Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127754
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.754, "Sindicato Confluencia de Educadores de la Provincia de Buenos Aires contra Provincia de Buenos Aires. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Soria .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar -por mayoría de fundamentos- a la acción instaurada tendiente al dictado de una medida autosatisfactiva (v. pronunciamiento electrónico de fecha 11-XII-2020).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 4-II-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Con fecha 30 de noviembre de 2020 se presentó el señor Leonardo Fabián Felman, en representación del Sindicato Confluencia de Educadores de la Provincia de Buenos Aires, requiriendo como "medida autosatisfactiva" que se ordenara a la demandada que, por intermedio de la Dirección General de Cultura y Educación, dispusiera las medidas necesarias para efectuar la retención de la cuota sindical de sus afiliados.
Argumentó que luego de casi seis años de haber obtenido resolución favorable respecto del otorgamiento del código de descuento por ese concepto, ello no fue cumplido, lo que le generó enormes perjuicios a la entidad, que se agravaron durante la pandemia de COVID-19, producto de las limitaciones a la circulación de las personas, imposibilitando a sus afiliados a realizar el pago de los correspondientes aportes.
Agregó que la urgencia en la atención del pedido se reafirmaba ante el inminente receso escolar de verano, circunstancia que generaría un perjuicio mayor.
A su vez, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 38 de la ley 23.551 y del decreto provincial 243/18, como así también de la resolución 273/18 del Ministerio de Economía local.
I.2.a. Sin correr traslado de la petición, los señores jueces del tribunal de grado que conformaron la mayoría de fundamentos, analizaron, en primer lugar, la viabilidad de la medida autosatisfactiva. Al respecto, adujeron que éstas exigen una muy intensa verosimilitud del derecho, porque imponen un hacer que, por regla, solo podría concretarse como conclusión de un trámite bilateral.
Sin embargo, sostuvieron que, cuando de la contienda se presume que al accionante le asiste razón de modo casi incontrovertible, y acontezca -además- una situación objetiva de urgencia, aquella autoriza a proteger -de modo urgente- el derecho de fondo, sin que resulte imperioso el cumplimiento del principio de contradicción o bilateralidad.
El requerimiento autosatisfactivo -continuaron- constituye un proceso autónomo que se agota en sí mismo y con trámite la mayor de las veces " inaudita parte ", porque el demandado recién puede ejercitar su defensa al momento de recurrir la medida.
En ese marco, manifestaron que en el caso bajo análisis se habían invocado como extremos de urgencia la restricción en la circulación de personas por imperio del decreto 279/20 -y modificatorias-, producto de la pandemia de COVID-19, y el inminente receso escolar de verano. En virtud de ello -expresaron- se evidenciaban las dificultades de financiar y sostener económicamente a la asociación sindical reclamante, poniendo en riesgo su funcionamiento.
Sobre esa base, entendieron que se encontraban presentes los requisitos de procedencia de las medidas autosatisfactivas contra la Administración Pública, es decir: a) la fuerte probabilidad del derecho invocado; b) daño inminente e irreparable; c) la no afectación del interés público comprometido, así como lo innecesario de ser susceptible un amplio debate y compleja prueba y d) la posibilidad de contracautela sujeta al prudente arbitrio judicial.
Por tales razones, admitieron la admisibilidad formal de la pretensión autosatisfactiva.
I.2.b. A partir de ello, ahora en voto unánime, los integrantes del tribunal de mérito analizaron la validez constitucional del art. 38 de la ley 23.551, que establece que los empleadores solo actuarán como agentes de retención de las cuotas sindicales respecto de trabajadores afiliados a "sindicatos con personería gremial".
Señalaron que dicha norma vulnera la libertad sindical de las entidades simplemente inscriptas, las cuales se encuentran garantizadas por los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Asimismo, expusieron que la exclusión de dichas entidades del régimen de retención de cuotas sindicales configura una injerencia del Estado que reduce injustificadamente su capacidad de desarrollar funciones propias relativas a la promoción, ejercicio, defensa, fomento y protección de intereses legítimos de orden gremial.
Bajo esos lindes, declararon la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del referido art. 38 de la ley 23.551 por resultar contrario al art. 14 bis de la Constitución nacional y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y, en consecuencia, previa contracautela, ordenaron a la Provincia de Buenos Aires -a través de la Dirección General de Cultura y Educación- que dispusiera las medidas necesarias para efectuar la retención directa por parte del empleador de la cuota sindical de la nómina de los afiliados del "Sindicato Confluencia de Educadores de la Provincia de Buenos Aires", a través del denominado "código de descuento", y cese en toda obstaculización al accionar gremial del aludido sindicato.
A su vez, decretaron la invalidez constitucional del decreto provincial 243/18 y la resolución 273/18 del Ministerio de Economía local, que regulaban lo atingente al régimen de "códigos de descuento".
II. Contra dicho pronunciamiento el legitimado pasivo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 14 y 22.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 del Pacto San José de Costa Rica; 15, 39 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial; 38 de la ley 23.551 y 28, 29 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo; del decreto de necesidad y urgencia 279/20 y sus modificatorios; del decreto provincial 243/18; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 4-II-2021).
II.1. Manifiesta que la decisión de grado no contiene ningún argumento válido para justificar la condena de una parte que jamás fue oída.
Relata que la medida autosatisfactiva como un proceso autónomo no se encuentra legislada en nuestro ordenamiento procesal, y que su recepción es una creación doctrinaria aceptada en el ámbito provincial sólo por algunos tribunales de grado.
Alega que su naturaleza es contraria a las garantías constitucionales fundamentales. En tal sentido, sostiene que esta Suprema Corte la consideró, en varias oportunidades, violatoria del derecho de defensa a los procesos que, como en el presente, agotan su objeto sin que la parte que debe soportar las consecuencias sea previamente oída.
Argumenta que el mismo resultado puede ser obtenido mediante una medida cautelar clásica en el marco de un proceso de conocimiento, la que, a su vez, puede disponerse con la misma celeridad que una autosatisfactiva.
Puntualiza que los tratados internacionales con jerarquía constitucional consagran expresamente el derecho a ser oído en condiciones de plena igualdad, como una garantía fundamental del debido proceso legal (conf. arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 10, DUDH; 8.1, CADH y 14, PIDCP).
Añade que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado que la decisión que concede la medida autosatisfactiva " inaudita parte" constituye un exceso jurisdiccional en menoscabo del derecho de defensa en juicio.
Enfatiza como otro dato decisivo en apoyo de su línea argumental, que -si bien no se encuentra plenamente vigente- la ley 15.057 en su art. 21, expresamente establece la obligación de dar traslado a la contraria previo a ordenar tal clase de medidas.
Alega que, a partir de una razonamiento absurdo y arbitrario, el tribunal de origen se equivoca al sostener que el derecho a la defensa en juicio se encontraría debidamente preservado, dentro del mismo proceso, con el otorgamiento al condenado de la posibilidad de concurrir ante la Casación provincial mediante un recurso extraordinario, ello habida cuenta de que dicho remedio no habilita a: a) responder la pretensión de la parte actora sino únicamente a impugnar la sentencia del órgano de grado; b) aportar la prueba que hace a su derecho y c) revisar cuestiones de hecho y prueba, y mucho menos introducir esas cuestiones en esta sede.
Sostiene que el proceder del órgano de origen configuró un avasallamiento manifiesto de la garantía del debido proceso legal.
Denuncia que, en el caso, no se encontraban verificados los requisitos necesarios para el dictado de la medida autosatisfactiva ordenada, esto es: a) contener una pretensión no declarativa de derechos y b) que el interés del postulante se limite a obtener la solución de urgencia, sin extenderse a la declaración judicial de derechos conexos o afines. En tal sentido, señala que en la especie se evidencia que la medida fue promovida con el fin de obtener una declaración judicial sustancial y no para hacer cesar una vía de hecho.
Asimismo, destaca que el propio accionante alegó en su demanda que llevaba seis años sin acceder al "código de descuento", por lo que no se entiende el motivo por el cual la carencia del mismo se habría transformado súbitamente en una urgencia que pondría en juego su preservación.
Resalta que tampoco se encuentra justificada la misma por la restricción de la circulación de las personas como consecuencia de la pandemia de COVID-19, en tanto la medida judicial se ordenó superados los seis meses del dictado del decreto de necesidad y urgencia 279/20 y cuando las restricciones absolutas ya habían sido levantadas.
Argumenta que tampoco resulta válido el señalamiento formulado por el sindicato accionante al sostener que el único modo de efectivizar un pago -ante la ausencia de un "código de descuento"- es con la concurrencia personal del afiliado a su lugar de trabajo, por cuanto su cumplimiento puede facilitarse a través de canales de pago electrónicos bancarios o no bancarios.
De este modo, afirma que en el caso no se acreditó que exista un daño inminente e irreparable que solo pueda solucionarse idóneamente mediante la medida ordenada.
II.2. Plantea que la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 38 de la ley 23.551, del decreto 243/18 y de la resolución 273/18 del Ministerio de Economía provincial se fundó por el tribunal de trabajo sólo de un modo aparente, a partir de afirmaciones puramente dogmáticas.
Cuestiona que el juzgador de origen utilizó expresiones como "ilegalidad manifiesta y notoria" e "invalidez [...] manifiesta y absoluta", para autorrelevarse del deber de fundar debidamente el tópico.
Sostiene que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al convalidar la validez del art. 31 inc. "c" de la ley 23.551, manifestó que no es en sí criticable el hecho de que la legislación de un país establezca una distinción respecto a las organizaciones sindicales más representativas.
Refiere que, al contrario de lo argumentado por el tribunal de grado, la ausencia de un "código de descuento" no puede vincularse causalmente con la subsistencia material de un sindicato, así como tampoco dicha circunstancia influiría en la decisión de afiliarse en determinada asociación sindical, ya que no se encuentra en la idiosincrasia del trabajador argentino renunciar a su ideario por una "pueril" facilidad en el pago de la cuota sindical.
En ese orden, aduce, surge en forma patente el absurdo y la arbitrariedad de los argumentos esgrimidos, en el caso, para invalidar una ley del Congreso nacional.
Por otro lado, explica que en modo alguno el Poder Ejecutivo provincial, a través del decreto 243/18 (y la resolución 273/18, ME), incurrió en un exceso reglamentario, en tanto no hizo otra cosa que reglamentar en el ámbito local las obligaciones que le impone el art. 38 de la ley 23.551 en su carácter de empleador, ajustándose estrictamente al texto legal.
Objeta el accionar del tribunal de trabajo que se arrogó funciones propias del Poder Legislativo por cuanto no se limitó a suprimir el supuesto privilegio detectado, sino que, incursionó en una tarea creadora de derechos al ordenar a su parte a disponer de las medidas necesarias para efectuar la retención directa de la cuota sindical de la nómina de los afiliados del sindicato accionante a través del código de descuento.
III. El recurso prospera.
III.1. A los fines de brindar suficiente respuesta al remedio extraordinario deducido, habré de reproducir -en lo pertinente- los fundamentos que expuse al expedirme en la causa C. 119.234, "L., M. G." (sent. de 6-IV-2016), en la que, además, hice referencia a otros antecedentes de este Tribunal en los cuales se abordaron cuestiones vinculadas con medidas autosatisfactivas, siendo que -para más- el indicado precedente ha sido mencionado por el quejoso en su libelo de impugnación.
III.1.a. Dije en el citado caso que la figura conocida como "medida autosatisfactiva" genera una innecesaria y grave violación de los derechos de defensa y debido proceso, garantizados por los textos constitucionales aplicables y por los tratados internacionales de derechos humanos (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 18 y 24, DADDH; 8 y 10, DUDH; 8.1, 24 y 25.1, CADH y 14.1 y 26, PIDCP), cuya violación denuncia el recurrente.
También sostuve que tal institución es conocida en la doctrina jurídica nacional y que pueden verse casos de aplicación en la jurisprudencia de grado, pero que, sin embargo, la misma no contaba con recepción en la legislación procesal bonaerense (v., al respecto, resol. SCBA 3.199/19 sobre la vigencia de la nueva normativa de procedimiento laboral, ley 15.057), y ha sido descalificada en el seno de esta Suprema Corte de Justicia en reiteradas oportunidades (v. causas Ac. 90.868, "C., M. y otra", sent. de 15-XII-2004; C. 104.149, "V., M. J.", sent. de 15-VII-2009 y C. 104.588, "R., V. y T., L.", sent. de 19-V-2010).
Recordé que para aquellos autores que sostienen la existencia y validez de este instituto, la "medida autosatisfactiva" en su versión "pura" -tal como aquí se la instrumentó- consiste en un pedido que una parte hace al juez para que este adopte de manera urgente medidas en contra de otra u otras partes a los fines de la salvaguarda de derechos de importante entidad y cuya violación genera perjuicios graves. Frente a tal pedido -avalado por prueba sumaria- el juez pasa a resolver mediante el dictado de sentencia, sin traslado.
Lo así dispuesto se comunica al obligado al cumplimiento. Se trata de un trámite autónomo: no existe un proceso de conocimiento asociado a él en el que haya posibilidad de adecuado debate.
III.1.b. Al igual que en el precedente al que he hecho referencia, el perfil de la medida adoptada en este caso encuadra en la descripción recién efectuada. En razón de ello, expondré a continuación los argumentos que encuentro aquí aplicables.
En la resolución de medidas de dicha naturaleza, el juez debe sopesar la urgencia que la pretensión porta y la certeza del derecho reclamado con los de quien deberá cumplir la tutela de manera anticipada y desvinculada de un proceso principal.
Es por ello que no es razonable en hipótesis como la que aquí ocupa prescindir de la garantía del debido proceso -en aras de la celeridad del trámite- sin garantizar la bilateralidad que resguarde la defensa en juicio de la demandada.
Más aún, el argumento consistente en que la parte condenada puede revisar lo actuado mediante un recurso no es de recibo. Ello es así, porque en el acotado margen de dicho remedio el quejoso no puede incorporar a la causa todos los argumentos y defensas que estime conducentes para sostener su posición.
III.1.c. Asimismo, no se aprecia en el caso con claridad la urgencia en resolver como se hizo, ni razones jurídicas que permitan privilegiar un trámite que carece de marco normativo cuando las partes pueden canalizar sus pretensiones en un proceso sumarísimo que respete las garantías constitucionales (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
En efecto, no existe en el fallo de grado fundamento válido que justifique su decisión cuando el debido resguardo de los derechos constitucionales que asisten al demandante pudo perfectamente ser obtenido mediante una medida cautelar clásica en el marco de un proceso de conocimiento de menor extensión y rapidez, incluso en el marco de los extremos de la pandemia declarada y de la inminencia del receso estival ponderados en el pronunciamiento atacado.
III.2. Luego, si bien es mi criterio que los jueces se encuentran facultados para declarar de oficio la invalidez constitucional de las normas (v. mis votos en las causas L. 86.269, "Gómez", sent. de 14-IX-2004 y L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004; e.o.), en el contexto definido por la existencia de un concreto planteo de parte, el sentenciante debió bilateralizar el trámite de conformidad con el principio de contradicción, en salvaguarda del debido proceso adjetivo y el derecho de defensa en juicio (v. causa L. 121.503, "Ciancio", sent. de 2-XI-2020; arts. 18, Const. nac.; 15, Const. de la Prov. de Buenos Aires; 8, CADH y 34 inc. 5 apdo. "c", CPCC).
III.3. De este modo, al encontrar violado el núcleo más básico que hace al derecho de defensa en juicio de la demandada, considero que el recurso debe prosperar y revocarse la sentencia de la instancia de grado en tanto hizo lugar a la medida autosatisfactiva de marras.
En consecuencia, deben remitirse los autos al órgano de origen para que, con nueva integración, proceda a sustanciar la oposición, asumiendo y efectivizando las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso legal como ordena la Constitución, a cuyo efecto utilizará la vía del proceso sumarísimo.
III.4. Lo expuesto me releva de pronunciarme respecto de los demás cuestionamientos que porta el embate.
IV. En base a lo señalado, propongo hacer lugar al recurso y casar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. del presente. Los autos deberán remitirse al tribunal de origen a fin de que -con otra integración- obre de conformidad con lo aquí dispuesto.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero a las razones dadas por la doctora Kogan en los puntos III.1.c. y III.3. de su voto, por cuanto comparto el criterio allí expuesto, relativo a que en el particular caso de autos no se acreditó -con la claridad necesaria- la urgencia en resolver como se lo hizo, ni se dieron razones jurídicas que permitan justificar la vía elegida en desmedro de un proceso sumarísimo con la debida bilateralización.
Por tales razones, las que considero suficientes para revocar el pronunciamiento impugnado, adhiero a la solución propuesta en el punto IV del voto inaugural, incluso en materia de costas.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genou
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.