Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125473
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio la sentencia de fs. 80/85 vta. y se remite la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que considere necesarios y dicte nuevo pronunciamiento.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.473, "Escudero, María Luisa contra Provincia ART S.A. y otro/a. Apelación de resolución administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo de la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó la revisión intentada y confirmó la resolución administrativa pertinente. Impuso las costas a la vencida (v. fs. 80/85 vta.).
Se dedujo, por la parte accionante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 87/91).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio la sentencia de fs. 80/85 vta.?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que resulta relevante, el tribunal de origen rechazó la revisión pretendida por María Luisa Escudero -dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación- respecto de la decisión de la Comisión Médica n° 12 de Mar del Plata, que estableció que la trabajadora no padece secuelas incapacitantes, fruto del accidente de trabajo protagonizado el día 14 de agosto de 2015, mientras desempeñaba sus tareas habituales.
Para así resolver, precisó que de los antecedentes y dictamen de dicho organismo administrativo surgía que este intervino a requerimiento de la señora Escudero por "divergencia en la determinación de la incapacidad" ante un infortunio ocurrido en la fecha referida. Ciertamente, también dijo que, al relatar el hecho, la trabajadora refirió otro ocurrido en el año 2002, del que recibiera atención de la aseguradora hasta el alta médica. Asimismo, destacó que la comisión médica se pronunció indicando que la accionante había sufrido el accidente el citado día 14 de agosto de 2015, que fue reconocido y aceptado por la aseguradora de riesgos del trabajo, constatándose "pinzamiento intersomático L5-S1 con elementos de osteosíntesis L5-S1"; y que, finalmente, determinó que ese hallazgo no guardaba relación etiológica ni cronológica con el evento examinado, en tanto se trataba de una patología inculpable, no encontrando secuelas derivadas de la contingencia denunciada (v. fs. 80).
Indicó el tribunal de grado que, al fundar la "apelación", la trabajadora planteó la inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557 para el supuesto de considerarse que la dolencia invocada no se encontraba incluida en el listado de enfermedades profesionales, argumentando que el dictamen de la comisión médica le causaba gravamen irreparable, por cuanto establecía que la patología que padece en virtud del accidente laboral sufrido no presentaba secuelas resarcibles, determinando que se trataba de una "contusión de raquis" y mencionando, además, que el resto de las dolencias evidenciadas en los estudios médicos realizados tenían carácter inculpable (v. fs. 81 vta.).
Destacó el sentenciante que el mentado informe fue impugnado exclusivamente por la trabajadora, quien lejos de oponerse a la lesión determinada, se agravió sobre la definición referida a la falta de causalidad de dicha patología respecto del accidente de trabajo y a la ausencia de minusvalía incapacitante derivada del hecho dañoso (v. fs. 82 in fine y vta.).
En este contexto, valorando las conclusiones brindadas por el perito médico designado en autos, el órgano jurisdiccional de grado, sostuvo que el galeno en su inicial presentación se refirió exclusivamente al hecho ocurrido el 23 de enero de 2002, siendo esta una contingencia diferente a la denunciada por la trabajadora al promover la intervención de la comisión médica. En esa línea, señaló que al responder las observaciones o impugnaciones recibidas, el experto, dando un giro a su enfoque primario, dictaminó de modo escueto y sin fundamentación que lo respaldara, que la trabajadora era portadora de secuelas de la lesión operada, producto de "posteriores eventos traumáticos", careciendo su informe de consideraciones médico-legales que ilustraran adecuadamente sobre el aparente "reagravamiento" -que no fue tratado como tal por la comisión médica-, que habría sido causado por eventos que tampoco fueron tenidos en cuenta por el perito.
Concluyó que el mentado informe médico lucía incongruente e ineficaz como herramienta de juzgamiento a los fines de establecer que la afección de la trabajadora y sus secuelas guardaran relación de causalidad con el accidente de trabajo ocurrido el 14 de agosto de 2015; y, con ello, que autorizara a modificar lo dictaminado por la comisión médica.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia errónea interpretación de los hechos y absurdo en la valoración de la prueba.
Describiendo lo expuesto por el experto designado en la causa y lo ponderado al respecto por el tribunal de grado, sostiene que la pericia médica presentada es clara y posee basamento científico, por ende, no se encuentra reñida con principios lógicos que le permitan al juez apartarse de su contenido.
Al fundar sus afirmaciones, alega que fue el quo quien desinterpretó las circunstancias fácticas, ya que -a su modo de ver- surge del expediente que el "accidente original" ocurrió en el año 2002 y que posteriormente sufrió un reagravamiento, que fue lo que motivó el reclamo en autos.
III. Corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1. De las constancias de autos se desprende que el tribunal de grado dispuso la apertura a prueba de la causa (v. proveído de 5-IV-2018) y, clausurada la etapa probatoria, ordenó que los autos ingresaran al acuerdo para el dictado de la sentencia (v. proveído de fecha 11-VII-2019).
Al momento de pronunciarse sobre la suerte del litigio, el juzgador hizo mención a las posturas de las partes y a las actuaciones procesales cumplidas, examinando seguidamente la procedencia del reclamo, allí valoró hechos y pruebas y, sin embargo, no emitió el correspondiente veredicto.
Y en este sentido, remontándonos a pasajes anteriores del pleito, cabe poner de resalto que una vez trabada la litis, el órgano de grado no declaró la cuestión como de puro derecho, pronunciamiento que hubiese correspondido, claro, si consideraba que no existían hechos controvertidos, único supuesto en el que la ley procesal del fuero autoriza la ausencia de veredicto (art. 32, cuarto párrafo, ley 11.653).
Pero, en el caso, en virtud de lo reseñado, resultaba ineludible el dictado de dicha pieza procesal, etapa en la que el tribunal de trabajo debió haber valorado "en conciencia" la prueba rendida (art. 44, inc. "d", ley cit.) y donde -a su vez- debió haber juzgado sobre los hechos acreditados o no, con indicación de los elementos de juicio meritados (art. 47, primer párrafo, ley cit.).
En reiteradas oportunidades ha declarado esta Corte que, en tanto existan hechos controvertidos y elementos de prueba relativos a ellos que deban examinarse por el juzgador, es ineludible la formulación del veredicto antes de dictar la sentencia, lo que por otra parte es deber constitucional inexcusable para el tribunal de acuerdo con lo prescripto por el art. 168 de la Constitución provincial (causas L. 55.801, "Bruno", sent. de 20-II-1996; L. 104.645, "Molfesa", sent. de 26-X-2010; L. 105.294, "Rodríguez", sent. de 28-XII-2010; L. 109.595, "Juárez", sent. de 1-VIII-2012 y L. 127.183, "Prieto Sosa", resol. de 21-III-2023).
III.2. Vale precisar que no obsta a la solución anulatoria propuesta la circunstancia de que la impugnante no hubiera deducido recurso extraordinario de nulidad ni introducido agravios sobre la grave omisión en que incurrió el juzgador de grado, desde que este Tribunal -en numerosas oportunidades- ha señalado que procede la anulación de oficio del fallo recurrido por la vía de inaplicabilidad de ley, aunque no medie denuncia de infracción de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, toda vez que nada exime a esta Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 87.861, "Santulli", sent. de 11-VI-2008; L. 104.645 y L. 109.595, cits. y L. 118.248, "Díaz", sent. de 14-X-2015).
IV. En consecuencia, corresponde disponer la anulación de oficio de la sentencia de fs. 80/85 vta., debiendo los autos remitirse al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales pertinentes y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anula de oficio la sentencia de fs. 80/85 vta. y se remite la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que considere necesarios y dicte nuevo pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2023 10:10:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 11:48:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2023 17:39:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:03:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 10:37:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/05/2023 11:09:26 hs. bajo el número RS-45-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia