Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77474
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.474, "B., C. A. contra Caja Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la acción de amparo promovida contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de 14-IX-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento, la amparista interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 29-IX-2021, 14:50:02 y 16:01:22 hs.).
Mediante resolución de 19-X-2021, la Cámara interviniente concedió el recurso de inaplicabilidad de ley y denegó la concesión del de nulidad.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 22-IX-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La doctora C. A. B. promovió acción de amparo contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, pretendiendo que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95) y la nulidad del punto 2 de la resolución dictada por el Directorio de la entidad demandada en la sesión de fecha 24-VII-2020, mediante la cual se le requirió, para hacer efectivo el goce del beneficio jubilatorio, los certificados que acrediten la cancelación de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país en las que se hallare inscripta.
Fundó su solicitud en la naturaleza alimentaria de los derechos irrenunciables a la seguridad social garantizados por la Constitución nacional y la Constitución provincial.
Solicitó, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo, una medida cautelar que le ordene a la Caja previsional que se abstenga de aplicarle las normas que le causan gravamen y que se le abone el haber jubilatorio, con los intereses debidos, a partir del 30-V-2020, fecha en la cual se encontraba en condiciones de acceder definitivamente al beneficio.
I.2. Mediante resolución de fecha 14-X-2020 el Tribunal Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes declaró inadmisible la acción de amparo promovida, en el entendimiento de que la vía procesal requiere para su apertura la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la cabal demostración de un daño concreto y grave.
Puntualizó, asimismo, que el amparo no procede ante la existencia de otros procedimientos ordinarios administrativos y/o judiciales que permitan obtener el mismo efecto, tal como entendió que sucedía en el caso.
Advirtió que de las constancias aportadas no surgía el agotamiento de la vía administrativa.
I.3. Recurrido dicho pronunciamiento, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, revocó el decisorio teniendo en cuenta el carácter alimentario de los derechos comprometidos y la falta de certeza respecto a la percepción del beneficio supeditada a la acreditación de la baja de la matrícula de abogada en todas las jurisdicciones; circunstancia que -a su criterio- podría derivar en un agravio al derecho a la jurisdicción (arts. 15, 20 inc. 2, Const. prov. y ley 13.928).
I.4. Devuelta la causa a la instancia, mediante sentencia de fecha 29-XII-2020 el tribunal criminal interviniente rechazó la acción interpuesta, por los siguientes motivos:
I.4.a. Por un lado, sostuvo que la pretensión de la actora -conforme surgía de su escrito inicial- consistía en que se haga efectivo el beneficio jubilatorio con prescindencia de la baja de la matrícula de abogada en las restantes jurisdicciones, solicitando a tal fin la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95).
No obstante, señaló que al contestar la demanda la Caja acreditó que la doctora B. había obtenido -en el ínterin- el alta del beneficio el 25-IX-2020, fecha en la cual presentó la documentación requerida en el punto 2 de la resolución del Directorio de la sesión de fecha 24-VII-2020, donde se la intimaba a dar de baja la matricula en todas las jurisdicciones, cosa que finalmente hizo.
Ante eso, vislumbrando un acto voluntario que denotaba aquiescencia al régimen legal controvertido, consideró que la cuestión se había tornado abstracta al haber cesado la afectación al derecho alimentario comprometido. Lo expresado, sin perjuicio de la posibilidad de formular nuevos reclamos vinculados con el monto y regularidad del haber jubilatorio.
I.4.b. Como argumento supletorio, notó que se había excedido el plazo de treinta días establecido en el art. 5 de la ley 13.928 para promover la acción de amparo. Ello era así, toda vez que la instrumentación del acta del Directorio databa del 28-VII-2020 y fue notificada el 29-VII-2020, mientras que la demanda fue iniciada recién con fecha 6-X-2020.
II. Apelada ahora la sentencia de mérito, la misma Cámara que previno rechazó el recurso interpuesto por la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 18-X-2020, 21:19:02 hs.) y, por mayoría de fundamentos, confirmó la sentencia recurrida.
En lo medular, coincidió en el carácter abstracto de la cuestión debatida, atento haberse otorgado el beneficio jubilatorio.
Refirió a las constancias documentales que indicaban que, al momento de solicitar la concreción del beneficio, la amparista ejerció voluntariamente la opción de dar de baja las matrículas que tenía en otras jurisdicciones, en lugar de la baja en la Provincia de Buenos Aires, exclusivamente.
Por ello, descartó una lesión actual e inminente que amenace o restrinja el derecho alimentario de la actora, lo cual hacía procedente la desestimación de la acción tal cual esta había sido promovida.
III. Nuevamente disconforme, la actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 29-IX-2021, 14:50:02 y 16:01:22 hs., respectivamente), siendo concedido solamente este último.
III.1. Ante todo, se agravia por la declaración de abstracción de la controversia, en el entendimiento de que si bien el beneficio jubilatorio fue concedido, eso fue condicionado al cumplimento de requisitos que son repugnantes de principios constitucionales relacionados con la seguridad social y el derecho a trabajar.
Aduce que el planteo de inconstitucionalidad vinculado con los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95) no ha perdido vigencia, en la medida que se condicionó ilegítimamente su derecho a jubilarse a la previa autoexclusión de todas las matrículas profesionales, agraviándose particularmente de aquellas que tenía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Recalca que la cuestión mal pudo haberse reputado carente de virtualidad, siendo que se vio compelida a hacer eso último a fin de poder gozar de lo primero en el contexto de pandemia, pero conservando siempre la intención de continuar ejerciendo libremente su profesión en las demás jurisdicciones, al amparo de la garantía del art. 14 de la Constitución nacional. No hubo, según su visión, un sometimiento voluntario a la imposición de la demandada.
A todo evento, apunta que tiene derecho al cobro de retroactividades como consecuencia de la indebida dilación en la concesión de su jubilación, lo cual colabora con la inteligencia de que la controversia se mantiene viva.
De allí que, en definitiva, diga que la sentencia que rechazó la demanda por reputar que el caso se había tornado abstracto sea incongruente y arbitraria.
III.2. En cuanto al fondo, indica que la demandada desconoció consolidada jurisprudencia tanto del Máximo Tribunal federal como de esta Suprema Corte, con relación a que la Caja previsional no puede, mediante el condicionamiento del goce del beneficio jubilatorio, incidir en el ejercicio de la actividad profesional a cumplirse en ajena jurisdicción. Por tal motivo, recuerda que se declaró la inconstitucionalidad del régimen aquí impugnado.
Explica que la entidad previsional intentó sortear dicha prohibición mediante el ofrecimiento de una especie de libre opción a los pretensos beneficiarios, presentada en la forma de si "adhieren a la doctrina del caso 'Pasik' o si optan por cancelar la matrícula en todas las jurisdicciones". Pero advierte de inmediato que la propia Caja reconoce que existen beneficios que poseen diferente tratamiento según se cancelen o no dichas matrículas, como por ejemplo, el subsidio de la Cuota del Sistema Asistencial, que se torna un 50% más onerosa.
III.3. Recuerda que tiene más de setenta años y sufre una discapacidad debidamente acreditada, razón por la cual debe procurarse el restablecimiento inmediato de las garantías constitucionales vulneradas (arts. 1, 14, 14 bis, 16, 18, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.; 10, 15, 27, 36 inc. 8, 39 inc. 3 y 57, Const. prov.), siendo el amparo la vía idónea a tales propósitos (art. 20 inc. 2, Const. prov.).
III.4. Finalmente, atendiendo a lo observado por el tribunal criminal como argumento supletorio, aduce que la demanda fue promovida en término atento a que se trató de una ilegalidad continuada.
IV. El recurso prospera.
IV.1. La recurrente ha dejado en evidencia el error de las instancias anteriores, cuando sostienen que el presente juicio de amparo devino abstracto desde el momento mismo en que la Caja de Previsión Social para Abogados le concedió el beneficio jubilatorio.
IV.1.a. En ese sentido, los magistrados de grado soslayaron que, correlativamente al pedido de que se le conceda dicha prestación en sede provincial, argumentó en contra de la constitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716, en tanto supeditan esto último a que -previamente- se den de baja todas las matrículas activas, incluyendo aquellas para ejercer la abogacía en las demás jurisdicciones del país.
La actora ha sido clara en cuanto a que desea jubilarse en la Provincia, pero seguir desarrollando su profesión en otras partes. No obstante lo cual, la Cámara confirmó el fallo desestimatorio en la inteligencia de que lo primero -al haberse otorgado- satisfacía plenamente la pretensión y tornaba abstracta la cuestión. Pero esto se trató de una lectura fragmentaria y, en definitiva, equivocada de su real alcance.
IV.1.b. Por otra parte, aunque no expresado rotundamente por el a quo , la sentencia de primera instancia apoyó su decisión en el hecho de que la actora, al solicitar el beneficio previsional a través del formulario respectivo, indicó que daría de baja su matrícula en todas las jurisdicciones y no solamente en la de Buenos Aires. Vio en esto un sometimiento voluntario al régimen reputado ilegítimo o, alternativamente, una derivación de la doctrina de los actos propios.
Considero que esta apreciación también fue desatinada.
IV.1.b.i. La amparista, abogada discapacitada de setenta años al momento de los hechos, explica que hizo eso último -aun cuando lo estimase una "exigencia ilegítima"- a los fines de poder gozar de un haber de subsistencia durante la pandemia causada por la enfermedad COVID-19, cuando la necesidad de sus servicios profesionales menguó considerablemente. Pero insistió en que con esto nunca abandonó su pretensión de poder seguir ejerciendo como letrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la justicia federal, para lo cual iba a necesitar de una declaración judicial que fulminase los preceptos normativos que le impedían hacer simultáneamente ambas cosas (v. demanda, pto. II.viii).
Por esta razón, no se trató de su propia torpeza cuando -como se quiere hacer parecer- completó el formulario respectivo y no marcó la opción por la cual cancelaba únicamente la matrícula en territorio bonaerense, conservando las restantes (aunque -según admite la Caja- perdiendo beneficios como el subsidio de la "Cuota del Sistema Asistencial", v. escrito electrónico de 13-I-2021, pto. III.5).
IV.1.b.ii. Tampoco se sometió voluntariamente al régimen que por la presente impugna, pues como detallaré más abajo, existió un acto administrativo que expresamente la compelió a acatarlo.
IV.2. La recurrente hace bien en traer estos agravios por la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 278 y sigs., CPCC), en tanto que el defecto de la decisión no se debe a un descuido del tribunal apelado (doctr. causas Q. 76.859, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Bingo Mar de Ajó S.A." y Q. 76.464, "Lyla Productores S.A.", resols. de 22-III-2021; A. 76.448, "Pinamar Golf Club", resol. de 27-V-2021; e.o.). En la lógica de los sentenciantes, lo concerniente a la constitucionalidad de los arts. 44 y 45 quedó desplazado con la declaración de abstracción del caso.
En esta parcela, en la pieza en tratamiento se habla de la violación de varios preceptos constitucionales (arts. 14, 14 bis, 16, 18, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11, 12, 27, 31, 33 y 39, Const. prov.; e.o.), además de denunciarse arbitrariedad de la sentencia, agravio típicamente federal pero cuyo análisis no puede soslayarse ante esta casación cuando es efectivamente planteado (conf. causa A. 75.394, "Agroservicios Pampeanos S.A.", sent. de 25-VIII-2022).
Entiendo que en la especie se ha configurado esto último.
IV.3. Es que el pronunciamiento atacado, confirmatorio del de primera instancia (que, reitero, reputó la cuestión como abstracta porque la demandante había conseguido el beneficio previsional en la Provincia y que, además, no podía ir en contra de sus propios actos) no contiene una apreciación razonada de las constancias objetivas de la causa.
Particularmente, como adelanté, del alcance integral de la pretensión de la actora, que además de poder acceder a la jubilación buscaba seguir ejerciendo la abogacía en las demás jurisdicciones en las que siempre actuó y la Caja ahora la forzaba a abandonarlas.
Pero, asimismo, le restó valor al contenido normativo de un acto administrativo del Directorio de la Caja que claramente disponía "Requerirle para hacer efectivo el beneficio los certificados que acrediten la cancelación de matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país en las que se halle inscripta..." (v. pto. 2, resol. de 24-VII-2020, acompañada como documental a la demanda, p. 11). En su lugar, se priorizó lo que surgiría de unos casilleros de un formulario preimpreso, achacándole con esto a la reclamante el sometimiento voluntario a un régimen legal, lo que evidentemente no fue así.
Y vuelvo a decir que ella misma explicitó que lo anterior fue hecho bajo intimación, en contra de su voluntad y a los fines de procurarse un ingreso en tiempos de dificultades inusitadas, añadiendo el carácter irrenunciable de los derechos vinculados con la seguridad social (v. demanda, pto. II.ix).
La tergiversación de estos aspectos centrales de la controversia, a la luz de una constante jurisprudencia de la Corte nacional, descalifican el pronunciamiento atacado como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 339:1423; 340:1398; 341:1591; conf. causa A. 76.396, "Asociación Vecinal Puertos del Lago S.A.", sent. de 5-IX-2022).
Por lo tanto, corresponde revocar el fallo de la Cámara, confirmatorio del de primera instancia (art. 289 inc. 1, CPCC).
V. En este estado, atendiendo a las especiales circunstancias del caso, se impone componer positivamente la contienda (art. 289 inc. 2, CPCC).
V.1. Esta Suprema Corte, siguiendo lo observado en su momento por la Corte federal en la causa "Rebagliati" (Fallos: 310:2039) y otras tantas posteriores, declaró la invalidez constitucional de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95) por su oposición a principios básicos del federalismo (conf. art. 75 inc. 12, Const. nac.). Ello, en cuanto imponen la cancelación de la matrícula profesional fuera del ámbito provincial como condición para acceder a una jubilación de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, se afirmó que se trataba de un inválido ejercicio extraterritorial de la competencia legislativa local (doctr. causa I. 2.036, "Nieto Blanc", sent. de 27-X-1998).
El temperamento fue reiterado, más recientemente y en votación en la que participé, al resolverse la causa I. 73.162, "Bengolea", sentencia de 27-VIII-2020, donde el actor -además de lo anterior, que por la fuerza de los precedentes mereció el allanamiento de la demandada- solicitaba que se declare la inconstitucionalidad de ese mismo articulado en cuanto impide seguir ejerciendo la abogacía dentro del territorio de la Provincia a aquellos profesionales que hubiesen obtenido la jubilación por parte de su Caja. Este planteo fue rechazado y -valga recalcar- no es lo que ambiciona la amparista en estos obrados, quien recordando todos esos antecedentes se limita a reclamar por su derecho a seguir ejerciendo como abogada fuera de la Provincia de Buenos Aires sin menoscabo de su derecho a acceder a la jubilación dentro de ella -cancelando solamente esta matrícula- y sobre la base de los aportes efectuados durante toda su carrera.
V.2. Así las cosas, remitiéndome a los precedentes mencionados, corresponde hacer lugar a la acción de amparo promovida y, atendiendo a las circunstancias actuales ligadas a la controversia (art. 163 inc. 6, CPCC), declarar que la doctora C. A. B. tiene derecho a rehabilitar las matrículas profesionales que se viere forzada a dar de baja ante el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo de las normas que por la presente se declaran inconstitucionales. Lo anterior, sin que ello implique la pérdida del beneficio jubilatorio ya otorgado por la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires con fecha 25-IX-2020 (arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 14, ley 13.928).
V.3. Finalmente, atendiendo al argumento supletorio ofrecido por el tribunal de grado y al principio de apelación adhesiva, no cabe reputar que la presente demanda haya sido iniciada fuera del término señalado por el art. 5 de la ley 13.928.
Independientemente de si se está en presencia de una ilegalidad continuada tal como se alega, o se debe hacer una dispensa equitativa en función de los especiales derechos involucrados (CSJN "Tejera, Valeria Fernanda c/ ANSeS", Fallos: 341:274), lo cierto es que en las circunstancias del caso cabe tener por consumada la afectación al momento de producirse la baja compulsiva en las jurisdicciones extrañas (registrándose la última el 24-IX-2020), pues fue en ese instante cuando la actora vio materializada la lesión a los derechos que reivindica.
Siendo así, la acción iniciada el 6-X-2020 debe tenerse por tempestiva.
VI. Por los fundamentos brindados, si mi opinión es compartida, corresponde revocar la sentencia atacada y hacer lugar a la demanda en los términos expuestos supra en el punto V.2.
Voto por la afirmativa .
Costas de todas las instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 68 y 274, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia de la Cámara y se hace lugar a la acción de amparo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.