Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78463
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado y se revoca la sentencia de Cámara en cuanto ha sido materia de agravio. En consecuencia, se declara competente para intervenir en las presentes actuaciones a la jurisdicción provincial, debiendo remitirse -oportunamente y a la mayor brevedad posible- la causa al Juzgado de Garantías n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, que resultó -a su turno- desinsaculado para intervenir en los presentes obrados.
Mediante oficio electrónico, comuníquese esta sentencia a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento a la falta de contradicción (conf. arts. 60 inc. 1, CCA; 68, segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.463, "P. R., I. contra IOMA. Amparo. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín -en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- resolvió declarar la incompetencia de la justicia provincial para intervenir en la presente acción de amparo promovida contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), por estimar que resultaba competente la justicia federal (v. resol. de Cámara de fecha 6-IX-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-IX-2022, 10:38:31 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 25-X-2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 2-II-2023), dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Liminarmente, conviene recordar que el titular del Juzgado de Paz de Nueve de Julio, resolvió inhibirse de entender en la presente acción de amparo deducida contra el IOMA, en virtud de lo dispuesto en las resoluciones 1.358/06 y 1.794/06 de esta Suprema Corte, y remitir los autos a la Receptoría General de Expedientes para su sorteo y asignación definitiva. Sin perjuicio de ello, en virtud de las excepcionales razones de urgencia vinculadas al derecho a la vida y a la salud, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la amparista en favor de su hija menor de edad (v. resol. de 13-IV-2022).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de apelación mediante presentación electrónica de fecha 21 de abril de 2022. Corrido el pertinente traslado, este fue evacuado por la amparista mediante escrito de 25 de abril de 2022.
Efectuado el sorteo de las presentes actuaciones, fueron remitidas electrónicamente al Juzgado de Garantías n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, cuyo juez a cargo tuvo presente la desinsaculación de dicho organismo para intervenir en la presente acción de amparo y formó el incidente de apelación.
III. Recibidas las actuaciones, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, al hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado revocó la medida precautoria decretada y, en lo que aquí interesa, declaró -de oficio- la incompetencia de la justicia provincial para intervenir en autos, por considerar que resultaba competente la justicia federal en razón de la materia, toda vez que de los términos de la demanda se desprendía que la pretensión se fundó en leyes nacionales y tratados internacionales referentes al derecho a la salud y a la protección de las personas con discapacidad. En su aval citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. resol. de Cámara de fecha 6-IX-2022).
IV. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-IX-2022, 10:38:31 hs.), en el que denuncia la violación de los arts. 1, 5, 17, 18, 121, 122 y 123 de la Constitución nacional; 1, 15, 20, 36 incs. "5" y "8" y 166 de la Constitución provincial; 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 1, 22 y concs. de la ley 6.982; 1, 19 y concs. de la ley 10.592; 384, 279 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, alega absurdo y vulneración de la doctrina legal que cita.
Cuestiona el razonamiento enhebrado por la Cámara, mediante el cual -a partir de la cita de fallos de la Corte nacional- concluye que resulta competente, por razón de la materia, la justicia federal.
Indica que, contrariamente a lo resuelto, la materia debatida en el caso es provincial de acuerdo a la doctrina legal y normativa que denuncia violadas.
En ese orden, sostiene que resulta aplicable lo establecido por esta Suprema Corte en los precedentes que invoca, en los cuales -en el marco de procesos de amparo con similares temáticas a las de autos-, este Superior Tribunal no solo asumió su competencia, sino que además aplicó la normativa provincial (leyes 6.982 y 10.592) desplazando, por ende, las normas nacionales invocadas por los actores (leyes 24.901 y 24.754).
Por otra parte, denuncia la gravedad institucional que provoca la sentencia en crisis, en tanto subvierte la autonomía provincial y la garantía de juez natural, en abierta violación a la Constitución provincial.
Finalmente, cita en su aval un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un tema de competencia, donde se delimita claramente cuándo la materia resulta federal y que -según su entender- pone de relieve la sinrazón de los fallos invocados por la Cámara.
Como corolario postula que en el caso no está en juego interpretar el sentido y alcance de las leyes federales ya que estas quedan desplazadas por la aplicación del plexo normativo provincial, lo cual impone la casación de lo resuelto.
V. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General el recurso debe prosperar.
V.1. Previo a adentrarme a los motivos que me llevan a decidir de esa forma, habré de indicar que, toda vez que -como surge de la reseña de antecedentes- el órgano judicial de grado declaró oficiosamente que la competencia en las presentes actuaciones correspondía a la justicia federal, la decisión impugnada resulta equiparable a definitiva en tanto se configura una de las excepciones en la materia (cfr. causas A. 72.779, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.E.I", sent. de 16-III-2016; A. 71.293, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 31-VIII-2016, e.o.).
V.2. Efectuada la aclaración preliminar, corresponde puntualizar que la cuestión a dilucidar consiste en determinar cuál es la justicia competente -federal o provincial- para intervenir en la presente acción de amparo promovida por la actora contra el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que dicha entidad le provea a su hija menor de edad los tratamientos que requiere como consecuencia de su discapacidad.
Sobre el tópico se ha expedido recientemente el Máximo Tribunal de la Nación en la causa "G., M. P. c/ IOMA. s/ Acción de Amparo" (CSJN 2758/2021, sent. de 21-XII-2022), similar a la presente, dirimiendo un conflicto negativo de competencia suscitado entre la justicia provincial y federal, en favor de la jurisdicción local.
En efecto, en la citada causa -al igual de lo que acontece en autos-, la actora promovió acción de amparo contra el IOMA con el objeto de obtener la cobertura integral del tratamiento que le fuera indicado para retrasar el avance de la enfermedad que padecía y fundó su pretensión en disposiciones legales, constitucionales e internacionales en materia de salud.
En ese contexto, el Máximo Tribunal nacional descartó que se trate de un reclamo de naturaleza federal en razón de las personas, en tanto la demandada resultaba ser el IOMA -entidad autárquica local- (v. cons. 5°).
Por su parte, tampoco advirtió configurado un supuesto que habilite la intervención de la jurisdicción federal en razón de la materia. Al respecto indicó "... no se aprecia que, en forma directa e inmediata, se encuentre en juego la aplicación e interpretación de normas de carácter federal de modo que la solución de la causa dependa esencialmente de ello y, por lo tanto, la competencia federal resulte improrrogable, privativa y excluyente de los tribunales provinciales.... Del escrito de inicio se desprende que la pretensión [al igual que en la especie], en definitiva, se dirige a procurar la prestación que, según estima la peticionante, corresponde que la entidad autárquica local demandada le otorgue en función de la normativa provincial que la rige en su ámbito territorial de aplicación, para cuya resolución se impone el examen del ordenamiento provincial pertinente" (cons. 6°, primer párr.).
Asimismo, recordó lo sostenido reiteradamente por esa Corte en cuanto a que "... no basta para que corresponda la intervención del fuero federal la única circunstancia de que, en forma genérica, se invoquen como vulnerados derechos que se encuentren garantizados por la Constitución nacional y por normas federales, pues el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales, exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y la decisión de las causas que versen, en lo sustancial, sobre aspectos propios del derecho provincial, sin perjuicio de que las cuestiones federales que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48..." (cons. 6, segundo párr.).
Finalmente, agregó que "... lo aquí resuelto se enmarca en la tradicional doctrina seguida por la Corte en contiendas de competencia como las examinadas, con arreglo a la cual no corresponde la intervención de la justicia federal cuando se trata de un litigio entablado por un vecino de un Estado provincial contra uno de sus entes autárquicos en el que la pretensión se funda sustancialmente en normas de derecho local, desde que -como ha sido precisado en este pronunciamiento- no se advierte habilitada, ni en razón de la persona ni de la materia, la jurisdicción de excepción, de naturaleza restringida..." (cons. 8°).
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal (cfr. causas A. 74.482, "Banco Superville SA.", sent. de 23-XII-2021; A. 76.051, "Atanor S.C.A.", sent. de 14-XII-2022; e.o.), corresponde hacer lugar al remedio extraordinario interpuesto y revocar la sentencia impugnada en lo que fue materia de agravio.
VI. Por los fundamentos expuestos, y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado y se revoca la sentencia de Cámara en cuanto ha sido materia de agravio. En consecuencia, se declara competente para intervenir en las presentes actuaciones a la jurisdicción provincial, debiendo remitirse -oportunamente y a la mayor brevedad posible- la causa al Juzgado de Garantías n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, que resultó -a su turno- desinsaculado para intervenir en los presentes obrados.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento a la falta de contradicción (conf. arts. 60 inc. 1, CCA; 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Tal como señala el señor Juez doctor Torres, la Corte federal tuvo oportunidad de decidir sobre el tópico en debate ("G., M. P. c/ IOMA. s/ Acción de Amparo", CSJN 2758/2021, sent. de 21-XII-2022) -similar a la presente-, la competencia de la jurisdicción local.
Por ello, entiendo que, no suscitándose un reclamo de naturaleza federal en razón de las personas -en tanto la demandada resulta ser el IOMA-, ante la ausencia directa e inmediata de normas de carácter federal de aplicación a la solución de la causa y atento a los principios de celeridad y economía procesal (cfr. causas A. 74.482, "Banco Superville SA.", sent. de 23-XII-2021; A. 76.051, "Atanor S.C.A.", sent. de 14-XII-2022; e.o.), corresponde hacer lugar al remedio extraordinario interpuesto y revocar la sentencia impugnada en lo que fue materia de agravio.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Si bien la jurisprudencia federal invocada por la Cámara de San Martín al momento de resolver pudo haber justificado una solución como la adoptada, el pronunciamiento posterior de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registrado en Fallos: 345:1496 (CSJN 2758/2021/CS1, "G., M. P. c/ IOMA s/ acción de amparo", sent. de 21-XII-2022) es claro en cuanto a que aquella debía ser revisada. Ahora se concluye que, en casos como este, debe priorizarse la competencia de los tribunales provinciales.
Independientemente de la vinculatoriedad que puede emanar de dicho precedente, admito que la solución es la que mejor se adecua al presente supuesto, en el cual se le exige una concreta prestación médica al IOMA -ente autárquico regido por la ley 6.982 (t.o. dec. 179/87), sus modificatorias y reglamentos-, sin que la genérica invocación de tratados internacionales de derechos humanos o las leyes nacionales que los aprobaron pueda servir de argumento para sustraer el asunto de los jueces locales (conf. arts. 160, 166 y concs., Const. prov.). Lo expuesto, en la medida en que tales normas no gobiernan la controversia de manera directa e inmediata -sin perjuicio de su valor para desentrañar el alcance de los derechos e intereses en juego-, ni de ellas depende enteramente la suerte del pleito.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Torres, a excepción de lo indicado en el último párrafo del punto V en lo que respecta al alcance de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también he de coincidir con lo expuesto por el doctor Soria en el tercer párrafo de su voto.
Con tal alcance, voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, habiendo dictaminado el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado y se revoca la sentencia de Cámara en cuanto ha sido materia de agravio. En consecuencia, se declara competente para intervenir en las presentes actuaciones a la jurisdicción provincial, debiendo remitirse -oportunamente y a la mayor brevedad posible- la causa al Juzgado de Garantías n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, que resultó -a su turno- desinsaculado para intervenir en los presentes obrados.
Mediante oficio electrónico, comuníquese esta sentencia a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento a la falta de contradicción (conf. arts. 60 inc. 1, CCA; 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/05/2023 18:23:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 15:58:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 19:20:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2023 09:03:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/05/2023 12:27:23 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/05/2023 13:13:25 hs. bajo el número RS-32-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia