Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127042
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.042, "L., M. L. contra La Segunda ART S.A. Accidente de Trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 121/147).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-II-2021).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 4-X-2021), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado admitió la acción promovida por la señora M. L. L. -por sí y en representación de sus hijos menores de edad, P. F. L. y J. F. L.- contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en cuanto se procuraba el cobro de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo por el fallecimiento del señor J.M. F. -quien fuera concubino de aquella y padre de sus hijos- a raíz del accidente de trabajo que sufriera el día 25 de marzo de 2018 (v. fs. 121/147).
En lo que resulta relevante, luego de ponderar los testimonios brindados en la audiencia de vista de la causa para establecer cuáles fueron las tareas que desempeñaba el trabajador y el horario de trabajo, puesto a desentrañar la naturaleza del siniestro de autos, resaltó que en razón de las circunstancias que rodearon al caso (se trató de un accidente vial ocurrido un domingo a la madrugada, en una zona rural y sin testigos directos) el material probatorio obrante no alcanzaba para brindar "certeza plena acerca de cómo ocurrieron los hechos" (v. sent., fs. 123 vta.).
Puntualizó que los indicios -derivados de la prueba testimonial- revelaron que el señor F. prestaba servicios para su empleador de lunes a lunes, sin limitaciones horarias y que comenzaba su jornada alrededor de las 06:00 hs.; que como parte de sus labores habituales debía concurrir desde el campo hacia Saladillo a comprar combustible para poner en funcionamiento los motores que proveían de agua al establecimiento; que en muchas ocasiones el operario dormía en el campo y no regresaba a Saladillo, especialmente cuando debía estar a disposición de los patrones que pasaban allí los fines de semana; que el fin de semana del 24 de marzo de 2018 el empleador estuvo en el campo y ese día sábado el trabajador fue visto laborando allí "hasta la tardecita"; que el accidente aconteció en la madrugada del día 25 de marzo de 2018, cerca de las 06:00 hs. mientras el trabajador manejaba su automóvil en dirección del campo a Saladillo (único camino para ir a una estación de servicios); que según le comentó el empleador al testigo Diego Michelini, el dependiente había dejado la tranquera del campo abierta, lo que llevó a aquel a interpretar que pensaba regresar en seguida (v. fs. 123 vta. y 124).
Teniendo en cuenta las circunstancias que detalló, sostuvo el a quo que cuando sufrió el accidente el señor F. pudo estar dirigiéndose a comprar combustible para abastecer los motores obrantes en el campo, por lo que concluyó que el evento súbito y violento se produjo en ocasión del trabajo (v. fs. 124).
En relación con lo alegado por la accionada en cuanto a que el operario no se encontraba prestando servicios ese día y que sus propios familiares admitieron que había protagonizado una salida nocturna de la cual regresaba cuando se accidentó, estimó que no existía en la causa prueba contundente que lo acredite (v. fs. 124).
En este orden, descartó la validez probatoria de la documentación obrante a fs. 34, un acta labrada por un "inspector" enviado por la aseguradora demandada días después de la muerte del trabajador, en la cual la pareja del fallecido habría admitido que éste no debía laborar el domingo 25 de marzo de 2018 y que habría ido a un "baile". Para ello, el tribunal señaló que desconocida la firma por la accionante al absolver posiciones, la demandada no efectuó reserva o pedido alguno en la audiencia de vista de la causa tendiente a la producción de la prueba pericial caligráfica, precluyendo la oportunidad de hacerlo; además, consideró que no resultaba justo ni razonable atribuirle valor probatorio a título de pretendida "confesión extrajudicial" a una declaración efectuada por una persona ante un sujeto privado, no imparcial y en forma coetánea al dolor que supone la muerte de un ser querido (v. fs. 124/125).
En cuanto a la causa penal agregada por cuerda, aseveró que de sus constancias no surgía ningún dato que permitiese ilustrar con claridad lo sucedido (v. fs. 125 y vta.).
En este contexto, a partir de la prueba indiciaria antes reseñada y por aplicación de la regla in dubio pro operario (arts. 9, ley 20.744, modif. por ley 26.428 y 39 inc. 3, Const. prov.), concluyó que el día 25 de marzo de 2018 el señor J. M. F. sufrió un accidente de trabajo que le provocó la muerte (v. fs. 125 vta.).
Ya en la etapa de sentencia, juzgó que habiéndose verificado una contingencia cubierta por la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 6 apdo. 1, ley 24.557), y teniendo en cuenta la fecha del accidente, los accionantes resultaban acreedores de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "c" y 15 apartado 2 de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, con los alcances establecidos por el art. 11 de la ley 27.348 (v. fs. 129 vta. y 130).
Luego de declarar -por mayoría- la inconstitucionalidad del decreto 669/19 (v. rec., fs. 130), abordó la objeción constitucional formulada por la accionada respecto del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, texto según art. 11 de la ley 27.348 (v. fs. 130 y vta.). Puntualizó que la norma prevé un mecanismo orientado a mantener el valor real de las prestaciones a través del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y su posterior ajuste con la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina, destinada a sustituir al RIPTE para evitar que se deprecie el crédito desde la primera manifestación invalidante hasta el momento en que se determine el importe de la indemnización (v. sent., fs. 131 y vta.). Afirmó así, que la norma utiliza dos mecanismos de ajuste diferentes, que tienen ámbitos de aplicación temporal distintos. Dijo que ellos son compatibles con el carácter de deudas de valor que revisten las indemnizaciones, siendo una categoría que encuentra respaldo en el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. sent., fs. 131 vta./132 vta.).
Expuso que tampoco era acertado el argumento de la accionada sustentado en que el art. 11 de la ley 27.348 vulnera el "la prohibición de indexar" establecida en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561. Reputó que el art. 7 de la primera ley citada no era aplicable al caso por cuanto refiere a las obligaciones de "dar una suma determinada de pesos", carácter que -reiteró- no reviste la obligación de reparar la pérdida de capacidad de ganancias provocada por un siniestro laboral. Expresó que aun de considerarse aplicables aquellos preceptos, su concurrencia conflictiva conducía a desplazarlos por la ley 27.348, normativa posterior, especial y más favorable al sujeto protegido conforme los principios constitucionales de protección al trabajador y progresividad. Agregó que la norma especial tiene un valor jerárquico y axiológico superior que no puede ser menoscabado por una añeja regulación de rango meramente legal que, para más, fue pensada para un contexto diferente al actual (v. sent., fs. 133/134).
Manifestó que no resultaba vulnerada la jurisprudencia de la Corte federal sobre la validez constitucional de la ley 23.928 (aludió al caso "Massolo"), en tanto había sido elaborada en base a un marco normativo disímil al que se presentaba en la especie. Por el contrario, argumentó que esta Suprema Corte admitió en la causa C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018) la fijación del importe indemnizatorio a valores actuales, haciéndose cargo de la flexibilización que ha debido hacerse de la prohibición plasmada en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (v. sent., fs. 134 vta. y 135).
Entendió que tampoco le asistía razón a la demandada, al denunciar que el art. 11 de la ley 27.348 era confiscatorio y violatorio del derecho de propiedad por consagrar una "yuxtaposición indexatoria", pues -conforme lo dicho en párrafos anteriores- los mecanismos de ajuste previstos en los apartados 1 y 2 del art. 12 de la ley 24.557 no se superponen, sino que se complementan (v. sent., fs. 135 vta. y 136).
Agregó que, al introducir esa regulación, el Poder Legislativo no hizo sino efectivizar lo que venía sosteniendo la doctrina y la jurisprudencia al tratar la validez constitucional del art. 12 en su redacción anterior (v. sent., fs. 136 vta. y 139).
Por los argumentos expuestos, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (texto según art. 11, ley 27.348), y procedió a calcular las prestaciones sistémicas por las que prosperó la demanda.
Finalmente, ordenó implementar entre la fecha del accidente hasta la sentencia (excepción hecha al resarcimiento estatuido en el art. 11 apdo. 4 inc. "c", ley 24.557, que calculó a valores históricos, por lo que dispuso aplicar por idéntico período los acrecidos a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina) una tasa pura de interés que estimó en el 6% anual, y luego, que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios, devengue hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12 apartado 3 de la ley 24.557, modificada por la ley 27.348.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 31, 33, 36, 75 inc. 19 y 108 de la Constitución nacional; 1.1, 4, 5, 11, 24 y 29 inc. "a" del Pacto de San José de Costa Rica; 10, 11, 15, 25, 31, 39 incs. 1 y 3 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 6 de la ley 24.557; 959 y 960 del Código Civil y Comercial; 163 inc. 5 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 11-II-2021).
II.1. Se agravia de la sentencia de grado en cuanto juzgó que el accidente en el que perdió la vida el señor F. se produjo en ocasión del trabajo.
Argumenta que no resultó acreditado que en la madrugada en la que ocurrió el siniestro el trabajador hubiera prestado servicios para su empleador, ni que se dirigiera a Saladillo para comprar combustible con la finalidad de abastecer los motores de agua del establecimiento rural donde laboraba.
Alega que el juzgador estructuró su decisión en base a los indicios que individualizó, sin considerar lo que surge de la causa penal, concretamente el resultado toxicológico del trabajador, del que se desprende que al momento del siniestro superaba en exceso el porcentaje de alcohol admitido en sangre para conducir, y el relato de la madre del dependiente, a quien éste le había dicho que "se iba al baile de San Roque", concordante con el informe de investigación acompañado junto con el escrito de contestación de demanda, cuyo valor probatorio fue descalificado por el sentenciante de grado.
También analiza los indicios en los que se basó la decisión de grado, los cuales -a criterio del compareciente- quedaron desbaratados en su eficacia probatoria con la prueba directa consistente en la causa penal citada.
Afirma que las declaraciones testimoniales prestadas en la audiencia de vista de la causa, no se compadecen con lo alegado en el escrito de demanda, ni con la investigación llevada a cabo en las actuaciones penales. Añade que tampoco fueron concomitantes con el hecho que se pretende probar. Señala que ninguno de los declarantes manifestó haber visto al señor F. en la madrugada el 25 de marzo en el campo donde prestaba servicios; ni que su jornada de labor comenzara a las 06:00 hs.
Entre otras aseveraciones, indica que de la investigación llevada a cabo por la aseguradora surge que el domingo del siniestro el trabajador no pernoctó en el campo del empleador ni tenía tareas asignadas.
Puntualiza que en la causa penal la señora L. admitió que el trabajador (del que se encontraba separado) fue a retirar de su casa a los hijos de la pareja, porque él y los menores iban a dormir a la casa de la abuela el domingo en que ocurrió el siniestro. Alega que de dichas actuaciones surge que para las 06:00 hs. el accidente ya se había producido y que -reitera- la víctima poseía un excesivo porcentaje de alcohol en sangre.
Afirma que tampoco existen pruebas directas ni indicios que permitan conocer el sentido de circulación del automotor y mucho menos que el trabajador se dirigiera a las 05:00 hs. a buscar gasolina.
Insertando aquí otra línea de crítica, expone que las tareas amparadas por la cobertura del contrato de afiliación eran las del puestero no la de casero, con la cual al resolver del modo en que lo hizo el juzgador quebrantó la doctrina legal en virtud de la cual la aseguradora de riesgos del trabajo debe responder en la medida del aseguramiento.
Luego de reiterar ciertas valoraciones, cuestiona lo afirmado en el fallo en orden a que el fin de semana del 24 de marzo de 2018 el patrón estuvo en el campo, y que F. fue visto cumpliendo tareas hasta la "tardecita"; asevera que el testigo Michelini declaró en la audiencia de vista de la causa que el empleador recién se dirigió al campo una vez anoticiado telefónicamente del accidente.
Sostiene que las manifestaciones vertidas por la señora L. al absolver posiciones no se corresponden con las constancias probatorias de la causa. Objeta que ante el desconocimiento efectuado de la firma obrante en la mencionada acta de investigación (v. fs. 34), el tribunal haya descalificado dicho documento sin ordenar la producción de la prueba pericial caligráfica.
II.2.a. Por otro lado, impugna la liquidación practicada en la sentencia con el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 27.348, por resultar violatoria del derecho de propiedad y generar un anatocismo prohibido por el art. 770 del Código Civil y Comercial, arribando a montos indemnizatorios con cifras desproporcionadas.
Señala que lo resuelto por el tribunal de grado se aparta de lo establecido en los arts. 7, 10 y concordantes de la ley 23.928, modificados por el art. 4 de la ley 25.561, que vedan la posibilidad de repotenciación de deudas, indexación, etcétera.
Expone que aplicar un interés equivalente al promedio de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para adicionarle otro, se contrapone con la tasa de interés que emerge de la doctrina legal de la causa L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009).
Refiere que la validez constitucional del principio nominalista ha sido convalidada por la Suprema Corte de Justicia en distintos precedentes que individualiza.
II.2.b. Se agravia de la condena a abonar intereses moratorios y compensatorios, en tanto afirma que su parte expuso y demostró los motivos por los cuales oportunamente rechazó el supuesto accidente de trabajo.
II.2.c. Añade que al valor mensual del ingreso base ya actualizado por el índice RIPTE hasta la fecha del siniestro, el sentenciante debió -eventualmente- actualizarlo de acuerdo a lo normado por el decreto de necesidad y urgencia 669/19.
III. En concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 4-X-2021), entiendo que corresponde rechazar el recurso.
III.1.a. Liminarmente cabe atender a los agravios con los cuales el interesado persigue desvirtuar la esencial conclusión del a quo en la que calificó al siniestro de autos como un accidente de trabajo, y así, como una contingencia inserta en el ámbito de responsabilidad de la aseguradora demandada.
Ciertamente, la índole de dichos cuestionamientos muestra la conveniencia de recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas y la valoración del material probatorio de los magistrados de grado, fundamentalmente en lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, en principio solo puede revisarse en sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe el absurdo en dicha labor (causas L. 120.588, "Sosa", sent. de 4-IX-2019; L. 120.771, "Derra", sent. de 18-IX-2019; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 125.370, "Salazar", sent. de 30-V-2023; e.o.).
III.1.b. Conforme dichas directrices, las alegaciones que porta el recurso son insuficientes para acreditar la configuración de aquel excepcional yerro valorativo que se le atribuye al órgano jurisdiccional de grado.
Debe memorarse que en el caso, la convicción del órgano de grado se formó inicialmente a través de la valoración que realizó de las declaraciones prestadas en la audiencia de vista de la causa por los testigos Diego Michelini, Flavio Michelini, Jorge Ramón Massaccessi y María Cecilia Branca, al punto que calificó a estos testimonios como "categóricos y concordantes" al establecer las características de las labores y los horarios del trabajador; todavía, merece destacarse que ponderando una de las declaraciones se mencionó que el fin de semana en que ocurrió el accidente el dependiente había sido visto trabajando -el día sábado- en el campo, entre otras circunstancias que precedieron al infortunio (v. sent., fs. 122 vta.). Y todo ello es relevante por el tenor del debate que trae el quejoso en aquellos aspectos del caso, y en tanto lo valorado con esa prueba condujo al a quo a encontrar "indicios acreditados", ya en relación directa con la naturaleza del accidente (v. sent., fs. 123 vta.).
Luego, el interesado no logra evidenciar que la labor axiológica desplegada por el tribunal interviniente resulte absurda, desde que la disímil y parcializada interpretación que formula acerca de los testimonios rendidos carece de idoneidad para demostrar el mentado vicio invalidante. Es conocida aquella jurisprudencia que indica que devienen inhábiles para la revisión casatoria las alegaciones destinadas a controvertir la valoración de la prueba testimonial atento que, al apreciar "en conciencia" tales declaraciones, el tribunal de trabajo ejerce una facultad privativa respecto del mérito y la habilidad de los testigos (causas L. 108.255, "Paz", sent. de 27-V-2015; L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016 y L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021).
En particular, ya en referencia a las objeciones que ensaya el impugnante de los indicios receptados por el juzgador, ocupa memorar que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditada la configuración del absurdo, ni tampoco puede este Tribunal sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito. El evocado vicio invalidante no queda configurado aun cuando la motivación del sentenciante pueda ser calificada de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias obrantes en autos (causas L. 116.981, "García", sent. de 13-V-2015; L. 118.441, "Alonso", sent. de 14-X-2015; L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016; L. 120.332, "L., V. D.", sent. de 26-V-2021; e.o.), extremos que -insisto- no han sido demo
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