Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127656
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.656, "Producciones Industriales S.A. contra Salazar Julio Luis. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó la acción promovida, con costas a la actora vencida (v. veredicto de 4-V-2021 y sentencia de 6-V-2021).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-V-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la acción promovida por Producciones Industriales S.A., mediante la cual reclamaba la exclusión de la tutela sindical del señor Julio Luis Salazar con sustento en el art. 52 de la ley 23.551.
En lo que interesa, señaló en el veredicto que no se hallaba controvertida la existencia de vinculación laboral entre las partes, tampoco el cargo que ostentaba el trabajador dentro de la Asociación Obrera Minera Argentina de la Seccional Olavarría.
Por otro lado, al responder afirmativamente al interrogante planteado orientado a verificar si se encontraba acreditado que un grupo de personas produjo intencionalmente la parada de emergencia del horno de la planta y si el demandado Salazar hubo de participar de dicho accionar, hizo alusión a las declaraciones testimoniales rendidas en la audiencia de vista de la causa. A la par, valorando la copia de la sentencia emitida por la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen que tuvo a la vista, expresó que surgía de allí que el demandado había sido condenado a la pena de "cuatro meses de prisión en suspenso" en razón de haber sido considerado autor penalmente responsable del delito de daño simple.
Ya en la sentencia, considerando aplicable al caso el Código Civil de Vélez Sarsfield (en tanto vigente al momento del evento descripto), transcribió parcialmente sus arts. 1.101 y 1.102 y explicó que la prejudicialidad determinada en ese digesto en relación con las acciones civiles, debía asimilarse a las causas laborales. En ese marco, y ponderando que en el litigio el hecho que motivó la acción era el mismo que originó la causa penal en la que se dictó sentencia que ya se encontraba firme, sostuvo -entre otras reflexiones anidadas en aquella regla- que las circunstancias fácticas establecidas en sede penal no podían ser revisadas en esta instancia en cuanto a la existencia y autoría del hecho, siendo la finalidad del mentado art. 1.102 y del 1.103 de la ley civil evitar el dictado de sentencias contradictorias sobre un mismo hecho ilícito. Remarcando el peso de la prejudicialidad, recordó que incluso en ciertas ocasiones genera la necesidad de suspender el dictado de la sentencia en sede civil, laboral o comercial, si existen riesgos de que se afecte la seguridad jurídica.
Aclarado ello, teniendo en cuenta la responsabilidad del dependiente en los hechos denunciados, puntualizó que correspondía examinar si estos poseían entidad suficiente para justificar el argumento blandido por la actora para proceder al despido del accionado. En esa labor, atendiendo a las posiciones asumidas por las partes en los escritos constitutivos de la litis con cardinal fundamento en el principio de congruencia, expresó que el objetivo de la demanda era producir el despido del señor Salazar como sanción por la causa de incumplimiento laboral traducido en injuria grave en base a la pérdida de confianza.
Y sobre el tema, dijo aquí que los principios generales de contemporaneidad e inmediatez entre el despido disciplinario y la falta que se dirige a sancionar, debían también ser aplicados con respecto al pedido de exclusión de la tutela sindical. En esa línea, estableció que la prejudicialidad no impedía el inicio de la acción, sino que solo determinaba "que no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal" (art. 1.101, Cód. Civ.). A continuación, aclaró que si bien la ley 23.551 no contempla un término para iniciar el mencionado proceso, en su art. 52 autoriza al tribunal a pedido del empleador y dentro del plazo de cinco días, a disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar en aquellos supuestos en los que la permanencia del cuestionado en su puesto o el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa; en análogo sentido, valoró lo establecido por el decreto 467/88.
Con ese razonamiento, concluyó que, teniendo en cuenta la fecha en la que sucedieron los hechos (febrero del año 2015), la presente acción promovida -recién- el día 26 de abril de 2019 -transcurridos varios años después de ocurridas las circunstancias fácticas-, determinaron la extinción de la facultad del empleador de ejercer su poder disciplinario sobre la falta cometida; razón por la cual dispuso su rechazo.
"A mayor abundamiento", evaluó otras defensas ensayadas en el escrito de contestación de la demanda. De un lado, con fundamento en los principios de fidelidad y buena fe, señaló que no correspondía atender el argumento que indicaba que en el momento en el que acontecieron los sucesos denunciados, el accionado gozaba de licencia gremial y por lo tanto no prestaba tareas efectivas en la empresa actora, así como también que los hechos no hayan acontecido en la mentada empresa. Del otro, en cambio, ponderando el grado de cumplimiento de las cargas probatorias, declaró procedente la defensa articulada por el trabajador en orden a la inexistencia de vínculo jurídico entre este y la empresa Loma Negra C.I.A.S.A. (lugar donde tuvieron lugar los hechos penalmente acreditados); así como tampoco entre esta última y la empleadora accionante.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28 y 29 de la Constitución nacional; 52 de la ley 23.551; 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 242 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo; 11, 15 y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.101, 1.102 y 1.103 del Código Civil (ley 340); 34 incs. 4 y 5, 163 incs. 5 y 6, 354, 375 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial y 29, 44 inc. "d", 47, 55 y 63 de la ley 11.653 (v. escrito electrónico de fecha 19-V-2021).
II.1. En lo sustancial, sostiene que la decisión del sentenciante de grado por la cual desestimó el progreso de la acción, vulneró la regla de la prejudicialidad penal que surge de los arts. 1.101, 1.102 y 1.103 del Código Civil velezano.
Inicialmente, concluye que es lógico lo dicho en el fallo en cuanto a que no es posible pretender la independencia de criterio entre lo resuelto en sede penal y en la laboral, en tanto ello podría traer aparejado la existencia de sentencias contradictorias.
Luego de desplegar una serie de consideraciones en torno al instituto de la prejudicialidad, aduce que el argumento brindado por el tribunal de trabajo apontocado en la extemporaneidad deviene contrario a las referidas normas civiles, puesto que, si la sentencia penal condenatoria debe preceder a la "sanción laboral", la pauta temporal debe ser dicha condena, siendo que condiciona la procedencia de la acción laboral.
En ese orden, postula que la sentencia penal de primera instancia fue dictada el día 23 de noviembre del año 2018, y que, siendo recurrida, resultó confirmada por la Alzada en fecha 7 de agosto del 2019; por lo cual absurdamente se tilda de extemporánea a la acción de exclusión de tutela iniciada en el mes de abril del año 2019 cuando no lo fue.
Por vía de hipótesis, sostiene que, de seguirse el razonamiento del tribunal de trabajo, la acción laboral se hubiera desestimado o bien suspendido el pronunciamiento, pues existiendo una causa penal en trámite la prejudicialidad impedía a los jueces dictar sentencia.
Plantea que, al iniciarse la acción, hubo de vincularse "el encuadre penal con el laboral", toda vez que la naturaleza y características de los hechos lo hacían inescindible. Con todo, reafirma que en el caso la prejudicialidad es ineludible.
II.2. Desde otroángulo, cuestiona por absurdas las restantes motivaciones insertas en la sentencia recurrida.
Expresa que, si a juicio del sentenciante no es relevante que los hechos hayan sucedido en el predio de Producciones Industriales S.A. o desarrollando actividades para esta, también carece de significancia la vinculación jurídica existente de Loma Negra S.A. con el actor o con la empresa actora en autos, puesto que -asegura- ambos argumentos se neutralizan recíprocamente.
III. El recurso no prospera.
III.1. El central agravio que inaugura el recurso debe ser desestimado a mérito de su insuficiencia.
Tiene dicho este Tribunal que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causas L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022 y L. 125.608, "Suluja", sent. de 31-VIII-2022).
