Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126812
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.812, "Villalba, Guillermo Darío contra Federación Patronal Seguros S.A. y otro. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción instaurada e impuso las costas a la actora vencida (v. fs. 654/665).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 666/672).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado desestimó la demanda incoada por el señor Guillermo Darío Villalba contra Federación Patronal Seguros S.A. y Ramón Agapito Ortíz -continuada tras su deceso contra sus hijas, María Alejandra Ortíz y Yolanda Beatriz Ortíz-, por la que reclamaba el pago de las indemnizaciones derivadas del despido, diferencias salarias y la reparación integral -con fundamento en las disposiciones del derecho común- por los daños y perjuicios provocados por la incapacidad que contrajo como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 8 de diciembre de 2007, cuando se encontraba en el techo de la casa del coaccionado Ortiz (v. fs. 654/665).
Para así decidir, en el fallo de los hechos, el órgano de origen se abocó a analizar la controversia suscitada respecto a la existencia -o no- de una vinculación de linaje laboral entre el actor y el referido codemandado Ortíz. En este marco, sostuvo que negada por este último la existencia de una relación de ese tipo, incumbía al accionante la obligación de acreditar sus afirmaciones (art. 375, CPCC; 63, ley 11.653; v. vered., fs. 654/656).
A continuación, tras examinar especialmente las declaraciones vertidas en la audiencia de vista de la causa, puntualizó que los testimonios aportados no lograron arrojar datos precisos o indicios que permitieran tener por verificada la vinculación laboral alegada por el promotor del pleito (v. vered., fs. 656 vta./657 vta.).
Luego, en el entendimiento de que la hermenéutica contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo constituye una regla de facilitación del análisis de la prueba del proceso, con sustento en el principio de primacia de la realidad -a los fines de excluir las hipótesis de fraude- evaluó el caso a la luz de lo establecido en la mencionada norma (v. vered., fs. 657 vta.).
En esa línea de ideas, señaló que en autos no logró acreditarse la prestación de servicios o tareas a la cual se hallaba supeditada la operatividad de la presunción prevista en el citado precepto. Asimismo, refirió que si bien se encontraba demostrado -por resultar no controvertido- que el actor sufrió el accidente denunciado, también logró probarse que no efectuó "...tarea alguna, en forma dependiente, de las que describió en forma pormenorizada en la demanda..." (v. vered., fs. 657 vta./658).
Con todo, concluyó que las probanzas aportadas a la causa no resultaron aptas para acreditar que entre el actor y el codemandado Ortiz haya mediado la relación de carácter laboral alegada. Con apoyo en ese razonamiento, consideró abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas en el veredicto (v. vered., fs. 658 y vta.).
Sobre esa base, en la etapa de sentencia, dispuso el rechazo de la demanda promovida por el actor Villalba "...atento la inexistencia del presupuesto básico de hecho que hace al fundamento de su reclamo (art. 726, Cód. Civ. y Com. de la Nac. y 375, CPCC)..." (sent., fs. 362 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en que denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 8 y 19 de la Constitución nacional; 3, 10, 12, 36 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 5, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 55, 115, 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1.109 y 1.113 del Código Civil -ley 340-; 34 inc. 4, 163, 362, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 39, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y la doctrina legal que identifica (v. fs. 666/672).
II.1. En primer término, objeta los aspectos que el tribunal interviniente tuvo en cuenta para descartar la naturaleza laboral del vínculo. En ese orden, aduce vulnerados los arts. 21 y 23 de Ley de Contrato de Trabajo.
Refiere que la invocación efectuada en el fallo de grado respecto a esta última norma resulta dogmática, y evidencia una absurda contradicción con las constancias objetivas de la causa.
Argumenta que -como en el caso- la falta de prueba escrita de un contrato de obra o servicios impide justificar que el trabajo efectuado por el accionante ("changa"), el cual -dice- fue reconocido por el codemandado Ortíz, deba considerarse como "no dependiente".
De este modo, sostiene que al imponer al accionante la incumbencia de acreditar la relación laboral, el tribunal de grado alteró la carga dinámica de la prueba y, específicamente, la presunción que surge del citado art. 23, en cuanto dispone que la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.
Desde esa óptica, expone que correspondía al codemandado probar que los servicios prestados por el accionante en su propiedad no eran de tipo dependiente, toda vez que -alega- pese a negar esta característica, reconoció la prestación de aquellos en su casa (la alegada impermeabilización del techo), así como también el accidente sufrido por el actor al caer de ese lugar.
Desde otroángulo, cuestiona, también por absurda, la valoración de los testimonios rendidos en la audiencia de vista de la causa, toda vez que -expone- no se relacionan con la conducta asumida por la patronal y los reconocimientos vertidos en la contestación de la demanda.
Aduce que la arbitraria decisión que impugna importa desproteger al trabajador accidentado.
Asimismo, afirma que las conclusiones que porta el fallo vacían de contenido lo normado en el art. 115 de la ley 20.744 (t.o.), en virtud de la presunción de onerosidad del contrato de trabajo, e importan inaplicar los arts. 13 y 14 del mismo cuerpo legal, toda vez que -sostiene- la tesis invocada por el codemandado (el supuesto pase de presupuesto por la labor), intenta encubrir una vinculación laboral con una simulada relación comercial. Ello así -asevera- en fraude al orden público laboral.
II.2. A su vez, denuncia errónea aplicación e infracción de la doctrina legal que individualiza.
De un lado, controvierte el criterio invocado por el juzgador de grado en el veredicto, sustentado en la causa L. 91.859, "De Lucía", sentencia de 13-VIII-2008, en virtud de la cual se sostuvo que el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo resulta inaplicable si no existe reconocimiento de prestación de servicio alguno por el demandado. En ese sentido, resalta que en la especie fue el propio coaccionado quien reconoció expresamente que el actor se encontraba prestándole un servicio al momento del accidente, a la par que -afirma- ello fue sostenido por los testigos.
Por otra parte, destaca que la demanda iniciada en autos se fundó en normativa laboral, y -además- en la legislación civil, dada la responsabilidad subjetiva y objetiva endilgada al codemandado, por las consecuencias provocadas al actor con motivo del infortunio detallado, sucedido en las circunstancias reseñadas, con cita de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil, vigentes a la fecha del hecho dañoso.
En suma, concluye que la ocurrencia del accidente como tal fue expresamente reconocida, pese a lo cual -señala- el tribunal de origen desestimó la acción iniciada, infringiendo la doctrina legal sentada en las causas L. 119.841, "Montenegro" (sent. de 5-IX-2018) y L. 117.243, "Posdeley" (sent. de 6-VI-2014), con relación a que, sustentada la acción resarcitoria en disposiciones del derecho común (arts. 1.109 y 1.113, Cód. cit.), carece de relevancia la inexistencia de relación laboral entre las partes, para su eventual responsabilidad y reparación.
II.3. Por último, fundado en las garantías de defensa y del debido proceso legal, denuncia que el fallo impugnado resulta arbitrario y se aparta de las pruebas y constancias obrantes en la causa. Cita doctrina autoral y fallos del Máximo Tribunal nacional cuya vulneración aduce.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, ha de destacarse que -en la especie- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el importe reclamado en la demanda rechazada-, no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial texto según ley 14.141.
En tales condiciones, la competencia revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e.o.).
III.2. Desde esa perspectiva, en lo medular, se advierte que el primer agravio traído en el recurso arraiga en típicas cuestiones de hecho y prueba, cuyo planteo y análisis resulta ajeno al ámbito de la casación en el marco de la estrecha vía transitada.
En tal sentido, esta Corte reiteradamente ha declarado que no se verifica la excepción que contempla el citado art. 55, primer párrafo in fine , si el interesado sólo pretende la revisión de cuestiones de índole fáctica y probatoria, como son aquellas vinculadas a la determinación, a partir de la valoración de la prueba, de la existencia de una relación de linaje laboral (causas L. 105.058, "Ferreyra", sent. de 30-XI-2011; L. 107.496, "Kalcich", sent. de 29-V-2013; L. 120.624, "Chacana", sent. de 11-X-2017 y L. 121.013, "Colli", resol. de 15-XI-2017; e.o.). Tampoco se configura tal hipótesis cuando se ventilan agravios relacionados con el absurdo en la ponderación de las probanzas, la supuesta alteración del onus probandi , o bien se alega violación de la doctrina legal sobre el absurdo (causas L. 117.524, "Fernández", sent. de 27-V-2015; L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016; L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017 y L. 120.716, "Jara", resol. de 20-IX-2017; e.o.).
En tales condiciones, deben permanecer firmes las conclusiones del fallo sobre el particular.
Por los mismos fundamentos, idéntica suerte adversa ha de correr la denuncia de violación de la presunción de onerosidad emergente del art. 115 de la Ley de Contrato de Trabajo y la aplicación al caso de lo normado por los arts. 13 y 14 de dicho cuerpo legal.
III.3.a. Luego, considero que también debe descartarse como eficaz propuesta de impugnación para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que se transita, la alegada errónea aplicación de la doctrina legal individualizada en el recurso como L. 91.859, "De Lucía", sentencia de 13-VIII-2008, que se trae como vinculada con la interpretación que cabe otorgarle al art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto la propuesta impugnativa remite al análisis de cuestiones fácticas, marginadas de revisión en el acotado marco de examen por el que transita la crítica.
Por esta razón las conclusiones esenciales de este aspecto del pronunciamiento atacado han de subsistir incólumes.
Para más, la exclusión de la hipótesis habilitante respecto al agravio que gira en torno a la errónea aplicación de la presunción que dimana del art. 23 de Ley de Contrato de Trabajo se impone nítida ni bien se repara en que el interesado omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la vía de impugnación de referencia (causas L. 120.454, "Hainitz", sent. de 10-X-2018; L. 121.669, "Coria", sent. de 29-IX-2020 y L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; e.o.). Ello asi, pues -en rigor- se limita a insistir con su propia interpretación sobre los hechos y el modo en que debió -a su modo de ver- aplicarse dicha norma.
III.3.b. En cambio, en lo tocante al objetado rechazo de la acción fundada en la normativa civil -producto del infortunio denunciado- efectuada por el juzgador de grado, entiendo que asiste la razón al quejoso en cuanto invoca transgredida la doctrina legal de esta Suprema Corte que invoca.
III.3.b.i. Tal como fue reseñado -en lo que aquí interesa destacar- el tribunal actuante desestimó la demanda promovida, en virtud de que no se probó la existencia de una relación laboral entre el actor y el señor Ortíz, considerando que, a raíz de ello, resultaba abstracto pronunciarse sobre la viabilidad de las restantes cuestiones traídas a consideración (v. fs. 654/665).
III.3.b.ii. En el caso, entiendo que -como dije- acierta el recurrente cuando sostiene que, con prescindencia de lo decidido respecto del linaje laboral o no laboral del vínculo que ligó al actor con el citado codemandado -en conclusión que, según se desprende de lo antes dicho, permanece firme-, el órgano de origen vulneró la doctrina legal en cuanto desestimó -también- la demanda de daños y perjuicios fundada en el derecho común por el solo hecho de interpretar que no resultó demostrada la existencia de relación de trabajo.
En efecto, más allá de la cuestión relativa a la naturaleza de la vinculación, ello no obstaba la resolución del litigio en cuanto a la pretensión fundada en la reparación del accidente padecido por el accionante, toda vez que habiéndose amparado la acción en normas del Código Civil (ley 340; arts. 1.109 y 1.113), y estando precluida la cuestión sobre la competencia (art. 6, ley 11.653; causa L. 98.435, "Pedroso", sent. de 16-IX-2009; e.o.), el órgano de grado debió pronunciarse sobre la procedencia de la acción resarcitoria con indiferencia de la naturaleza de la contratación.
En este sentido, es dable destacar que es doctrina legal reiterada de este Tribunal -la cual, a pesar de no haber contribuido a forjarla, comparto- que carece de relevancia la definición vinculada a la naturaleza del vínculo si la imputación de responsabilidad atribuida al demandado por las consecuencias del siniestro no deriva de la existencia de una relación contractual entre ambas, sino del acaecimiento de un suceso extraño a la invocada relación convencional y que se determina por la responsabilidad de carácter extracontractual (causas L. 42.493, "Atela", sent. de 11-IX-1990; L. 76.970, "Soria", sent. de 2-VIII-2000; L. 83.620, "Montenegro", sent. de 19-IX-2007; L. 88.380, "M., M", sent. de 24-V-2011 y L. 117.009, "Arias", sent. de 7-V-2014; e. o.). De manera tal que la eventual imputación resultaría de la violación de un deber jurídico mucho más amplio y anterior de no dañar (causas L. 82.689, "Paiffer", sent. de 5-IV-2006; L. 101.351, "Insaurralde", sent. de 25-VIII-2010 y L. 117.243, "Posdeley", sent. de 4-VI-2014).
