Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127428
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.428, "Vega, Rosa Rita contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de fecha 16-III-2021).
Se interpuso, por la accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 6-IV-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Rosa Rita Vega y condenó a Federación Patronal S.A. a abonarle la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según Resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 3/14- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de fecha 16-III-2021).
Para así decidir, juzgó acreditado que el día 27 de junio de 2014 la accionante sufrió un accidente de trabajo mientras prestaba servicios para la empleadora, quien se hallaba asegurada por la firma aquí demandada; además, que luego de recibir la denuncia del siniestro esta última procedió a su cobertura brindando las prestaciones médicas correspondientes -inclusive- por plazos superiores a los establecidos en el decreto 717/96.
Seguidamente, con sustento en la pericia médica, determinó que la promotora del juicio padece "coxigodina con manifestaciones clínicas", que le provoca una incapacidad de carácter permanente, parcial y definitiva del 5,8% del índice de la total obrera.
Sobre esas definiciones fácticas, en la etapa de sentencia cuantificó el importe que le correspondía percibir a la actora, de acuerdo a las pautas que surgen del mentado art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo -conforme resolución 3/14, antes citada- y la compensación adicional prevista en el ya mencionado art. 3 de la ley 26.773.
Luego -en lo que interesa destacar- teniendo en consideración que la dolencia no se hallaba prevista en el listado del decreto 658/96 y que el galeno fue convincente en señalar su efecto incapacitante, declaró la inconstitucionalidad del art. 6 segundo párrafo de la ley 24.557, en cuanto excluye la reparación de aquellas incapacidades causadas por infortunios laborales que no se encuentran específicamente tabuladas; ello, por considerarlo incompatible con los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional.
Por otra parte, señaló que el decreto 1.278/00 autorizaba la inclusión de enfermedades profesionales no mencionadas en dicho listado, constituyendo la misma una facultad propia de aquel órgano jurisdiccional (en virtud de la declarada invalidez constitucional de los arts. 21 y 22 de la LRT efectuada por el órgano actuante).
II. Contra dicho pronunciamiento, el apoderado de Federación Patronal Seguros S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de las normas y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 6-IV-2021).
En primer término, argumenta que el sentenciante omitió ponderar un principio indiscutido según el cual el dolor -por tratarse de una sensación subjetiva- no merece ser reparado por cuanto se vincula directamente con alguna discapacidad física fácilmente acreditable; y no, según sostiene, con la manifestación incomprobable de la propia interesada.
Desde otroángulo, expone que el fallo en crisis soslayó la disposición contenida en el art. 9 de la ley 26.773, en cuanto prescribe que, para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el régimen instituido en esa norma, "los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al Listado de Enfermedades Profesionales previsto como Anexo I del Decreto 658/96 y a la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96".
Además, objeta que -previa declaración de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557- el tribunal de origen condenara a su parte por el supuesto padecimiento de una afección que no se encontraba incluida en el listado de enfermedades profesionales.
En ese orden, manifiesta que lo decidido respecto a la invalidez constitucional declarada se contrapone con la limitación contenida en el citado art. 9 de la ley 26.773 y con la jurisprudencia que individualiza; todo lo cual -a su juicio- exhibe la insuficiencia de fundamento jurídico válido del pronunciamiento.
Reitera que el baremo de ley expresamente dispone que "el dolor puro, no acompañado de signos de organicidad, no será objeto de incapacidad permanente".
A su vez, sostiene que no luce acertada la referencia efectuada en el decisorio respecto al decreto 1.278/00, ya que -aduce- el mismo posibilita mediante un riguroso análisis la incorporación de enfermedades profesionales; supuesto que -alega- no se efectuó en el caso.
Refiere -además- que el objeto del reclamo no se relaciona con las labores habituales realizadas, sino con las consecuencias de un hecho súbito y violento (accidente de trabajo).
En esa línea de ideas, sostiene que, si a criterio del juzgador la trabajadora padece una enfermedad profesional, la condena por ella implicaría un distanciamiento impropio de los términos en que fue trabada la litis y una frontal violación al derecho de defensa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Preliminarmente, debo señalar que en el auto de concesión del remedio incoado el tribunal de grado estableció que el valor del litigio no supera, en el caso, el mínimo previsto para recurrir. Sin perjuicio de ello, a la vista del agravio vinculado al art. 6 de la ley 24.557, en cuanto el impugnante invoca la existencia de cuestión federal, lo concedió sin las restricciones establecidas por la legislación procesal.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que esta Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Sin embargo, es conveniente puntualizar que los restantes razonamientos ensayados sí habrán de analizarse en el marco de excepción previsto en el citado art. 55 primer párrafo, parte final, de la ley 11.653.
III.2. Formuladas estas aclaraciones, en relación con el planteo dirigido a neutralizar la valoración realizada en el fallo de la prueba pericial médica -y, con ello, la incapacidad reconocida a la actora- la omisa invocación de doctrina legal conduce a su rechazo.
A mayor abundamiento, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, como la que el interesado pone en tela de juicio mediante su crítica, se encuentran detraídas de revisión en el estrecho marco excepcional por el que transita el análisis del presente recurso (causas L. 121.143, "Hurtado" y L. 120.016, "Mozzi", sents. de 14-VIII-2019; L. 121.936, "Ilzarbe", sent. de 31-VIII-2020; L. 121.633, "Barbieri", sent. de 13-X-2020; L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; e.o.).
III.3. El embate orientado a desactivar la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557 también debe desestimarse.
III.3.a. Es que si bien el recurrente argumenta que la afección que porta la actora no se encuentra incluida en el listado de enfermedades resarcibles contemplado en el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo (solicitando así, la aplicación al caso del mentado art. 9 de la ley 26.773), esta Corte ha sostenido que no es posible soslayar que el decreto 1.278/00 admite que las afecciones no contempladas en el referido listado -sus incapacidades- puedan ser indemnizadas con arreglo a la ley 24.557 cuando, como ocurrió en el caso, a juicio del tribunal han sido provocadas por causa del trabajo.
Y ello sin que sea necesario recurrir a las comisiones médicas para obtener esa declaración, ya que es atribución de la justicia provincial dilucidar si la dolencia que afecta al trabajador y cuyo resarcimiento persigue con fundamento en el citado régimen especial, ha sido consecuencia del trabajo y debe ser indemnizada, decisión que -como lo consignó el sentenciante de grado- se adecua al criterio de esta Corte en la materia (causas L. 102.937, "Gómez", sent. de 22-XII-2010; L. 108.016, "Butrón", sent. de 24-IX-2014 y L. 116.955, "Enríquez", sent. de 29-III-2017; e.o.).
Al respecto, puede apuntarse que -adversamente a lo sostenido por el quejoso- sí se vislumbran las motivaciones que -más allá de su acierto o error- llevaron al tribunal de grado a decretar la invalidez constitucional del mentado art. 6 de la ley 24.557.
III.3.b. A lo dicho cabe agregar que aun cuando al momento en el que se elaboró la doctrina mencionada en el apartado III.3.a. el art. 9 de la ley 26.773 no se encontraba vigente, las prescripciones en él contenidas no enervan las motivaciones que condujeron al sentenciante a declarar el desencaje constitucional del precepto en cuestión.
III.3.c. Por otro lado, y en lo que hace a la tangencial referencia efectuada por el quejoso en orden a la forma en que se declaró la inconstitucionalidad del antes citado art. 6 de la ley 24.557 (v. pág. 4, parte final), no se advierte que lo resuelto por el tribunal de grado se encuentre apartado de los términos en los cuales quedó trabada la litis.
III.4. Por último, y a propósito de las citas que efectúa el compareciente, recuerdo que la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, o los de la Corte nacional, no constituyen doctrina legal en los términos y con los alcances en que ha sido definida por esta Suprema Corte (causas L. 118.616, "Tisseira", resol. de 13-V-2015; L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017 y L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan.
Solo he de precisar, que en orden al agravio vinculado con el art. 6 segundo párrafo de la ley 24.557 y su marco de revisión, el impugnante ha desplegado argumentos que conducen a abordarlo prescindiendo del recaudo de admisibilidad referido al valor de lo cuestionado. Luego, y con ese enfoque, comparto lo señalado en el punto por la ponente, destacando que aquellas directrices jurisprudenciales provenientes de las causas L. 102.937, "Gómez" (sent. de 22-XII-2010); L. 108.016, "Butrón" (sent. de 24-IX-2014) y L. 116.955, "Enríquez" (sent. de 29-III-2017), tocantes en parte al tema que gira en torno a la competencia de los tribunales de trabajo, encajan en la estructura del caso, toda vez que -entre otros aspectos- la acción que diera inicio a estas actuaciones se remonta a tiempos anteriores a la entrada en vigencia de la ley provincial 14.997 (B.O. de 8-I-2018), como ha acontecido en los citados precedentes.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan, teniendo en mira el entramado normativo vigente al tiempo de los hechos debatidos, enunciados detalladamente en su exposición.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/05/2023 08:36:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:38:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/05/2023 18:28:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2023 20:05:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2023 08:59:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/05/2023 13:47:48 hs. bajo el número RS-53-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia