Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77283
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.283, "Albano, Judith Mabel contra Caja de Seguridad Social para Veterinaria de la Prov. de Bs. As. Pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos – Previsión - Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la pretensión entablada, anuló las resoluciones 3.063/350 y 3.104/356 -dictadas por el Directorio de la Caja de Seguridad Social para Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires- y acordó a la actora los beneficios de pensión y subsidio por fallecimiento, disponiendo la afectación del 20% del primero de ellos al pago de los montos adeudados por aportes -más intereses- e imponiendo las costas a la vencida.
Disconforme con dicho pronunciamiento, el apoderado de la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que -una vez abonado el depósito previo correspondiente- fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara interviniente confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la pretensión entablada, anuló las resoluciones 3.063/350 y 3.104/356 -dictadas por el Directorio de la Caja de Seguridad Social para Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires- y acordó a la actora los beneficios de pensión y subsidio por fallecimiento, disponiendo la afectación del 20% del primero de ellos al pago de los montos adeudados por aportes -más intereses- e imponiendo las costas a la vencida.
Para así decidir, sostuvo que la controversia versaba sobre la deuda por aportes del afiliado, circunstancia no admitida por la señora Jueza de grado como óbice al reconocimiento de los beneficios previsionales solicitados.
Relató que, de acuerdo con el informe obrante a fs. 30, el señor Lisandro Crego estuvo afiliado a la Caja demandada desde junio de 1989 hasta el 31 de julio de 2014, fecha en que el Colegio de Veterinarios lo pasó a la categoría de suspendido, la cual mantuvo hasta su deceso. Señaló que de dicha constancia se desprende asimismo la existencia de una deuda por aportes jubilatorios que ascendía a 510,852 "juvet", más 2 "juvet" en concepto de gastos administrativos, lo que arrojaba un total de $185.652,29.
Advirtió que, por medio de las resoluciones aquí cuestionadas, la Caja de Veterinarios denegó el beneficio de pensión reclamado, con fundamento en lo prescripto por el art. 18 de la ley 13.169, según el cual "[l]a suspensión o exclusión en la matrícula, o su baja por inactividad, importará la suspensión o la exclusión en la afiliación, y por ende en los derechos y obligaciones que la misma implica".
Además de la disposición recién transcripta, entendió que resultan aplicables en la especie los arts. 7, 19 y 98 de la ley 13.169. Ello así, por tratarse del régimen vigente al tiempo de producirse el hecho generador del beneficio, más precisamente, el fallecimiento del causante, cónyuge de la actora, acaecido el 17 de julio de 2015 (arg. doctr. causas B. 56.719, "Almeida", sent. de 17-II-1998; B. 56.503, "Giordano", sent. de 18-VIII-1998; B. 60.938, "Bonvini", sent. de 1-XII-2004; e.o.).
Sin perjuicio de lo indicado, consideró que la mora en el cumplimiento de las obligaciones para con la Caja no priva a los beneficiarios de las prestaciones previsionales correspondientes (citó en tal sentido la jurisprudencia de esta Corte sentada en las causas B. 56.877, "Damin", sent. 23-XII-97; B. 57.126, "Blanco de Fernández", sent. 19-X-99; y B. 65.592, "Ibarrondo", sent. de 31-III-2004).
Estimó que lo contrario no resultaría razonable, proporcionado ni coherente con los principios fundamentales sustentados por este Tribunal, en cuanto imponen la interpretación de las leyes previsionales conforme a la finalidad de las instituciones que amparan, rescatando, esencialmente, las semejanzas de la pensión con el derecho alimentario (conf. causas B. 49.896, "Bombassei", sent. de 25-VIII-1987 y sus citas; B. 55.034, "Chaves", sent. de 5-IX-1995; B. 55.768, "Hermoso", sent. de 5-IV-2000; B. 61.636, "Efrón", sent. de 9-X-2003; e.o.).
Adujo que, frente a la finalidad tuitiva característica de las leyes previsionales, se impone otorgar preferencia a las soluciones legales que brinden al afiliado -y más aún a la cónyuge supérstite- facilidades para poder cumplir con la obligación de ingresar al régimen los aportes adeudados (conf. SCBA causas B. 54.623, "Monod Nuñez", sent. de 9-XI-1993; B. 53.832, "Prando de Quitegui", sent. de 1-IV-1997; CSJN J-34.XXI, 31-XII-87, "Juárez"; e.o.).
En el mismo sentido, invocó precedentes propios, confirmados por esta Suprema Corte en las causas A. 70.667, "Grattone", sentencia de 26-II-2008; y A. 72.745, "Mugarza", sentencia de 13-XII-2017.
En cuanto al reclamo en concepto de subsidio por fallecimiento, la mayoría del Tribunal de Alzada observó que se encuentra contemplado en el art. 82 de la ley 13.169 y en la resolución 18/08 del Colegio de Veterinarios, compartiendo los demás fundamentos brindados sobre el punto por la magistrada de grado (en disidencia parcial, el doctor De Santis evaluó que este rubro debía ser excluido de la condena, por resultar la entidad recién citada ajena a la acción promovida y a las resoluciones cuya anulación se persigue en autos).
II.1. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, el apoderado de la Caja de Seguridad Social para Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires denuncia, en primer lugar, violación o errónea aplicación del art. 18 de la ley 13.169.
Sostiene que, contrariando esta disposición, la Cámara otorgó beneficios a la derechohabiente de una persona que no pertenecía al universo de integrantes de la entidad demandada, por haber sido suspendida en su matrícula profesional, consiguientemente en su condición de afiliada y también en su obligación de realizar aportes.
Afirma que el señor Crego decidió voluntariamente no ser parte del sistema de seguridad social en cuestión, manteniendo su condición de suspendido hasta el momento de su fallecimiento, sin importarle las consecuencias.
Postula que, de acuerdo con el régimen aplicable, solo poseen cobertura previsional los afiliados activos y sus derechohabientes, por lo que no podría incluirse a un profesional suspendido como el señor Crego, ni -por ende- a su cónyuge.
Puntualiza que la pensión de la señora Albano no fue negada en virtud del estado de deuda del señor Crego, sino debido a su suspensión.
Observa que no existe controversia en torno a que el art. 18 de la ley 13.169 constituye el fundamento normativo utilizado para negar la pensión pretendida, pero manifiesta que la Cámara transgredió groseramente sus prescripciones, contrariando su sentido y omitiendo su aplicación.
Expresa que el señor Crego no tenía derecho a peticionar ninguna de las jubilaciones contempladas en los arts. 84, 86, 87 y 88 de la ley 13.169, motivo por el cual tampoco podrían sus derechohabientes acceder al beneficio de pensión, prestación esta que, según el art. 98 -último párrafo- de la misma ley, deriva de aquellas.
Cuestiona que se "premie" el supuesto desinterés evidenciado por el causante al mantener su condición de suspendido, que no solo lo habría excluido del universo de afiliados con cobertura, sino también liberado de la obligación de realizar los aportes necesarios para acceder a la jubilación.
Entiende que, al convalidar su actuación, la Cámara contradijo los arts. 18, 19 inc. "a", 67 inc. "a", 70 y 71 de la ley 13.169, relacionados con el financiamiento que hace que un sistema previsional perdure en el tiempo.
Por todo ello denuncia error de juzgamiento y gravedad institucional.
II.2. Asimismo, acusa violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa A. 70.765, "Cabezali", sentencia de 4-VI-2014.
Alega que en dicha ocasión se denegó el beneficio de pensión reclamado con sustento en que, al momento del fallecimiento del causante, su matrícula profesional se encontraba cancelada y por ende inactiva. Expone que, a los fines previsionales, la condición de matrícula cancelada o suspendida -con su lógica derivación de afiliación cancelada o suspendida- implica exactamente lo mismo, ya que en ninguno de tales supuestos puede el interesado ejercer legítimamente su profesión ni formar parte del respectivo sistema de seguridad social.
De lo anterior deriva que, al decidir en autos acordar el beneficio de pensión a la derechohabiente de un profesional cuya matrícula estaba suspendida al momento de su deceso, la Cámara violó -además del art. 18 de la ley 13.169 y el bloque de legalidad involucrado- la doctrina referida.
II.3. Tras insistir con reflexiones similares a las ya reseñadas y relatar los hechos del caso -incluyendo lo acaecido en el procedimiento y el proceso llevados a cabo-, la demandada denuncia también violación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 164 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial y 59 inc. 4 y 77 del Código Contencioso Administrativo.
Plantea que el fallo atacado vulneró el principio de razonable fundamentación de las resoluciones judiciales, contrariando la normativa de aplicación y violentando asimismo las garantías de debido proceso y defensa en juicio, reconocidas en los arts. 15 de la Constitución provincial y 18 de la nacional.
