Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127507
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.507, "Sequeira, Adrián Jesús contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Genoud , Soria , Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, por mayoría de fundamentos, hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. de 13-X-2020 y sent. de 14-XII-2020).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 28-XII-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado juzgó acreditado que el señor Adrián Jesús Sequeira protagonizó un accidente in itinere el día 22 de mayo de 2017, que le provocó una minusvalía del orden del 16,04% del índice de la total obrera (porcentaje al que arribó mediante la aplicación del método de la capacidad restante, teniendo en cuenta las incapacidades física y psicológica establecidas en el fallo de los hechos).
En consecuencia, hizo lugar a la demanda incoada y condenó a Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba el cobro de la indemnización contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent., págs. 11/12).
En lo que interesa destacar, a los fines de efectuar el cálculo del ingreso base mensual, se pronunció -de oficio- sobre la invalidez constitucional del decreto 669/19, en tanto consideró que no cumple con las condiciones que impone el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional, no resultando aplicable al caso de autos.
Luego, por mayoría, adicionó intereses, desde la fecha del infortunio y hasta la sentencia, conforme la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (art. 12 apdos. 2 y 3, ley 24.557 -t.o. art. 11, ley 27.348-).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia trasgresión de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 28-XII-2020).
En primer lugar, señala que "...el tribunal aplica, a pesar de NO estar vigente la ley al momento de la interposición de la demanda, el DNU 669/19..." (págs. 4/5).
Luego, en los fundamentos del recurso, explica que la parte actora planteó la inconstitucionalidad del mentado reglamento, el cual -a su criterio- es extemporáneo e irrazonable.
En esa línea refiere que la cuestión "...debería tratarse una vez que en autos recaiga la sentencia definitiva, oportunidad en la que, en su caso, se podrá evaluar la afectación o no de derechos. Consecuentemente, cualquier análisis debería llevarse a cabo con el fondo y no durante el transcurso del proceso" (pág. 6).
Con apoyo en los precedentes I. 1.604, "Fontana", sentencia de 22-IV-1997 y B. 53.825, "Muñoz de Roggero", sentencia de 23-II-1999 de esta Suprema Corte, afirma que la declaración de inconstitucionalidad debe darse en un caso concreto, cuya resolución genera una evidente contradicción constitucional, violatoria de derechos y garantías allí amparados, y que no admita otra solución (v. págs. 6/7).
Continúa el desarrollo del escrito recursivo haciendo hincapié en la validez y eficacia del mencionado decreto. Indica que a contrario de "...lo sostenido por la parte actora, el DNU 669/2019 no contiene medidas irrazonables y/o arbitrarias [...] contiene una variable de ajuste a fin de mantener el valor de cada indemnización a valores constantes de acuerdo al incremento salarial..." (pág. 10).
Manifiesta que la legitimada activa "...concluye que el DNU se aplicaría en forma retroactiva, afectando sus derechos de patrimonio y propiedad y considera afectada su eventual indemnización" y explica que "...no es la indemnización la que se encuentra afectada por el DNU, sino la tasa de interés aplicable, por lo que en modo alguno se podría ver mermado su patrimonio o propiedad en caso de que en autos recayera una sentencia favorable a su demanda" (pág. 15).
Finalmente, solicita "...se rechace el planteo opuesto por la contraria" (pág. 16).
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De manera liminar se impone señalar que, con fundamento en la insuficiencia del monto para recurrir, el remedio bajo examen ha sido concedido en la instancia de grado en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 304), resolución que no mereció objeciones.
Luego, la función revisora de esta Suprema Corte ha de circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el citado precepto del régimen adjetivo laboral local, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 123.644, "Goicoechea", sent. de 9-II-2021; L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021 y L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021).
III.1.b. A esta altura, cabe aclarar que no se advierte que en autos se encuentre involucrado -de manera directa e inmediata- un agravio federal que autorice el conocimiento de la vía extraordinaria sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro", resol. de 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
Me afirmo en esta conclusión porque si bien en el fallo se ha declarado la inconstitucionalidad del decreto 669/19 y su inaplicabilidad al caso, de los términos de la impugnación -que me he ocupado de reseñar en el punto II- se advierte sin hesitación que el interesado, llamativamente por cierto, al formular su réplica sostiene que "...el tribunal aplica, a pesar de NO estar vigente la ley al momento de la interposición de la demanda, el DNU 669/19..." (págs. 4/5 del escrito recursivo), pasaje que es revelador -junto con otros fragmentos del escrito recursivo- que el desarrollo argumental de aquella se halla extraviado del contexto en que ha sido sentenciada la causa.
III.2. Aclarado lo que antecede, en el estricto marco cognoscitivo en el que se impone la revisión del caso, cabe recordar que no concurre el supuesto de excepción previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, si la doctrina que emana de los antecedentes invocados por el recurrente no guardan correspondencia con las motivaciones del tribunal de grado que han constituido factores esenciales de su decisión, ni se trata de situaciones similares atento su diferente contenido fáctico (causas L. 118.976, "Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018; L. 120.253, "Pastor", sent. de 2-V-2019 y L. 123.643, "Slutzky", sent. de 14-III-2022).
III.3. Para mejor ilustración, no es ocioso recordar al recurrente que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 118.978, "Larrea", resol. de 18-XI-2015 y L. 123.407, "Cazón", sent. de 28-IV-2021).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2023 09:07:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/05/2023 10:51:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/05/2023 17:19:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2023 20:08:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2023 09:24:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/05/2023 13:50:46 hs. bajo el número RS-57-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia