Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126944
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.944, "C., H. D. contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción entablada e impuso las costas a la demandada vencida (v. veredicto de fecha 3-XII-2020 y sentencia de 4-XII-2020).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30-XII-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor H. D. C. y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a abonarle la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva, en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, por las secuelas incapacitantes que padece.
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor protagonizó un accidente de trabajo el día 12 de noviembre de 2016, cuando mientras se encontraba cumpliendo tareas como chofer para su empleadora Supercemento S.A.I.C. (asegurada por la firma demandada), al intentar cargar a un camión una barquilla (de aproximadamente 60 kg.), utilizando la grúa del mismo, el brazo de aquella se zafó y lo golpeó en la cabeza, provocándole una caída desde el vehículo al suelo que culminó con el desplome de la barquilla sobre su rostro, ocasionándole un fuerte golpe.
A su vez, con sustento en las conclusiones establecidas por el perito médico, consideró probado que, como consecuencia del infortunio, el actor padece distintas secuelas físicas que lo incapacitan respecto del índice de la total obrera, conforme el siguiente detalle, a saber: una "cicatriz periorbitaria de 6 cm (5%)"; "pérdida de tres piezas dentarias [...] con requerimiento de reposición y fractura de piso y pared lateral de órbita derecha malar y arcada cicomática con tratamiento de ostosíntesis" (7%); "deseje septum nasal, dificultades claras para apertura bucal completa" (28%); todo lo cual lo incapacita en un 40% en los términos indicados.
Además, estimó que presenta una reacción vivencial anormal con manifestación depresiva grado II, que le provoca un daño psíquico del 10% del mentado índice.
En la etapa de sentencia, el juzgador consideró aplicables al caso las disposiciones contenidas en la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por la ley 26.773.
Por otra parte, declaró la invalidez constitucional del decreto 669/19 y la consecuente inaplicabilidad a los autos de este y del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), incluido en el último cuerpo legal citado.
Seguidamente, sobre ese escenario, cuantificó la prestación dineraria que le correspondía percibir al accionante de acuerdo con las pautas indicadas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, arribando a un importe de $864.842,94 que -señaló- superaba el piso establecido en la nota de la Subgerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 21.161/17. A ese resultado, le adicionó la suma de $172.968,58 de acuerdo a lo normado en el art. 3 de la ley 26.773.
Luego -por mayoría-, ordenó que sobre el capital de condena correspondía aplicar intereses compensatorios desde la fecha del siniestro hasta la de su efectivo pago (art. 768, Cód. Civ. y Com.), conforme la tasa pasiva que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo digital a treinta días.
Asimismo, para el eventual supuesto de incumplimiento de las obligaciones impuestas en el fallo, dispuso adicionar intereses sancionatorios (acumulables a los compensatorios), equivalentes a una vez y media la tasa que percibe la mencionada entidad en sus operaciones de descuento (arts. 767, Cód. cit. y 34 incs. "d" y "e", CPCC).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. "d" de la ley 11.653; del baremo de la Tabla de Evaluación de las Incapacidades Laborales de la ley 24.557-decreto 659/96- y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer término, controvierte la valoración de la prueba pericial médica efectuada en la instancia de grado, alegando absurdo, arbitrariedad y vulneración del principio de adquisición procesal.
En tal sentido, explica que como consecuencia del infortunio padecido sufrió múltiples lesiones y, entre ellas, la pérdida de piezas dentarias. Aduce que, al referirse a dicha afección, el sentenciante determinó el porcentaje de incapacidad (7%), teniendo en consideración la posibilidad de ser reemplazadas por prótesis.
Argumenta que el trabajador se encuentra impedido de realizar el mencionado tratamiento odontológico, dado el tratamiento de osteosíntesis al cual fue sometido (el cual le imposibilita la apertura bucal). Asevera que -tal como sucede en el caso- el baremo de ley indica que la pérdida traumática de menos de un tercio de piezas dentarias conllevaría una incapacidad del 20% en el caso de que las mismas no puedan ser sustituidas por prótesis fijas.
Entiende que las mencionadas circunstancias no fueron meritadas adecuadamente por el juzgador de grado, a la par que -aduce- tampoco se expidió respecto de todas ellas. En suma, alega omitidos elementos de juicio que -a su entender- desvirtúan las conclusiones periciales.
Por tal razón, solicita la modificación del porcentaje de incapacidad determinado en relación a la pérdida de las piezas dentarias.
II.2. Desde otroángulo, objeta la tasa de interés aplicada en el fallo de grado.
Sobre el punto, sostiene que el sentenciante dispuso que el capital de condena devengaría intereses compensatorios desde la fecha del siniestro hasta la del efectivo pago; ello -aduce-, sin reparar que, durante la tramitación de las presentes actuaciones (el día 3 de marzo de 2017), entró en vigencia la ley 27.348 (complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo y sus modificatorias), por conducto de la cual en su art. 11 se sustituyó el texto del art. 12 de la ley 24.557, incorporándose una modificación en la forma de cálculo del ingreso base mensual, a los fines de liquidar las prestaciones dinerarias.
Señala que el inc. 2 de la actual redacción del mentado artículo dispuso que: "Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina".
Sostiene que dicha normativa consagra un interés de naturaleza legal en los términos del art. 768 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que correspondía su aplicación inmediata al supuesto de autos, en virtud del estado de mora.
Añade que en la causa C. 120.103, "D., E. M." (sent. de 29-VIII-2017), esta Corte se expresó por la aplicación inmediata de la ley -en el caso, del citado digesto- a las consecuencias no agotadas de las relaciones existentes a la fecha de entrada en vigencia de la misma.
Por todo lo dicho, peticiona la revocación de los intereses establecidos en el fallo atacado y solicita que los mismos se calculen desde el día del accidente hasta el 3 de marzo de 2017, a la tasa pasiva que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo digital y desde esta última fecha hasta la de la sentencia, teniendo en cuenta el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde señalar que la interesada no ha cumplido con la carga de demostrar adecuadamente que el valor de lo cuestionado ante esta instancia supere el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141 y Ac. 4006/21 de esta Suprema Corte).
En este sentido, cabe destacar que tal suma, para la recurrente, se encontraría representada por la simple comparación entre el monto demandado y el capital de condena admitido por el sentenciante (v. rec., pág. 2).
Sin embargo -e incluso dejando de lado que dicha diferencia es inferior al monto establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo al valor del jus arancelario a la fecha de interposición del recurso (v. Ac. 4006/21)- este mero cotejo no resulta en el caso idóneo a los fines antes mencionados, ni bien se observa que el interesado ha dejado firme algunas definiciones fácticas del juzgador que componen la fórmula prevista para calcular el resarcimiento (valor del ingreso base mensual determinado por el sentenciante; como así también el porcentual de incapacidad especificado para otras secuelas diferentes a la pérdida de piezas dentales; ver, al respecto, fs. 96 del escrito de inicio y cuestiones segunda y tercera del veredicto).
Ello implica que, en la mejor hipótesis para el quejoso, el capital de condena sería menor que el oportunamente solicitado en la presentación inicial.
Por lo demás, el impugnante tampoco cuantificó a cuánto ascendería la diferencia monetaria que resultaría de aplicar a aquel la tasa de interés por él pretendida en reemplazo de la fijada por el juzgador.
De tal modo, recuerdo que reiteradamente se ha dicho que no le corresponde a esta Corte sanear este tipo de falencias, pues recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la carga de acreditar que el valor de lo cuestionado excede la cuantía mínima fijada por la ley como recaudo de su admisibilidad (causas L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019; L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023 y L. 127.299, "Compasso" sent. de 3-V-2023; e.o.).
Por ende, anticipo que el tratamiento del canal extraordinario ensayado debe situarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda acotada a verificar si lo resuelto contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018; L. 120.998, "López", sent. de 27-XI-2019; L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e.o.).
Bajo esa directriz, observo que los planteos que despliega el interesado con la finalidad de desvirtuar lo resuelto por el tribunal de grado no son atendibles.
III.2.a. Ello es así porque lejos de evidenciar la existencia de violación de doctrina legal, en el primer agravio traído, el recurrente se limita a cuestionar -por conducto de la evocada configuración del vicio de absurdo en la apreciación del dictamen emitido por el perito médico desinsaculado en autos- el porcentual de incapacidad que tuvo en consideración el juzgador para cuantificar el resarcimiento reconocido al actor en la sentencia.
En efecto, el reproche se dirige a impugnar la conclusión de grado en cuanto definió la incapacidad padecida por el trabajador en orden al 7%, en relación a la pérdida de tres piezas dentarias, lo que impone necesariamente una revisión del análisis de los hechos y de las pruebas que concurren en el caso, todo lo cual se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía transitada.
En este sentido, ha declarado esta Corte que no se verifica el supuesto de excepción previsto en la mencionada norma del régimen adjetivo laboral cuando se traen a su conocimiento cuestiones fácticas, ni cuando se ventilan agravios relacionados con el absurdo en la valoración de la prueba realizada por el juzgador (causas L. 118.457, "Avalos", resol. de 18-III-2015; L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016 y L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021; e.o.).
III.2.b. Para más, no es ocioso recordar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen la doctrina legal a la que hace alusión el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (v. rec., pág. 12.; causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020 y L. 120.627, "Viñau", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
III.3. En otro orden, los cuestionamientos dirigidos a impugnar los intereses aplicados en el fallo de grado no resultan atendibles.
Sobre el particular, tampoco se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en el citado art. 55 primer párrafo, parte final, de la ley 11.653, toda vez que la doctrina legal citada ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes a los propios del caso en juzgamiento, y no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017; L. 118.976, "Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018 y L. L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020).
Al respecto, es dable destacar que la doctrina legal a cuyo influjo el recurrente pretende se modifique la decisión que le causa agravio -causa C. 120.103, "D., E. M.", antes referenciada- se vincula con la aplicación en el tiempo de las previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación referidas a los intereses aplicables ante la mora en el pago de cuotas alimentarias.
III.4. En definitiva, no habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley adjetiva laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Genoud , Soria y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2023 09:33:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/06/2023 15:00:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2023 10:02:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 10:04:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 11:01:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/06/2023 12:55:20 hs. bajo el número RS-64-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia