cuando manipulaba un resonador "NT" mientras atendía a un paciente de aproximadamente ciento veinte kilos de peso, efectuó un importante esfuerzo físico que le generó un profundo tirón en su espalda, en la zona lumbar y además repercutió en su pierna izquierda. También denunció que, posteriormente, en el mes de abril de 2013, realizando idénticas tareas manipulando un resonador "INTERA" se reagravó su salud a partir de un cuadro de lumbociatalgia por hernia de disco, que -sostiene- tiene relación directa con el referido hecho súbito y violento, en el que -afirma- incidió de modo determinante el tipo de tareas cumplidas.
A su vez, interpretó que, al contestar la demanda, la empleadora negó "el infortunio" relatado, pues sostuvo que la dependiente -en su condición de técnica radióloga- no debía manipular a ningún paciente y que sus tareas específicas no requerían esfuerzo físico. Ello así, desde que se limitaban a la operación de los equipos de resonancia magnética pertenecientes a la firma.
En ese marco de análisis, luego de valorar la prueba informativa, documental, testimonial y pericial (psicológica, médica, contable y técnica) producidas durante la sustanciación del trámite, juzgó que si bien se demostró en autos la incapacidad física y psicológica de la que es portadora la accionante; esta última no logró probar ni la existencia de "los acontecimientos súbitos y violentos ocurridos por el hecho o en ocasión del trabajo" en los que ubicó el origen de sus dolencias, ni que la actividad profesional de la reclamante se las provocara.
En definitiva, consideró no probada la relación causal entre los supuestos infortunios o el tipo de tareas desarrolladas y las patologías detectadas.
Asentado en esta medular conclusión, declaró en la sentencia que no podía atribuirse responsabilidad civil extracontractual a la demandada por el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene (subjetiva) ni por su condición de dueño o guardián de las cosas de que se sirvió la señora Tumini para cumplir sus tareas (objetiva) y, en consecuencia, rechazó -como se anticipó- la pretensión resarcitoria de daños y perjuicios articulada al amparo de los arts. 1.109 y 1.113 del por entonces vigente Código Civil de Vélez Sarsfield.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 1.113 del Código Civil; 75 de la Ley de Contrato de Trabajo; 347, 375, 415 y 497 del Código Procesal Civil y Comercial; 29, 31, 34, 39, 44 inc. "d", 47 y 49 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 30-X-2020).
En lo esencial, dirige su embate a objetar la conclusión por la que se declaró no probada la ocurrencia de los infortunios denunciados en la demanda, así como la entidad de las tareas prestadas para provocar la patología padecida.
Señala que el tribunal de grado incurrió en el vicio de absurdo al valorar las pruebas testimonial y documental, así como los informes periciales producidos en la causa desde que, en su opinión, dichos elementos de juicio son demostrativos de que la actora padece una lesión en su salud con motivo de las tareas que denunció haber prestado.
Explica que "el accidente de trabajo" constituyó el hecho definitorio de su dolencia, en el marco de un proceso de microsecuelas provocadas por la realización de sus tareas (evidenciando, según afirma, la existencia de una "enfermedad profesional"), tal como se desprende de la experticia médica.
Reprocha que el juzgador de origen no haya tenido en cuenta el esfuerzo que realizaba la reclamante al "acomodar" a los pacientes en el resonador, así como tampoco los defectos que tenían las propias máquinas (hace referencia a la camilla de una de ellas), a los efectos de definir la existencia de una enfermedad profesional. Ello, agrega, independientemente del acaecimiento de los hechos "súbitos y violentos" denunciados en el escrito liminar.
Entiende que en los accidentes de trabajo no debe existir una prueba palpable del momento del hecho porque, de imperar ese criterio, los eventos dañosos sin testigos nunca serían reparados. Afirma que, para su demostración, se debe recurrir a indicios, que en el caso abundan.
Asegura que su trabajo era pesado y riesgoso, de acuerdo a las expresiones de los testigos, y -sin embargo- ello no fue ponderado por los magistrados integrantes del órgano de la instancia inferior.
Destaca que en el informe pericial médico se analizó la posibilidad de que la manipulación de pacientes de un peso promedio superior al suyo sea la causa de la enfermedad que padece, concluyendo que esta "...es resultado directo de su trabajo, encajando en las estrictas previsiones del Decreto 49/14..." (fs. 699 vta.).
Apunta que, precisamente, por esta razón la aseguradora de riesgos del trabajo abonó el resarcimiento sistémico.
También resalta que la licenciada en psicología interviniente en autos dictaminó que padece un síndrome psíquico "coherente", "novedoso", que ha acentuado significativamente sus rasgos de personalidad de base e indudablemente conlleva sufrimiento, disminución en sus aptitudes psíquicas y está relacionado concausalmente con su patología física.
Cuestiona al fallo de grado porque nada dice con relación a la aplicación de los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, a pesar de haberlo requerido en el escrito de fecha 10 de mayo de 2017. En tal sentido, advierte que el juzgador debió aplicar el apercibimiento de ley, al fracasar la pericia técnica por el impedimento de la accionada al ingreso del experto a sus instalaciones.
Reitera que el sentenciante de grado debió verificar que, como consecuencia de las tareas prestadas, se fue produciendo una lesión en su columna vertebral que tuvo episodios críticos en los meses de febrero de 2012 y abril de 2013.
A la par que discurre respecto de la existencia en autos de "indicios razonables" sobre las circunstancias que denuncia, expresa que -incluso- el informe pericial contable reconoce la existencia de un accidente de trabajo en base a la documentación sobre el funcionamiento defectuoso de la camilla de los resonadores. Asimismo, destaca el pago de la suma oblada por parte de la aseguradora.
Añade que de la experticia presentada por el ingeniero actuante surge que la accionada no permitió su realización, lo que -asegura- pone en evidencia la omisión en la observancia de los deberes de higiene y seguridad en el trabajo y -con ello- su responsabilidad civil.
Advierte que incumbía a la demandada demostrar que cumplió con las obligaciones que imponen los arts. 8 y 9 de la ley 19.587 y realizar los exámenes médicos previstos en el art. 5 de dicha ley y de la resolución 37/10 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Impugna el pronunciamiento de origen por considerar que cuando declaró no configurados los presupuestos de aplicación del art. 1.113 del Código Civil, desoyó el criterio amplio que -por mayoría- tiene establecido esta Suprema Corte con relación al concepto de cosa riesgosa al que alude dicha norma. Desde esa perspectiva, postula que su actividad laboral debe ser incluida en tal previsión.
Asegura que la empleadora es responsable en tanto su obligación es mantener indemne a la trabajadora, en los términos de los arts. 512 y 1.109 del mismo cuerpo legal.
Alega que, tratándose de un caso de difícil comprobación era de radical importancia el concepto de "carga dinámica de la prueba", al tiempo que -sostiene- una correcta apreciación de los indicios existentes en autos imponía al tribunal de grado recurrir a la inversión de la carga de la prueba, ya que su parte aportó todos aquellos elementos de juicio que se encontraban a su alcance.
Concluye que corresponde que en esta sede casatoria se revoque la sentencia dictada, se declare procedente la indemnización por daños y perjuicios ocasionados en su salud como consecuencia del accidente de trabajo y "se condene solidariamente a las codemandadas", con imposición de costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, alterando por razones metodológicas el orden en el tratamiento de los argumentos que estructuran el recurso, no resulta atendible el lacónico cuestionamiento -diseminado en varios pasajes del escrito recursivo- dirigido a objetar la atribución de la carga de la prueba a la actora.
III.1.a. La genérica crítica que formula la agraviada no ataca la esencial conclusión que estableció el tribunal -en ejercicio de facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- sobre la negativa de la empleadora respecto a la existencia de los accidentes de trabajo y esfuerzos físicos invocados en el escrito inicial, y sobre cuya base atribuyó a la demandante la carga de probar sus dichos.
Tampoco denuncia -en forma concreta- la configuración del vicio de absurdo en la interpretación de la contestación de la demanda a los fines de habilitar -por excepción- su revisión en esta instancia extraordinaria.
En tales condiciones esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular la impugnación (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 119.678, "Bertinelli", sent. de 10-IV-2019 y L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020).
III.1.b. Tampoco merece recepción la escueta mención que formula la interesada en orden a que el juzgador debió aplicar en el caso el principio de las cargas dinámicas de la prueba. Ello así, toda vez que carece de un desarrollo argumental idóneo teniendo en cuenta la obligación de fundamentación que pesa sobre el recurrente para transitar con éxito la casación (art. 279, CPCC).
III.1.c. A todo evento, la inversión de la carga probatoria que propone la interesada por conducto de las presunciones contempladas en los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo no resulta idónea para dirimir los extremos de hecho discutidos en la especie.
III.2. Sentado lo anterior, corresponde analizar los restantes embates ensayados en el recurso.
III.2.a. El órgano judicial de grado indicó que la señora Tumini fundó la acción deducida en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil -vigente al momento en que acaecieron los infortunios laborales mencionados-, por lo que sostuvo que resultaba necesario verificar los presupuestos de aplicación de tales normas.
Procedió entonces a examinar la carta documento remitida a Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. el 19 de junio de 2013 (obrante a fs. 420). Destacó que los siniestros no fueron denunciados en las fechas indicadas en la demanda, sino recién luego de haber transcurrido más de un año del primer suceso y más de tres meses del segundo, según la versión actoral.
Luego, tras valorar las declaraciones brindadas en la audiencia de vista de la causa por los testigos Lucarelli, Moraes y Valenzuela, juzgó que nada habían aportado para demostrar la ocurrencia de los eventos dañosos de febrero de 2012 y abril de 2013 denunciados como base del reclamo.
Asimismo, consideró que tampoco los informes periciales -psicológico (v. fs. 463/467), médico (v. fs. 698/702) y del ingeniero en seguridad e higiene (v. fs. 697)-, constituían los medios probatorios idóneos para verificar la modalidad, mecánica y/o forma de acaecimiento de los supuestos infortunios laborales alegados.
No obstante, destacó que de aquellas surgía -como dato relevante- que la accionada tenía contratado un servicio de seguridad e higiene, y que del detalle de pacientes atendidos el día 9 de febrero de 2012 en el resonador indicado en la demanda, no se había consignado ninguna persona que respondiera a las características físicas de la descripta en el escrito de inicio.
Concluyó, de suyo, que la accionante no logró acreditar los hechos concretos referidos a los eventos dañosos y su forma de producción, pues solo demostró la existencia de un daño en su salud. En este sentido, precisó que no se corroboraron los accidentes alegados, con virtualidad para dar sustento a lo expuesto por el perito médico interviniente acerca de la vinculación que podría asignársele. Asimismo, puntualizó que, si bien el galeno aludía al infortunio asociándolo a una enfermedad profesional, ello no implicaba la prueba de aquel, de las tareas o del modo en que se desarrollaron, ya que esa carga probatoria pesaba sobre la actora y sobre la base de esos hechos acreditados es que podía atribuírsele eficacia el dictamen médico.
De este modo, el sentenciante de origen declaró que mediante los elementos aportados no se había logrado acreditar la relación causal entre los supuestos accidentes o el tipo de tareas desarrolladas y las patologías detectadas en la actora (arts. 375, CPCC y 44 inc. "d", ley 11.653).
III.2.b. Las conclusiones expuestas en el pronunciamiento de grado, claramente vinculadas a extremos de naturaleza fáctica y probatoria, no consiguen ser conmovidas por la recurrente.
En este orden, es oportuno recordar que determinar las características de las tareas desempeñadas por el trabajador, si se demostró -o no- el acaecimiento del accidente de trabajo invocado, o la relación causal con la incapacidad que este presenta, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado, ajenas a la casación, salvo que se denuncie y demuestre que las conclusiones establecidas al respecto están invalidadas por el absurdo (causas L. 119.379, "Rio", sent. de 10-X-2018; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020 y L. 122.472, "Appendino", sent. de 20-XI-2020).
Al respecto, conviene recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para juzgar configurado el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado (causas L. 107.439, "Pérez", sent. de 26-IX-2012; L. 121.787, "Schroeder", sent. de 8-III-2021 y L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021).
III.2.c. En la especie, la quejosa invoca la configuración del mentado yerro, alegando que a través de diferentes medios de prueba (testimonial, documental y pericial) se constató en autos la naturaleza de las tareas que prestaba, y -además- que mediante el informe del perito médico se acreditó la vinculación de las labores con la lesión lumbar que padece. A su vez, para justificar la supuesta imposibilidad de demostrar los accidentes denunciados, afirma que -cuando no hay testigos- a tal fin debe recurrirse a indicios.
A partir de un renovado relato de los hechos -afincado ahora mayormente en el tipo de tareas prestadas y no en los siniestros denunciados en la demanda- la interesada exterioriza su particular opinión sobre cómo debieron ponderarse los diferentes elementos de juicio arrimados, sin lograr evidenciar el vicio lógico invocado, ni rebatir las referidas motivaciones del fallo que condujeron al tribunal de grado a descartar la existencia de prueba sobre los hechos en los que se sustentó el reclamo.
En particular, y sin perder de vista que la interesada soslaya cuestionar eficazmente el argumento concerniente a la demora en la denuncia de los referidos hechos, cabe recordar que esta Suprema Corte expresamente ha señalado que si bien el informe médico es el medio probatorio más idóneo para establecer científicamente el nexo causal entre las tareas cumplidas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, no incurre en absurdo la sentencia del tribunal de trabajo que no lo tiene en cuenta cuando las condiciones laborales no resultaron acreditadas en el veredicto (causas L. 105.288, "Barbuto", sent. de 6-VI-2012 y L. 120.373, "Lazcano", sent. de 7-VIII-2019).
Tampoco el genérico ataque a la valoración de la experticia psicológica supera el registro de una mera discrepancia de opinión de la quejosa que, a su vez, prescinde considerar que su análisis -según los argumentos que despliega en su impugnación- se encontraba inescindiblemente vinculado a la afección física, cuyo origen -como se indicó- no se identificó, a criterio del juzgador, con los infortunios o tareas denunciadas.
Otro tanto cabe decir de la prueba testimonial, de la cual la recurrente extrae ciertas consideraciones de su propia cosecha que -sin dato alguno del contenido de las declaraciones que pueda extraerse del acta glosada a fs. 807 y vta.- se contraponen con la valoración desplegada por el tribunal en el fallo. Al cabo, parece soslayar la impugnante que la valoración de las declaraciones testimoniales, tanto en lo atinente al mérito como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras, constituye una facultad privativa de los jueces de grado (causa L. 119.644, "Salas", sent. de 6-II-2019; e.o.).
III.3. Firme entonces la motivación del fallo objetado con arreglo a la cual se juzgaron no demostrados los infortunios denunciados -y la naturaleza de las tareas para causar el daño- no queda margen para ingresar en el análisis de los demás planteos traídos en la queja.
III.4. Por último, cabe señalar que no puede adjudicarse entidad de agravio a la confusa manifestación final que formula la quejosa solicitando que se revoque la sentencia condenando "solidariamente a ambas demandadas..." (v. pág. 29 vta. de la presentación electrónica de fecha 30-X-2020), toda vez que carece de todo desarrollo atendible de cara al contenido del pronunciamiento cuestionado (causas L. 93.909, "Galusso", sent. de 22-VIII-2012; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014 y L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021).
III.5. En resumen, la deficiente fundamentación del embate conduce a concluir que el fallo atacado debe permanecer incólume.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.