Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 57139
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 57.139, "Atitran S.A. contra Municipalidad de General Pueyrredon. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres, Violini.
I. La firma comercial Atitran S.A., mediante apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de General Pueyrredon, con el objeto de que se declare la nulidad del decreto 1.745/95 suscripto por el Intendente comunal el día 6 de diciembre de 1995 y que dispuso la desestimación del recurso de revocatoria oportunamente interpuesto contra su anterior -decreto 1.576/95-, en cuanto extinguió el contrato de concesión del servicio de ingeniería de tránsito para la ciudad de Mar del Plata, autorizado por ordenanza 2.076/93.
Solicita que se condene a la demandada a abonar una indemnización por la totalidad de los daños y perjuicios irrogados por dicho accionar, cuyo monto resultará de la prueba a producirse en el presente proceso judicial.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos la Municipalidad de General Pueyrredon, mediante apoderado, sosteniendo la completa legitimidad del actuar municipal y, por ende, peticionando el total rechazo de la demanda.
III. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, glosados los alegatos de ambas partes, no restando prueba pendiente de producción e integrado el Tribunal (acta de 18-VIII-2021), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la objeción al progreso formal de la demanda?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La empresa Atitran S.A. acciona contra la Municipalidad de General Pueyrredon con la pretensión procesal de que se declare la nulidad del decreto 1.745/95, mediante el cual se dispusiera oportunamente la desestimación del recurso de revocatoria interpuesto contra un acto administrativo anterior, el cual extinguiera el contrato de concesión del servicio de ingeniería de tránsito para la ciudad de Mar del Plata, previamente autorizado por ordenanza 2.067/93. Como consecuencia de ello, peticiona que se condene a la citada Comuna al pago de una indemnización por los daños y perjuicios que padeciera como resultado de dicho accionar, cuyo monto condiciona al resultado de la prueba a producirse en la presente causa.
Explica que la acción también comprende la impugnación parcial de la ordenanza 9.387, en cuanto cuestiona la decisión del Concejo Deliberante en punto a que la extinción contractual se deba a razones de oportunidad (el rescate del contrato), ya que ese criterio se debió a motivos de ilegitimidad por culpa exclusiva de la Municipalidad demandada. Es decir, que la actora consiente expresamente la convalidación de la legalidad de la concesión otorgada a su firma. De igual modo, agrega, se solicita la nulidad del decreto 445/94, emanado del Departamento Ejecutivo comunal.
Para el hipotético caso de que este Tribunal considere que la rescisión contractual ha sido producto de una actividad lícita de la Administración (y no de su conducta ilegítima), peticiona que se resarzan íntegramente los daños y perjuicios ocasionados.
Relata que la Municipalidad de General Pueyrredon aprobó la ordenanza 8.925/93, en la cual se autorizaba la implementación del servicio de estacionamiento medido mediante el sistema de concesión de los "servicios de ingeniería de tránsito" presentado por dos empresas particulares mixtas, con participación estatal-municipal del 25%, que se denominaron Intramar S.A. y Atitran S.A. El servicio público fue entonces concesionado por el plazo de diez años y de conformidad con las pautas del marco regulatorio que aprobó el Concejo Deliberante como anexo I de la ordenanza antes mencionada.
Consecuentemente, a fines del año 1993 las empresas comenzaron a ejecutar, dentro del radio perimetral conferido, el contrato de concesión de conformidad con las pautas referidas hasta que, abruptamente, el mismo fue resuelto por la Comuna en el mes de marzo de 1994, luego de que la actora hubiera realizado ingentes inversiones, contratación de personal, compra de elementos y materiales de uso y gastos de promoción.
Comenta que a través de la ordenanza 9.387, de fecha 30 de marzo de 1994, se dispuso la "inmediata extinción" del contrato de concesión de servicios de ingeniería de tránsito que se habían comenzado a implementar el 6 de diciembre de 1993, pese a que su plazo de concesión abarcaba diez años, y se delegó en el poder ejecutivo comunal la facultad de convenir las condiciones de resolución, previa evaluación de los efectos de la extinción dispuesta a través de una auditoría contable.
Con posterioridad, y en el marco anteriormente delimitado, afirma la actora, el Intendente municipal dictó el decreto 445/94, que bajo la apariencia de reglamentar la citada ordenanza modifica sustancialmente el mandato emergente de la misma, y decide la sustitución de la auditoría contable encargada a síndicos municipales de las sociedades concesionarias por una "comisión coordinadora" integrada por funcionarios comunales. Además, aduna, el decreto incumple con la obligación de incorporar al personal que laboraba en las empresas concesionarias (cfr. art. 3 apdo. 1, ord. 9.387), al encomendar a la Subsecretaría de Inspección General "la determinación del personal necesario", quedando ello supeditado a la exclusiva decisión de este órgano y según su propio entender.
En tal contexto, prosigue, la actora interpuso (el día 19-IV-1994) un pedido formal de aclaratoria contra la ordenanza 9.387 y el decreto 445/93, en virtud de la imprecisión y ambigüedad existentes en la primera, y de las contradicciones existentes en el segundo, con expreso pedido de suspensión de los plazos procedimentales y formulando reserva de interponer el pertinente recurso de revocatoria "una vez aclarada la resolución". Todo ello en virtud del correcto ejercicio del derecho de defensa de la empresa, en tanto la ausencia de la notificación de los fundamentos de lo resuelto por la Administración, impedía el completo entendimiento de lo resuelto a los fines de recurrir adecuadamente.
Manifiesta que fue entonces cuando la Comuna, en lugar de proceder a responder el recurso interpuesto aclarando los términos de los actos administrativos municipales, dictó el decreto 1.576/95, por el cual se considera que la empresa consintió la validez del decreto 445/94 por no impugnarlo debidamente. Ante tal situación, la actora presentó un recurso de revocatoria contra el citado acto, todo lo cual culminó con el dictado del decreto 1.745/95, que desestima el último recurso interpuesto. En tales términos, pues, la actora interpreta que este ha sido el acto administrativo final que agota la vía administrativa y deja expedita la presente acción judicial.
Insiste en que, de los actos impugnados, a primera vista pareciera desprenderse que nos encontramos ante una decisión de revocar el contrato por una causal de oportunidad (el denominado "rescate" del servicio), ya que habría que descartar la revocación por motivos de ilegitimidad (la "caducidad" del contrato), habida cuenta de que tal decisión no estaría determinada por un incumplimiento imputable al cocontratante. Pero -continúa-, se deberá descartar esta interpretación puesto que no se dan las condiciones indispensables para fundamentar la existencia de tal institución. En efecto: en el caso no se reorganiza el servicio por causa de interés público, extinguiéndose o suspendiéndose la ejecución de un contrato de concesión y asumiendo la Administración concedente la misma prestación; por el contrario -dice la demandante-, el requisito del "interés público" se encuentra ausente, circunstancia que hace incurrir a la demandada en el vicio de desviación de poder.
Por lo demás, agrega, la decisión administrativa carece de causa, en tanto no se explicita la razón justificante de la determinación de extinguir el contrato. Explica que en la sesión del 20 de marzo de 1994 del Concejo Deliberante, que llevara a la sanción de la ordenanza 9.387, la concejal Trapani sostiene la argumentación del Bloque Regional, pero en ningún momento alude a que su propuesta de poner fin a la continuidad de las concesiones esté justificada por razones de interés público municipal, por el contrario, arriba a dicha conclusión por cuanto habrían existido "fallas concurrentes por parte de las empresas, por parte de la Municipalidad" y "fallas operativas" (sic). Todo lo cual la lleva a la conclusión de que, las citadas faltas no han sido de una gravedad suficiente como para disponer la caducidad de la concesión y generar la resolución contractual por culpa de la empresa y que, por tanto, la ordenanza referida resulta nula por fundamentarse en una causa falsa, que de ningún modo justificaba su sanción.
Del mismo modo, endilga al acto municipal un vicio de arbitrariedad o falta de razonabilidad, atento a que existe una grave contradicción y una falta de motivación seria evidente en su texto. Vicios que se extienden, según asegura, también al decreto 445/94, en tanto el mismo se emite con la intención de ejecutoriar una norma de mayor jerarquía que, como se dijo, se encuentra viciada de nulidad. Se trataría, sostiene, de un "acto complejo", conformado por dos actos administrativos concatenados. Más allá de lo cual, adiciona, este último acto posee vicios de ilegitimidad propios, como ser la decisión de sustituir a los síndicos designados en el art. 4 de la ordenanza 9.387 por una comisión integrada exclusivamente por funcionarios municipales, que ninguna participación tenían en el seno de la sociedad, en abierta contradicción con lo dispuesto por la propia ordenanza.
Finalmente, la actora impugna los decretos 1.576/95 y 1.745/95 por considerar consentidos tanto la ordenanza 9.387 como el decreto 445/94, sin tener debidamente en cuenta el previo pedido de explicaciones por parte de la firma Atitran S.A. ni valorar adecuadamente los antecedentes fácticos del caso, al mezclar consideraciones correspondientes a las distintas empresas prestatarias sin atender a la realidad material acontecida y, asimismo, al no evaluar las impugnaciones cursadas por carta documento en fecha 20 y 26 de abril de 1994 -violando así lo dispuesto en el art. 75 de la ordenanza general 267/80-. Por lo demás, considera que, tratándose de una demanda por responsabilidad del Estado por su actividad ilícita, no corresponde aplicar la doctrina de la preclusión de la instancia administrativa, siendo aplicable legalmente tanto la posibilidad de la impugnación judicial directa como indirecta.
Por último, solicita que se haga lugar a la indemnización integral de los daños y perjuicios sufridos por la responsabilidad estatal por actividad ilegítima, la cual implica, en primer lugar, la imputabilidad material, objetiva de los actos lesivos, y luego, la existencia de un grave daño y perjuicio en el patrimonio de la actora, la cual entiende acreditada en el caso por la existencia de una relación de causalidad entre los hechos emanados de los órganos estatales y el daño provocado a la firma comercial. Todo ello, bajo el manto de una conducta irregular de los órganos administrativos en el ejercicio de sus funciones.
En concreto, reclama los daños materiales directos e indirectos ocasionados (daño emergente), el lucro cesante derivado de una contratación prevista para diez años de ejercicio rentable, y el daño moral derivado de la afectación de su buen nombre comercial que llevó, en especial, a que el presidente de la sociedad -señor Machado- debiera alejarse de sus funciones por una grave alteración nerviosa en el mes de febrero de 1994. Lo anterior conforme las derivaciones probatorias que se rendirán en autos, particularmente a través de las pericias a realizarse.
Formula reserva del caso federal. Ofrece prueba instrumental, informativa, documental, testimonial y pericial contable.
Funda su derecho en la ordenanza general 267/80; arts. 1.083, 903, 904 y 1.069 del Código Civil -por entonces vigente-; 16 de la Constitución nacional y doctrina y jurisprudencia que cita.
II. Corrido el traslado de ley, la Municipalidad de General Pueyrredon solicita el completo rechazo de la demanda, atento tratarse en el caso de un accionar administrativo legítimo.
Efectúa, en primer término, una negativa general de los hechos denunciados por la actora en su escrito de inicio y, luego, puntualiza que la demanda es formalmente improcedente, atento su carácter extemporáneo. Ello así, toda vez que el recurso de revocatoria que la firma Atitran S.A. interpuso contra el decreto 1.576/95, que le fuera notificado el día 20 de noviembre de 1995, donde asimismo formuló el planteo de impugnación contra la ordenanza 9.387 y contra el decreto 445/94 -que le fueran notificados el día 19 de abril de 1994- data de fecha 4 de diciembre de 1995, es decir, más de un año y medio en exceso de los plazos recursivos legalmente vigentes para el caso. Tal circunstancia, prosigue, no puede en modo alguno considerarse suspendida por efecto de las dos cartas documento enviadas por la actora (de fechas 20-IV-1994 y 26-IV-1994, respectivamente), puesto que su intención no era impugnatoria sino aclaratoria de actos anteriores. De hecho, dice, las mismas no contienen fundamentación ni indicación de la normativa violada. En tal sentido, tal como surge del art. 98 de la ordenanza general 267/80, la aclaratoria "al no ser un recurso en sí, carece de efectos suspensivos" (sic), dado que no existe obligación legal de expedirse acerca de las aclaratorias, en cuyo caso, si no se resolvió, debe interpretarse que la Administración consideró que no había nada que aclarar.
Agrega que la actora se encargó propiamente de confirmar este carácter no impugnatorio de la aclaratoria al explicitar en la misma que "...se hace reserva de interponer revocatoria una vez aclarada la resolución...". Por lo demás, continúa, la revisión que establece el art. 115 de la ordenanza general 267/80 se refiere solo a la rectificación de errores materiales o numéricos, pero no para impugnar acto administrativo alguno. Como consecuencia de ello, concluye, los actos administrativos impugnados han quedado firmes en sede administrativa, consentidos por la actora y por lo tanto irrevisables en esta instancia judicial.
Sin perjuicio de la anterior defensa, la demandada plantea que de la lectura del Diario de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon se extrae que existieron diversos motivos que llevaron al dictado de la ordenanza 9.387, los cuales derivan de los proyectos presentados por el Bloque de concejales del Frente Regional, el Partido Justicialista y el Partido Radical y consistían en: fallas operativas, rechazo mayoritario de la comunidad, problemas en la calle, fallas concurrentes de las empresas y de la Municipalidad, ineficiencia de las empresas prestatarias, irregularidades en el procedimiento de selección del contratista estatal, inexistencia de dictamen técnico-económico previo, etc. Todos estos motivos, según explica, son de interés público y justificaron el dictado de la ordenanza, que recibió finalmente el proyecto del Frente Regional que proponía llegar a una solución acordada basándose en dos premisas que fueron el objetivo primordial de su análisis: 1) poner fin a la continuidad de las dos empresas; 2) evitar por todos los medios un juicio contra la Municipalidad.
Como consecuencia de lo anteriormente relatado, asegura, se dictó la ordenanza 9.387 que en su art. 1 encomendó al Departamento Ejecutivo la inmediata extinción del vínculo contractual de concesión de servicios de ingeniería de tránsito, suscriptos con las empresas Atitran S.A. e Intramar S.A.
A los efectos de cumplimentar tal disposición, aduna, se facultó al Intendente municipal a incorporar el personal de las concesionarias que no hubiesen presentado reclamos administrativos y/o judiciales contra la Administración o las concesionarias; incorporar los bienes y equipos necesarios para la prestación del servicio; y convenir el resto de las condiciones que integren el convenio de resolución. Con el objetivo de reglamentar estas mismas atribuciones, afirma, es que se dictó con posterioridad el decreto 445/94, dentro de cuyas pautas se conformó la Comisión Coordinadora que cuestiona la empresa actora, y que fueron cumplidas en la medida de lo posible por la propia Administración, en tanto se contó con la colaboración de la actora (no así respecto de la incorporación de los bienes y equipos caso en el cual, denuncia, la empresa obstaculizó las tareas de la Comisión, imposibilitando materialmente proceder a tal cometido).
Finalmente, sostiene que la propia ordenanza 9.387 en su art. 5 dispuso que la instrumentación de la extinción contractual en base a las pautas expuestas significaba la renuncia expresa de las partes a cualquier tipo de reclamo presente o futuro derivado de la relación contractual originaria. Asegura que la actora estuvo de acuerdo con tal directiva, en tanto presentó la documentación necesaria voluntariamente en el expediente administrativo 8.642-9-94, pese a que luego cambió su comportamiento y obstaculizó el resto de las actuaciones, circunstancia que llevó al dictado del decreto 1.576/95 que dio por finalizadas las tareas encomendadas a la señalada Comisión.
Contra dicho decreto, agrega, la actora interpuso un recurso administrativo que fue en su momento rechazado por considerarse previamente consentido el decreto 445/94 y por no haber satisfecho la peticionante los diversos requerimientos formulados por la Comisión creada a tal efecto.
Como consecuencia de todo ello, alega que no le asiste derecho a la actora a pretender indemnización alguna por los hechos acaecidos.
Funda su derecho en la ordenanza general 267/80; ordenanza 9.387; decretos 445/94, 380/95, 1.576/95 y 1.745/95 y las constancias obrantes en el expediente administrativo 8.642/9/94.
Hace reserva del caso federal.
III. De las actuaciones administrativas agregadas a la causa sin acumular, surgen los siguientes elementos útiles para la resolución del pleito instaurado:
III.1. Con fecha 16 de noviembre de 1993 se firma entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y la firma Atitran S.A. (Apoyo Técnico a la Ingeniería de Tránsito de Mar del Plata) un contrato que tuvo por objeto otorgar la concesión de los servicios públicos de ingeniería de tránsito para la ciudad de Mar del Plata, consistente en la normalización, ordenamiento y control del tránsito y estacionamiento vehicular medido en las áreas geográficas urbanas de la ciudad (v. asimismo, marco regulatorio a fs. 15 de la "Documentación Anexa", agregada en copias simples a la presente causa).
III.2. Meses después, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón dictó la ordenanza 9.387 (de 18-IV-1994), por la cual encomendó al Departamento Ejecutivo la inmediata extinción del vínculo contractual de prestación de servicios de ingeniería de tránsito suscripto con las empresas Intramar S.A. y Atitran S.A., autorizando a estas a cesar en la prestación del servicio de estacionamiento medido, a partir del momento de su sanción. En el mismo acto, se encarga al señor Intendente municipal que disponga de los bienes, máquinas y empleados hasta ese momento utilizados por las empresas, para continuar con la prestación pública del servicio y, de su lado, ordenándose a los síndicos de las empresas que realicen una auditoría contable a fin de determinar las valuaciones y resultados empresarios para "convenir los efectos de la extinción del vínculo contractual, de acuerdo con las normas
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.