Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128067
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.067, "Matto, Héctor Manuel contra Pichi Pul S.A. y otro. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida e impuso las costas a la parte actora (v. pronunciamiento de fecha 17-IX-2021).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 27-IX-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y rechazó la demanda promovida por Héctor Manuel Matto mediante la cual procuraba el cobro de una reparación -al amparo de las leyes 24.557 y 26.773- por la disminución de su capacidad laboral originada en el accidente de trabajo que protagonizó el día 6 de marzo de 2016, mientras prestaba tareas para la firma Pichi Pul S.A. (v. sentencia de fecha 17-IX-2021).
Para así decidir, con sustento en la prueba informativa agregada a la causa y lo resuelto por esta Corte en el precedente L. 95.245, "Salinas" (sent. de 10-XII-2008), teniendo en cuenta que el mencionado infortunio fue severo y contundente, motivando la atención médica urgente de numerosos especialistas (en neurología, psiquiatría y psicología), el juzgador consideró que a partir del momento del infortunio el actor había adquirido conocimiento de la gravedad de sus lesiones, así como de la incapacidad que padecía, aunque no supiera con exactitud su porcentaje (v. pág. 10). En ese sentido, señaló -como dato insoslayable- la formación de una causa penal en la que intervino la Fiscalía ante la gravedad del hecho (v. pág. cit.).
Luego, tras analizar la demanda y la contestación del segundo traslado, por un lado, destacó que el actor no había invocado ningún acto interruptivo o suspensivo del curso del plazo de la prescripción de la acción, y por el otro, descartó la versión expuesta por dicha parte que localizaba el conocimiento de la minusvalía en la fecha del dictamen de la comisión médica (esto es, el 20-VII-2017; v. pág. 11).
Sobre esas conclusiones, y con fundamento en el art. 44 apartado 1 de la Ley de Riesgos de Trabajo que -resaltó- no había sido cuestionado en la especie, hizo lugar a la excepción de prescripción articulada por la aseguradora codemandada porque consideró que habían transcurrido los dos años que marca la ley (v. pág. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el demandante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 39 de la provincial; 34 incs. 4 y 5, 163 incs. 5 y 6, 266, 272, 330 inc. 4, 354, 373, 384, 385, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.645; y de la doctrina legal que identifica (v. escrito de fecha 27-IX-2021).
Controvierte que el sentenciante haya tomado como fecha a los efectos del cómputo del plazo prescriptivo el día 6 de marzo de 2016. En ese afán, denuncia una absurda interpretación de constancias probatorias, que -en su opinión- evidencian que el comienzo del mentado lapso tuvo lugar el día 20 de julio de 2017, cuando la comisión médica determinó su incapacidad en forma fehaciente.
En apoyo de su postulación cita algunos pasajes de la sentencia dictada por esta Suprema Corte en la causa L. 109.040, "Pampin" (sent. de 5-IV-2013).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, es menester señalar que determinar el comienzo del curso de la prescripción constituye una cuestión de índole fáctica reservada a los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto estos formulen no son susceptibles de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 120.307, "Zucaro", sent. de 19-IX-2018; L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020 y L. 123.831, "Gonzalez", sent. de 22-IX-2021).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 87.153, "Rizzo", sent. de 4-VII-2007; L. 103.502, "Peñalva", sent. de 10-VIII-2011; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376; "Aguirre", sent. de 14-X-2020 y L. 122.631, "G., O. A.", sent. de 30-XII-2021).
En el recurso bajo examen dicha carga ha quedado insatisfecha.
El interesado se limita sustancialmente a reiterar ante esta sede extraordinaria argumentos ya esbozados en la instancia de origen (v. fs. 65 vta./69 y escrito de fecha 6-V-2019) -vinculados, fundamentalmente, con la incidencia de lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 109.040, "Pampin" (sent. de 5-IV-2013)- pero sin cuestionar frontalmente el análisis que condujo al tribunal a juzgar que el actor tenía conocimiento que lo aquejaba incapacidad laborativa desde mucho antes del dictamen de la comisión médica de fecha 20 de julio de 2017, esto es, desde la ocurrencia del hecho súbito y violento del día 6 de marzo de 2016 (v. pág. 11 de la sentencia de fecha 17-IX-2021).
Al respecto, expresamente ha declarado esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a reiterar los argumentos expuestos en la instancia ordinaria -abordados y oportunamente desestimados por los jueces de grado- sin concretar una réplica adecuada y eficaz de los fundamentos en que se sustenta la decisión (causas L. 113.642, "Báez", sent. de 2-III-2011 y L. 119.706, "Azcona", sent. de 6-II-2019).
III.2. Relacionado con lo antes expuesto, cabe destacar que el citado precedente L. 109.040 fue elaborado sobre la base de presupuestos fácticos y normativos diferentes a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 119.434, "C., L. M.", sent. de 16-V-2018 y L. 121.911, "Carrión", sent. de 30-XII-2021).
Así, basta con indicar que, en la causa mencionada, esta Suprema Corte, en el marco de un reclamo por reparación integral, estimó que el tribunal de origen había incurrido en absurdo al fijar la toma de conocimiento de la minusvalía sobre la base de un certificado médico que otorgaba el alta, haciendo hincapié en que dicho instrumento no contenía referencias acerca de la eventual incapacidad del trabajador.
Diverso es el caso bajo examen, ya que, con apoyo en los fundamentos reseñados, el juzgador de origen, destacando el carácter "severo y contundente" del siniestro, ubicó el comienzo del plazo prescriptivo en la misma fecha de su ocurrencia.
III.3. En otro orden de ideas, la insuficiencia del embate también se patentiza a partir de la falta de denuncia de infracción de la norma actuada en el pronunciamiento recurrido, a pesar de que -como es sabido- en esta sede casatoria no puede suplirse de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por el interesado (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 119.678, "Bertinelli", sent. de 10-IV-2019 y L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020).
III.4. Finalmente, no es ocioso remarcar que el quejoso no cuestiona la definición vinculada con la falta de invocación de causales con aptitud para interrumpir o suspender el curso de la prescripción, lo cual termina de sellar adversamente la suerte de la impugnación.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2023 21:30:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/06/2023 09:26:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 10:07:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 14:00:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 14:13:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/06/2023 14:43:27 hs. bajo el número RS-71-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia