Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128183
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.183, "Kralik, Pablo German contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal del Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de 13-IV-2021).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 4-V-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por Pablo Germán Kralik contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y condenó a esta última al pago de las prestaciones previstas en el régimen especial previsto en la ley 24.557, normas complementarias y modificatorias, por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que sufrió el día 11 de febrero de 2017.
En lo que interesa, al establecer las prestaciones, declaró -por mayoría- la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 (B. O. de 30-IX-2019), ello, toda vez que consideró que en su dictado no se verificaron ninguna de las circunstancias fácticas que impone el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional. Bajo esa conclusión, precisó que su aplicación al caso generaría una lesión de imposible reparación posterior sobre el derecho de propiedad del actor y el trabajo de los letrados.
Luego, con sustento en el art. 12 apartado 2 de la ley 24.557, modificado por el art. 11 del decreto de necesidad y urgencia 54/17 (B. O. de 23-I-2017) y la ley 27.348 (24-II-2017), dispuso que desde la fecha del siniestro y hasta el momento de practicarse liquidación, el monto del ingreso base devengaría un interés equivalente "al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina". A su vez, y con sustento ahora en el art. 770, inc. "b" del Código Civil y Comercial, ordenó la acumulación de los intereses generados desde la fecha en que cada suma es debida y hasta el día en que se notificó el traslado de la demanda.
Resolvió también, que a partir de la mora en el pago de la indemnización sería aplicable lo establecido por el art. 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y que el producido devengaría un interés equivalente "al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación".
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación del derecho de propiedad, de las garantías de defensa en juicio, del debido proceso y del principio de congruencia.
II.1. Cuestiona la sentencia de grado y su liquidación en cuanto afirma que el a quo determinó erróneamente el ingreso base mensual mediante una doble imposición de actualización económica, generándose una suma de condena que pondera como exorbitante. Conforme el razonamiento que expone, entiende que el tribunal laboral realizó una incorrecta aplicación del art. 11 de la ley 27.348, modificatorio del art. 12 de la ley 24.557.
Entre otras reflexiones, añade que en tanto fue la propia actora quien optó por interponer la demanda judicial en lugar de tramitar la instancia administrativa, la accionada nunca incurrió en mora en el pago de las prestaciones.
II.2. Destaca que la indemnización a abonar al beneficiario no puede constituirse en un enriquecimiento sin causa, por lo que la solución que se ajusta a derecho sería aquella que aplica al capital que ya cuenta con el ingreso base mensual actualizado por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y por tasa activa, un interés compensatorio del capital en tasa pura del 10% anual o como máximo del 12%.
II.3. Destacando que la demandada no adeuda interés sancionatorio alguno, manifiesta que por aplicación analógica del art. 2 de la resolución SRT 104/98 (B. O. de 3-IX-1998), esta solo incurriría en mora una vez transcurridos quince días de la fecha en que se notifique la sentencia y esta quedara firme y consentida.
II.4. Con base en todo lo argumentado, solicita se deje sin efecto la aplicación de acrecidos sobre el capital de condena por no haberse configurado, en el caso, mora del deudor; y en su reemplazo se aplique la tasa pura del 10% anual.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que al aludir a los requisitos de admisibilidad del recurso deducido, el impugnante -en un planteo en el que llamativa y confusamente abundan menciones emparentadas con el recurso extraordinario federal- nada dice acerca de cómo estaría representado el valor de lo cuestionado, menos aún cuantifica su importe, no demostrando, al cabo, que eventualmente pudiese superar el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Teniendo en consideración la fisonomía de los agravios traídos, ello importa el incumplimiento de uno de los requisitos a los que hace alusión la norma referida, falencia que no puede ser salvada por esta Corte, pues -y así lo tiene dicho- es el recurrente quien tiene la carga procesal de acreditar que el monto del agravio excede el umbral establecido en la ley ritual; tal situación, lleva a que el presente medio de impugnación sea abordado en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 120.141, "Lencina", sent. de 22-VIII-2018; L. 124.028, "Blanco", sent. de 30-VIII-2021 y L. 123.852, "Acuña", sent. de 13-XII-2021; e.o.).
Entonces, la función revisora de este Tribunal queda limitada a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e.o.).
Y al respecto, ocupa efectuar una última aclaración: en el contexto antes indicado, el impugnante no ha dedicado párrafo alguno en el que se argumente idóneamente la eventual configuración de alguna hipótesis de excepción que fuera de la prevista en la ley de procedimiento laboral local permita soslayar concretamente el requisito referido tocante al valor de lo cuestionado, que -ha de insistirse- fue soslayado en el recurso.
III.2. Delimitada de ese modo la competencia revisora de esta Corte, el recurso extraordinario de inaplicabilidad debe ser desestimado, toda vez que -más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse- no se ha denunciado en él la posible vulneración de doctrina legal alguna por parte del órgano jurisdiccional de la instancia de grado, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto en el presente ámbito de excepción (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 121.838, "Fernández Guemil", sent. 7-IX-2020 y L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020).
Puede adicionarse que, en relación con la jurisprudencia que cita el impugnante, la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte y no la que proviene de los fallos de otros tribunales (causas L. 101.885, "V., N. N.", sent. de 10-III-2011 y L. 96.241, "Montoya", sent. de 9-V-2012; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
Adhiero al voto del doctor Soria, con los alcances que a continuación habré de exponer.
Comparto las razones expuestas por mi distinguido colega en cuanto postula el incumplimiento por parte del quejoso de la carga de acreditar el valor del litigio y sostiene el abordaje de la réplica en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo última parte, de la ley 11.653.
Luego me permito señalar que, en el caso, no procede la habilitación de la vía articulada sin las restricciones derivadas de las leyes procesales locales, pues de los agravios reseñados en el punto II de su voto, no se advierte que alguno de ellos se halle orientado a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad que porta el fallo de grado.
II. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, voto en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con iguales consideraciones que las formuladas por la doctora Kogan, adhiero al voto del doctor Soria.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2023 09:33:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/06/2023 15:00:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2023 10:02:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 10:04:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 11:01:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/06/2023 12:55:22 hs. bajo el número RS-66-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia