Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125163
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.163, "Iramain, Sergio Ariel contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Soria, Maidana.
En cumplimiento de lo ordenado por esta Suprema Corte con fecha 17 de mayo de 2021, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con distinta integración, dictó nueva sentencia, en la que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557, y -asimismo- la demanda interpuesta (v. sent. de 25-VIII-2021).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 9-IX-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Oportunamente, el tribunal de origen rechazó la demanda promovida por Sergio Ariel Iramain contra Federación Patronal Seguros S.A., en cuanto reclamaba el cobro de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, con motivo del accidente de trabajo que denunció padecer (v. fs. 177/182).
Para así decidir, en lo que aquí interesa destacar, juzgó no probado que el actor fuera portador, como consecuencia del infortunio laboral sufrido, de incapacidad física y psicológica parcial y permanente, de acuerdo con el baremo que estipula la ley 24.557 y lo establecido en el art. 9 de la ley 26.773 (v. sent., fs. 180/183 vta.).
Posteriormente, elevada la causa a esta sede casatoria para el tratamiento de los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por la parte actora, esta Corte -de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General- admitió parcialmente el primero de los remedios mencionados y dispuso la revocación de la sentencia en cuanto omitió el abordaje del planteo de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley citada, en lo referente al baremo a utilizar. Asimismo, ordenó la remisión a la instancia ordinaria a los fines de que -con nueva integración- se dictara un nuevo fallo por el órgano de grado (v. resolución de fecha 17-V-2021).
En cumplimiento de esa manda, el tribunal de origen resolvió rechazar la señalada pretensión. Sostuvo que bajo el genérico rótulo de "plantea inconstitucionalidad del art. 6 LRT", la accionante -en realidad- formuló una predicación en abstracto, por cuanto afincó su reclamo en el segundo apartado del precepto, en lo atingente a la descalificación que la norma hace de aquellas enfermedades que, teniendo su origen en el trabajo subordinado, no encuentran cobijo en el listado cerrado de enfermedades concebidas a priori .
Expuso que luego del dictado del decreto 1.278/00, el sistema pasó a ser mixto, ya que, si bien mantuvo el numerus clausus , habilitó un procedimiento administrativo para que adquiriera el carácter de enfermedad profesional aquella que no se encontrara dentro de la cartilla. Estimó que la discusión devenía estéril a partir de la sanción de la ley 26.693, por la que se ratificó el Convenio 155 y el Protocolo Adicional del año 2002 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por medio de los cuales debe entenderse que la expresión "enfermedad profesional" designa a toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulten de la actividad laboral.
Agrega que en autos se demandó con sustento en el art. 6 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo por un "acontecimiento súbito y violento", que en nada se emparenta con los argumentos del planteo de inconstitucionalidad del referido art. 6, constituyendo dicha solicitud -conforme anticipó- un pedido abstracto.
Luego, en aras de lo requerido por esta Suprema Corte y para dar el más amplio campo de operatividad posible a la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio, señaló, con relación al baremo aplicable, que no se había tachado la validez constitucional del art. 8 apartado 3 de la ley 24.557, norma que -afirmó- alude a las tablas de evaluación.
Posteriormente, a mayor abundamiento, manifestó que a la fecha del infortunio laboral se encontraba vigente la ley 26.773, que -por conducto del art. 9- estableció que para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por dicho régimen, los órganos administrativos y los tribunales competentes debían ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al Listado de Enfermedades Profesionales previsto como Anexo I del decreto 658/96 y a la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del decreto 659/96 y sus modificatorios, o los que los sustituyan en el futuro.
A partir de ello, concluyó que de la pericia médica surgía que, conforme el baremo de ley, el actor no poseía incapacidad, y -por ende- rechazó la demanda entablada.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de la doctrina legal que cita (v. escrito de fecha 9-IX-2021).
II.1. En primer lugar, sostiene que el tribunal de grado no aplicó el criterio emergente de la causa L. 91.163, "Buticce", sentencia de 17-XII-2008, en la cual -dice- se declaró la inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557. Alega que dicha doctrina legal fue ratificada en fallos posteriores, entre ellos, en la causa L. 96.687, "Orellana", sentencia de 2-III-2011.
Expone que en el presente caso la experta médica estimó que el trabajador padecía incapacidad física en base al baremo del doctor Altube, determinando la existencia de la lesión reclamada. A su vez, aclaró que el baremo de la ley 24.557 no estima incapacidad para este tipo de dolencias.
Alega que el sentenciante rechazó la demanda cuando consideró que, a la luz de la Ley de Riesgos del Trabajo, el trabajador no logró probar que presentara minusvalía alguna.
Según indica, la decisión censurada importa una clara violación de la doctrina legal mencionada.
II.2. Denuncia la configuración del vicio de absurdo en el dictado de la nueva sentencia, toda vez que -a su modo de ver- se aparta infundadamente de la pericia médica.
Afirma que dicho dictamen, así como la respuesta a su impugnación, informan que el accionante padece incapacidad física, según lo establecido en el baremo del doctor Altube. Refiere que la estimación de esa minusvalía fue consentida por la demandada, ya que dichas conclusiones no fueron observadas.
Luego, destaca que el absurdo se configura ni bien se repara en que el fallo dictado se contrapone con las probanzas que obran en la causa, y que -por ello- carece de todo sustento.
Manifiesta que no existe en la causa prueba alguna que indique que el actor no presenta incapacidad o bien que aquella que padece no está relacionada con el siniestro denunciado. Argumenta que tampoco se expone en el fallo atacado el motivo por el cual se aparta de las conclusiones de la pericia médica, al punto de concluir que conforme su contenido el actor no se encuentra incapacitado.
II.3. Por último, se agravia de que el tribunal de origen haya cargado las costas al accionante porque entiende que ello importa una aplicación dogmática de lo normado en el art. 19 de la ley 11.653.
Señala que si bien es cierto que el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial establece el principio general de la derrota en materia de costas, no lo es menos que faculta al juez a eximir total o parcialmente de su imposición respecto del litigante vencido cuando encontrare mérito para ello, lo cual -aduce- ocurre en el caso.
Expresa que en el supuesto de autos no se encuentra discutida la existencia del siniestro sufrido por el trabajador, ni que este padezca tendinitis. Reitera que la experta determinó que a consecuencia del accidente padecido aquel presenta una incapacidad psicofísica, según los baremos ya referidos.
Concluye que en el hipotético caso de que se rechazara el recurso interpuesto, existen razones para exceptuar al señor Iramain de las costas del proceso, ya que resulta evidente que se creyó con derecho a reclamar. Al efecto, cita la doctrina legal que considera violada.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1.a. Liminarmente, cabe destacar que el valor del litigio -representado por el monto pretendido en la demanda- no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012; L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020 y L. 125.987, "Molinari", sent. de 4-X-2022).
III.1.b. Sin embargo, no puede soslayarse que la crítica dirigida a objetar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557, involucra el análisis de una cuestión federal.
En ese sentido, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, como órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011; e.o.).
III.1.c. Por consiguiente, dicha crítica debe abordarse con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, advierto que los argumentos que animan la impugnación bajo estudio no consiguen conmover las motivaciones esenciales brindadas por el órgano de grado para desestimar el cuestionamiento constitucional referido.
III.2.a. Cabe aquí señalar que el juzgador de origen expuso que el impugnante hizo anclaje en el segundo apartado del art. 6 de referencia, en lo atingente al listado cerrado de enfermedades profesionales, y que en autos se demandó con apoyo en el apartado 1 de dicho precepto, en el marco de que el actor padeció un "acontecimiento súbito y violento", que en nada se emparenta -según afirmó- con los argumentos del planteo deducido, lo que -a juicio del a quo - significa un predicamento en abstracto.
Luego, específicamente en relación al baremo, el sentenciante sostuvo que no se tachó la validez constitucional del art. 8 apartado 3 de la Ley de Riegos del Trabajo, que es la norma que alude a dichas tablas de evaluación.
Asimismo, a mayor abundamiento, declaró que a la fecha del infortunio se encontraba vigente la ley 26.773 que, por conducto de su art. 9, establece que para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los órganos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al Listado de Enfermedades Profesionales previsto como Anexo I del decreto 658/96 y a la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del decreto 659/96 y sus modificatorios, o los que los sustituyan en el futuro.
Por último, citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los cuales se estableció la obligatoriedad de aplicación del baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo, a partir de la ratificación del referido art. 9 de la mencionada ley 26.773.
III.2.b. Ahora bien, la impugnante se opone al rechazo de la demanda, limitándose a señalar que la sentencia de grado viola la doctrina legal elaborada por este Tribunal con relación a la invalidez constitucional del art. 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo que me he detenido en detallar.
En efecto, el quejoso no se hace cargo de las razones brindadas en el pronunciamiento, afincadas -en lo sustancial- en el carácter abstracto que atribuyó al planteo formulado -a tenor de la naturaleza del infortunio laboral por el que se reclama-, y en la prescindencia de la tacha de invalidez del art. 8 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo que achacó al interesado.
En ese sentido, conviene recordar que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficazmente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020; L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)", sent. de 8-II-2021; L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021; e.o.).
III.2.c. A lo dicho he de agregar que la doctrina legal que el compareciente denuncia transgredida, esto es, la que emerge de las causas L. 91.163, "Buticce", sentencia de 17-XII-2008 y L. 96.687, "Orellana", sentencia de 2-III-2011, tampoco es idónea para sustentar el agravio, toda vez que en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y derecho que difieren de los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 108.601, "Paradiso", sent. de 28-VIII-2013; L. 116.824, "G., R. E.", sent. de 23-X-2013; L. 118.509, "Magañini", sent. de 14-VII-2020; L. 120.293, "Skok", sent. de 13-X-2020; L. 124.718, "Dilascio", sent. de 10-VIII-2021; e.o.).
III.3. Sentado lo anterior, corresponde en este estado abordar los restantes agravios, examen que -conforme lo adelantado- debe efectuarse en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653.
Desde esta perspectiva, el reproche dirigido a controvertir la valoración de la pericia medica no es atendible porque remite al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, excluidas del ámbito de la casación por la acotada vía examinada.
En este sentido, expresamente ha declarado esta Corte que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba (causas L. 118.662, "Aiello" y L. 118.678, "Vizgarra", resols. de 1-VII-2015; L. 120.016, "Mozzi", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.507, "Bramanti", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
Luego, también es dable recordar que no se observa la concurrencia de la vía de excepción en cuestión, en el sentido y con el alcance establecido por este Tribunal, cuando la doctrina legal que se invoca violada refiere al vicio de absurdo (causas L. 93.692, "Archetti", sent. de 14-III-2012; L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.636, "Medina", sent. de 28-II-2018; L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; e.o.), como la que se menciona en el caso.
III.4. Finalmente, el embate direccionado a revertir el modo en que se impusieron las costas tampoco merece recepción.
Cabe señalar que esta Corte tiene dicho que no resulta aplicable a una cuestión accesoria como la imposición de costas, la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, desde que, tratándose la misma de una facultad privativa de las instancias ordinarias y típicamente de hecho, no puede alegarse la existencia de doctrina legal en el sentido que le ha asignado este Tribunal (causas L. 98.017, "Alegro", sent. de 31-VIII-2011; L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012; L. 116.947, "Soriano", sent. de 25-VI-2014; L. 124.429, "Maravilla", sent. de 18-IX-2019; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 127.691, "Janson", resol. de 13-XII-2021).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en el apartado III.1.a. de su sufragio.
Luego, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; L. 122.310, "Camerino", sent. de 15-III-2021; e.o.).
No obsta a lo anterior que en el medio extraordinario de impugnación se cuestione lo juzgado por el tribunal de grado en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557, puesto que al respecto nada argumenta el quejoso para evidenciar eventualmente la presencia de un supuesto excepcional que autorice a desplazar el requisito de admisibilidad referido al valor de lo cuestionado.
I.2. Sentado ello, y en el acotado margen de revisión al que se hizo referencia, suscribo lo expuesto por el ponente en el apartado III.2.c. de su sufragio, en cuanto desestima el mentado agravio vinculado con la constitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557 toda vez que la doctrina que se denuncia transgredida en este pasaje del recurso ha sido elaborada bajo presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento.
I.3. En lo demás, adhiero a lo manifestado por el doctor Torres en los puntos III.3. y III.4. de su sufragio.
II. En virtud de lo expuesto, cabe desestimar el recurso conforme se resuelve en el apartado final de la opinión inaugural.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Maidana dijo:
Comparto el voto emitido por el doctor Torres. En lo atingente al punto III.1.b., lo hago conforme mi adhesión formulada en la causa L. 127.299, "Compasso" (sent. de 3-V-2023).
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/06/2023 22:00:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/06/2023 10:21:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2023 11:09:36 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2023 13:00:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 10:02:26 - SORIA Daniel Fer
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.