En autos, el basamento jurídico de la demanda se amparó en diversas disposiciones del derecho común, más específicamente -como se indicó- en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (v. fs. 38/39 vta.). Tales disposiciones, independientemente de la existencia de una vinculación laboral como la aquí invocada, generan -reitero- responsabilidad de tipo extracontractual (causas cit.).
Sentado lo expuesto, considero que, con arreglo a la citada doctrina legal, palmariamente violada por el tribunal de grado, corresponde revocar la sentencia en cuanto rechazó la demanda por la única razón de que no resultó probada la existencia del contrato de trabajo denunciado por el promotor del juicio.
Para más, la circunstancia de que no se haya acreditado el linaje laboral del vínculo entre este último y el codemandado Ortíz (único legitimado pasivo con el que se invocó una relación de esa índole), sólo pudo justificar el rechazo de la acción dirigida contra Federación Patronal Seguros S.A., a quien en la demanda se le imputó una responsabilidad civil en la causación del daño, en virtud del contrato que la ligó a aquel en el invocado carácter de empleador, a la postre no acreditado.
III.3.c. A tenor de lo señalado, corresponde hacer lugar al agravio traído y dejar sin efecto la sentencia en cuanto, fundada en la falta de acreditación de vínculo laboral entre el actor y el codemandado Ortíz, desestimó la acción promovida, declarando erróneamente abstracto el análisis de las cuestiones vinculadas al acaecimiento del accidente y sus secuelas, y a la configuración de los presupuestos de la responsabilidad civil.
III.4. Por último, con relación a la alegada arbitrariedad y el supuesto apartamiento de las constancias y pruebas de la causa, no es ocioso recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni de la Corte nacional (causas L. 118.616, "Tisseira", resol. de 13-V-2015; L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017 y L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la parte actora y revocar la sentencia con el alcance indicado en el punto III.3.c. del presente.
Los autos deberán remitirse al tribunal de grado a fin de que -con nueva integración-, y previa renovación de los actos procesales que considere necesarios, dicte un nuevo pronunciamiento.
Costas de esta instancia por su orden, atento el modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo dicho por mi distinguido colega doctor Torres en los apartados III.1.; III.2.; III.3.a. y III.4. de su sufragio. También comparto en sustancia lo demás expuesto por el ponente, ello, bajo las siguientes reflexiones.
I.2. En lo tocante al rechazo de la acción fundada en el derecho civil por la que se persigue el cobro de una reparación por daños y perjuicios en razón del accidente denunciado, entiendo que -con el alcance que habré de precisar- el agravio merece favorable recepción.
Como lo denuncia el recurrente, surge evidente que al desestimar también este tramo de la demanda con el único argumento situado en que no se acreditó la existencia de una relación laboral entre el accionante y el codemandado Ortíz, el tribunal de grado violó la doctrina legal sentada en las causas L. 117.243, "Posdeley" (sent. de 4-VI-2014) y L. 119.841, "Montenegro" (sent. de 5-IX-2018) que indica que sustentada la acción resarcitoria en las disposiciones del derecho común (arts. 1.109 y 1.113, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield), carece de relevancia la inexistencia de relación laboral entre las partes, porque la eventual responsabilidad del demandado por el daño ocasionado no derivaría de aquel vínculo, sino de la violación del deber jurídico mucho más amplio y anterior de no dañar, generador de responsabilidad de tipo extracontractual.
Esas directrices jurisprudenciales, insisto, vulneradas por el tribunal de la instancia, conducen a dejar sin efecto la sentencia impugnada en cuanto en ella se desestimó la referida acción declarando erróneamente abstracto el análisis de las cuestiones vinculadas con el supuesto acaecimiento del accidente, sus eventuales secuelas y la configuración de l
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