Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 125010
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto. Asimismo, en atención a las consideraciones plasmadas en los acápites V y VI, se exhorta a la instancia de origen a que proceda a evaluar la conveniencia de elaborar un régimen de comunicación que preserve el vínculo fraterno entre las niñas considerando particularmente los deseos de M. y, a la par, a que averigüe el paradero de L. L. M. para que sea notificado de las sentencias recaídas en autos y, en caso infructuoso, se dé inmediata intervención a la Defensoría Oficial a los fines de que ejerza su representación ante su ausencia (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
Costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 125.010, "M., M. M. Abrigo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó la declaración de situación de adoptabilidad de las niñas M. M. M. y D. J. M. M. (v. sents. de 16-XII-2020 y 18-V-2021).
Contra ese pronunciamiento interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la progenitora, señora R. M. (v. presentación de 9-VI-2021).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 18-III-2021), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El día 24 de octubre de 2016 el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Almirante Brown adoptó una medida de excepción con respecto a la niña M. M. M., de cinco años.
De la comunicación de la medida de abrigo se desprende que el organismo administrativo recibió una llamada telefónica en la que se informó que la niña se encontraba sola en la calle y, al presentarse al lugar, se la observó en mal estado general y golpeada, refiriendo la niña que era su mamá quien le había pegado.
A su vez se informó que, al ser llevada al domicilio materno, existió una conversación con los tíos abuelos y la abuela materna (habitantes de la vivienda), quienes expresaron que la mamá acostumbraba a golpear a M. M. y que la niña solía ausentarse del domicilio, quedando en la calle durante varias horas del día. Asimismo, se dejó constancia de que la abuela materna, señora L. D., manifestó no querer ocuparse de los cuidados de su nieta.
Fue fijado como lugar de cumplimiento de la medida el domicilio de los tíos abuelos maternos, P. R. y H. J. M. (v. fs. 2/3).
Vencido el plazo sin que las circunstancias se revirtieran, el organismo de niñez consideró oportuna la permanencia de la niña con sus abrigadores y solicitó la iniciación del trámite de guarda (v. fs. 44/45).
El día 15 de septiembre de 2018 la progenitora informó que se encontraba nuevamente a cargo de su hija, debido a la imposibilidad de su familia ampliada de continuar con sus cuidados (v. presentación de 24-IX-2018).
A su vez, el Servicio Local tomó conocimiento de una nueva denuncia radicada en la Comisaría de Burzaco, realizada esta vez por la directora de la escuela a la que asistía M., en la que fueron citados los dichos de la niña a su docente acerca de que su madre y su abuelo, E. M., le pegaban. Golpes que fueron mostrados a su maestra.
El Servicio Local, ante la situación de riesgo de la niña, solicitó una nueva medida de abrigo con el auxilio de la fuerza pública, incluyéndose también a su hermana menor D. J. M. M. de dos años de edad (v. dictamen de 16-VII-2019 y arch. adj.).
II. El Juzgado de Familia n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ante el agotamiento de estrategias en pos de revertir las circunstancias que motivaron la medida de excepción por parte del Servicio Local (v. informe de 31-I-2020 en arch. adj. y fs. 36/37 de los autos conexos "M. M., D. J. Abrigo"), las conclusiones del cuerpo técnico auxiliar (v. informes de 28-VII-2020, 7-XII-2016 y 19-XII-2016) y la audiencia celebrada en fecha 30 de octubre de 2020, declaró a las niñas M. M. M. y D. J. M. M. en situación de adoptabilidad (v. sent. de 16-XII-2020).
III. Esa decisión fue apelada por la progenitora (v. presentación de 22-XII-2020) y la Sala II de la Cámara Civil y Comercial confirmó ese pronunciamiento (v. sent. de 18-V-2021), sentencia que a su vez es recurrida por la madre de las niñas por medio de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando arbitrariedad, absurdidad en la valoración probatoria y violación de la doctrina legal y de los arts. 3, 6, 7, 9, 12, 19, 24 y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15 y 16 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, 18, 33, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 1, 12, 15, 36 incs. 1, 2 y 8, 161 inc. 3, 168 y 171 de la Constitución provincial; 1, 2, 3, 26, 607, 609, 641, 646, 647, 700, 701 y 706 del Código Civil y Comercial; 3 de la ley 26.061; 3, 4, 9, 19, 32, 33, 34 y 35 de la ley 13.298 y su decreto reglamentario 300/05; y 34 inc. "c", 358, 362 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación de 9-VI-2021).
En su presentación, la progenitora refiere que jamás fue notificada del dictado de la medida de excepción y que el proceso "...ha sido signado por las equivocaciones de todos los operadores que lo único que querían es privarme de mi responsabilidad parental en vez de ayudarme a solucionar los obstáculos consignados en el PER inicial de fecha 2 de septiembre de 2019..." (presentación cit., pág. 11).
