Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126823
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.823, "Barragán, Oscar Alberto contra Menudencias el Rutero S.A. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 523/541 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 546/549 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 17-VI-2021), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda instaurada por el señor Oscar Alberto Barragán y condenó a Menudencias el Rutero S.A. y a Cogran del Sur S.A. a abonarle a aquel los haberes adeudados por los días laborados en el mes de julio de 2014, el sueldo anual complementario del primer semestre de 2014, las vacaciones proporcionales y la indemnización normada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Condenó -también- a la primera de las firmas mencionadas a entregarle "los certificados de trabajo" previstos en la última disposición legal citada. Rechazó, en cambio, las indemnizaciones derivadas del despido, el reclamo tendiente al cobro de diferencias salariales, haberes del art. 213 de la Ley de Contrato de Trabajo, los recargos indemnizatorios de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y una reparación en concepto de daño moral (v. sent., fs. 523/541 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés, tuvo por acreditado que entre el señor Oscar Alberto Barragán y la firma Menudencias el Rutero S.A. existió un contrato de trabajo, originado en la cesión de personal (art. 229, ley 20.744) que Cogran del Sur S.A. -a su vez, cesionaria (2-V-2010) de su anterior empleador Mario Genson- hiciera en favor de la primera el día 14 de marzo de 2014 (v. fs. 526 vta., 527 y 535 vta.).
En cuanto a la fecha de ingreso, luego de señalar que los testigos propuestos por la parte actora evidenciaron su intención de favorecerlo y referir que -conforme lo puntualizara la perito contadora en su informe (v. presentación electrónica de 12-VII-2018)- las demandadas no pusieron a su disposición el libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, el juzgador destacó que el actor no prestó el juramento normado en el art. 39 de la ley 11.653 (v. fs. 527 y vta.).
Frente a ello, y en base a la prueba documental acompañada por las partes, el sentenciante tuvo por probado que el promotor del pleito ingresó a laborar para las sucesivas demandadas el día 1 de diciembre 2003 (v. fs. 528).
Declaró, por otro lado, que el reclamante no logró demostrar las horas suplementarias que adujo haber trabajado para la accionada, ni la actividad que describiera en el acápite "diferencias salariales y horas extras" (fs. 49/50, 528 y vta.).
En lo referente a la extinción del contrato de trabajo, tuvo por demostrado que se produjo el día 15 de julio de 2014, por el despido indirecto en que se colocó el trabajador mediante pieza postal (v. fs. 20) en la que consignó como causales la falta de pago del sueldo anual complementario del primer semestre del año 2014 y de las diferencias de haberes correspondientes a los meses de mayo y junio del mismo año (v. sent., fs. 536).
En este orden, declaró que el accionante no logró demostrar que se le hubiesen abonado en menos los salarios denunciados, pero sí el incumplimiento del empleador relativo a la falta de pago del sueldo anual complementario (v. fs. cit.).
Sin embargo, estimó que el trabajador se apresuró al decidir su despido indirecto, en tanto no aguardó la respuesta patronal a sus puntuales requerimientos (v. fs. 536 vta.).
Por lo demás, indicó el sentenciante que si bien el sueldo anual complementario debió abonarse en el mes de julio de dicho año, teniendo en cuenta que se trataba de una relación laboral de diez años, y el escaso tiempo de mora en que había incurrido el empleador, la injuria constatada no resultó suficientemente grave, ni razonable, como para desplazar el principio de conservación del contrato (art. 10, ley 20.744; v. fs. 536 vta.).
Con pie en lo antedicho juzgó que la rescisión contractual decidida por el promotor del pleito resultó injustificada, por lo que rechazó las indemnizaciones derivadas de despido, los agravamientos normados en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, y los salarios previstos en el art. 213 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Con relación al daño moral, justificó su improcedencia -en lo medular- en la falta de prueba -aún a nivel indiciario- por parte del actor del supuesto acoso laboral en que sustentó su pedimento (v. fs. 537 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 548 vta./549 vta.), en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
II.1. Afirma que el tribunal de trabajo omitió expedirse sobre las consecuencias de la rebeldía declarada -y firme- respecto de la codemandada Cogran del Sur S.A., la que no obstante su posterior cesación importó -a criterio del quejoso- la presunción de verdad de los hechos expuestos por la parte actora en el escrito de demanda. Tales circunstancias -prosiguió- habrían quedado, en razón de la falta de contestación de esta última, tácitamente reconocidas (v. fs. 549).
II.2. Expone que también soslayó pronunciarse sobre otra cuestión que el interesado entiende esencial, consistente en la ruptura del vínculo laboral comunicada al actor por Cogran del Sur S.A., mediante pieza postal del día 16 de junio de 2014 (v. fs. cit.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, es menester recordar que el remedio extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014; L. 117.722, "Sibilla", sent. de 28-X-2015 y L. 120.617, "Prieto", sent. de 30-VIII-2021).
III.2. Desde esa perspectiva, como lo indica el señor Procurador General en su dictamen, las infracciones invocadas por el compareciente en su impugnación no se compadecen con las causales taxativamente definidas por los arts. 168 y 171 de la Constitución local para habilitar la vía intentada.
III.2.a. Así, el embate por conducto del cual el impugnante aduce que el juzgador de grado omitió ponderar los efectos procesales de la rebeldía declarada respecto de Cogran del Sur S.A. se dirige, en rigor, a impugnar la manera en que el tribunal de trabajo decidió la temática sometida a juzgamiento, aspecto que es ajeno a la vía extraordinaria intentada (causas L. 119.066, "H.M. Azul S.A.", sent. de 6-IV-2016; L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I.", sent. de 20-XII-2017; L. 120.325, "Pérez", sent. de 29-V-2019 y L. 121.816, "Acosta", sent. de 28-IV-2021).
Por lo demás, cabe agregar que esta Corte ha declarado que resultan extrañas al medio extraordinario deducido las críticas dirigidas a denotar supuestas infracciones procesales (causas L. 84.904, "Loverde", sent. de 1-III-2004; L. 88.086, "Velardez", sent. de 16-VIII-2006; L. 90.033, "Villarroel", sent. de 3-VI-2009 y L. 110.244, "Gallo", sent. de 21-II-2013).
III.2.b. Idéntica suerte adversa ha de correr el embate enderezado a controvertir la alegada omisión de tratamiento de la supuesta declaración expresa de ruptura del vínculo laboral formulada por Cogran del Sur S.A. mediante pieza postal del día 16 de junio de 2014.
En efecto, aun cuando el punto en cuestión fue expresamente considerado por el juzgador de mérito como uno de los elementos de análisis para concluir que el día 14 de marzo de 2014 el contrato de trabajo fue cedido por aquella empresa a Menudencias el Rutero S.A., no se advierte que el tópico puesto en debate -con el alcance pretendido- revista carácter esencial para habilitar la revisión por la vía examinada.
Al respecto, esta Corte ha declarado que no revisten carácter de esenciales los argumentos de hecho o de derecho en que las partes sustentan sus pretensiones, por lo que su eventual falta de tratamiento -reitero, tampoco verificada en el caso- no acarrea la nulidad del fallo (causas L. 121.378, "Camer", resol. de 21-VIII-2019; L. 124.689, "Drago", resol. de 28-VIII-2020 y L. 126.985, "Leiva", resol. de 13-X-2021).
III.3. Finalmente, no es ocioso recordar que carece de agravio de entidad atendible ante esta Corte la denuncia de violación del art. 171 de la Constitución local si no se advierte en el recurso desarrollo de embates relacionados con una eventual falta de fundamentación legal del pronunciamiento (causas L. 112.922, "Toro", sent. de 23-XII-2014; L. 117.485, "López", sent. de 15-VII-2015; L. 120.019, "Mangas", resol. de 26-X-2016; L. 120.916, "Abadie", resol. de 29-XI-2017 y L. 120.204, "Pattyn", sent. de 14-VIII-2019).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres , Genoud y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 546/548 vta.), la legitimada activa denuncia absurdo y violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 9, 52 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo; 28 y 39 de la ley 11.653; 59 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
I.1. Se agravia de la antigüedad en el empleo que el juzgador de grado tuvo por acreditada en el expediente (v. fs. 546 vta.).
Aduce que la parte actora logró demostrar mediante la prueba testimonial producida en la audiencia de vista de la causa, que el inicio de la relación laboral operó en el mes de noviembre de 1995 (v. fs. 546 vta.).
Afirma que los accionados no produjeron prueba alguna tendiente a acreditar dicho extremo, a lo que añade que ocultaron a la perito contadora la documentación laboral que se encontraban obligados a llevar (v. fs. cit.).
Alega que el juzgador soslayó el expreso reconocimiento efectuado por Menudencias el Rutero S.A. en el escrito de contestación de la demanda, donde manifestó que el señor Barragán había laborado en un primer momento para el señor Mario Genson, que tras su fallecimiento lo hizo en favor de los sucesores de aquel, pasando luego a trabajar para la empresa Cogran del Sur S.A., haciéndolo finalmente -desde el mes de febrero de 2014- para la nombrada en primer término (v. fs. cit.).
Refuta la decisión de grado en cuanto estimó que no era posible considerar la pericia contable producida en autos, por haber sido realizada en base a las pautas consignadas en el escrito de demanda; conclusión que el quejoso considera violatoria de los arts. 52 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 546 vta. y 547).
Esgrime que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de la prueba oral producida en la audiencia de vista de la causa, por haber descalificado en base a conjeturas subjetivas y arbitrarias las declaraciones testimoniales allí vertidas (v. fs. 547).
I.2. En otro orden, argumenta que toda vez que Cogran del Sur S.A. no contestó la demanda -circunstancia que motivó su declaración de rebeldía- el tribunal debió tener por reconocidos los hechos invocados en aquella oportunidad por el accionante (v. fs. 547).
Cita precedentes de esta Corte en los que -asegura- se declaró que la rebeldía crea una presunción a favor de la veracidad del relato de los hechos que constan en la demanda, pero en modo alguno impone acceder, automática o mecánicamente, a las pretensiones del actor (causas L. 105.056, "Salgado", sent. de 8-VIII-2012 y L. 105.051, "Tusq", sent. de 5-X-2011; v. fs. 547 y vta.).
Reitera que la contraparte no produjo prueba alguna y ocultó la documentación laboral a la perito contadora, por lo cual el juzgador debió tener por ciertos los hechos lícitos afirmados por la promotora del pleito en su postulación inicial (v. fs. 547 vta.).
I.3. Objeta la sentencia de grado por cuanto -según entiende- omitió considerar la ruptura del vínculo laboral denunciada por Cogran del Sur S.A. mediante carta documento CD 408800317 del día 16 de junio de 2014 (v. fs. 13 y 547 vta.).
Añade que el fallo de grado, incurriendo en causal de nulidad, soslayó abordar la cuestión antes referida, la cual resulta demostrativa de la ruptura del vínculo contractual por decisión del principal (v. fs. cit.).
I.4. Rebate el fallo por haber descalificado de manera absurda la prueba pericial contable (v. presentación electrónica de 12-VII-2018). Puntualiza que el tribunal de grado constató que las accionadas no pusieron a disposición de la experta designada en autos el libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, no obstante lo cual descartó los efectos de dicha conducta obstructiva por el solo hecho de no haber prestado el actor el juramento normado en el art. 39 de la ley 11.653, lo cual constituye -a criterio del recurrente- un exceso de rigor formal (v. fs. 547 vta. y 548).
Se agravia, asimismo, por cuanto luego de señalar que la presunción que emana del art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo es iuris tantum , no ponderó que la accionada no produjo prueba alguna tendiente a desvirtuarla (v. fs. 548).
Aduna que tampoco se generó por la contraria prueba testimonial que contradiga la fecha de ingreso y la remuneración alegadas por el actor, ni la cantidad de horas que dijo haber laborado (v. fs. 548).
Transcribe un sumario de la causa L. 113.329, "Auzoategui" (sent. de 20-VIII-2014), en el que esta Corte sostuvo que "Habiendo quedado demostrada con otros medios probatorios la falsedad de la fecha de ingreso asentada en los libros laborales del empleador, y no existiendo pruebas idóneas que permitan determinarla con exactitud, adquiere plena virtualidad la presunción iuris tantum de verdad de las afirmaciones del trabajador sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral a la que se refiere el art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, resultando en ese contexto inobjetable la decisión por la aplicación del art. 39 de la ley 11.653". Menciona, igualmente, la causa L. 40.364, "Maldonado" (sent. de 29-XI-1988), donde se sostuvo que "Habiéndose acreditado el hecho básico, esto es la causa jurídica que motiva el reclamo, se opera en favor del actor la inversión de la carga probatoria (art. 39, segunda parte, dec. ley 7718/71) y juega la presunción iuris tantum contenida en el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo habida cuenta la falta de exhibición de los libros laborales" (fs. 548 y vta.).
I.5. Por último, refiere que la sentencia impugnada quebranta el art. 9 de la ley 20.744 (texto según ley 26.428), por haber resuelto que, ante la falta de juramento de ley por parte del trabajador, no correspondía aplicar el art 39 de la ley 11.653, ni el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo; razonamiento que -aduce- se contrapone con lo normado en la disposición legal citada en primer término (v. fs. 548).
II. El recurso no prospera.
II.1. Liminarmente, se impone observar que -contrariamente a lo manifestado por el interesado (v. rec., pto. 1, fs. 546)- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la suma de los rubros reclamados en la demanda que no prosperaron y que son motivo de concreto agravio-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo, última parte de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; e.o.).
II.2. Sentado lo que antecede, el impugnante no consigue desvirtuar lo resuelto en el pronunciamiento de origen.
II.2.a. La exclusión de la mencionada hipótesis de excepción se impone nítida respecto de los agravios por conducto de los cuales el compareciente controvierte: i) la antigüedad del trabajador que el tribunal de grado juzgó acreditada a partir -aduce el quejoso- de una valoración absurda de los elementos de juicio obrantes en la causa (a saber: el escrito de contestación de demandada, las pruebas testimonial y pericial contable); ii) la omisa consideración por parte del juzgador de la carta documento CD 408800317 -de fecha 16 de junio de 2014 (v. fs. 13)- mediante la cual Cogran del Sur S.A. habría comunicado al accionante la ruptura del contrato de trabajo ocurrida con anterioridad y iii) la alegada descalificación por parte del tribunal de la prueba pericial contable producida en la causa, incurriendo en la transgresión de lo dispuesto por el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ello así toda vez que tales planteos remiten necesariamente al análisis de cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya valoración es privativa de los magistrados de origen y, por ende -reitero- excluidas del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 118.662, "Aiello" y L. 118.678, "Vizgarra", resols. de 1-VII-2015; L. 120.016, "Mozzi", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.507, "Bramanti", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
II.2.b. Tampoco acierta el interesado al objetar -de un lado- que el tribunal de grado no tuvo en cuenta las consecuencias procesales que se derivan de la declaración de rebeldía que recayó sobre la codemandada Cogran del Sur S.A. (v. apdo. I.2.); y -del otro- que desactivó -a criterio del quejoso, en un exceso de rigor formal- la presunción que emana del art. 39 de la ley 11.653, por la mera circunstancia de no haber prestado el actor el juramento previsto en la disposición legal citada (v. apdo. I.4.).
Aun cuando participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), la decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que -como lo señalé anteriormente- uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- pro
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