Endilga al pronunciamiento en crisis una generalidad extrema, por apoyarse supuestamente en consideraciones amplias, carentes de razonamiento lógico-jurídico y por revestir el carácter de una mera afirmación dogmática, que no resuelve cuestiones esenciales del pleito y deviene así dogmática por falta de razonabilidad.
Opina que el tribunal actuante realizó una interpretación parcializada del bloque normativo de aplicación al caso y que su actuar no refleja un acto de razonamiento jurídico, careciendo de fundamentación adecuada alguna.
Recuerda que las razones de índole constitucional y procesal que han impuesto el deber de fundar adecuadamente las sentencias procuran evitar la arbitrariedad e impedir que los justiciables carezcan de la posibilidad de impugnar los fundamentos, constituyendo la garantía de los derechos de las partes (Ac. y Sent. 1956-V-57; 1959; 1960-I-261; 1960-III-310; 1965-I-93; 1974-III-324; 1985-I-74; Ac. 37.461, sent. de 25-VII-87; Ac. 38.169, sent. de 10-XI-87; e.o.).
En concreto, critica que pese a no hallarse debatido que la pensión fue denegada debido a la suspensión en la matrícula del señor Crego, la Cámara haya entendido, dentro del marco de congruencia habilitante, que lo que debía dirimirse era si la falta de aportes en tiempo oportuno constituía o no una valla absoluta para acceder a los beneficios previsionales. Estima que la incongruencia cometida es notable.
Agrega que -a su juicio- los fallos referidos en la sentencia impugnada, concernientes a la aplicabilidad de la ley vigente al momento del fallecimiento y al valor del estado de deuda como obstáculo para el acceso a prestaciones, nada tienen que ver con lo debatido en autos.
Indica que, pese a las transcripciones del art. 18 de la ley 13.169, se ha procedido como si este no existiera.
II.4. A continuación, reprocha que se haya condenado a su poderdante a una obligación de cumplimiento imposible, tal como lo sería acordar a la actora un subsidio por fallecimiento.
Destaca que el art. 82 de la ley 13.169 faculta pero no obliga a la Caja de Seguridad Social para Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires a otorgar ese tipo de prestaciones y que su implementación se encuentra supeditada a las condiciones que se fijen reglamentariamente por la Asamblea con carácter general.
Añade que los subsidios en cuestión deberían financiarse con los fondos correspondientes, sin afectar las sumas ingresadas a los fines del pago de jubilaciones y pensiones, de modo de posibilitar el mantenimiento de la "ecuación generacional".
Precisa que la Caja que representa no ha creado ningún sistema de subsidios, por no estar dadas las condiciones de sustentabilidad para ello.
Cuestiona que, pese a lo anterior, se la haya condenado a comunicarse con el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires a fin de informarle que la falta de aportes y contribuciones correspondientes a la matrícula del señor Crego no constituye un valladar para el reconocimiento del subsidio en cuestión.
Resalta que el Colegio mencionado no ha sido demandado en autos, por lo que no reviste la calidad de "accionado" que le atribuyó la Cámara, sino que resulta un tercero ajeno a las actuaciones.
Sin perjuicio de estimarlo inaplicable al caso planteado, a continuación transcribe el art. 2 de la resolución 18/08, emanada del Colegio de Veterinarios. Advierte que, de acuerdo con ese precepto, el subsidio por fallecimiento allí contemplado procede siempre que el afiliado se encontrare en actividad a la fecha del deceso, mientras que el señor Crego se encontraba con matrícula suspendida.
Más allá de lo expuesto, insiste con que el Colegio no participó del desarrollo de este proceso. De ahí extrae que la decisión atacada no solo resulta improcedente, sino que además viola el principio de congruencia. Rescata en este punto la disidencia parcial del doctor De Santis.
Por otra parte, alerta sobre el riesgo de sufrir sanciones conminatorias (conf. art. 37, CPCC), al que potencialmente se vería expuesta la Caja en el caso de que se confirmase lo que interpreta como una condena de cumplimiento imposible. Hace referencia al severo perjuicio económico que la situación traería aparejada, al habilitar a todos los derechohabientes de los afiliados fallecidos a peticionar un subsidio inexistente e imposible de afrontar.
II.5. Sobre el final de su escrito, invoca también la propiedad social y solidaria del universo de afiliados que integran la Caja; la igualdad ante la ley; las garantías de movilidad y progresividad en materia previsional; los tratados internacionales de jerarquía constitucional y el principio de razonabilidad (con cita de los arts. 10, 11, 31 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial y 14 bis, 16, 17, 28 y 75 inc. 22 de la nacional).
III. Anticipo que, en lo relativo al beneficio de pensión por fallecimiento, el recurso no puede prosperar.
III.1. Tanto la señora Jueza de primera instancia como la Cámara de Apelación interviniente resolvieron el caso planteado con cita de la jurisprudencia de esta Corte según la cual el hecho de que el causante de la prestación se encontrara en mora en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Caja no priva a sus derechohabientes del beneficio establecido para cubrir la contingencia de su muerte (conf. causas B. 56.877, "Damín", sent. de 23-XII-1997; B. 60.484, "Giménez de Alvarez", sent. de 7-XI-2001; B. 62.209, "Sánchez de Di Giácomo" y B. 65.592, "Ibarrondo", sents. de 31-III-2004; e.o.).
La magistrada de grado fundó dicho criterio -asimismo- en la interpretación que otorgó a los arts. 104, 105, 120 y 121 de la ley 13.169 (v. sent. de 1ra inst., cons. 4°), mediante una decisión que a su turno fue confirmada por la Cámara interviniente, sin que la afectada por tales pronunciamientos haya cuestionado puntualmente estos argumentos ni -en general- la premisa conforme a la cual los incumplimientos de obligaciones en concepto de aportes no pueden constituir un obstáculo para el acceso a las prestaciones previsionales.
En cambio, la demandada se opone a lo decidido en torno al otorgamiento de pensión a la cónyuge supérstite del causante de autos, aduciendo que la suspensión en la matrícula profesional que este último registraba al momento de su fallecimiento impide el reconocimiento del beneficio.
En esa dirección, la recurrente sostiene que el acto administrativo a través del cual se denegó la pensión solicitada no se basó en la deuda del profesional involucrado, sino en la mentada suspensión de su matrícula.
Critica en particular el supuesto apoyo de la Cámara en el "...marco de congruencia habilitante, circunscripto a los agravios traídos ante esta instancia" (pto. IV.3., séptimo párr., del voto del doctor Spacarotel, al que adhirieron sus colegas). Insiste, pues, con que los cuestionamientos formulados versaban sobre la condición de suspendido del señor Crego y sus consecuencias en la pensión pretendida por su cónyuge, no así sobre la deuda mantenida en concepto de aportes jubilatorios.
Acusa por todo ello incongruencia. En sustento de sus dichos, cita los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 164 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicables al proceso contencioso administrativo en virtud de lo prescripto por los arts. 59 inc. 4 y 77 de la ley 12.008.
Este encuadre de la controversia obliga ante todo a recordar que los agravios relativos al principio de congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de una adecuada demostración del absurdo, el cual ha sido definido como un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables (conf. causas A. 71.560, "Aguirre", sent. de 28-XII-2016; A. 73.073, "Araya", sent. de 28-XI-2018; y A. 75.836, "Pérez", sent. de 20-XI-2019; e.o.).
En similar sentido, esta Corte ha sostenido que es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, así como la fijación de los hechos litigiosos, de modo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 71.318, "S., E. M.", sent. de 28-VIII-2013; A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; e.o.).
Dicho vicio hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. No cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, etcétera, alcanzan para configurar tal absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado. Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (conf. causas A. 70.001, "Vega", sent. de 8-IX-2010; A. 73.244, "Asociación Civil de Jubilados y Pensionados de la Ingeniería de Mar del Plata", sent. de 17-X-2018 y A. 75.582, "Tafura", sent. de 9-IV-2021).
Aun cuando la impugnante se muestra enfática al censurar la decisión atacada, tachándola incluso de irracional y arbitraria, entiendo que el referido vicio de absurdo, necesario para que en esta instancia extraordinaria puedan abordarse los agravios individualizados, no solo no ha sido puntualmente invocado como tal, sino que -más allá de ello- tampoco se aprecia configurado.
Para arribar a esta conclusión, tengo especialmente en cuenta que la resolución 116/2014, a través de la cual el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires suspendió la matrícula profesional del señor Lisandro Crego, invocó como fundamento la deuda en concepto de aportes previsionales que este último regist
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