También señala que se ha omitido deliberadamente la valoración de ciertos elementos de prueba, lo que trae aparejadas la absurdidad y la arbitrariedad en el fallo impugnado (v. presentación cit., págs. 12/13) y cuestiona los informes elaborados por el Cuerpo Técnico Auxiliar de manera remota, vía telefónica (v. presentación cit., pág. 18).
Asimismo, manifiesta que el proceso conexo de D. carece de elementos probatorios independientes, importándose todo el material del trámite de M. sin haber realizado un análisis de su particular situación con el objetivo de justificar la vulneración de sus derechos (v. presentación cit., pág. 23).
Indica que "...existe una errónea y flagrante violación al régimen legal vigente de menores (Ley Provincial 13298 Modif. 13634), toda vez que conforme surge de las propias actuaciones, no han existido en concreto programas alternativos que ayuden a fortalecer y resolver los vínculos familiares" (presentación cit., págs. 43/44).
Aduce, además, transgresión al derecho de las niñas a ser oídas, que refiere imploraban regresar con su madre (v. presentación cit., pág. 51).
IV. El recurso no prospera en virtud de su insuficiencia (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Tomo los fundamentos dados por el señor Procurador General en su dictamen (v. dictamen de 18-III-2021, en arch. adj.), por considerar que dan respuesta a la impugnación realizada por la recurrente (conf. metodología utilizada en causas C. 115.708, "N.N.", sent. de 12-VI-2013; C. 117.084, "W., G.", sent. de 4-VI-2014 y C. 121.036, "M., B. D.", sent. de 29-XI-2017).
Este Tribunal ha sostenido que quien denuncia absurdo debe demostrarlo, pues el incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del recurso (conf. doctr. causas C. 119.507, "Lucas", resol. de 26-III-2015; C. 118.236, "Daniel Ricca S.A.C.", sent. de 8-IV-2015 y C. 121.082, "Manzanillo", resol. de 15-XI-2016), circunstancia que acontece en el presente caso (art. 279, CPCC).
Ello así en tanto el Tribunal de Alzada consideró que las circunstancias que habían llevado a la adopción de las medidas de excepción continuaban presentes y por esa razón aplicó la normativa vigente en la especie (arts. 3, 5, 9, 18 y 43, CDN; 8, 17 y 25, CADH; 75 inc. 22, Const. nac.; 607, Cód. Civ. y Com.; 3, 7, 32, 37/41, ley 26.061 y 4, 7, 35 bis y concs., ley 13.298).
En tal sentido, destacó que "...las distintas piezas colectadas arrojan un resultado que no amerita alterar lo decidido en la instancia de origen. Por cuanto ha quedado conformado un marco de convicción contundente que resulta suficiente para arribar a la conclusión de que las niñas se encuentran en situación de abandono y adoptabilidad..." (sent. de 18-V-2021, pág. 17).
En el mismo orden de ideas, agregó: "...los informes de conclusión del P.E.R., como las distintas intervenciones del equipo técnico interdisciplinario del Juzgado, dieron cuenta de que no se ha podido revertir la situación de desprotección familiar de las menores, no visibilizándose, hasta el momento, otra alternativa más que la de mantener la institucionalización..." y ponderó: "...no se aprecia que la apelante logre comprometerse en forma definitiva y seria con el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cuidado de las pequeñas..." (sent. cit., págs. 17/18).
Sostuvo la Cámara: "...las críticas que apuntan a la inoperatividad de los organismos del estado a cargo de la niñez y de la jurisdicción, no habrán de prosperar [...] toda vez que han dado muestras a través de los informes que se han adjuntado a la causa de la labor efectuada para avanzar en la concreción de los planes estratégicos propuestos, más allá de que hayan resultado infructuosos..." (sent. cit., pág. 19).
Por otra parte, con relación a la falta de notificación de la medida señaló: "...la constancia de notificación que obra a fs. 144, torna vacío de contenido el agravio que alude a la falta de anoticiamiento de la medida..." (sent. cit., pág. 20).
En relación con la denuncia respecto de que en el caso de D. solo se consideró el material que formaba parte de la causa de su hermana y que por tanto se carecería de elementos probatorios independientes, esta impugnación tampoco es de recibo, pues la Cámara evaluó su situación específica, al destacar que con anterioridad ya había asumido intervención el Servicio Local y sobre ello expresó: "...el 17 de marzo de 2017, el SLPPDNNA de Alte. Brown comunica: 'Respecto de la bebé D. M. M., la misma se encontraba internada en observación en el Hospital L. Melendez a partir de una discusión entre R. y el Sr. M., con episodios de violencia física. Desde el Htal. nos dan intervención respecto de esta situación'..." (sent. cit., pág. 16).
Por tanto, es en virtud de la ponderación de todas esas circunstancias que el sentenciante consideró: "...que la Sra. M. no ha mostrado aptitud para cuidar de las niñas, ni es posible proporcionarles atención alternativa dentro de la familia ampliada, ni dentro de la comunidad en un entorno familiar adecuado, corresponde privilegiar el superior interés de las menores confirmando su situación de adoptabilidad..." (sent. cit., pág. 23).
Así, al carecer las afirmaciones de la recurrente de una crítica concreta y precisa y en tanto estas omiten demostrar el absurdo exigido por la normativa, ello basta para desestimar esta parcela de su impugnación (arts. 279 y 289, CPCC; conf. doctr. art. 279, CPCC y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; e.o.).
También corresponde rechazar el planteo de violación de doctrina legal, pues carece de similitud con la cuestión bajo análisis (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e.o.).
La invocación de arbitrariedad (v. págs. 12/13 y sigs. de la pieza recursiva) debe correr la misma suerte que los demás planteos, dado que la enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar la instancia extraordinaria, pues debe demostrarse que la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; e.o.).
V. Por las circunstancias expuestas y por compartir las conclusiones del señor Procurador General, considero que debe ser confirmada la situación de adoptabilidad de M. M. y D. J. en resguardo de su superior interés (arts. 3, ley 26.061; 3, CDN; 4, ley 13.298 y 706, Cód. Civ. y Com.).
En el caso, el interés superior de ambas niñas se materializa en la necesidad de resguardar sus derechos fundamentales, en especial, a vivir y desarrollarse en una familia que les procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales (conf. doctr. art. 594, Cód. Civ. y Com.).
El día 4 de noviembre de 2021 D. inició proceso de vinculación con el matrimonio integrado por P. B. M. y F. A. C. y actualmente se encuentra bajo su guarda, encontrándose en excelentes condiciones (v. resol. de 4-XI-2021 e informes de 19-XI-2021, 23-XI-2021, 21-XII-2021, 28-XII-2021, 18-II-2022 y 20-V-2022 de los autos conexos "M. M. D. J. Abrigo").
M. M. se encuentra en el Hogar Casa de Abrigo de Lomas de Zamora (v. resol. de 29-IV-2022), circunstancia ratificada por sus deseos ya que, al momento de ser oída, expresó que quería regresar a Lomas de Zamora y que le gustaría ver a su hermana D. y que se le busque una familia de una madre sola, sin hijos ni pareja (v. acta de escucha de 11-VIII-2022).
Es preciso resaltar a partir de los dichos de M. la importancia en su vida y en la de su hermana de mantener el vínculo que las une (art. 595 inc. "d", Cód. Civ. y Com.).
Por ello, en la instancia de origen deberá evaluarse la conveniencia de elaborar un régimen de comunicación que preserve el vínculo entre las niñas y considere los deseos de M. (art. 3, ley 26.061).
VI. Por otra parte, es ineludible destacar en virtud de los derechos en juego en la presente causa que D. J. es hija de la recurrente y de L. L. M. (v. constancia de DNI de la niña de fs. 40 en los autos conexos "M. M., D. J. Abrigo"), quien no ha sido notificado de las sentencias dictadas en las instancias ordinarias, por desconocerse su paradero (v. fs. 6 y sigs. de los autos conexos cit.).
Dada esa circunstancia, y en pos de garantizar la intervención de ambos progenitores en el proceso (conf. arts. 1, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 11, 15 y concs., Const. prov.; 1, 3, 8, 9, 18, 21 y concs., CDN; 595 inc. "a", 608, 706 inc. "c" y concs., Cód. Civ. y Com. y 10, ley 14.528), sin perder de vista que el objeto principal de estas actuaciones es asegurar los derechos fundamentales de D., entiendo corresponde exhortar a que la instancia de origen averigüe el paradero de L. L. M. para que sea notificado o, en caso infructuoso, dé inmediata intervención a la Defensoría Oficial a los fines de que ejerza su representación ante su ausencia (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
VII. Por todo lo expuesto y en virtud de que no se ha demostrado ni la arbitrariedad ni el absurdo ni las infracciones normativas ni violación de la doctrina legal invocada (art. 279 y su doctr., CPCC), el recurso debe ser rechazado y procederse según lo señalado en los acápites V y VI del presente voto.
Las costas se imponen a la recurrente en su condición de vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto. Asimismo, en atención a las consideraciones plasmadas en los acápites V y VI, se exhorta a la instancia de origen a que proceda a evaluar la conveniencia de elaborar un régimen de comunicación que preserve el vínculo fraterno entre las niñas considerando particularmente los deseos de M. y, a la par, a que averigüe el paradero de L. L. M. para que sea notificado de las sentencias recaídas en autos y, en caso infructuoso, se dé inmediata intervención a la Defensoría Oficial a los fines de que ejerza su representación ante su ausencia (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
Costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/02/2023 08:16:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/02/2023 08:52:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:16:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/02/2023 18:53:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2023 13:42:29 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/02/2023 14:50:20 hs. bajo el número RS-6-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia