Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127786
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.786, "Martínez, José Luis contra Surfactan S.A. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda e impuso las costas del modo que especificó (v. sent. de 30-VI-2020).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 21-VII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción de amparo sindical deducida por el señor José Luis Martínez contra Surfactan S.A., disponiendo la nulidad del despido dispuesto por la empleadora y la restitución del actor a su puesto de trabajo. Rechazó, en cambio, el reclamo indemnizatorio fundado en el daño moral (v. sent. de 30-VI-2020).
Para así decidir -y en lo que resulta más relevante- declaró no controvertido que: i) las partes estuvieron ligadas por un contrato de trabajo que se extinguió por despido directo dispuesto por la patronal, notificado mediante carta documento impuesta el 18 de noviembre de 2015, invocándose como causal rescisoria "motivos de reorganización interna" (v. fs. 6 y 156); ii) el señor Martínez rechazó el distracto invocando su carácter de tesorero del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de Escobar -entidad que detenta inscripción gremial por resolución del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 932/14, de 8 de setiembre de 2014- con mandato hasta el año 2018, por lo que reclamó la nulidad del despido y su inmediata reincorporación (v. fs. 7 y 153); iii) la accionada rechazó la comunicación del dependiente argumentado que carecía de tutela sindical (v. fs. 8 y 154); iv) el 27 de marzo de 2015 la empleadora fue notificada, en los términos del art. 48 de la ley 23.551, que el trabajador había sido designado como tesorero en la entidad antes citada, circunstancia que ya le había sido informada con anterioridad, esto es el 24 de setiembre de 2014 (v. fs. 4, 5 y 147); v) el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante resolución de 8 de septiembre de 2014 reconoció la simple inscripción gremial del sindicato antes mencionado; y vi) el promotor del pleito se había reintegrado al empleo el día 3 de noviembre de 2015, luego de usufructuar una licencia de veinte meses por enfermedad inculpable (v. sent., fs. 1 vta. y 2).
Ya en la etapa de sentencia juzgó -con cita, entre otros, del precedente de esta Corte L. 79.331, "Ferulano" (sent. de 5-X-2011) y "Rossi" del Máximo Tribunal nacional (Fallos: 332:2715)- que la defensa articulada por la parte demandada, apoyada en el hecho de que la asociación sindical a la que pertenecía el actor carece de la tutela especial prevista en los arts. 48 y 52 de la ley 23.551 por ser una asociación sindical simplemente inscripta, debía ser rechazada (v. sent., pág. 5 vta./7 vta.).
Añadió el juzgador que la ley 23.551 no impide al empleador adoptar las medidas enunciadas en la última disposición legal antes citada, sino que -de conformidad con el mandato normativo- los trabajadores protegidos por las garantías previstas en los arts. 40, 48 y 50 de la misma no pueden ser despedidos, ni con relación a ellos modificarse las condiciones de trabajo, si no media resolución judicial previa que los excluya de la garantía (individualizó en este punto las causas L. 117.588, "Matus", sent. de 11-IV-2015 y L. 55.659, "Junco", sent. de 1-VIII-1995; v. sent., pag. 7 vta.).
Con pie en lo antedicho, declaró la nulidad del despido dispuesto por Surfactan S.A., y condenó a esta última a reincorporar al señor Martínez en su puesto de trabajo (v. sent., fs. 10).
Apuntó, finalmente, que en razón de lo resuelto devenía abstracto expedirse respecto de la existencia -o no- de una conducta discriminatoria susceptible de ser enmarcada en el art. 1 de la ley 23.592.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo e infracción a los arts. 47, 48, 49 y 52 de la ley 23.551; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 163 inc. 6 y 375 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de 21-VII-2020).
II.1. Aduce que para la procedencia del amparo intentado resulta menester que se acredite un comportamiento patronal lesivo, presupuesto que -dice- no ha sido cumplimentado por el interesado (v. rec., fs. 3).
II.2. Puntualiza que del entramado fáctico de la causa surge que el señor Martínez jamás integró cargos electivos o representativos en la única asociación sindical que detenta la representación del colectivo de trabajadores de la empresa -Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y zonas adyacentes- (v. fs. cit.).
II.3. Señala que tampoco se verificó el "haz de indicios" que habilite inferir la actividad y/o gestión gremial del actor dentro del establecimiento; extremo indispensable para configurar un acto discriminatorio susceptible de acarrear la aplicación de la ley 23.592. Cita, en este punto, distintos precedentes emanados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y el fallo dictado por la Corte federal en la causa "Pellicori" (Fallos: 334:1387; v. rec., fs. cit.).
II.4. Afirma que la patronal jamás argumentó, ni mucho menos pretendió afectar al actor por su condición de integrante de una asociación simplemente inscripta. Alega que dicha circunstancia nunca fue introducida por la accionada como defensa, por lo que -aduce- los argumentos vertidos por el juzgador en orden a este punto son una simple decoración técnico-jurídica (v. fs. 3 vta.).
II.5. Destaca -con cita de doctrina autoral- que la tutela de los representantes gremiales encuentra recepción expresa en los arts. 40, 41, 48, 50 y 52 de la ley 23.551, por lo que tales sujetos se encuentran excluidos del amparo sindical normado en el art. 47 de dicho cuerpo normativo (v. rec., pág. 3 vta. y 4).
II.6. Refiere que el accionante no fundó su pretensión en el art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales; haciéndolo -en cambio- en el art. 47 antes citado. De ahí -remata el quejoso- la palmaria violación al principio de congruencia que afecta al pronunciamiento recurrido (v. rec., fs. 4/5).
II.7. Indica que en la causa bajo examen se encuentra en juego otra garantía, cual es la libertad de contratar, citando a ese respecto lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (v. pág. 5 vta.).
II.8. Consigna que el despido dispuesto por la empleadora no se vincula con ningún tipo de discriminación gremial, desde que el actor no demostró realizar actividades de representación de sus compañeros o del sindicato al que dice pertenecer como tesorero. Añade que Martínez siempre estuvo afiliado al Sindicato de Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y zonas adyacentes, bajo la órbita del convenio colectivo de trabajo 564/09, conforme surge de la prueba pericial contable. Enfatiza que recién mediante telegrama de 1 de diciembre de 2015 -poco tiempo después del distracto- el actor invocó su condición de tesorero del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de Escobar (v. rec., pág. 6 y vta.).
II.9. Expone que la comunicación normada en el art. 49 de la ley 23.551 fue efectuada de manera insuficiente. Manifiesta que la acción de amparo debe instarse dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha en que el afectado hubiere tomado conocimiento del presunto acto u omisión lesivos, conforme surge -expone- del art. 5 de la ley 13.928 (texto según ley 14.192; v. rec., pág. 7).
Menciona el precedente de esta Corte que identifica como L. 90.000, "Cáceres" (sent. de 26-VII-2009) relativo a la necesaria satisfacción de los requisitos intrínsecos e imprescindibles para que opere la garantía que confiere la ley 23.551; resultando imprescindible que el empleador esté realmente anoticiado de la pertenencia del trabajador al sindicato, así como del acto eleccionario por el que haya resultado designado en un cargo gremial, a más de que el tipo de asociación gremial involucrado sea una de aquellos para cuyos cargos está reservada la tutela. Afirma que lo antedicho ha sido reiterado en los precedentes L. 97.804, "Villalba" (22-XII-2010) y L. 113.329, "Auzoategui" (20-VIII-2004).
II.10. Alega que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso con afectación del principio de congruencia. Individualiza en este sentido los precedentes L. 108.635, "Lencina" (28-VIII-2013) y L. 116.459, "Vento" (sent. de 14-VIII-2013).
Cita doctrina autoral concerniente al requisito de fundamentación de toda resolución judicial, junto con precedentes de la Cámara Civil y Comercial federal, de la Corte nacional y de otros tribunales de justicia relativos al mencionado postulado procesal (v. rec., fs. 8/9 vta.).
Idéntico vicio denuncia en la valoración de las pruebas producidas en la causa, desde que -aduce- contrariamente a lo declarado por el juzgador, la accionada jamás reconoció la documental acompañada junto con el escrito de demanda, como así tampoco que se le hubiera notificado antes del distracto, que el actor fuera tesorero del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de Escobar (v. rec., fs. 10 vta.)
Finalmente, hace hincapié en los argumentos que hubo de esgrimir en el recurso de revocatoria interpuesto contra el auto de fecha 7 de abril de 2020, a través del cual el tribunal dispuso incorporar al expediente la respuesta del oficio dirigido al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, contrariando el proveído de fecha 9 de marzo de 2020 por el que había tenido a las partes por desistidas de la prueba pendiente de producción (v. rec., pág. 11 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente se impone destacar que el tribunal de origen consideró que el valor de lo cuestionado en el caso no supera el monto mínimo para recurrir previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. auto de 9-VIII-2020); sin que el quejoso efectuara ninguna objeción al respecto.
De tal modo -y más allá del acierto de tal definición- la competencia revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la trasgrede en un caso similar (causas L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019; L. 121.669, "Coria", sent. de 29-IX-2020; e.o.).
III.2. Sentado lo que antecede, la interesada no consigue desvirtuar lo resuelto en el pronunciamiento de origen.
III.2.a. En efecto, en relación con los agravios individualizados en los apartados II.1., II.2., II.3., II.4., II.8. y II.9., por los cuales el quejoso aduce que: i) el promotor del pleito no acreditó la existencia de un comportamiento patronal lesivo a sus intereses, ni que el trabajador hubiera detentado cargos gremiales; ii) no se verificó en la causa el "haz de indicios" que habilite inferir la actividad sindical de este último; iii) no se encuentra acreditado que la empleadora haya pretendido afectar al actor por su condición de integrante de una asociación gremial; iv) la notificación prevista en el art. 49 de la ley 23.551 fue efectuada de manera insuficiente; y v) el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de las constancias probatorias de la causa, es dable apuntar que ellos se encuentran -por definición- marginados de examen en el estrecho marco de revisión indicado.
Ello así, toda vez que tales planteos remiten necesariamente al análisis de cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya valoración es privativa de los magistrados de origen y, por ende -reitero- excluidas del ámbito de la casación por la vía transitada.
En este sentido, ha declarado este Tribunal que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el estrecho carril del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba (causas L. 121.143, "Hurtado" y L. 120.016, "Mozzi", sents. de 14-VIII-2019; L. 121.936, "Ilzarbe", sent. de 31-VIII-2020; L. 121.633, "Barbieri", sent. de 13-X-2020; L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; e.o.).
III.2.b. Por lo demás, y en lo concerniente al embate por el que se alega que el accionante incurrió en una deficiente comunicación del supuesto cargo gremial que adujo detentar, cabe advertir que los precedentes que el quejoso individualiza en su crítica -causas L. 90.000, "Cáceres" (26-VII-2009), L. 97.804, "Villalba" (22-XII-2010) y L. 113.329, "Auzoategui" (20-VIII-2004)- no resultan aptos para rebatir la decisión en crisis, ya que el recurrente no se encarga de demostrar -a partir de la debida identificación de las directrices que surgen de los mismos y su vinculación concreta con el presente litigio- por qué y de qué modo el juzgador de grado habría incurrido en la violación que se le adjudica, incumpliendo así con la carga de indicar en qué consiste la infracción de la doctrina legal que se pretende conculcada.
Sin mengua de lo antedicho, es dable agregar -para satisfacción del recurrente- que en las causas referenciadas mediaron presupuestos de hecho y de derecho diversos a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. 9-XII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; e.o.).
III.2.c. En lo tocante a los reproches por conducto de los cuales el interesado denuncia el quebrantamiento del principio de congruencia (v. apdos. II.6. y II.10.), señalo que participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
Empero, la decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré la impugnación relativa al punto en cuestión con los alcances de la doctrina forjada por mayoría.
Luego, con arreglo a tal premisa, conforme tiene dicho esta Corte, la doctrina elaborada en torno a dicho postulado carece de idoneidad para habilitar la apertura del canal extraordinario previsto por el art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 96.162, "López", sent. de 1-IX-2010; L. 95.733, "Mouzo", sent. de 30-III-2011; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012 y L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018), por lo que cuadra desestimar -también- esta parcela de la crítica.
III.2.d. Finalmente, y en lo que se refiere a las críticas detalladas en los apartados II.5. y II.7., cabe poner de relieve que el recurrente no cita doctrina legal vinculada a la temática debatida.
En este sentido, no es ocioso recordar que la opinión de los autores, la jurisprudencia de otros tribunales de justicia y los de la Corte nacional, se encuentran excluidos del concepto de doctrina legal contenido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019 y L. 124.848, "Ventrice", sent. de 1-IV-2022).
III.3. Sentado lo que antecede, no habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley procesal laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado.
IV. Por todo lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Bajo las siguientes reflexiones, habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan.
I.1. En la sentencia de grado se resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda, así, en lo que constituye la esencia de la condena, hubo de declararse la nulidad del despido del actor y la restitución a su puesto de trabajo; además, el pago de los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la concreción de la mentada reinstalación.
En ese contexto, como lo señala la ponente, considerando que el valor de lo cuestionado era insuficiente, el tribunal del trabajo hubo de conceder el medio de impugnación en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653. Ello no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte del interesado.
Luego, comparto lo dicho por la colega cuando señala que la competencia revisora de este Tribunal ha de quedar ceñida a verificar si se configura el supuesto de violación de doctrina legal.
I.2.a. Sentado lo anterior, también suscribo lo expuesto en el voto que antecede en cuanto se juzgan marginados del ámbito de revisión a aquellos cuestionamientos que remiten a cuestiones fácticas.
Y en tanto lo que se refiere a la comunicación prevista en el art. 49 inc. 2 de la ley 23.551 se inscribe en un tema de aquella naturaleza (exige la ponderación de hechos y sus pruebas), entiendo que carecen de aptitud los precedentes invocados en ese cuestionamiento por el recurrente, cuando para más, la objeción adolece de los defectos destacados en el voto inaugural.
I.2.b. En lo concerniente al principio de congruencia, he de aclarar que soy de la opinión que los tópicos de índole procesal son ajenos al supuesto de excepción contemplado en la norma adjetiva del trabajo antes citada.
II. Con todo, el recurso debe ser desestimado en los términos plasmados en la parte final del sufragio que da inicio a este acuerdo.
Con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
A excepción de lo manifestado en los puntos III.2.c. párrafos primero y segundo, adhiero al voto emitido por la señora Jueza doctora Kogan, incluso en materia de costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan, con los alcances expresados por el doctor Soria en el propio. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2023 21:30:14 - KOGAN Hilda - JUEZ
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.