Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127035
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.035, "Quiroz, Julio Leonardo contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de fecha 9-X-2020).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de fecha 28-X-2020) y, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-XI-2020).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 19-XI-2021), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda que el señor Julio Leonardo Quiroz promovió contra Federación Patronal Seguros S.A., mediante la cual le había reclamado el pago del resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial de reparación de infortunios laborales por las secuelas incapacitantes derivadas de un accidente de trabajo.
Para así decidir, en el veredicto tuvo por acreditado que el día 20 de enero de 2016 el actor sufrió un traumatismo de tobillo izquierdo con fractura de maléolo interno de tibia más esguince grado III con secuela de trastornos de la movilidad y dolor. También, que es portador de daño psíquico que alteró la relación de su vida familiar y laboral, constituyendo un complejo trastorno en su futuro, habida cuenta de estar afectada su autoestima y el desarrollo de sus posibilidades. Concluyó que tales afecciones le provocan una incapacidad parcial y permanente del 17,78% del índice de la total obrera.
En la sentencia, el tribunal de grado determinó la indemnización a la que resultó acreedor el señor Quiroz en virtud del reclamo realizado dentro de la normativa de las leyes 24.557 y 26.773 y del decreto 1.694/09.
Declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, toda vez que -consideró- el salario denunciado en demanda era en su quantum muy superior al ingreso base mensual determinado en la pericia contable presentada en autos, por lo que, de tomarse este último para el cálculo indemnizatorio, ello resultaría violatorio de principios esenciales de raigambre constitucional, como son el derecho a una remuneración justa, el de propiedad e integridad salarial.
En tales condiciones, y de acuerdo a los hechos probados, cuantificó la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 en la suma de $575.025,78 (65/24 -edad del actor- x 53 x $22.530,85 x 17,78% -incapacidad parcial y permanente-). A dicho importe adicionó la indemnización estipulada en el art. 3 de la ley 26.773 ($115.005,15) y una suma para tratamiento terapéutico ($39.000); totalizando la condena a cargo de Federación Patronal Seguros S.A. en el importe de $729.030,93.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad.
Denuncia que, al realizar el cálculo de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, tomando como base para su determinación -por conducto de declarar la inconstitucionalidad de su art. 12- el salario denunciado en demanda, el juzgador omitió tener en cuenta las mejoras establecidas por el decreto 669/19, arribando -en consecuencia- a una indemnización insuficiente, despojada de los preceptos legales aplicables al siniestro en cuestión y contraria al orden público laboral.
Alega que el mencionado decreto modificó la manera de calcular el ingreso base mensual introduciendo sustanciales mejoras en las prestaciones dinerarias, siendo sus disposiciones de aplicación al caso independientemente de la fecha en que aconteció el accidente.
En este último aspecto, señala que de conformidad a lo estipulado en su art. 3, la reforma incorporada por el decreto 669/19 no deja lugar a duda respecto del lapso temporal que la comprende.
Por otra parte, indica que deberán aplicarse intereses sobre el monto de condena, habida cuenta de que la actualización del ingreso base mensual opera como un sustituto de la inflación, mientras que el interés cumple la función de resarcir al acreedor por la privación del disfrute del capital causado por la mora.
En el epílogo de la crítica, alega la transgresión de la doctrina legal vinculada a los principios protectorio y de igualdad ante la ley.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar.
III.1. Dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019 y L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; e.o.).
III.2. En el caso, y más allá de que se omite denunciar la transgresión de las citadas normas de la Constitución local, no advierto la configuración de ninguna de las causales nulificantes alegadas.
En efecto, se observa nítidamente que el desarrollo formulado por el propio interesado en su crítica no se corresponde con los presupuestos formales a los que los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires le atribuye virtualidad para anular un fallo judicial. Por el contrario, el derrotero argumental ensayado se disipa en la propia valoración del interesado respecto del contenido de la sentencia impugnada y del presunto desacierto de la decisión, especialmente, en orden a la normativa que estima aplicable en la especie (a saber: el decreto 669/19, cuya inobservancia denuncia).
Se advierte -entonces- que lo argumentado por el recurrente lejos de evidenciar la preterición de una cuestión esencial, remite a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, resultando, por lo tanto, ajeno al acotado ámbito del recurso en análisis y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.570, "Branco", sent. de 3-X-2018; L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019 y L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020).
En particular, son aplicables al caso aquellas directrices del Tribunal que indican que es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se pretende cuestionar el acierto jurídico del fallo (causa L. 101.672, "Jaime", sent. de 4-V-2011), o bien, las que enseñan que no se verifica infracción a la mentada norma de la Constitución bonaerense si las omisiones que se denuncian no constituyen cuestiones esenciales, sino meros argumentos desarrollados por la parte en apoyo de su posición (causas L. 90.267, "Lazarte", sent. de 15-VI-2011 y L. 103.160, "Macías", sent. de 2-V-2013).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
II. La insalvable insuficiencia técnica que afecta al recurso intentado en el que no se han denunciado las normas infringidas (arts. 279 y 297, CPCC y 63, ley 11.653) y los agravios ensayados resultan impropios de la vía intentada (v. puntos V y VI de la presentación recursiva de fecha 28-X-2020), determinan -en coincidencia con el dictamen del señor Procurador General- el rechazo del recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la legitimada pasiva denuncia la transgresión de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 12 de la ley 24.557 y de la doctrina legal que identifica.
I.1. En primer término, cuestiona la decisión de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de ley 24.557.
Señala que la sentencia atacada no contiene una argumentación idónea que demuestre la ausencia de razonabilidad del precepto normativo; no siendo suficiente limitarse a indicar que el importe del ingreso base mensual atenta contra principios de raigambre constitucional, como lo son el derecho a una remuneración justa, el de propiedad e integridad salarial.
Sostiene que tales postulados no han sido transgredidos, máxime cuando la parte actora no cuestionó la pericia contable y el propio tribunal avaló dicho medio probatorio en el veredicto.
Destaca que la descalificación de la validez constitucional de una norma es la ultima ratio del orden jurídico, toda vez que se vislumbra con ella un acto de gravedad institucional.
Manifiesta que la decisión del juzgador rompe con el equilibrio contractual al modificar unilateralmente una de las variables centrales de la determinación económica del contrato y los alcances de las prestaciones. Ello así, explica, porque con el fondo de primas las aseguradoras de riesgos del trabajo deben afrontar los costos emergentes de la totalidad de los contratos de las carteras, por lo que la variación de uno de los guarismos determinados por la ley -como falló el tribunal de grado en relación al ingreso base mensual para la realización del cálculo establecido en el art. 14- modifica profundamente las bases de lo pactado, desnaturalizando tanto la ecuación técnica económica necesaria para fijar la prima como así también, y en definitiva, al contrato convenido entre el empleador y la aseguradora.
En suma, peticiona que el cálculo del ingreso base mensual se efectúe con estricto apego al texto del art. 12 de la ley 24.557, es decir, tomando en cuenta los importes sujetos a cotización.
I.2. En otro aspecto, invocando absurdo en la valoración de la prueba, critica la sumatoria de incapacidades física y psicológica realizada para efectuar el cálculo del art. 14 de la ley 24.557.
Aduce que, en el caso de incapacidades múltiples, la obtención de la minusvalía sufrida se calcula teniéndose en cuenta en primer lugar la de mayor significación, y solo sobre el porcentaje de incapacidad residual se continúa con las restantes.
Agrega que ese es el criterio establecido por el decreto 659/96 al disponer que, en la evaluación de la incapacidad de un gran siniestrado, producto de un único accidente, se empleará también el criterio de capacidad restante, utilizando aquella de mayor magnitud para comenzar con la evaluación y continuando de mayor a menor con el resto de las incapacidades medibles.
I.3. Por último, controvierte el tratamiento psicológico otorgado.
Indica que el tribunal interviniente incorporó una cuestión que no fue motivo de controversia en estas actuaciones, ya que el actor no hubo de requerir resarcimiento alguno por dicho concepto.
Agrega que las prestaciones, entre ellas las psicológicas, no pueden ser objeto de transacción, por lo que deviene contrario al mecanismo legal vigente determinar -como lo hizo el juzgador- que el tratamiento psicológico se brinde en forma indemnizatoria.
II. El recuso no prospera.
II.1. Inicialmente cabe destacar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141-. Por tal razón, la admisibilidad del medio de impugnación deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo, parte final, de la ley 11.653.
II.1.a. Bajo tales directrices, el primer agravio que contiene la postulación recursiva debe rechazarse, toda vez que ha sido desestimado por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016; L. 120.686, "Gutiérrez", sent. de 20-II-2019; L. 121.834, "Haissaguerre", sent. de 27-VII-2020 y L. 120.164, "Paredes", sent. de 21-IX-2020; e.o.). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto a la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557.
II.1.b. Por otro lado, y ante la ya mencionada insuficiencia del valor de lo cuestionado, corresponde señalar que los restantes cuestionamientos, vinculados con el porcentaje de incapacidad determinado y la condena al pago del tratamiento psicológico, devienen manifiestamente inadmisibles, en tanto carecen de toda denuncia tendiente a evidenciar el supuesto habilitante, es decir, la eventual violación de la doctrina legal de este Tribunal (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 121.838, "Fernández Guemil", sent. de 7-IX-2020 y L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020; e.o.).
Adicionalmente, se impone aclarar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 118.616, "Tisseira", resol. de 13-V-2015; L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017 y L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019).
II.2. Finalmente, atento la solución que se propone, pierde virtualidad el tratamiento del planteo por el que se solicita, para el supuesto de que prospere el recurso deducido, que en la instancia de grado se practique una nueva regulación de los honorarios profesionales, teniendo en consideración la limitación contenida en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. rec., apdo. "VI. Costas").
III. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Genoud , Torres y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/04/2023 09:58:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:11:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:38:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/04/2023 10:04:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2023 11:04:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 17/04/2023 11:39:52 hs. bajo el número RS-42-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia