Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75656
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.656, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Tribunal Fiscal de Apelación. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria, Maidana, Natiello.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 12.397 y desestimó la demanda interpuesta (v. fs. 202/206).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito en soporte electrónico de fecha 5 de julio de 2018, 09:21:39 hs., en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 215), agregado el memorial de la parte coadyuvante (v. escrito en soporte electrónico de fecha 11 de febrero de 2019, 11:58:32 hs., en el sistema Augusta) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata declaró la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 12.397, mediante el cual se dispuso la novación de todas las obligaciones tributarias adeudadas, no prescriptas al día 1 de enero de 2000, lo que implicará la consolidación de la deuda en un único monto, liquidado al día 31 de diciembre de 1999 conforme el procedimiento previsto en el art. 50 y comprenderá las deudas por impuestos liquidados por la autoridad de aplicación y las declaradas por el contribuyente, incluidas las reconocidas mediante regímenes de regularización.
En consecuencia, desestimó la pretensión anulatoria promovida por la representación fiscal contra la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación mediante la cual había declarado prescriptas las acciones fiscales del organismo recaudador para reclamarle a la firma Autolatina Argentina S.A. y su continuadora Volkwagen Argentina S.A. el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a los periodos comprendidos entre los años 1985 y 1995.
Para así resolver entendió que la novación contemplada en la ley 12.397 sobre la deuda del contribuyente, colisiona con la naturaleza jurídica de ese instituto, por cuanto carece de la concurrencia del animus novandi , es decir, la declaración de voluntad de las partes vertida en una nueva convención.
Señaló que la imposición vía legislativa del instituto, sin que medie un acto de acogimiento expreso del contribuyente interesado, altera sustancialmente lo dispuesto por el art. 812 del hoy derogado Código Civil (ley 340).
Concluyó, en consecuencia, que el Fisco pretendió prorrogar el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, contrariando -de ese modo- el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia dictada por el señor juez de primera instancia.
II.1. En lo que al recurso extraordinario interpuesto interesa, señaló en primer lugar que, siguiendo el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899), las disposiciones locales relativas a la prescripción liberatoria en materia de tributos deben ceder frente a las contenidas en el Código Civil.
Manifestó que el instituto de la prescripción, por tratarse de una materia de derecho de fondo, fue delegada por los gobiernos provinciales al estado federal (art. 75 inc. 12, Const. nac.), motivo por el cual las facultades locales quedan limitadas a la creación de tributos y sus accesorios, sin incluir componentes vinculados a la liberación del crédito fiscal.
Sostuvo, para arribar a la conclusión antes señalada, que la prescripción constituye una materia ligada al derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.), cuya íntegra regulación le compete exclusivamente al Congreso nacional (conf. art. 75. inc. 12, Const. nac.).
Respecto a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, sostuvo que la relación jurídica de autos quedó consumada bajo la vigencia del hoy derogado Código Civil (ley 340 y modif.) y, a la entrada en vigor del nuevo cuerpo legal (ley 26.994), no existía un término de prescripción en curso sino uno ya cumplido y por lo tanto fuera de los alcances de los arts. 2.537 y 2.532 del Código Civil y Comercial actualmente vigente.
II.2. En relación con la novación del crédito fiscal, indicó que la ley 12.397, en tanto acto unilateral del Estado en su condición de acreedor sin concurso alguno del deudor, no reunía ninguno de los caracteres que tipifican a dicho instituto, el cual se encuentra regulado por el derecho común e impacta en el curso de los periodos de prescripción.
Sostuvo que la ausencia de la concurrencia de la voluntad del obligado y el intento por transformar las obligaciones tributarias no prescriptas al día 1 de enero de 2000, fracasa frente a las exigencias sustanciales que preveía el Código Civil entonces vigente (arts. 801 a 817, Cód. Civ., ley 340 y modif.), particularmente, el requisito de la manifestación de la voluntad de las partes vinculadas con la obligación primigenia, cuya intención de novar no se presume.
Explica que de lo contrario, se otorgaría una herramienta unilateral y continua al acreedor impositivo para sortear el óbice de exigibilidad del crédito, en cada ocasión que se esté por operar el vencimiento del plazo legal.
En consecuencia, no advirtió error de juzgamiento en la sentencia dictada por el señor juez de primera instancia, la que confirmó en todo en cuanto fue materia de agravios.
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que plantea que la sentencia impugnada vulnera los arts. 48 de la ley 12.397 y 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional. Asimismo, señala que el fallo impugnado desconoce los poderes tributarios de las provincias (art. 121, Const. nac.).
III.1. Destaca que la ley 12.397 propició una consolidación de las deudas tributarias al día 1 de enero de 2000 a través de la figura de la novación y -simultáneamente- el establecimiento de un régimen que permitiera la regularización de las situaciones morosas, en idénticos términos a la normativa vigente durante el año 1999, lo que resulta compatible con el principio de reserva de ley que rige en materia tributaria.
Advierte que para las deudas que resultaron consolidadas al día 31 de diciembre de 1999 se previó un nuevo régimen de facilidades, por el que, comunicada la deuda o reconocida espontáneamente, se recalculaba y reemplazaba el costo por mora que disponía el art. 75 del Código Fiscal, por un interés del seis por ciento (6%) anual no acumulativo, no siendo por tanto el fin de la ley prorrogar el plazo de prescripción exclusivamente.
III.2. Denuncia indebida aplicación del régimen de novación previsto en el Código Civil y aduce que éste resulta compatible con el previsto en la norma local declarada inconstitucional.
Sostiene que de manera alguna la inexistencia de acuerdo de voluntades para la novación de una deuda tributaria puede constituir el fundamento válido para sustentar su inconstitucionalidad.
En efecto, refiere a que si bien el legislador utilizó un instituto que en el derecho civil tiene una regulación propia, ello no significa que deba aplicársela en las relaciones de derecho público con estricto apego al Código Civil, sino que inevitablemente debe admitirse su adaptación a las particularidades que existen entre los particulares y el Estado.
Afirma que la obligación tributaria no se perfecciona mediante un acuerdo de voluntades tradicional, sino que surge de la ley y -por ende- que no se puede exigir válidamente la voluntad como elemento y condición sine qua non para su extinción y renacimiento.
III.3. Alega que el propio Congreso nacional, en materia de novación de deudas estatales, admitió la posibilidad de disponerla en forma unilateral por el Estado. Señala que así sucedió con la ley 23.982, que en su art. 17 disponía la novación, como así también con la ley 25.344.
Aduce que en la causa "Cabe Estructuras S.C.", sentencia de 2-XI-2004, y en otras similares, la Corte nacional sostuvo que la consolidación de deudas importaba la novación de la obligación original.
III.4. A mayor abundamiento, manifiesta que en la causa "Barreto", sentencia de 21-III-2006 (CSJN Fallos: 329:759), el Máximo Tribunal nacional resolvió que no debía sustanciarse en el ámbito de su competencia originaria la responsabilidad extracontractual por la presunta falta de servicio de la Provincia de Buenos Aires, por no tratarse de una causa civil en los términos del art. 24 inc. 1 del decreto ley 1.285/58, toda vez que se trataba de una materia de derecho administrativo local. Agrega que de allí surge que, aun cuando ante la ausencia de reglas propias del derecho público deban aplicarse subsidiariamente las disposiciones del Código Civil, estas pasan a integrar el plexo de normas provinciales.
Deduce que, en materia de los gobiernos locales, la regulación legislativa no se encuentra subordinada a las normas del Código Civil, sino que estas últimas integran el ordenamiento provincial solamente ante la falta de disposiciones propias.
III.5. Admite que según el criterio sentado por la Corte nacional en la causa "Filcrosa", adoptado por la Cámara interviniente, las normas locales que regulan la prescripción en asuntos tributarios son constitucionalmente inválidas por violar las atribuciones asignadas al Congreso de la Nación para legislar en materia de fondo (conf. art. 75 inc. 12, Const. nac.).
Sin perjuicio de ello, insiste en la potestad del Estado provincial para legislar en materia de prescripción tributaria, en la inteligencia de que existen fundadas razones que se sustentan en las bases mismas del federalismo que justifican un apartamiento de la doctrina imperante.
Se agravia del argumento utilizado por la Cámara para desplazar la aplicación de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación actualmente vigente (ley 26.994).
Advierte que la reforma operada a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial y el consiguiente reconocimiento de competencia a las autoridades locales en la materia no genera un conflicto de leyes, interpretando que los arts. 2.532 y 2.560 de la nueva normativa no regulan una situación que venía siendo regida por otras disposiciones en el derogado Código Civil (ley 340).
Alega que, a la luz del nuevo Código nacional, debe abandonarse la doctrina emergente de la causa "Filcrosa" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 326:899), por cuanto dicho cuerpo normativo no regula más el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias locales, al tiempo que reivindica la aplicación de las normas provinciales preexistentes.
Tras reseñar las tesis privatista y publicista con relación a la prescripción liberatoria en materia tributaria local, concluye que el legislador nacional se inclinó finalmente por esta última, toda vez que estableció dispositivos para asegurar la amplitud de las potestades autonómicas provinciales en materia tributaria (v. arts. 2.532 y 2.560, Cod. Civ. y Com.).
Señala que las normas mencionadas importan una obvia reivindicación de las potestades locales en materia de prescripción tributaria, que exige una nueva ponderación de los casos como el de autos, en los que no se encuentra definitivamente saldada la discusión ni, por ende, consumada la liberación del contribuyente por prescripción del crédito fiscal.
IV. En virtud de lo decidido por esta Suprema Corte de Justicia en la causa A. 72.295, "Yell Arg. S.A., Meller Comunicaciones y ot. c/ Tribunal Fiscal de Apelación s/ Pretensión anulatoria", sentencia de 23-II-2021, sin perjuicio de mi participación en el trámite de la ley 12.397 y atento a la celeridad y economía del proceso, habré de conocer en la causa, anticipando que el recurso no prospera.
IV.1. La cuestión de autos recae sobre la pretensión anulatoria promovida por la Fiscalía de Estado contra la resolución dictada por la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación, por la cual se declaró prescripta la facultad del organismo recaudador provincial para reclamar el impuesto sobre los ingresos brutos a la firma Autolatina Argentina S.A. y su continuadora Volkwagen Argentina S.A. correspondiente a los periodos 1985 a 1995, cuya obligación tributaria se encontraría comprendida en la novación dispuesta por el art. 48 de la ley 12.397.
Los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Alzada para declarar la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 12.397 constituyen una extensión de la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899), a la que este Tribunal -por mayoría que integré- en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, entendió que le era aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales.
En virtud de ello, en el presente caso, la cuestión se ha subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por la regulación local.
Sobre la base de lo resuelto en el citado precedente, a donde habré de remitir en razón de la brevedad, corresponde en el presente caso desestimar los agravios traídos por la representación fiscal, relacionados con la vulneración de los arts. 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional y, en consecuencia, confirmar lo resuelto por la Cámara.
Corresponde agregar que la doctrina aludida ha sido ratificada recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decidir los autos "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (CSJN Fallos: 342:1903).
IV.2. Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior y en atención a lo decidido por esta Suprema Corte de Justicia -en autos A. 72.295, cit.- me inclino por señalar la imposibilidad de emplear los dispositivos censurados en el cómputo del término de prescripción, atinente a la deuda controvertida.
Ello por cuanto, del modo allí predicado, el art. 48 de la ley provincial 12.397 resultaba observable en tanto pretendía dar nacimiento a una nueva obligación tributaria que no se diferenciaba -en sustancia- de aquella que, en forma simultánea, postulaba extinguir. Así se concluyó, en la práctica, que el único resultado era la extensión del plazo prescriptivo y ello no respondía a la naturaleza de la deuda en juego o al encadenamiento de los deberes de los contribuyentes.
V. Por los motivos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto y confirmar la sentencia impugnada.
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega que inicia el acuerdo por los motivos que diera al pronunciarme en la citada causa A. 72.295, "Yell Arg. S.A., Meller Comunicaciones y ot. c/ Tribunal Fiscal de Apelación s/ Pretensión anulatoria", sentencia de 23-II-2021.
Por lo expuesto, doy el mío también por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera en razón de su insuficiencia (conf. doctr. art. 279, CPCC).
I.1. En primer lugar, corresponde señalar que, si bien el recurrente hace una referencia al desplazamiento de las normas del Código Fiscal tras sostener una indebida aplicación del Código Civil (v. pto. V.2. de la impugnación), el planteo recursivo se circunscribe en requerir la aplicación al caso de la novación prevista en el art. 48 de la ley 12.397 a los fines del cómputo de la prescripción y en consideración a lo previsto por los arts. 50 y 51 de dicha norma, como así también el art. 75 del Código Fiscal (v. pto. V.1. del recurso en tratamiento).
En esas condiciones, y no obstante dejar sentado que -en mi criterio- deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo (v. mi adhesión al voto del doctor Soria en la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sent. de 16-V-2018 y lo referido en el pto. V.3. de la pieza recursiva), corresponde centrarme en lo concerniente a la aplicación de la referida ley 12.397.
I.2. Advierto que el impugnante no formula argumentos que logren revertir los fundamentos de la decisión del Tribunal de Alzada, lo que deviene ineficaz a los fines del intento revisor. Sabido es que no cualquier diferencia de criterio autoriza a tener por acreditado el vicio de absurdo, ni tampoco puede la Corte sustituir con el suyo el de los jueces de mérito, cuando los razonamientos desarrollados por el impugnante no pasan de ser su personal interpretación de las constancias de la causa (conf. causas Ac. 76.398, "Fenocchio", sent. de 31-X-2001 y C. 121.190, "Loria", sent. de 18-II-2021).
En ese sentido, corresponde rechazar el agravio tal como ha sido formulado, mediante el cual el impugnante insiste en que la deuda fue novada, sin ocuparse de controvertir de manera adecuada los fundamentos que llevaron al Tribunal de Alzada a concluir aplicable en el caso el Código Civil (ley 340 y sus modif.) y sobre esa base destacar que, en materia de novación del crédito fiscal, la ley 12.397 como acto unilateral del Estado -en su condición de acreedor- y, sin contar con la voluntad concurrente del obligado al pago (conf. art. 812, Cód. Civ., ley 340), no encuadra en ninguna de las hipótesis del derecho común con impacto en el transcurso de los periodos de prescripción.
Los fundamentos aludidos no fueron debidamente controvertidos, los cuales -entre otros-, llevaron a la Cámara a coincidir con el señor juez de primera instancia y, en consecuencia, confirmar la inconstitucionalidad decidida, tras destacar que en el conflicto no concurrían los recaudos de la ley de fondo para tener por configurada la novación (doctr. art. 279, CPCC).
II. Ahora bien, no obstante lo dicho y a todo evento, agrego que, según mi criterio, la novación dispuesta por la ley 12.397 resulta irrazonable, en tanto lejos de cumplir con la finalidad para la que fue dispuesta, pretende dar nacimiento a una nueva obligación tributaria, que no se diferencia de aquella que, en forma simultánea viene a extinguir, limitándose a alongar los plazos de prescripción (conf. causa A. 72.295, "Yell-Meller Comunicaciones y ot.", sent. de 23-II-2021, voto del doctor Soria -al cual adherí-).
En la causa recién señalada ("Yell"), mi distinguido colega el doctor Soria sostuvo, en lo sustancial, que conforme surge de lo establecido por el segundo párrafo del art. 48 de la ley 12.397, en su remisión al procedimiento señalado por el art. 50, la novación implicaría que la deuda se expresara en un único importe; circunstancia que serviría para sanear la base de datos del Fisco provincial (atento a la finalidad señalada por el Poder Ejecutivo en el mensaje de elevación del proyecto de ley), lo cual, en rigor de verdad, no parece haber sido determinante.
Indicó que ni siquiera existían constancias de que se hubiera dictado la resolución prevista en el art. 50 de la l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.