Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 124533
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C.124.533, "M., B. X. y A. M.. Abrigo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan .
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por las señoras M. A. y C. M. y, por lo tanto, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto declaró el estado de adoptabilidad de las niñas B. X. y A. M. M. (v. sent. de 21-IX-2020).
Se interpusieron, por la doctora María Paz Fernández Garrahan -Abogada del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Chivilcoy- y el señor L. B. con el patrocinio letrado de la doctora María Gabriela Aponte -por el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos-, sendos recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escritos del 30-X-2020 y 4-XI-2020, respectivamente); y por la doctora María Alejandra Génova -en su carácter de abogada de las niñas- y los señores M. J. P. y A. V. P. -guardadores-, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos del 3-XI-2020 y 6-XI-2020, respectivamente).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Tienen legitimación los Servicios de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para interponer los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley del 30-X-2020 y 4-XI-2020?
En su caso:
2ª) ¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos el 3-XI-2020 y 6-XI-2020?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por las señoras M. A. y C. M. -tías paternas de las niñas- y, en consecuencia, revocó la sentencia de grado en la que se había declarado la situación de adoptabilidad de B. X. y A. M. M..
Además, dispuso una prohibición de acercamiento del señor C. M. M. -progenitor- respecto de las niñas y sus lugares de estudio y esparcimiento, exhortando a las señoras C. y M. M. a que arbitren todos los medios necesarios para que no tengan ningún tipo de contacto con su progenitor y encomendó a la instancia de grado que provea todas aquellas medidas asistenciales necesarias para que se inicie en forma inmediata la vinculación de B. y A. M. con sus tías con el debido cuidado de su salud en atención a su edad, al tiempo transcurrido y a las particulares circunstancias de la causa(v. sent. de 4-II-2021).
II. Frente a ello se alza la doctora María Paz Fernández Garrahan, Abogada del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Chivilcoy, mediante los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, por cuanto considera que dicho pronunciamiento ha aplicado erróneamente los arts. 595 y 608 del Código Civil y Comercial; la ley 20.061; el art. 18 de la Constitución nacional y doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia provincial (v. presentación de 30-X-2020).
Asimismo, el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos de los Niños del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo a la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, se presenta e interpone los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley de fecha 4-XI-2020, por los cuales plantea la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución nacional y 3 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño; Observaciones Generales n° 12 y 14 del Comité de los Derechos del Niño; arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1, 2, 707 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación; ley 26.061; ley 13.298; ley 14.568; ley 14.528 y arts. 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Alega también absurdo.
III. Al respecto, coincido con lo expresado por el señor Procurador General en su dictamen del 18 de marzo del 2022, en tanto concluye que los organismos administrativos carecen de legitimación en los presentes actuados para interponer los remedios intentados.
En efecto, esta Suprema Corte ya se ha expedido sobre el tópico en cuestión en la causa C. 115.708, "N.N. Abrigo" (sent. de 12-VI-2013), en cuya oportunidad se rechazaron los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por el Servicio Local de Protección de Derechos de la Municipalidad de La Plata, remitiendo a los fundamentos del señor Subprocurador General en su dictamen, de donde surgía que en el caso "...la Municipalidad de La Plata carece de legitimación para recurrir en nombre y representación de los derechos del niño P. la sentencia cuestionada".
El memorado dictamen también puntualizó en aquella ocasión, tal como lo recuerda el señor Procurador General, que "Sin perjuicio de que la recurrente invoca el principio del superior interés del niño como fundamento de su legitimación al afirmar que 'viene en ese interés superior a exigir el cumplimiento de las normas jurídicas y el respeto de los derechos del niño sin distinción de origen social o familiar' (fs. 179 vta.), considero que la legitimación que reclama no le es reconocida por la ley a los efectos de peticionar en el marco del proceso judicial. Pues, si bien las leyes 26061 a nivel nacional y 13298 en la Provincia establecen un mecanismo administrativo-judicial de protección de los derechos de los niños, la normativa citada ha procurado distinguir las esferas de actuación administrativa y jurisdiccional en resguardo de sus respectivas autonomías. En tal sentido, la normativa local reconoce dos momentos diferentes en la intervención estatal destinada a adoptar medidas de protección que impliquen la separación del niño de su familia: un primer momento, en el que interviene el órgano administrativo -con contralor judicial (arts. 35, 37, 38 y ccs. Ley 13.298 y dto. 300/05, Res. 12/07; arts. 39, 40 y ccs. 26.061 y dto. 415/06)- y un segundo momento, estrictamente judicial -una vez vencidos los plazos previstos para la vigencia de la medida de protección prevista en el artículo 35 inc. h (ver 35 inc. h ley 13.298, art. 35.6 Dto. 300/05, Dto. 44/07, y Resolución 171/2007 del Ministerio de Desarrollo Humano)- Ello, sin perjuicio, de la facultad de continuar desarrollando estrategias en forma conjunta. Es decir, la legislación local reconoce en cabeza del órgano administrativo local el deber de adoptar las medidas de protección, con debido contralor judicial, en aquellos casos en que las decisiones adoptadas impliquen una separación del niño de su familia (arts. 108 y 109 de la Constitución Nacional, 9 y ccs. CDN, art. 35 inc. h ley 13298, art. 100 ley 13634, art. 35 dto. 300/05, dto. 44/2007 y Resolución 12/07), así como la potestad de solicitar al Asesor de Incapaces -una vez vencidos los plazos sin haberse modificado las circunstancias que motivaron la medida- la promoción de la acción civil que correspondiere en defensa de los derechos del niño cuando se encuentren vencidos los plazos de la medida de 'abrigo' (35 inc. h ley 13298, art. 35 Dto. 300/05, Dto. 44/07, y Resolución 171/2007 del Ministerio de Desarrollo Humano)".
Es que como también ha sostenido esta Suprema Corte, la esfera de actuación de un órgano administrativo en causas jurisdiccionales no puede desvincularse de las competencias materiales con que ha sido investido por su norma de creación, esto es, del círculo de atribuciones materiales que la constitución y la ley le ha otorgado expresamente, sumado a las que cabe considerar como razonablemente implícitas (en el caso, la ley 13.298 y normas complementarias), por cuanto ello es lo que define el contenido y el marco o el límite de toda posibilidad de actuación válida del órgano. De tal modo, su condición para incoar un proceso o recurrir una sentencia ha de ser el reflejo de las funciones que les ha asignado la legalidad. Por ello no cabe admitirla a falta de norma adecuada para el objeto pretendido, pues excedería el ámbito de actuación que la autoridad respectiva posee (arg. CSJN, Fallos 326:663; 329:4542); ni, evidentemente, le es dable a los jueces atribuírsela (v. causas B. 60.898, sent. de 18-II-2004; I. 2.335, sent. de 21-X-2009; conf. SCBA, I. 73.296, resol. de 13-VIII-2014).
Obsérvese que aun frente a conflictos sobre derechos de incidencia colectiva en general -como el medio ambiente- o intereses homogéneos individuales, la Corte nacional no equiparó la situación de los entes u órganos estatales a la de los particulares a los fines de su legitimación. Antes bien, requirió de aquellos la correspondencia con la competencia material. Tal fue lo acontecido ante el amparo ambiental promovido por la Universidad (Fallos 337:1447) o incluso cuando no ya la competencia material sino la territorial o la jurisdicción del órgano u ente estaba excedida. De igual forma, ha negado legitimación al Defensor del Pueblo local para controvertir cuadros tarifarios de autoridades federales (Fallos 342:1041; 342:969: 341:1727) o pretensiones de recomposición ambiental contra otra provincia y el estado nacional por sobrepasar el ámbito de actuación conferido por la regulación pertinente (Fallos 326:663).
En suma, lo dicho basta para repeler la legitimación para actuar intentada por la oficina administrativa impugnante.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley en tratamiento; con costas (arts. 68 y 289, CPCC)
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a lo postulado por mi estimado colega doctor Soria, de conformidad con el criterio adoptado oportunamente por este Tribunal sobre el tema en la causa C. 115.708, "N.N. s/Abrigo" (ver mi voto que abre el acuerdo, sent. de 12-VI-2013).
En consecuencia, voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega que abre el acuerdo y por los mismos fundamentos en cuanto postula que los organismos administrativos recurrentes carecen de legitimación para actuar en nombre y representación de las niñas B. X. y A. M., con excepción del penúltimo párrafo del punto III, por considerar que los restantes argumentos abastecen suficientemente la decisión propiciada.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también la primera cuestión por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Frente a la misma sentencia, la doctora María Alejandra Génova, en su carácter de abogada de las niñas, interpone recurso de inaplicabilidad de ley, por el cual denuncia la violación de los arts. 1, 2, 3, 5, 9, 22, 27, 28 y concordantes de la ley 26.061; 2, 3, 5, 27 y concordantes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño; 4, 6 y concordantes de la ley 13.298; 10, 15 y 36 de la Constitución provincial; 16, 17, 18, 19, 33 y 75 inc. 22 de su par nacional; 34, 163, 330, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 8.1 y concordantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.1 y concordantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 10 y concordantes de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y 541, 639, 659, 772 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. presentación de 3-XI-2020).
Por su parte, la señora A. V. P. y el señor M. J. P. -guardadores con fines de adopción de las niñas- también interponen recuso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que alegan la conculcación de los arts. 3, 7, 8, 10, 19 y concordantes de la Convención sobre los Derechos del Niño; 14 bis, 16, 19, 33, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución nacional; la ley nacional 26.061; las leyes provinciales 13.298, 13.634, 14.537 y, en particular, el derecho fundamental del menor a ser oído y a expresar su opinión (v. presentación de 6-XI-2020).
Atento a la similitud de agravios que portan las reseñadas piezas recursivas, habrán de ser abordadas en forma conjunta.
II. Los recursos prosperan.
II.1. Comparto y hago propios los fundamentos vertidos por el señor Procurador General en el dictamen del 18 de marzo de 2022, en cuanto señala que "...asiste razón a los recurrentes, en que el fallo en crisis se aparta de la prueba recaída en los presentes actuados, poniendo el foco del decisorio en el interés de las tías paternas -únicas recurrentes de la familia de origen de las niñas- sin evaluar debidamente el interés de las niñas en su conjunto" (pág. 9, del dictamen cit.).
En el mentado dictamen se puntualizó: "No se contrasta en el fallo lo expresado por las tías en la audiencia, con los deseos de las niñas, ni con lo que los profesionales que se expidieron varias veces a lo largo del proceso, aconsejaron respecto de la conveniencia de tal conclusión, limitándose a afirmar el juez del primer voto 'Me detuve varias veces en el contenido de la sentencia en relación a las tías C. y M.. No veo un hecho objetivo que las descalifique como posibles guardadoras de las niñas'" (pág. 10 del dictamen cit.).
En ese sentido, se sostuvo en la pieza referida que "...el artículo 607 del CCCN dispone que la 'La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de éste' (el subrayado me pertenece). Es necesario pues, no sólo la predisposición de la familia de origen para acoger a las niñas, sino que ello sea adecuado a su interés, para lo cual debe valorarse la historia vital de las niñas, los reiterados y frustrados intentos de permanencia en la familia de origen y el transcurso del tiempo que priva a las mismas de una situación de estabilidad y contención. La ausencia de argumentos suficientes para apartarse del fallo de primera instancia en estas cuestiones centrales descalifica, en mi opinión, el fundamento esencial del decisorio aquí impugnado" (pág. 11 del dictamen cit.).
Así, luego de analizar las constancias de la causa, el titular del Ministerio Público concluyó que no habían sido ponderadas correctamente, ni se había fundado debidamente el apartamiento de sus conclusiones, "...En particular, que se cumplió con creces el tiempo previsto para el trabajo del Servicio local con las niñas y la familia ampliada, que han intervenido equipos interdisciplinarios del propio Servicio Local, del Hogar convivencial donde las niñas permanecieron desde el 29 de abril de 2017 (v. fs. 51/52 y 54/55) hasta su egreso con los guardadores en el mes de agosto de 2020 (v. fs. 51 del expte. M., B. X. y M., A. M. s/ Guarda con fines de adopción) y del Juzgado de Familia N° 2 de Chivilcoy. Trabajando todos en pos de la restitución de derechos de las niñas en el marco de la familia de origen, tanto materna como paterna, sin resultados positivos" (pág. 13 del dictamen cit.).
En consecuencia, la solución adoptada en la instancia de origen es la que mejor se adecua al interés superior de las niñas (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ellas se tome y que ha sido definida como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E..", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010 y C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni; CS, "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas" 12/06/2012; L.L. 26/06/2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27/11/2018, LA LEY 31/01/2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, in fine , en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3, CDN; art. 4, ley 13.298 y art. 706, Cód. Civ. y Com.).
En el caso particular, el interés superior de B. X. y A. M. se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial a vivir y desarrollarse en una familia que les procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales (conf. doctr. art. 594, CCCN).
De esta manera, tal como se adelantara, corresponde hacer lugar a los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos el 3-XI-2020 y 6-XI-2020 y, en consecuencia, dejar sin efecto el fallo del Tribunal de Alzada y mantener la sentencia de primera instancia que dispuso la situación de adoptabilidad de las niñas B. X. y A. M. M. (art. 289, CPCC).
II.2. Finalmente, en consideración a que las niñas se encuentran transitando un proceso de guarda con fines de adopción y a fin de alcanzar la efectividad de sus derechos, el órgano jurisdiccional de origen -en conjunto con la Asesoría de Menores- deberá adoptar los mecanismos de acompañamiento y orientación adecuados en la etapa en la que se genera el vínculo con sus guardadores (art. 29 ley 14.528 y decreto 295/2014), junto a un seguimiento evolutivo realizado por el Equipo Técnico del órgano interviniente.
III. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde hacer lugar a los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos el 3-XI-2020 y el 6-XI-2020 y, en consecuencia, dejar sin efecto el fallo del Tribunal de Alzada y mantener la sentencia de primera instancia que dispuso la situación de adoptabilidad de las niñas B. X. y A. M. M. (art. 289, CPCC).
En atención a la índole de la cuestión debatida, las costas se imponen por su orden (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Respecto a la segunda cues
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