Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126076
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.076, "Benítez, Estela Alejandra contra Cociba S.A. y otro/a. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, hizo lugar parcialmente a la acción deducida e impuso las costas a las codemandadas vencidas (v. fs. 765/789).
Se dedujeron, por Gemetec S.A. y Provincia ART S.A., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fechas 13-V-2020 y 17-V-2020, respectivamente), concedidos por el órgano de grado con fecha 15-VII-2020 -tras hacer lugar al pedido de eximición del depósito previo previsto en el art. 56 de la ley 11.653- y 22-V-2020, respectivamente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Gemetec S.A.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el incoado por Provincia ART S.A.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Estela Alejandra Benítez y sus hijos Gabriel Alejandro González, Juan Manuel González, Ángel Damián González, José Luis González, Estela Noemí González y Giuliana Mabel González y, en consecuencia, condenó solidariamente a Cociba S.A., Gemetec S.A. y Provincia ART S.A., al pago de una indemnización integral -con sustento en las normas del derecho común- por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento del señor Ángel Ignacio González, quien en vida fuera esposo y padre, respectivamente, de los coaccionantes (v. fs. 765/789).
Para así decidir, en el veredicto juzgó acreditado que el día 1 de abril de 2011, el trabajador protagonizó un infortunio laboral en el predio de la planta fabril de Gemetec S.A. cuando, en ocasión de prestar las tareas que le fueron asignadas por su empleadora Cociba S.A. en una obra de demolición de un tanque de reserva de agua construido con hormigón, un fragmento de la parte superior de la estructura de este cedió y se derrumbó sobre él; razón por la cual quedó sepultado entre los escombros, lo que causó su deceso (v. vered., fs. 767 y vta.).
Asimismo, reputó probado el contrato de seguro celebrado entre la codemandada Cociba S.A. y Provincia ART S.A., vigente a la fecha del mentado suceso (v. vered., fs. 767 vta.).
Seguidamente, evaluó que en la demanda, los coaccionantes alegaron que el fatal accidente se produjo como consecuencia de la utilización de herramientas pesadas, a gran altura y sobre estructuras pendientes de derrumbe; como así también por la negligencia e impericia en el arte o profesión de los dependientes de Cociba S.A. y por la desidia en el control de seguridad inherente a la aseguradora contratada a tal efecto (v. vered., fs. cit.).
En cuanto a Provincia ART S.A., indicó que en su responde, se limitó a señalar no haber aprobado el plan de trabajo presentado por aquella codemandada, sosteniendo su falta de responsabilidad en el caso por desatención (v. vered., fs. 768).
Por su parte, mencionó que, en su réplica, la coaccionada Cociba S.A. -además de negar los extremos que le atribuyó la parte actora- sostuvo que se cumplieron las medidas de seguridad apropiadas, tal cual fueron planificadas y aprobadas por la aseguradora de riesgos del trabajo. Además, denunció que el derrumbe del tanque de agua y el posterior daño se produjo a causa del colapso de una de las columnas de sostenimiento, puesto que carecía de armaduras con la imprescindible continuidad al resto de la estructura; de modo tal que cedió por la existencia de un vicio oculto que no pudo ser detectado ni previsto en la ejecución de la demolición, extremo que lo exime de cualquier responsabilidad (endilgándosela a Gemetec S.A.; v. vered., fs. cit.).
En cuanto a esta última empresa, al contestar la citación al pleito como tercero, desestimó los dichos de la precitada codemandada. Reconoció que el estado de conservación del tanque no era óptimo -dado que tenía desprendimiento de mampostería y herrumbre de los hierros de la estructura- y explicó que esa fue la razón por la cual decidió demolerlo. Refirió que, por el riesgo evidente en el estado de la cosa, la contratista especializada en la demolición -esto es, Cociba S.A.- debió extremar los recaudos al efectuar su tarea. A su vez, destacó que -tal como alegaron los coaccionantes- para su realización se utilizaron herramientas pesadas, y que, el mencionado colapso se produjo por las deficiencias apuntadas por esta última (tercero por quien no debe responder; v. vered., fs. cit.).
En ese marco, el a quo consideró que cada parte debía acreditar sus manifestaciones (art. 375, CPCC), a excepción de Provincia ART S.A., quien, atendiendo a la índole de las diligencias cuyo incumplimiento se invocó, debía probar -por encontrarse en mejor situación- el cumplimiento de las obligaciones previstas en el régimen de la ley 24.557 y su reglamentación (carga dinámica de la prueba); y, en dicho contexto, ponderó las pruebas producidas en la causa (v. vered., fs. 768 vta.).
En ese orden, concluyó que la aseguradora coaccionada no probó el cumplimiento de los deberes de seguridad y contralor establecidos en los arts. 4, 24 y 31 de la ley citada y el decreto 170/96 (conf. dec. 911/96 y resol. SRT 51/97). Por el contrario, señaló que negó haber aprobado el plan de seguridad; hecho que juzgó acreditado con los dichos de Cociba S.A. y Gemetec S.A. (v. vered., fs. cit.).
Destacó que el testimonio brindado por el señor Néstor Santos Largiau y el relato efectuado por la firma citada como tercero, demostraron que el trabajo requirió de la utilización de herramientas de gran peso, a una elevada altura y sobre estructuras pendientes de derrumbe (v. vered., fs. 768 vta. y 769).
Con sustento en la prueba pericial técnica, tuvo por comprobada la negligencia e impericia en el arte o profesión endilgada a Cociba S.A. En tal sentido, señaló que el ingeniero Corcos, quien efectuó el citado dictamen en autos, relató que el plan de trabajo que se proyectó para llevar a cabo la tarea presentó condiciones de inseguridad desde su concepción y ejecución. Mencionó también que el derrumbe del tanque obedeció al cambio súbito del comportamiento de la estructura remanente de aquel (v. vered., fs. 769).
Sostuvo entonces "...que el accidente se produjo por una falencia en la concepción de la obra, pero el daño (muerte del trabajador) se originó por una falencia en los medios de protección (insuficiencia de su resistencia o bien porque fueron arrastrados por la estructura por la incorrecta disposición de los mismos al no mantener la línea de vida fuera de la estructura en demolición como el plan de trabajo lo estipulaba)..." (vered., fs. 769 y vta.).
De igual manera, consideró acreditado que el daño causado al trabajador fue provocado por alguna cosa o por su riesgo o vicio, por lo cual la empleadora debía responder. Asimismo, sostuvo que, a raíz del infortunio, los coaccionantes padecen un daño psicológico que los incapacita (v. vered., fs. 770 vta. y 771).
Sobre esas bases, en la etapa de sentencia, se analizó si se hallaban reunidos los requisitos para tener por configurada la responsabilidad de las coaccionadas en los términos del Código Civil (ley 340; v. sent., fs. 776).
Al respecto, con sustento en las conclusiones arribadas en el fallo de los hechos, halló responsable civilmente a la aseguradora codemandada, con sustento en el art. 1.074 del mentado digesto (v. sent., fs. 776 vta.).
Asimismo, declaró que los coaccionantes lograron acreditar los presupuestos propios de la responsabilidad objetiva y subjetiva de la empleadora Cociba S.A., con basamento en los arts. 1.109 (deber jurídico de no dañar) y 1.113 (daño imputable al principal, por resultar beneficiario de la tarea riesgosa) del citado Código Civil, descartando la eximente de responsabilidad invocada por aquella (v. sent., fs. 776 vta./778).
Por su parte, en cuanto a Gemetec S.A., consideró que siendo que el caso reunía ciertas particularidades especiales -por las razones que detalló-, resultaba responsable en virtud de lo normado en el art. 1.113 segunda parte del mentado Código (v. sent., fs. 778 vta. y 779).
Posteriormente, enfatizó sobre la necesidad de efectuar la comparación entre las cuantías resarcitorias a las que accederían los codemandantes, según se atendiera su reclamo en el marco del régimen de responsabilidad civil o conforme las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 780).
En ese cometido, destacó que la reparación integral que procuraba la parte actora debía comprender -por un lado- los resarcimientos del daño emergente y el lucro cesante y -por otro- los perjuicios extrapatrimoniales (como el denominado daño moral). En cuanto a los primeros, precisó que comprendían la pérdida pecuniaria que ocasiona a la víctima (o sus derechohabientes) la dolencia incapacitante que padece y la disminución o privación de las ganancias estimativas. Por su parte, ponderó que el daño moral es aquel que se infiere en la consideración, el honor, la reputación o en las afecciones de una persona (v. sent., fs. 780 y vta.).
En relación al lucro cesante, aseveró el disenso del tribunal de utilizar sistemas matemáticos a fin de arribar a su estimación. En ese entendimiento, aclaró el criterio utilizado, de acordar a la vida humana valor económico, sin descuidar por ello, los logros que con ella pueden concretarse y el "pretium doloris" padecido u ocasionado (v. sent., fs. 780 vta.).
Así, concluyó que el valor económico de la vida humana debía ser traducido en una suma de dinero comprendida entre una base mínima y un tope máximo (el cual correspondía fijar en cada caso particular), atendiendo las circunstancias especiales del afectado y, recurriendo para ello a pautas tales como la edad, el tiempo de vida útil que le resta para obtener la jubilación ordinaria, la capacidad residual del trabajador damnificado, categoría profesional, condición social, estado civil, cargas de familia, incapacidad atribuible a la demandada y salarios percibidos por la víctima (sin descuidar las expectativas de mayores ganancias del trabajador; v. sent., fs. 780 vta. y 781).
De ese modo, determinó que el quantum acordado por tal concepto no resultaba una suma fija, sino de "montos prudentemente estimados al momento de la sentencia". En este orden, estimó apropiado establecer una base mínima de $4.000.000 y un tope máximo de $5.000.000, utilizando -como especificó- ambos parámetros y las particulares pautas aludidas ut supra (v. sent., fs. 781).
Por otro lado, tuvo en consideración que en el veredicto concluyó que, a raíz del infortunio de marras, los actores padecen daños psicológicos, por cuanto el evento traumático "...ha dejado una huella imborrable en cada uno de ellos...", pero que, la experta estimó que podrían mejorar su calidad de vida adquiriendo herramientas internas para asumir la situación traumática mediante un tratamiento psicológico. Aclaró que no correspondía indemnizar dicho rubro como un daño autónomo que repare la disminución de la capacidad sobreviniente de los reclamantes, "...sino que las particularidades del caso autorizan a tratarlo como componente del daño moral, manifestado a través del dolor, la angustia y la tristeza ante la pérdida irreparable (art. 1.078, C.C.), así como su proyección patrimonial materializada en los gastos de tratamiento psicológico (art. 1.068, C.C.)..." (sent., fs. 781/782).
Concerniente al daño moral, alegó su carácter resarcitorio y, la necesidad de que logre la reparación integral, tomando en consideración a la persona en sí misma y no solamente en relación con el trabajo. De esta manera, hizo hincapié en el cúmulo de padecimientos físicos y espirituales derivados de hecho -ello, resaltando que el infortunio de autos ocasionó el fallecimiento del trabajador siniestrado- y dispuso su traducción en un porcentaje (incluyendo en él al daño psicológico reclamado) y, ascendiendo así al 50% en relación a la indemnización principal (daño material; v. sent., fs. 782).
En ese orden, teniendo en cuenta las condiciones personales y demás circunstancias acreditadas (edad, estado civil, la existencia de hijos menores de edad a ese momento a su cargo, los perjuicios que les ocasionó dicha pérdida, salarios caídos, categoría laboral, entre otros), estimó prudente establecer el valor vida, en el caso, en $4.800.000, al cual adicionó la suma de $2.400.000 en concepto de daño moral (v. sent., fs. 782 y vta.).
Añadió el rubro de tratamiento psicológico futuro, conforme lo dictaminado por la psicóloga interviniente en la causa, en la suma de $52.800 (teniendo en consideración una frecuencia de una sesión de terapia por semana, por veinticuatro meses, a valor de $550 por sesión, para cada uno de los siete actores; v. sent., fs. 782 vta.).
Contrariamente, rechazó el pedido de gastos de sepelio, en tanto juzgó acreditado que los mismos ya habían sido erogados por Provincia ART S.A.; y, asimismo, aquellos peticionados en concepto de tratamiento psicológico, por considerar no probado que la parte actora los hubiera efectuado (v. sent., fs. cit.).
Con posterioridad, sostuvo que al momento de contestar la demanda, la aseguradora coaccionada, peticionó que -en caso de resultar condenada al pago de alguna suma de dinero-, se descontara la suma abonada debidamente "actualizada". En esa línea, entendió que, si bien este último término no era el apropiado, al calcular las indemnizaciones a un "valor de vida actual", resultaba ajustado a derecho calcular intereses sobre la suma ya abonada, a fin de evitar que luciera desproporcionada. Así, determinó que el monto pagado en concepto de indemnización por fallecimiento a los actores -de $137.917,81- a la fecha del dictamen (22 de noviembre de 2019), ascendía a la suma de $578.605,53, la cual propuso fuera descontada de la indemnización correspondiente (v. sent., fs. cit.).
Sobre esa base, realizó el cálculo de la reparación integral en la suma de $6.990.994,47 ($4.800.000 -valor vida- + $2.400.000 -daño moral- + $369.600 -gastos tratamiento psicológico al 28 de febrero de 2018- = $7.569.600; a la cual le descontó la suma de $578.605,53, ya abonada por la aseguradora; v. sent., fs. 783).
Luego, tras cotejar ese importe total proveniente de la aplicación de las normas del Código Civil, con la cuantía de la reparación otorgada con sustento en la ley 24.557 ($144.840,68), se pronunció por la invalidez constitucional del art. 39 apartado 1 de esta última ley (v. sent., fs. 783/784 vta.).
Por último, teniendo en cuenta que las sumas de condena en concepto de daños material y moral fueron determinadas conforme un valor de vida establecido por el tribunal al día de la fecha de la sentencia, meritó que los intereses debían calcularse recién después de que la sentencia quede firme y hasta su efectivo pago. Por el contrario, dispuso que el rubro de gastos por tratamiento psicológico fuera calculado a la fecha de la prueba pericial (28-II-18), y que, devengara intereses a partir de allí y hasta su efectivo pago, conforme la tasa pasiva digital (v. sent., fs. 784 vta.).
Finalmente, impuso las costas del juicio de modo solidario a las codemandadas vencidas (arts. 19, ley 11.653 y 68, CPCC). En este orden, reguló los honorarios de los profesionales que actuaron en el proceso según las pautas establecidas por las normas vigentes en el momento en que fueron realizados los trabajos respectivos (dec. ley 8.904/77 y ley 14.967), con cita de la doctrina legal elaborada en las causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002 y I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017; v. sent., fs. 785 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de Gemetec S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad, violación a sus derechos de propiedad, defensa en juicio, debido proceso y de los arts. 14 y concordantes de la Constitución nacional; 12 y concordantes de la Constitución provincial; de la Ley de Contrato de Trabajo; 499, 1.113 y concordantes del Código Civil Velezano (ley 340); 310, 315, 384, 385, 424, 457, 462 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 12 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 13-V-2020).
II.1. En primer término, cuestiona que se le extendiera solidariamente la condena con fundamento en el art. 1.113 del Código Civil (ley 340).
Al respecto, sostiene que en el supuesto de autos no se hallaban reunidos los presupuestos necesarios para tener por configurada la responsabilidad en dichos términos.
En esta línea, entiende que el sentenciante de grado efectuó una errónea valoración de los argumentos blandidos en la contestación de la demanda y de los eximentes de responsabilidad denunciados al responder su citación en calidad de tercero, así como también de las pruebas producidas en la causa.
En tal sentido, asevera que los informes elaborados por los peritos ingenieros especialistas en la materia y la pericia realizada por el experto designado en los autos (en particular, a fs. 30/32), demostraron que el derrumbe de la estructura se produjo como consecuencia de la negligencia, la falta de previsión, apuntalamiento, y de elementos de protección y seguridad adecuados para efectuar la tarea, en la que incurrió la empresa constructora encargada de la obra. De manera tal que -concluye- dicha firma es la que resulta responsable del evento dañoso.
Explica que Cociba S.A. comenzó las tareas colocando andamios alrededor de la estructura que portaba el tanque desde el piso hasta sobrepasar el mismo, dado que desde aquellos se aseguraría el cable de vida, que se coloca con el fin de sostener a los trabajadores en caso de producirse un accidente. Asevera que el dictamen del experto demostró que dicho cable no era apto para soportar el peso de los trabajadores y sus equipos. Menciona que, al producirse el derrumbe, efectivamente no resistió y se cortó, provocando la caída de los trabajadores junto al resto del tanque.
Denuncia que este último suceso no se produjo por el vicio o riesgo de la cosa, por cuanto los mencionados informes daban cuenta de la inexistencia de defectos estructurales ocultos, a la par que revelaron -tal como explicó- que el acontecimiento se produjo por la manera irregular en la que se efectuó la obra.
Señala que se encuentra corroborado que su mandante llevó a cabo todos los recaudos necesarios a fin de efectuar la demolición del tanque correspondiente, puesto que contrató a una empresa especializada a tal efecto, a la cual -alega- le fue exigido un seguro por accidentes, que derivó en la intervención de la aseguradora Provincia ART S.A., que fue quien aprobó el plan de trabajo realizado por la contratista, luego de realizar las previsiones necesarias.
En sustento de su postura, cita la doctrina legal de esta Suprema Corte que -entiende- resulta aplicable al supuesto de autos.
Concluye que lo dicho revela la absurda valoración en la que incurrió el tribunal actuante al responsabilizarla civilmente.
II.2. Por otro lado, objeta que el a quo desestimara la solicitud de caducidad de la instancia planteada en dos oportunidades por su parte a lo largo del proceso, como resultado de la reiterada inactividad procesal de la parte actora en el expediente.
Explica que, frente a sus requerimientos, el tribunal actuante emplazó en ambas ocasiones a los coaccionantes a fin de que activen el pleito, vulnerando lo dispuesto en los arts. 12 de la ley 11.653 y 310, 315 y concordantes del C
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