Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125003
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar -con los alcances expuestos- al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca -por los fundamentos brindados- el pronunciamiento de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348. En consecuencia, los autos se remiten al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado.
Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, atento las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego y dada la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 19, ley 11.653 y 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.003, "Albarenque, Darío Martín contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, declaró su competencia para entender en los presentes autos y se pronunció por la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348 (v. fs. 39/45.).
Se interpuso, por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., remedio de reposición, y -subsidiariamente- recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-III-2019). El a quo , luego de rechazar el primero (v. fs. 114 y vta.), concedió el segundo (v. fs. 118 y vta.).
Dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado, tras declarar la validez constitucional del art. 1 de la ley 27.348, estableció su competencia para intervenir en los presentes actuados. Asimismo, decretó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley citada. A la vez, tuvo por expedita la vía judicial con sustento en lo normado por el art. 26 de la ley 11.653 (v. fs. 39/45)
Para así resolver, juzgó que dichas disposiciones vulneran derechos de raigambre constitucional (arts. 14 y 14 bis, Cons. nac. y 15 y 39, Const. prov.), al imponer la interposición de un "recurso" no contemplado en la citada ley procesal del fuero laboral, lo cual importa -según entendió- una restricción y limitación al derecho al acceso pleno a la justicia (v. fs. 42).
Añadió que la normativa bajo análisis conculca la mencionada ley adjetiva destinada a regular la competencia de los tribunales de trabajo, mediante un procedimiento oral y sumario, en el que se ofrecen y producen pruebas que deben ser valoradas "en conciencia" por los magistrados, afectando la función específica de estos últimos, quienes se encuentran en la situación de tener que adaptar el proceso judicial a un remedio que la norma ritual no contempla, y a una revisión de pruebas que no abastece el conocimiento necesario para emitir una sentencia ajustada a derecho (v. sent., fs. 42 vta.).
Sopesó el juzgador de grado la desproporción existente entre la cantidad de comisiones médicas y su competencia territorial, con relación a los órganos judiciales que tendrían que entender en tales recursos. Considero que difícilmente podrían ser decididos en un tiempo compatible con la celeridad e inmediatez que se pretende imprimir a los trámites (v. fs. cit.).
Destacó -además- que los preceptos cuestionados importan una palmaria prórroga de jurisdicción, en detrimento del principio de igualdad ante la ley, ya que algunos trabajadores gozarían de mayor resguardo por su cercanía con la sede de la comisión médica actuante y el órgano judicial llamado a conocer (v. fs. 43).
Con todo -como lo anticipé- declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348.
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 1, 2, 5 y 14 de la ley 27.348; del decreto 1.475/15; de las resoluciones 179/15 y 298/17 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y de los arts. 163 inc. 5, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
En lo sustancial, se agravia de la sentencia de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348.
Sostiene que el accionante no observó los pasos establecidos por la normativa vigente, esto es, la ley 27.348 y normas complementarias, de modo que mal pudo el tribunal de origen tener por cumplido el trámite administrativo previo.
En este sentido manifiesta que la parte actora no presentó "recurso" alguno ante la comisión médica jurisdiccional ni la comisión médica central, lo cual deja en evidencia la falta de coherencia lógica del fallo de grado.
Refiere que al resolver del modo en que lo hizo, el órgano de la instancia de mérito violó palmariamente las garantías de igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.
III. El recurso prospera con los siguientes alcances.
III.1. De modo liminar, preciso es destacar que, si bien el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido deducido de modo subsidiario al remedio ordinario de revocatoria, en la medida que cuenta con fundamentación autónoma, ha de ser atendido por esta Suprema Corte (causas Ac. 84.271, "Almada", resol. de 24-IV-2002; Ac. 91.187, "Salas", resol. de 18-VIII-2004; Ac. 95.517, "Ose", resol. de 14-II-2007 y L. 121.389, "Fernández", sent. de 31-VIII-2020).
III.2. Dicho ello, se impone señalar que el tribunal interviniente declaró la constitucionalidad del art. 1 de la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), y su competencia para intervenir en los presentes actuados, en tanto determinó que la promotora del juicio dio cumplimiento con el trámite administrativo previo y obligatorio previsto en la disposición antes citada, a la que adhirió la Provincia de Buenos Aires mediante la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018).
Sobre el particular, antes de continuar, me permito señalar que ese aspecto de lo decidido por el órgano de origen , que no luce cuestionado, se encuentra en línea con la doctrina legal forjada por esta Suprema Corte con posterioridad al dictado del fallo impugnado y a la interposición del canal extraordinario en tratamiento en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020).
III.3.a. Luego, advierto que la accionada se disconforma -en concreto- de la decisión en crisis en cuanto declaró cumplida la vía antes mencionada, sin que la promotora del pleito hubiera -apunta el quejoso- "apelado" o presentado algún "recurso" ante "la comisión médica y comisión médica central" conforme lo establece -según predica- la ley 27.348 y normas reglamentarias.
Ahora bien, también se desprende de los antecedentes expuestos, que el a quo decretó la invalidez constitucional de los arts. 2 y 14 del mencionado cuerpo legal por vulnerar -en lo sustancial- derechos de raigambre constitucional (arts. 14 y 14 bis, Const. nac. y 15 y 39, Const. prov.) al imponer la interposición de un "recurso" no contemplado en la ley 11.653; lo cual implica una restricción del derecho al acceso pleno a la justicia (v. fs. 42).
III.3.b. Sentado lo anterior, reviste interés señalar que, con anterioridad a la emisión de la decisión impugnada (21-XII-2018) y a la deducción del recurso materia de análisis (13-III-2019), se dictó en el ámbito provincial la ley 15.057 (B.O. de 27-XI-2018), cuya entrada en vigencia se produjo el primer día hábil del mes de febrero de 2020.
Por otro lado, el art. 2 inc. "j" se ha tornado operativo de modo inmediato (art. 103, ley cit. y causa L. 121.939, cit.).
III.3.c. En este marco, debo recordar que reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte (causas L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008; L. 116.923, "Ortega", sent. de 4-VI-2014 y L. 116.873, "Nieto", sent. de 10-XII-2014), en línea con lo dicho en repetidas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304: 1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891), que no corresponde dejar de atender las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Luego, entiendo que, si bien el caso presenta ciertos matices diferenciales, el tema de debate encuentra sustanciales similitudes con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 124.285, "Bustos Torres" (sent. de 27-II-2023), por lo que me referiré a lo dicho en aquella oportunidad al inaugurar el acuerdo con mi voto.
En el citado precedente hube de transcribir las apreciaciones que formulé al sufragar en la ya evocada causa L. 121.939, "Marchetti", sentencia de 13-V-2020, las que habré de reproducir -en lo pertinente- a los fines de dar adecuada respuesta al caso bajo examen.
III.3.d. Señalé que, a consecuencia de lo establecido en el último párrafo del art. 4 de la ley 27.348, la referida ley 15.057 en el citado art. 2 inc. "j" contempla la "...acción ordinaria de revisión plena" del dictamen de la Comisión Médica interviniente ante el juzgado laboral.
Indiqué que, además, autoriza su iniciación al trabajador prescindiendo de la obligatoriedad de interponer el recurso administrativo ante la Comisión Médica Central contenido en la ley nacional y prevé que el remedio que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central quede aprehendido por dicha pretensión.
Por su parte, dije que el art. 103 de la ley citada dispone que desde su sanción y hasta tanto se ponga en funcionamiento el nuevo fuero del trabajo, la revisión establecida en el indicado art. 2 para las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas jurisdiccionales, así como el recurso de apelación establecido para las resoluciones dictadas por la Comisión Médica Central, deberán interponerse ante los actuales tribunales de trabajo que resulten competentes.
Como manifesté en los autos de referencia, los tribunales de trabajo ocuparán su rol en el supuesto de surgir discrepancia con la valoración administrativa, donde se habilitará la función jurisdiccional, que solo puede ser ejercida por los órganos integrantes del Poder Judicial.
Referí que la ley 15.057 estableció que la solución definitiva de las controversias suscitadas con motivo de la intervención de los entes previstos en el art. 1 de la ley 27.348 ocupa a los tribunales locales con competencia en materia laboral.
Postulé asimismo que el diseño normativo propone entonces una especificidad de la contienda que remite a conocimientos técnicos específicos, a un procedimiento bilateral que resguarda el derecho de defensa del trabajador, la limitación temporal y razonable del trámite, articulado todo ello con una acción judicial posterior de conocimiento pleno.
Expresé que dicho aserto ha sido recogido por el legislador local al instituir un procedimiento concreto de revisión amplia y plena en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, cuya operatividad es inmediata (art. 103, ley cit.), quedando entonces en este aspecto superado el test de constitucionalidad.
III.3.e. De suyo entonces, en el caso, las tachas vinculadas con la limitada revisión proveniente de los canales recursivos contemplados en los arts. 2 y 14 de la ley 27.348, en la que se amparó el pronunciamiento de grado puesto bajo censura, vino a ser saneada en el ámbito local a partir de las prescripciones contenidas en el referido art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 en cuanto prevé la indicada "acción laboral ordinaria" para procurar la revisión de las decisiones de los órganos administrativos intervinientes en el marco del procedimiento instaurado por la citada ley de fondo.
De allí que queden a resguardo los derechos constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial continua y efectiva, debido proceso y defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 10, DUDH; 1.1., 8.1 y 25, CADH; 14, PIDCP y 15 y 39, Const. prov.).
IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar -con los alcances expuestos- al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y revocar -por los fundamentos brindados- el pronunciamiento de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348. En consecuencia, los autos deben volver al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado.
Atento las dificultades interpretativas y dada la naturaleza de la cuestión tratada, las costas de ambas instancias deberán ser soportadas en el orden causado (arts. 19, ley 11.653 y 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud -incluso en materia de costas-, y a su propuesta de revocar el pronunciamiento de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348 remitiendo, en lo pertinente, a los concordantes fundamentos que expuse al emitir mi voto en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), que doy por reproducidos aquí por razones de economía procesal.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Genoud, lo hago, remitiéndome -en lo pertinente- a las consideraciones que efectué en oportunidad de brindar mi opinión en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), a la que remito por brevedad.
Costas de ambas instancias por su orden, atento las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego y dada la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 19, ley 11.653 y 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Comparto la propuesta del doctor Genoud de revocar el pronunciamiento de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348 remitiendo, en lo pertinente, a los concordantes fundamentos que diera la doctora Kogan en su voto en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), al que presté mi adhesión.
Costas de ambas instancias en el orden causado, en atención a las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego y dada la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 19, ley 11.653 y 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar -con los alcances expuestos- al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca -por los fundamentos brindados- el pronunciamiento de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348. En consecuencia, los autos se remiten al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado.
Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, atento las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego y dada la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 19, ley 11.653 y 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2023 11:23:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/06/2023 16:36:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/06/2023 15:42:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 10:05:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 10:59:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/06/2023 12:55:11 hs. bajo el número RS-58-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia