Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119962
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.962, "Laurenzo, Juan Manuel contra Unión Platense S.R.L. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora (v. fs. 78/80).
Se interpusieron, por Unión Platense S.R.L., recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 184/197 vta.), cuya denegatoria proveniente del órgano de grado, confirmada por esta Suprema Corte al resolver la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 199/200 y 259/260, respectivamente), motivó -previa interposición del remedio extraordinario federal, también denegado en esta sede casatoria- la ulterior deducción de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 171/176 de la queja acollarada), el que -finalmente- fue admitido en el entendimiento de que el pronunciamiento en crisis resulta definitivo a los fines de habilitar los medios extraordinarios de impugnación locales intentados (v. fs. 183/185 vta. de la queja). Devueltas las actuaciones, esta Casación tuvo por cumplidos los restantes recaudos de admisibilidad (v. resol. de 9-IX-2021).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen del día 25-IV-2022), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo, en el marco de la acción deducida por el señor Juan Manuel Laurenzo con sustento en el art. 47 de la ley 23.551, hizo lugar a la medida cautelar peticionada, y -en consecuencia- ordenó a Unión Platense S.R.L. la suspensión de los efectos del despido dispuesto por la patronal. En este orden, dispuso la reincorporación del actor en las labores que venía desarrollando, la conservación del nivel salarial que detentaba previo a la interrupción de aquellas, hasta el dictado de la sentencia definitiva que resolviera sobre el fondo de la cuestión debatida (v. fs. 78/80).
Para así decidir, consideró demostrados los presupuestos necesarios para la viabilidad de la medida solicitada, esto es, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora (arts. 195 y 230, CPCC).
En cuanto al primer recaudo, con base en la prueba documental acompañada junto con el escrito de demandada, estimó demostrados con el nivel de certeza que es dable exigir -aclaró el juzgador de origen- para decretar la cautelar en cuestión, los siguientes hechos: i) la prestación de servicios del actor para la empresa demandada como chofer de la línea 520; ii) el despido dispuesto mediante carta documento (CD 425027098) remitida por la patronal con fecha 20 de marzo de 2014 (v. fs. 6); iii) "una profusa actividad sindical" desarrollada por el reclamante, que -declaró- culminó con su designación como miembro de la comisión organizativa de la seccional La Plata de la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), circunstancia que tuvo por demostrada mediante el acta de fecha 3 de marzo de 2014 -agregada a fs. 13-, a lo que adunó las declaraciones testimoniales escritas de los señores Daniel Arturo Largel y Javier Eduardo Foglino, obrantes a fs. 9/12, ratificadas -luego- a fs. 77 y vta.
Precisó que del acta referenciada en el párrafo anterior se desprenden previsiones de la organización sindical frente a posibles represalias patronales, en tanto allí se destacó que, como contrapartida del desarrollo del gremio, se estaban produciendo despidos discriminatorios de muchos de sus miembros (v. fs. 76 vta.).
Aseveró el juzgador que tales reparos de la asociación sindical no aparecían exagerados, desde que -prosiguió- de las cinco personas que suscribieron el documento en cuestión, cuatro fueron desvinculadas mediante despidos judicializados como discriminatorios (v. fs. cit.).
En este marco, precisó que una de las causas iniciadas se encontraba (al momento del dictado de la resolución en crisis) en trámite ante el Tribunal de Trabajo n° 3 de La Plata (identificó, al efecto, la causa "Bernardi, Maximiliano Daniel contra Unión Platense S.R.L. s/ amparo sindical"), y en las otras tres -apuntó- recayeron sentencias en las que se decretó la nulidad de los despidos y la reinstalación de los trabajadores (individualizó, en este marco, los autos "Largel, Daniel Arturo y otros contra El Rápido Argentino S.A. s/ sumarísimo" -tramitados ante la CNAT, Sala VII, 13-IX-2011- y "Bernardi, Cristian Ariel contra Unión Platense S.R.L. s/ reinstalación", fallada el 9-X-2015 por el Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, v. fs. cit.).
En lo tocante al peligro en la demora, el órgano de grado estimó evidente, a la luz de la carga horaria denunciada por el actor en el libelo de inicio, la cual -precisó- guardaba proporción con las tareas prestadas y el sueldo consignado en los recibos de haberes obrantes a fs. 24/36, que las tareas realizadas por el señor Laurenzo para la firma demandada constituían su principal fuente de ingresos, derivando de ello su necesidad de trabajar y percibir el producido económico de sus labores. Añadió que no se "...requiere demasiada imaginación para advertir que la inminente interrupción de sus tareas y del sustento que las mismas implican, requiere una decisión urgente que en modo alguno puede aplazarse hasta el dictado de la sentencia definitiva..." (fs. 79).
Respecto de la contracautela, entendió suficiente la prestación de caución juratoria (art. 199, CPCC).
Con todo, dispuso acoger la solicitud precautoria con fundamento en los arts. 195 y 230 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 80).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de nulidad, en el que impugna la decisión de grado en cuanto hizo lugar a la medida cautelar de reinstalación solicitada por la parte actora en su escrito liminar (v. fs. 184/197 vta.).
En lo medular, cuestiona la valoración efectuada por el juzgador de mérito respecto de los requisitos y de los elementos de juicio que tuvo en cuenta para disponer la procedencia de la referida petición.
Añade que la resolución en crisis fue dictada sin fundamentos, por resultar los invocados por el juzgador equivocados e inexistentes (v. fs. 185 vta.).
III. En línea con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar.
Si bien en el encabezamiento de la postulación en análisis se hace referencia a la deducción de la indicada pretensión extraordinaria nulificante, de su lectura no surge contenido argumental alguno que permita inferir que el recurrente persiga la declaración de nulidad de la sentencia impugnada a la luz de alguna de las causales taxativamente previstas en los arts. 168 y 171 de la Constitución local, preceptos que -para más- omite denunciar infringidos.
Antes bien, las distintas consideraciones que desarrolla a lo largo del libelo recursivo apuntan a controvertir el acierto jurídico de la medida cautelar decretada por el tribunal de trabajo interviniente mediante la imputación de típicos errores de juzgamiento, vinculados con la valoración de los hechos y pruebas de la causa y con la supuesta desacertada fundamentación del pronunciamiento, impugnaciones todas que, como es sabido, resultan ajenas al recurso extraordinario de nulidad bajo examen y propias del de inaplicabilidad de ley (v. causas L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; L. 120.553, "Maldonado", sent. de 24-VIII-2020; L. 120.300, "Antognoli", sent. de 13-X-2020; L. 124.447, "Taulament", sent. de 7-IV-2022; e.o.).
Cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 124.430, "Puentes de integración", sent. de 23-II-2021; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.); aspectos que -como dije- no han sido invocados por el compareciente.
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada se agravia de la decisión de grado en cuanto hizo lugar a la medida cautelar de reinstalación solicitada por la parte actora (v. fs. 184/197 vta.).
I.1. Controvierte tal definición por haber sido admitida -a su criterio- de manera absurda, a partir de los meros dichos del actor (v. fs. 184 vta.).
I.2. Expone que la resolución cuestionada no identifica cuál sería el perjuicio que su no otorgamiento podría causarle al promotor del pleito. En este sentido, manifiesta que en igualdad de condiciones se encuentra cualquier trabajador despedido que debe aguardar el transcurso del proceso para obtener -o no- el reconocimiento de su pretensión (v. fs. 185).
I.3. Entiende que la decisión impugnada fue ordenada a partir de un hipotético desempeño sindical del actor que el judicante estimó probado sobre la base del testimonio de trabajadores de otras empresas, sin que se haya individualizado actividad concreta o participación donde aquél hubiera representado a sus compañeros de trabajo. Tampoco se refieren supuestos conflictos en los que habría actuado dentro del establecimiento (v. fs. 185).
I.4. Añade que la providencia en crisis fue dictada en forma apresurada, en violación de los principios del debido proceso, defensa en juicio y en detrimento de las facultades de dirección y organización del empleador, la libertad de contratar y de ejercer una industria lícita (v. fs. 185 y vta.).
I.5. Alega que -además- se basa en fundamentos equivocados e inexistentes (v. fs. 185 vta.).
I.6. Aduce que la medida objetada no es una cautelar típica, sino que se trata de una tutela "anticipada" vehiculizada a través de una petición innovativa que -a diferencia de la primera- requiere un "plus" -convicción suficiente, certeza provisional o fuerte probabilidad-, debiendo el juez contar con indicios bastantes como para inferir un grado elevado de probabilidad o de convencimiento que el derecho por el que se reclama existe (v. fs. 186 y vta.).
I.7. Con relación al peligro en la demora, aduce que el actor no arrimó ningún elemento tendiente a acreditarlo, y que su configuración, en la especie, se basó en la sola imaginación del juzgador. Observa que el promotor del pleito no manifestó que es de estado civil soltero, ni demostró tener cargas de familia. Tampoco declaró que, tal como surge de la declaración jurada que obra en su legajo, tiene otro trabajo como taxista (v. rec. fs. 186 vta.).
I.8. Niega valor y autenticidad a toda la documental agregada, en base a la cual el sentenciante fundó la resolución en crisis, salvo -aclara- aquella que coincida con la acompañada por su parte en el conteste (v. fs. 186 vta.).
I.9. Alega que del intercambio telegráfico surge que el día 26 de marzo de 2014, el actor fue despedido con justa causa, con motivo de la falta grave en que había incurrido el día 18 de marzo de ese mismo año (v. fs. 187).
I.10. Apunta que no es veraz que con anterioridad al distracto la empleadora hubiera recibido notificación alguna del señor Largel notificándole una supuesta designación del actor en un cargo gremial (v. fs. 187), ni que hubiera existido dentro de la empresa por parte de éste una actitud combativa en defensa de sus derechos y los de sus compañeros de trabajo (v. fs. 187 vta.).
I.11. Descalifica las declaraciones testimoniales escritas agregadas a la causa por haber sido prestadas en un estudio jurídico, por trabajadores que nunca fueron compañeros de trabajo del actor -Largel y Foglino- (v. fs. 188 vta.).
I.12. Cuestiona la decisión de grado en cuanto tuvo por cierto que el señor Laurenzo fue designado miembro de la comisión organizativa de la seccional La Plata de la UCRA, mediante acta de fecha 3 de marzo de 2014 (v. fs. 13). Señala que de dicho instrumento -al que atribuye falsedad ideológica- no puede desprenderse verosimilitud alguna (v. fs. cit.).
A todo evento, reitera que el supuesto nombramiento jamás entró en la esfera de conocimiento del empleador (v. fs. cit.), por lo que -aduce- resulta absurdo pretender calificar el despido de discriminatorio y disponer una medida cautelar que afecta gravemente las facultades de dirección y organización de la empresa, dando por cierto hechos no acreditados o extemporáneos; todo lo cual -dice- implica prejuzgamiento (v. fs. 189).
I.13. Refuta la decisión en pugna en cuanto declaró que, como contrapartida del desarrollo del gremio, se estaban produciendo despidos discriminatorios de muchos de sus miembros, y que los reparos de la organización profesional de trabajadores no parecían exagerados desde que de las cinco personas que suscribieron el acta mencionada, por lo menos cuatro fueron desvinculadas mediante despidos que fueron judicializados como discriminatorios (v. fs. 78 vta. y 189).
En orden a esto último, afirma que mediante una lista absolutamente liviana y cuestionable el juzgador fundó su decisión de reinstalar preventivamente al dependiente, apoyándose en diversas causas judiciales que individualizó en la decisión en crisis. Respecto de la citada en primer término, causa "Bernardi, Maximiliano c/ Unión Platense S.R.L. s/ amparo sindical" -en trámite ante el Tribunal de Trabajo n° 3 de La Plata- alega que se encuentra abierta a prueba, por lo que su cita por el sentenciante deviene "...una premonición carente de asidero legal...". Con relación a los autos "Largel, Daniel Arturo y otros c/ El rápido Argentino s/ sumarísimo" (CNAT, Sala VII, 19-III-2011), aduce que la accionada es una empresa diferente a la recurrente, y en lo tocante el expediente "Bernardi, Cristian Ariel contra Unión Platense S.R.L. s/ reinstalación" (en trámite ante el Tribunal de Trabajo n° 4 de La Plata), especifica que la demanda quedó incontestada, y que al momento de incoar la presente impugnación se encuentra recurrida ante esta Suprema Corte (v. fs. 189 vta./190 vta.).
I.14. Observa que de los recibos de haberes no surge el horario de labor del dependiente, ni los días en que prestaba servicios, que -reitera- es de estado civil soltero, que no tiene cargas de familia y que tiene otro trabajo como taxista, conforme se desprende -dice- de la declaración jurada glosada al expediente (v. fs. 191).
I.15. Puntualiza que la orden judicial dispuesta implica el cumplimiento acabado de la pretensión articulada en la demanda sin haber transcurrido los procesos, términos y tiempos establecidos por la ley para lograr una sentencia. Cita al respecto, precedentes de esta Suprema Corte y de otros órganos judiciales (v. fs. 191/192).
I.16. Señala que el peligro en la demora es un estado que debe demostrarse, no bastando la mera invocación de la urgencia o de eventuales perjuicios, el temor o la apreciación de quien la solicita (v. fs. 192 vta. y 193).
I.17. Agrega que el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.088) no le garantiza al trabajador el mantenimiento de su empleo, por lo que el empleador conserva siempre la posibilidad de despedir al trabajador antes, durante y después del juicio sumarísimo previsto en la norma citada (v. fs. 196).
I.18. Resalta que el poder extraordinario de nulificar un acto antisindical y declarar inexistente un despido, desmantela el andamiaje legal que apoya la eficacia disolutoria de los actos del empleador, por lo que la valoración de los elementos arrimados a fin de lograr su concesión debe ser cautelosa, extrema y prudente (v. fs. 197).
I.19. Finalmente menciona jurisprudencia de la Corte federal, donde se dispuso dejar sin efecto la reinstalación ordenada por falta de cumplimiento del requisito de comunicación al empleador, necesaria para que surta efecto la garantía de estabilidad gremial (arts. 48 y 49, ley 23.551; v. fs. 197 y vta.).
En base a todo lo expuesto, solicita se revoque la sentencia de grado en cuanto hizo lugar a la medida cautelar materia de agravio.
II. El recurso no prospera.
II.1. Liminarmente cabe recordar que el otorgamiento de medidas cautelares no exige de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan solo de su verosimilitud, pues requerir un juicio de verdad no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender aquello que no excede del marco de lo hipotético. Asimismo, la procedencia de este tipo de tutela urgente y provisoria demanda la concurrencia de una situación de peligro en la demora (causas L. 119.005, "Malizia", sent. de 2-III-2017 y L. 122.189, "Sindicato Unificado de Trabajadores Educación Provincia Buenos Aires", sent. de 23-III-2021).
En orden a este último recaudo se ha indicado que importa la existencia de un riesgo que podría derivar en la frustración del derecho cuya tutela anticipada se procura. Reclama, pues, motivaciones de orden racional que autorizan a pensar o creer en la factibilidad del desbaratamiento. El simple capricho ha de quedar desterrado (causas L. 119.005 y L. 122.189, cits.).
Sobre este piso de marcha habré de abordar el recurso bajo análisis.
II.2. El tribunal de trabajo consideró demostrados los presupuestos de viabilidad de la medida cautelar requerida por el accionante (arts. 195 y 230, CPCC).
II.2.a. Tal como fue detallado al responder la anterior cuestión tratada, conviene reiterar aquí que respecto a la verosimilitud del derecho, estimó probado -con el nivel de certeza, destacó, que es dable exigir para tener a dicho extremo por configurado- que previo al despido dispuesto por la empleadora (notificado mediante pieza postal remitida el 20 de marzo de 2014), el actor había desarrollado "una profusa actividad sindical" que culminó con su nombramiento como miembro de la comisión organizativa de la seccional La Plata de la Unión de Conductores de la República Argentina -hecho que tuvo por corroborado mediante el acta de fecha 3 de marzo de 2014, agregada a fs. 13-, a lo que adunó las declaraciones testimoniales escritas de los señores Largel y Foglino obrantes a fs. 9/12, ratificadas -luego- a fs. 77 y vta. (v. fs. cit.)
Precisó que del acta mencionada, se desprenden previsiones de la organización gremial frente a posibles represalias patronales en tanto que, como contrapartida de su desarrollo, se estaban produciendo despidos discriminatorios de muchos de sus miembros (v. fs. 76 vta.).
Apreció que tales reparos de la asociación sindical no aparecían exagerados, desde que -prosiguió- de las cinco personas que suscribieron el acta en cuestión, cuatro fueron desvinculadas mediante despidos judicializados como discriminatorios (v. fs. cit.). En este sentido, identificó las causas "Bernardi, Maximiliano Daniel contra Unión Platense S.R.L. s/ amparo sindical" -en trámite por ante el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata-, "Largel, Daniel Arturo y otros contra El Rápido Argentino S.A. s/ sumarísimo" -tramitada ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII, de 13-IX-2011- y "Bernardi, Cristian Ariel contra Unión Platense S.R.L. s/ reinstalación", fallada el 9-X-2015 por el Tribu
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