En el caso, las consideraciones expuestas por el recurrente no configuran un embate eficaz frente al argumento cardinal sobre el que se basó lo decidido en la sentencia de grado, esto es, la falta de contemporaneidad entre la fecha en la que tuvieron lugar los acontecimientos en los que estuvo involucrado el trabajador demandado y aquella otra en la que fue promovida la acción de exclusión de tutela sindical.
Las reflexiones que trae el impugnante giran en torno al alcance que cabría otorgarle a la regla de prejudicialidad inserta en el digesto civil velezano, claro que con ellas se postula una solución diversa y favorable a los intereses de la parte actora, pero no logran conmover la decisiva conclusión con arreglo a la cual el sentenciante juzgó el caso.
En este sentido, ocupa afirmar que lo esgrimido por el interesado con principal apoyo en los arts. 1.101 y 1.102 del Código Civil en orden a la necesidad que plantea la regla legal de supeditar la resolución de la acción laboral a lo que surja de la sentencia penal, no luce apto para dar sustento a su tesitura orientada a neutralizar la definición del a quo estructurada sobre la ausencia del recaudo de temporaneidad, que fue -en fin- lo que en su criterio selló la suerte adversa de la pretensión.
En lo fundamental, aquellas razones, con el alcance en que han sido plasmadas en el recurso extraordinario en estudio, y así, centradas en la regla de prejudicialidad dentro del sistema normativo del Código Civil velezano, no han estado presentes en la postura asumida por la parte actora en la instancia ordinaria. Puede observarse que ausentes en la demanda, todavía, frente a la defensa respectiva esgrimida por el accionado en su presentación en autos, tampoco hubieron de ser incorporadas en ocasión de dar respuesta al traslado contemplado en el tercer párrafo del art. 29 de la ley 11.653, sin perjuicio de las referencias allí insertas relativas a la sentencia penal. Con ello, se advierte que el discurso que trae el quejoso de la mano de la mentada regla establecida en la normativa civil, no deja de ser novedoso, y por ello inatendible (causas L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017 y L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020).
En una hipótesis más favorable para el recurrente, dable es señalar que el mentado condicionamiento tantas veces referido a lo largo de la impugnación, es decir, aquella relación entre la sentencia penal y la laboral, propia de los efectos de la prejudicialidad, lejos de ser soslayada, integró el análisis que desplegó el tribunal de trabajo a la hora de ahondar en el instituto. Y en este orden, debe recordarse que expresamente hubo de señalar el juzgador de la instancia que "el principio de prejudicialidad no impide la acción; solo determina que 'no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal'". Incluso, el sentenciante mencionó la posibilidad con la que contaba el empleador de solicitar en todo caso una medida cautelar a fin de disponer la suspensión de la prestación laboral en el supuesto de que la permanencia del empleado en la empresa pudiere ocasionar un peligro a la seguridad de los bienes y personas del establecimiento; requerimiento que -como se dijo- no fue peticionado en el caso de autos. Toda esta línea reflexiva no ha sido atacada de modo directo y certero.
Quedan entonces despojadas de vigor las transgresiones normativas que contiene el recurso como asimismo la denuncia de absurdo en el marco en que fue realizada.
III.2. Sin perjuicio que lo hasta aquí dicho basta para rechazar el medio de impugnación, en un distinto escenario las restantes críticas tampoco lucirían aptas a los fines pretendidos.
Son infructuosas, pues se refieren a manifestaciones del sentenciante formuladas "a mayor abundamiento", esto es, obiter dicta , que solo tienen un valor accesorio que no perturba ni incide de manera alguna en las motivaciones esenciales que respaldaron la decisión del tribunal al respecto (causas L. 88.550, "Cantet Manterola", sent. de 2-VII-2008 y L. 120.086, "Magallanes", sent. de 7-III-2022).
III.3. Corolario de lo expuesto es que la insuficiente fundamentación del medio de impugnación conduce a mantener incólume la decisión de origen (art. 279, CPCC).
IV. Por todo lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/03/2023 16:41:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2023 08:59:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 11:45:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 12:23:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 13:19:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 13:42:49 hs. bajo el número RS-29-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia